¿Cómo avanza la reintegración laboral de desmovilizados de grupos armados ilegales?

Revista Nº 198 Nov. - Dic. 2016

A la fecha se han desmovilizado 57.996 personas, de las cuales 49.155 ingresaron al programa de reintegración y 13.797 lo culminaron.

Javier N. Rojas 

Periodista

Colombia ha acumulado trece años de experiencia institucional en el propósito de lograr la reintegración social y económica de los colombianos que deciden desvincularse de los grupos armados ilegales y de las víctimas del conflicto armado. No obstante, el medio empresarial muestra una marcada renuencia a vincularlos laboralmente.

A raíz de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y el grupo guerrillero de las FARC, en septiembre del 2016, Clara López, Ministra del Trabajo, manifiesta que esa cartera debe actuar en cinco frentes con miras a mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad social (salud y pensiones) en el campo colombiano, donde el conflicto ha generado mayor impacto.

Esos frentes implican la búsqueda de avances en cuanto a la generación rápida de empleo en las zonas más afectadas por el conflicto, la puesta en marcha de un programa masivo de formación para el trabajo dirigido a los jóvenes, la incorporación de la mujer a la fuerza laboral en igualdad de condiciones con el hombre, el fortalecimiento de la economía solidaria y la ampliación del sistema de protección social para el campo.

Respecto al empleo en las zonas de conflicto, López explica que se están estructurando programas de generación de empleo temporal a partir de la construcción de estructuras básicas, mantenimiento y construcción de caminos veredales, aulas escolares, centros de acopio de productos, plazas de mercado, mantenimiento de fuentes hídricas y reforestación.

Igualmente, “tenemos que seguir generando oportunidades de formación, empleo y emprendimiento para jóvenes y eliminar las barreras, prejuicios e ideas negativas sobre sus capacidades”, propósitos que se intensificarán tras la puesta en marcha del acuerdo de paz con las FARC. Asimismo, “va a haber una acción afirmativa para que también a los buenos trabajos, que siempre han sido reservados para los hombres, lleguen las mujeres con todas las garantías de ley”.

En el cuarto frente, el Ministerio del Trabajo debe contribuir a fortalecer la economía solidaria, con el fin de apoyar todas las formas de asociatividad en el campo y así impulsar la producción y la comercialización de los productos agrícolas. Finalmente, recalca que se debe brindar acceso a la salud y a una pensión de jubilación a todos los trabajadores del campo.

En relación con las personas de las FARC que se desmovilicen, la Ministra del Trabajo pide a los empresarios que se solidaricen con el país y no duden en vincular laboralmente a los reinsertados de ese grupo armado. Reconoce que la tasa de desempleo es mayor entre la población que ya se ha desmovilizado frente a esa misma tasa del país, en general. “Esperamos que los integrantes de las FARC que se van a reinsertar a la vida civil corran con mucha mejor suerte, porque se lo merecen; son personas que van a dejar las armas para asumir sus responsabilidades en democracia”.

Comenta que la Universidad Nacional realizará un censo, entre los desmovilizados de las FARC, cuando se concentren en las zonas veredales, con el propósito de establecer su nivel de educación, sus habilidades laborales y formarlos para el trabajo de manera que mejoren sus condiciones de empleabilidad en el mercado laboral.

Joshua Mitrotti, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), afirma que “hoy la institución tiene a 17.000 personas activas en el proceso de reintegración que no podemos descuidar por pensar”, eventualmente, en las nuevas personas que podrían provenir del acuerdo de paz con las FARC, pues a aquellas “tenemos que culminarlas con éxito”. Además, otros 15.000 excombatientes de grupos armados ilegales culminaron con éxito la llamada ruta de reintegración de seis años y medio y se han reincorporado a la sociedad. “Hay que esperar cómo se resuelve el asunto” de este acuerdo de paz antes de pensar en cambios al programa de reintegración del país.

Una vez que se resuelva esa situación, probablemente se adelante “un Consejo Nacional de Reincorporación en donde, tanto las FARC como el Gobierno, van a poner toda la capacidad y las lecciones aprendidas para no equivocarnos”, nuevo escenario al que se adaptará la ACR.

Mitrotti sostiene que “la agencia se creó para atender a 34.000 personas simultáneamente. Hoy la agencia atiende a 15.000 personas que han culminado con éxito” el proceso de reintegración y recibe, cada mes, alrededor de 17.000 personas. Si en un momento determinado se desmovilizaran 20.000 o 25.000 personas de los grupos armados ilegales, la ACR tiene la capacidad de incorporarlos al proceso de reintegración, “porque es una entidad flexible, adaptable” y con la misión de “servirle al país en la construcción de escenarios de paz”.

Recalca que “el plan de reincorporación de los nuevos desmovilizados de las FARC dependerá del Consejo Nacional de Reincorporación que está en el acuerdo. Hasta que eso no se materialice”, considera “irresponsable” pronunciarse al respecto de eventuales ajustes al programa de la ACR. “Esto no es una imposición del Estado hacia las FARC, es una construcción colectiva de confianza”.

Según Mitrotti, de “las 49.000 personas que ingresaron al programa de la ACR casi el 74% están ocupadas hoy, un 34% de ellas tienen un empleo formal, más o menos el 66% tienen un empleo informal. Eso se debe comparar con la tasa promedio de informalidad, en Colombia, que es alrededor del 51%. Estamos haciendo esfuerzos enormes con el sector privado para generar empleo” y emprendimiento con visión de mercado, sostenible y que así “podamos asegurar el éxito de este proceso”.

La ACR tiene alianza con 650 empresas que generan unos “1.500 empleos directos y apoyan casi 500 emprendimientos en el día a día. Arrancamos con este proceso desde hace unos diez años y afortunadamente hemos tenido toda la solidaridad y el apoyo del sector privado. Para atraer más empresas hay que ir a buscarlas, dar ejemplo, mostrar que somos un modelo de eficiencia y eficacia desde el Estado y, en ese marco, todos los días se suman nuevas empresas”, asegura Mitrotti.

El principal obstácu­lo que enfrentan quienes se desmovilizan de los grupos armados ilegales y buscan la reincorporación laboral a la sociedad es “la estigmatización, pero no creo que sea una barrera solo de los empresarios, es de toda la sociedad; tendemos a pensar que todos los desmovilizados son unos demonios, que su sangre no es roja, que no tienen sueños, ni expectativas, que son bandidos. Y uno se sorprende de que eso sea falso. Son personas que están comprometidas con la paz, con la ampliación y profundización de la democracia y quieren aprovechar, con toda su energía, esta segunda oportunidad que les da la democracia”.

Actitud de reconciliación

El hecho de que el país tenga un registro de ocho millones de víctimas a causa del conflicto armado, quienes también afrontan dificultades para vincu­larse a un empleo, “representa un desafío en equidad” para la Agencia Colombiana para la Reintegración y exige tener presente siempre que “la política de reintegración no puede generar incentivos perversos”, sino que debe “hacerse en el marco de la equidad, pensando en las víctimas y en las poblaciones en condición de vulnerabilidad”, asevera Mitrotti.

La ceremonia de culminación del proceso de reintegración de 200 personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales, realizada por la ACR, a finales de octubre del 2016, en el Club El Nogal de Bogotá, objeto de un atentado terrorista de las FARC en el 2003, “es un ejemplo de reconciliación y, sin duda, de perdón. Lo que está haciendo el club es un ejemplo para la sociedad colombiana al abrir estos espacios para aprovechar y mostrar que la paz sí es posible. Cada dos meses estamos organizando desayunos con los socios y el presidente del club para comprometerlos en la construcción de la paz y a apoyar la agencia”.

El mensaje para las micro, pequeñas y medianas empresas es que en la ACR “estamos haciendo el trabajo con el corazón, con toda la energía, con todo el compromiso”. La entidad tiene unos equipos técnicos y profesionales que han ido construyendo sobre las experiencias anteriores, “con una visión de largo plazo para que este país pueda edificar escenarios de paz y de la agencia van a recibir todo el compromiso para sacar adelante esa nueva Colombia reconciliada y en paz, un país equitativo y solidario con el otro, una Colombia donde todos los colombianos cuentan”, puntualiza Mitrotti.

Claudia Camacho, directora de la Unidad del Servicio Público de Empleo, explica que frente a las personas desmovilizadas de las FARC se buscará eliminar las brechas propias de esa población que les impidan un desempeño laboral óptimo tal como se ha hecho en el caso de las víctimas del conflicto armado. “En nuestros centros de empleo vamos a tener una ruta de atención con orientación laboral y acompañamiento que les permita acceder a las vacantes y, en general, se les brindará todo el modelo de atención que tenemos en el Servicio Público de Empleo” en las distintas regiones del país.

Seguramente, en aquellos lugares del territorio nacional “donde los desmovilizados van a estar concentrados tendremos que focalizar mucho más nuestra ruta”. Sin embargo, “las rutas de atención son generales para toda la población, con unos enfoques diferenciales en la forma” de subsanar sus debilidades laborales. Por lo tanto, se adelantarán programas de sensibilización a los empresarios con el fin de “hacerles entender cuáles son las necesidades” de las personas desmovilizadas y se contribuirá a que estas “adquieran las competencias para poderse vincular a una vacante”.

En resumen, las acciones se adelantarán, por un lado, “con la población reinsertada para cerrar sus brechas y mejorar su perfil de empleabilidad y, por el otro, con los empresarios a fin sensibilizarlos y lograr la apertura de vacantes destinadas a tal población. Y, en este enfoque, también cobra mucha importancia el tema de los emprendimientos y cómo el Servicio Público de Empleo va a llegar a zonas rurales donde muy seguramente se va a quedar gran parte de la población reinsertada”, acota Camacho.

En cuanto a las brechas o dificultades de los futuros desmovilizados de las FARC con miras a su incorporación laboral en la sociedad, Camacho precisa que “esta población ha vivido aún más aislada de todos los mercados de trabajo y no ha logrado capacitarse, no tiene experiencia ni siquiera en la informalidad”. En este contexto, “lo que nos ha enseñado la ruta de víctimas va a ser muy importante, pero sabemos que esta población tiene unas particularidades y unos retos adicionales que nos va a tocar enfrentar”.

“Con la ACR ya venimos trabajando” con el objeto de entender las problemáticas y en la definición de una agenda para la participación del Servicio Público de Empleo en aras de asumir el desafío de preparar para el mercado laboral a las personas de las FARC que se desmovilicen. Sin embargo, subraya, este proceso depende de que entre en vigencia el acuerdo con ese grupo armado.

Camacho manifiesta que hay una mayor probabilidad de que las empresas con programas de responsabilidad social contraten a desmovilizados de grupos armados ilegales. “Pero, en general, lo que nos interesa es entregarles formados esos trabajadores a las compañías, sin ponerles ninguna marca”. Independientemente de su condición de víctimas o de reinsertados “son trabajadores, personas con competencias, con ganas de trabajar y debemos brindarles una oportunidad laboral”. Insiste en que muchas empresas serán más permeables a esta tesis, “porque dentro de sus políticas de responsabilidad social contemplan explícitamente la incorporación de esta población”.

Según la directiva de la Unidad del Servicio Público de Empleo, las brechas más difíciles de superar para los desmovilizados “son todas aquellas que se derivan de estar tanto tiempo por fuera de los circuitos formales y de los mercados de trabajo; es población que no tiene experiencia laboral en ningún trabajo formal”, pues se trata de personas de vida rural que solo han laborado en el campo. Asimismo, lo más probable es que no hayan culminado estudios de bachillerato y para “acceder a una vacante se requiere, por lo menos, ser bachiller”. El reto, en consecuencia, consiste en prepararlos para competir en el mercado laboral con su propio talento.

Erika Sánchez, jefe del departamento de empleabilidad de Colsubsidio, área que opera la agencia de empleo de la caja de compensación familiar, afirma que desde el 2015 la agencia inició el proyecto encaminado a que las empresas colombianas vinculen laboralmente a víctimas del conflicto armado y a pospenados, es decir, personas que han salido de la cárcel luego de cumplir la sentencia de un juez por un delito cometido.

“Tenemos una Casa de la Libertad que inauguramos en el 2015 con el Ministerio de Justicia, donde nos estamos especializando para trabajar con desmovilizados y con otras poblaciones” que pueden ser discriminadas en el mercado laboral. Sin embargo, aclara que la ruta o programa de vinculación laboral dirigido a una persona desmovilizada de un grupo armado ilegal puede tener diferencias en cuanto a los aspectos que se deben fortalecer, con miras a lograr su vinculación laboral, frente al diseñado para una víctima del conflicto y el de un pospenado.

Según Sánchez, el mayor reto de la agencia de empleo de Colsubsidio consiste en lograr que las empresas acepten que sus vacantes sean cubiertas por víctimas del conflicto o por pospenados. “Hemos venido conociendo a la población y por eso les abrimos las puertas, porque si uno no los conoce y deja el miedo, no puede ver lo bueno y positivo” de su desempeño como trabajadores. Hasta la fecha, la agencia ha logrado la vinculación laboral en empresas de 50 pospenados y de más de 70 víctimas del conflicto armado colombiano.

Reconoce que las empresas pueden experimentar temor de contratar a víctimas del conflicto o a desmovilizados de un grupo armado ilegal. “Nosotros ya hemos venido acompañando a varias empresas y los procesos son muy buenos. A las que trabajan con pospenados les ha ido muy bien; la productividad ha aumentado y ha disminuido la alta rotación de trabajadores que es un aspecto clave, porque son personas a las que les llega una oportunidad que no quieren soltar jamás. Entonces, se aferran a ese trabajo y van a dar todo de sí”. Señala que tales beneficios están al alcance de aquellas empresas que superen ese temor y se decidan a contratar a estas personas.

No obstante, las compañías que acepten emplear desmovilizados de los grupos armados ilegales o víctimas del conflicto deberán tomar medidas preventivas para que esas personas no sean discriminadas por los otros trabajadores, pues “hemos detectado que no puede señalarse a esa persona como víctima, pospenada o desmovilizada, porque de pronto va a tener un rechazo dentro de la compañía”. La contratación de una persona con esa experiencia de vida constituye “un proceso interno de la empresa y no necesariamente tiene que hacerse público que la persona es víctima del conflicto” o desmovilizada de un grupo armado ilegal.

Con el propósito de disminuir la prevención de contratar a víctimas del conflicto y pospenados, funcionarios de las empresas interesadas pueden visitar aquellas organizaciones que ya viven esa experiencia y así comprobar que “no es tan difícil” y que pueden tomar la decisión de hacerlo. “Nosotros las acompañamos en el proceso, le brindamos orientación a la población víctima o a la pospenada, hacemos el ejercicio de fortalecimiento de sus competencias y la idea es que se alineen con la generación de la oportunidad” por parte de un empleador. También les transmitimos, a las compañías que aceptan este desafío, “las buenas prácticas que han funcionado en las otras empresas”, sostiene Sánchez.

Responsabilidad social empresarial

Elkin Ariza, coordinador de marketing de SC Johnson, explica que “en este momento estamos enfocados en el tema de víctimas”, a quienes contratan como impulsadores de ventas de sus productos en las grandes cadenas de comercio. Agrega que la organización está a la espera de la culminación definitiva y la puesta en marcha del acuerdo de paz con las FARC para explorar la posibilidad de brindarle trabajo a quienes se desmovilicen de ese grupo armado ilegal.

Esta firma multinacional comenzó el programa encaminado a brindar trabajo a las víctimas del conflicto en junio del 2016. Actualmente “tenemos diez personas, son desplazados del conflicto armado que trabajan en el área comercial como mercaimpulsadores, quienes están visitando puntos de venta de los almacenes de grandes superficies” en una labor comercial.

“La idea surgió de una propuesta que les llegó de Gente Estratégica (empresa de servicios temporales que capacita a los trabajadores). Ellos tienen un centro de formación, van de la mano con el Servicio Público de Empleo y reciben a todas esas personas en situación de vulnerabilidad que vienen desplazadas del conflicto armado. Gente Estratégica ingresa a su base de datos esas hojas de vida, brindan apoyo, orientación laboral, sicológica, las perfilan y las envían a diferentes empresas, no solo a nosotros, dependiendo de las habilidades y las competencias del candidato”, acota.

Ariza asevera que la firma SC Johnson considera la contratación de víctimas del conflicto como un compromiso de responsabilidad social y de contribución a la sociedad. “Hemos encontrado personas con muchas capacidades. También pensamos en el plan carrera y esperamos que varias de esas personas continúen” vinculadas a la empresa por un largo tiempo.

Cree que los modos de vida y las costumbres de las víctimas constituyen uno de los obstáculos más difíciles de salvar con miras a lograr su buen desempeño laboral, especialmente si se toma en cuenta que los funcionarios comerciales son “la imagen de la compañía en la calle. Romper el tema cultural” es un desafío para una empresa que decida contratar a víctimas, porque “tienen una forma de vestir diferente, se expresan a través de esta; tienen un lenguaje diferente”, al igual que su manera de pensar. “Eso ha sido lo más complejo, ayudarles al proceso de adaptación” y, sobre todo, lograr que desarrollen las “habilidades sociales. Es muy difícil para una persona llegar a un punto de venta a relacionarse con la gente que no conoce. Entonces, romper el miedo, la timidez” y manejar “el tema sicológico” se convierte en un reto.

SC Johnson y Gente Estratégica enfrentan esta situación mancomunadamente, “porque esta organización perfila al aspirante y nosotros le hacemos un proceso de acompañamiento”. Se realiza un monitoreo telefónico y se visitan en los puntos de venta, “donde se identifican sus debilidades y sus fortalezas y comienzan a trabajar” en la manera de superar las debilidades, anota Ariza.

En el programa de radio de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Eduardo Uribe, vicepresidente de Desarrollo Sostenible y Ambiental de Ecopetrol, dijo que en esta compañía “las puertas van a estar abiertas a las personas que algún día tomaron las armas, como lo están, igualmente, para los colombianos”, pues “todos van a tener el mismo derecho de pretender una vinculación laboral con Ecopetrol, sin distingo de ningún tipo”.

Ecopetrol podrá emplear a los desmovilizados de los grupos armados ilegales y “no va a haber ningún tipo de discriminación. El Servicio Público de Empleo define las reglas de juego para una contratación transparente y equitativa en Colombia. Nosotros estamos suje­tos a él y nos gusta, porque es un sistema transparente de contratación”.

“Entonces, todos los excombatientes, de cualquier tipo, de cualquier origen, que quieran trabajar con Ecopetrol o con los contratistas de la empresa van a entrar al Servicio Público de Empleo en las mismas condiciones que cualquier otro colombiano”, afirma Uribe. “Nosotros estaremos felices de recibirlos. Yo, personalmente, le voy a dar un abrazo a cada uno de ellos que llegue, porque va a ser una acción que evidencie el compromiso de la empresa con la paz”.

De otra parte, Jorge Charrasquiel, desmovilizado de un grupo armado ilegal, recibió el certificado de culminación del proceso de reintegración de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), en una ceremonia realizada a finales de octubre del 2016, en el Club El Nogal de Bogotá. Manifiesta que la “decisión voluntaria de dejar la lucha armada que, sin sentido, ha habido durante muchos años en el país solo es el primer paso de quienes hemos optado por regresar a la vida civil”.

“Con más de 20 años de trasegar por las montañas de Colombia y después de estar confinado en la cárcel de mi país” agradece que algunos funcionarios de la ACR lo hubiesen visitado en la cárcel y “me orientaran a comprender que mi vida tenía que dar un cambio radical y debía reintegrarme a esta sociedad”.

“Nunca pensé dejar la lucha armada que por muchos años estuvo presente en mi corazón, creyendo en una patria libre. Pero solo cuando me hablaron de esa posibilidad de aportar a Colombia de una manera diferente descubrí mi vocación de ayudar a las otras personas. Hoy lo puedo hacer desde la Fundación Huésped, Mujer y Familia (dedicada a atender población enferma de Sida)”, de la cual forma parte en el nivel directivo.

Reconoce que la ruta de reintegración fue un proceso continuo de aprendizaje, de “construcción de sí mismo y del tejido social. La reintegración nos dignifica. Por eso está basada en el esfuerzo que hacemos”, con el objetivo de adaptarse a una nueva vida en la sociedad.

“Pero los compromisos que adquirimos con el Gobierno, con la sociedad y más que todo con nosotros mismos”, al culminar el proceso de reintegración, permiten trabajar en conjunto con otras personas reintegradas para que “podamos hacer una deconstrucción de esos imaginarios negativos que la gente tiene de nosotros e, incluso, eliminarlos del propio pensamiento de las personas reintegradas. Ahora, “estamos comprometidos con aportar a la paz desde nuestra cotidianidad”, puntualiza Charrasquiel.

Independientemente de cuánto se tarde la puesta en marcha del acuerdo de paz entre el Gobierno y el grupo armado de las FARC, el país continúa enfrentando, desde hace varios años, dificultades para lograr la reintegración económica a la sociedad de las víctimas del conflicto y de las personas que se desmovilizan de los grupos armados ilegales. Hoy se les prepara durante más de seis años para que se empleen en una empresa o inicien una actividad empresarial propia. Sin embargo, las estadísticas evidencian que la tasa de desempleo entre la población desplazada (víctima de conflicto) alcanza el 35.5%, mientras la tasa de desempleo del país, a septiembre del 2016, fue de 8.5%.

A pesar de los esfuerzos del Estado, la economía todavía no tiene la capacidad de integrar a ese segmento de la población con el dinamismo que se requiere. En este escenario, se espera que el inicio del acuerdo de paz se convierta en un estímulo más favorable a la generación de empleo, con el objeto de que los empleadores se animen a contratar, sin temores, a las víctimas del conflicto, que hoy llegan a ocho millones de personas, y a los desmovilizados de los grupos armados ilegales.

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