¿Cambio de tesis en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto de la inmunidad de jurisdicción en favor de organismos internacionales? Análisis del Auto AL2343 del 2016, Rad. Nº 72569, M.P. Clara Cecilia Dueñas Vargas.

Revista Nº 196 Jul. - Ago. 2016

Giovanni González 

Asesor laboral 

Introducción

Las altas Cortes, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional, han venido construyendo una importante línea jurisprudencial de acuerdo con la cual la inmunidad de jurisdicción, entendida como aquella prerrogativa con la que cuentan los Estados y organizaciones internacionales de no ser juzgados por órganos judiciales de Estados diferentes al suyo, debe ser relativizada en atención a una creciente tendencia internacional encaminada a la consagración de excepciones internas a dicha prerrogativa.

En el auto bajo análisis, se observa como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia acoge casi que de forma íntegra los argumentos esgrimidos por la Corte Constitucional en la famosa y controvertida Sentencia T-462 del 2015, en la que la citada corporación condenó a la embajada del Reino Unido e Irlanda del Norte al reintegro de un trabajador.

1. Hechos del caso

El conflicto jurídico se generó a raíz de la terminación unilateral sin justa causa en la que presuntamente incurrió el Consejo Británico —British Counsil— respecto del contrato laboral a término indefinido que sostuvo con la demandante desde agosto de 1998.

De acuerdo con la demandante, una vez esta fue calificada por parte de la Junta Regional de Calificación con una pérdida de capacidad laboral del 39,1% fue despedida por su empleador en agosto del año 2011.

Ante la situación, la ex trabajadora acudió directamente ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y solicitó que condenaran al Consejo Británico —British Counsil— a la indemnización de ciento ochenta (180) días de que trata la Ley 361 de 1997, toda vez que su contrato fue terminado sin autorización del Ministerio del Trabajo.

Valga aclarar de una vez que el Consejo Británico —British Counsil— no es una misión diplomática sino una organización internacional independiente del Gobierno británico, razón por la cual solo hubiese sido necesario citar las diferentes providencias de la misma corporación en las que se remitía este tipo de procesos a los jueces ordinarios laborales, entendiendo que organizaciones de esta naturaleza no cuentan con inmunidad diplomática1.

2. Consideraciones de la Corte

Indica la Corte que a partir del Auto de rad. 37.637 del 21 de marzo del 2012 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia retomó la tesis absoluta de la inmunidad de jurisdicción, atendiendo a lo establecido en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961.

De acuerdo con la Corte son dos los argumentos que justifican volver a la tesis de la inmunidad de jurisdicción relativa o restringida: (i) la presunta costumbre internacional según la cual los Estados han aceptado la existencia de excepciones a la inmunidad de jurisdicción al margen de lo establecido en la Convención de Viena de 1961 y (ii) que la tesis de la inmunidad relativa se acopla a los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos y acceso a la administración de justicia.

2.1. La presunta existencia de una costumbre internacional que pretende la relativización de la inmunidad de jurisdicción.

La Corte advierte que el tema de la inmunidad de jurisdicción no se agota en la Convención de Viena de 1961, sino que, acudiendo a lo establecido en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, no solo los tratados son fuente de derecho internacional, ya que existe por ejemplo la costumbre internacional.

Apelando entonces a la costumbre, explica la Corte que, desde hace más de veinte años, la tendencia internacional ha sido la de establecer excepciones a la inmunidad de jurisdicción, lo que se ha materializado en diferentes leyes y actos internos, especialmente dentro de sistemas jurídicos anglosajones.

Bajo esta consideración, la Corte cree que esa tendencia de los regímenes jurídicos internos ha sido llevada al contexto del derecho internacional por medio de la Convención de Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes del año 2004, la cual no ha sido ratificada por Colombia, pero que, según la Corte, recoge una práctica común entre los Estados que componen el sistema internacional, lo que permite concluir —según la Corte— que en la actualidad la relativización de la inmunidad de jurisdicción es una realidad inminente, destinada a beneficiar por ejemplo a los trabajadores que se ven afectados en sus derechos al no poder demandar a las misiones diplomáticas de Estados extranjeros en su calidad de empleadores.

2.2.La relatividad de la inmunidad de jurisdicción como tesis que mejor se adapta a la Constitución de 1991.

Adicionalmente, la Corte es clara en afirmar que la tesis de la inmunidad de jurisdicción relativa es la que más se acopla a los contenidos de la Constitución colombiana, sobre todo en lo que tiene que ver con la protección especial del trabajo, la dignidad humana, el acceso a la administración de justicia y la internacionalización e integración sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

Advierte la Corte que la tesis de la inmunidad restringida o relativa responde al principio de respeto a los derechos humanos como lo es el derecho al trabajo como derecho fundamental, además de indicar que dicha tesis no afecta la soberanía de los Estados, y por el contrario el incumplimiento de los Estados extranjeros de las normas internas puede redundar en un mayor grado de afectación a las relaciones amistosas entre los Estados.

Finalmente, dice la Corte que seguir manteniendo la tesis de la inmunidad absoluta no tiene sentido porque en nada se ve afectada la representación del Estado extranjero con el cumplimiento de las normas del Estado en el que se están llevando a cabo su labor de representación.

3. Decisión de la Corte Suprema, Sala de Casación Laboral.

En este punto, la decisión de la Corte no pasa de ser algo meramente anecdótico teniendo en cuenta, como se indicó al inicio de este escrito, bastaba con mencionar autos de los años 2014 y 2015 en los cuales la Corte ya había explicado que este tipo de organizaciones internacionales, como lo son el Consejo Británico y la Organización de Estados Iberoamericanos, no cuentan con inmunidad jurisdiccional razón por la cual se debe remitir el expediente al juez laboral ordinario para que asuma el conocimiento del asunto.

4. Crítica a la decisión de la Corte Suprema

A nuestro parecer, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia bajo análisis incurre en ciertos defectos que queremos resaltar:

4.1. Un análisis vago de la costumbre internacional.

En el mismo sentido en el que la Corte Constitucional lo hizo en Sentencia T-462 del 2015, la Corte Suprema se queda corta al citar ciertas leyes y actos internos de Estados extranjeros, los cuales de acuerdo con el análisis de la Corte Suprema constituyen costumbre internacional.

Muy alejado de lo anterior, la Corte parece olvidar que la costumbre internacional como fuente de derecho internacional exige que el estado considere como obligatoria una regla de derecho, la cual, en esta ocasión, puede ser considerar que existen excepciones a la inmunidad de jurisdicción. No hay por parte del Estado colombiano ningún tipo de acto que pueda hacer concluir que considere como obligatorias presuntas excepciones a la inmunidad de jurisdicción, como lo es el respeto a los derechos humanos.

4.2. El análisis de la Convención de Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes del año 2004.

Tanto la Corte Constitucional como en esta ocasión la Corte Suprema de Justicia han hecho de la Convención mencionada un argumento para defender un supuesto cambio a nivel internacional del sistema de inmunidades.

Por un lado, tal Convención no ha sido ratificada por Colombia, y por el otro, no hay actos que permitan si quiera considerar que el Estado colombiano estime como obligatorias las reglas que esta trae, lo que hace imposible su aplicación.

Ahora bien, si en gracia de discusión se acepta algún grado de aplicación de dicha Convención debe advertirse que tal no tiene como intención cambiar el sistema de inmunidades establecido por la Convención de Viena de 1961, toda vez que claramente el texto de la Convención de la ONU en su artículo 31 expresa que dicha Convención se aplica sin perjuicio de los tratados que sobre el tema de inmunidades ya se hayan suscrito entre los Estados, por lo que es claro que ni siquiera en caso de que Colombia ratifique la Convención de la ONU modifica de manera alguna lo establecido en la Convención de Viena de 1961.

4.3. Falta acoplamiento del sistema de inmunidades al sistema jurídico interno.

Otro defecto en el que incurren usualmente autoridades judiciales internas es la de tratar los temas de derecho internacional con normas de derecho interno. En esta ocasión, la Corte indica que la tesis de la inmunidad de jurisdicción relativa está ampliamente respaldada en normas constitucionales, especialmente, referidas al respecto de derechos fundamentales, lo que constituye un error claro de selección de las fuentes porque están resolviendo asuntos de derecho internacional a partir de fuentes de derecho interno, lo que a todas luces es una impropiedad jurídica.

5. Conclusión

Claramente todo el análisis hecho por la Corte no era relevante para la resolución del caso planteado, pero le sirvió para plantear lo que posiblemente será la nueva tesis de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, que a la postre permitirá a trabajadores colombianos demandar misiones diplomáticas extranjeras ante esta corporación, permitiendo fallos de fondo, lo que no se presentaba desde el año 2007.

1. Ver: Autos Rad. 62861 del 9 de abril del 2014, Rad. 69710 del 4 de marzo del 2015, entre otros.