¿Cómo avanza Latinoamérica en la normativa de precios de transferencia?

Revista Nº 164 Mar.-Abr. 2011

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Impuestos 

Luego de un seminario sobre precios de transferencia, realizado en noviembre del 2010 en Bogotá por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), se podría concluir que la región se ha apresurado, en los últimos años, a desarrollar la legislación sobre precios de transferencia y a profesionalizar a los funcionarios responsables de la fiscalización internacional, con el propósito de refinar los procesos de supervisión de las transacciones que realizan las firmas multinacionales con sus compañías vinculadas.

En opinión de Gonzalo Arias, gerente de cooperación internacional del CIAT, el tema de precios de transferencia es clave y de gran demanda por parte de los países miembros de esa organización. Comenta que la aplicación de ese instrumento se ha extendido ampliamente, sobre todo en Centroamérica.

Anota que en Suramérica hay un nivel de desarrollo mayor en este campo, debido a la iniciativa de Argentina, Chile y Brasil. Sin embargo, se tienen experiencias nacientes y en progreso en Ecuador, Perú y Uruguay. En general, los países han sentido la necesidad de implantar esquemas de precios de transferencia no solo con un ánimo recaudatorio, sino con el propósito de motivar la competencia leal, porque hay empresas que tienen la posibilidad de manipular los precios de transferencia entre la casa matriz y sus sucursales. “De alguna manera, esa ilusión les genera menores costos tributarios y las pone en un plano de competencia totalmente distinto con la empresa que no tiene acceso al entorno global”, asevera Arias.

Por otro lado, precisa, ha habido presiones internacionales, en particular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del G-20 (grupo integrado por 19 países y la Unión Europea), para que todas las naciones implementen leyes encaminadas a controlar los precios de transferencia. Asegura que la última resolución del G-20 le impuso al CIAT, para el 2011, la misión de promover sistemas tributarios más eficaces en los países, mediante el fortalecimiento de las administraciones tributarias en varios frentes, como los precios de transferencia.

Según Arias, a esos países les interesa que exista el instrumento de precios de transferencia en todas las legislaciones tributarias del mundo y que estas sean armónicas entre sí, a fin de que no se generen distorsiones. Igualmente, quieren que las administraciones tributarias estén preparadas para aplicar tal legislación en forma correcta, porque el precio de transferencia es un espejo: “Pagar mayor impuesto en un país implica cancelar uno menor en otro, lo cual puede generar, si no hay un ajuste correlativo, doble imposición. Por eso, es un tema de sumo interés”.

Arias admite que la aplicación de sistemas de precios de transferencia tiene un interés particular para las naciones desarrolladas, pues son exportadoras de capital y suelen perder base imponible por causa de “la manipulación de precios de transferencia, situación en la que se ven beneficiados aquellos países con regímenes preferenciales o con menor tributación”, que reciben una mayor base imponible de la que les corresponde en realidad.

Expresa que sí se ha legislado sobre precios de transferencia en un Estado, pero la administración tributaria no tiene bases de datos para procesar la información, no dispone de personal capacitado, no cuenta con una estructura administrativa especializada ni con mecanismos de coordinación con la entidad aduanera, “la legislación no sirve de nada”. La pregunta en Latinoamérica no es si existe la normativa de precios de transferencia, sino ¿cuándo se va a aplicar efectivamente?

Asegura que, en esta región, la legislación debe ser armonizada con los criterios internacionales, sin desconocer las necesidades específicas de cada país. No conviene que se configure simplemente un conjunto de reglas anti elusión o anti evasión ni tampoco se puede crear un bloque de medidas que distorsionen los mercados.

Insiste en que las administraciones tributarias deben tener la capacidad de gestionar regímenes de información para precios de transferencia. Así mismo, resultan fundamentales el personal capacitado y las estrategias para retenerlo, pues su rotación permanente impide que se conformen pilares sólidos para que crezca el conocimiento en ese frente en la administración tributaria, de modo que se requieren políticas de recursos humanos orientadas “a hacer más atractivo trabajar en la administración tributaria que en el sector privado”.

Líderes con trayectoria

Para Arias, una administración tributaria latinoamericana con méritos en lo concerniente a precios de transferencia es la de México, porque su nivel de conocimiento supera ampliamente el de cualquier otro país de la región. De tiempo atrás, operan con el régimen de maquiladoras (empresas que ensamblan productos finales para terceros) y sintieron, desde el principio, la necesidad de regular su operación mediante instrumentos como los precios de transferencia.

Como segundo caso interesante señala a Argentina, aunque considera que no tiene el grado de desarrollo de México, pero piensa que es una de las mejores experiencias suramericanas, entre los países que primero incursionaron en ese campo. “Tiene una estructura organizacional muy buena, con recursos humanos muy capacitados y con bastante experiencia”. Agrega que allí se estableció un buen régimen de retención de funcionarios, con un atractivo nivel salarial.

Antonio Macías, consultor sobre precios de transferencia en EE. UU., dice que a mediados de la década de los noventa comenzó a aplicarse la figura de precios de transferencia en Latinoamérica. Afirma que tres países fueron los primeros en emplear la versión más moderna de esta herramienta fiscal: México, Chile y Brasil, y cada país siguió su propio camino en esta materia.

México tomó el sendero trazado por la OCDE; Brasil, el de una legislación basada en una rentabilidad dada, y Chile adoptó un modelo fundado en el principio del valor de mercado, pero sin establecer obligaciones de documentación para el contribuyente.

Acota que cuando la ley fue redactada en México, la Nación buscaba ingresar a la OCDE. Entonces, había una presión muy fuerte para que la norma de precios de transferencia fuera similar a la de ese organismo. Otra razón para promover este instrumento fue la preocupación relacionada con el hecho de que las empresas maquiladoras (ensambladoras de productos finales) registraban pérdidas por manipulación de precios.

Entre tanto, piensa que Chile promulgó, en un principio, una ley de precios de transferencia simplemente como marco de referencia, sin ninguna precisión en el aspecto fiscal. Esto lo califica como un mecanismo de protección con una norma fundada en el concepto de valor de mercado.

Brasil analizó, en su momento, las sentencias de las cortes en EE. UU., adversas a la autoridad fiscal sobre precios de transferencia, basados en el principio del valor de mercado, y vieron la complejidad de configurar las pruebas en este esquema. En ese entonces, la Nación era un mercado cerrado, una economía basada en el intercambio interno. Se decidió establecer el mecanismo de precios de transferencia para asegurar una rentabilidad al Estado. Por eso, implantaron una regla práctica que limitara, entre las empresas establecidas en su territorio, las posibilidades de evasión y de elusión, asegura Macías.

Macías cree que el modelo de precios de transferencia de la OCDE se adapta mejor a las condiciones de Latinoamérica, porque depende de los dos países que se ven afectados por una transacción entre empresas vinculadas económicamente: “Si se tiene una ley diferente, no se va a llegar a un acuerdo y se va a tener doble tributación, que es lo que pasa en Brasil”.

En un proceso creciente de globalización, una Nación no se puede apartar del modelo de la OCDE. “Aquellos países que lo intentan, van a tener mucha presión por parte de la comunidad internacional. Y cada vez que vayan avanzando, como será el caso de Brasil, van a tener mucha presión, pues se les criticará el hecho de que generan problemas de doble tributación”, advierte el experto.

Macías cree que la adaptación local del esquema de precios de transferencia de la OCDE en cada país genera un desequilibrio: la doble tributación. Por ejemplo, “Argentina no acepta que la parte relacionada sea la extranjera y así está en su legislación, por temor de que se brinde información que no sea verídica. Debido a esa limitación, cuando se hace el análisis de precios de transferencia, se llega a una metodología que quizá no sea la correcta, pues la ley desvirtúa el principio de valor de mercado. Entonces, eso tiene un efecto dañino”, porque ante el temor de la eventual información falsa, la norma no protege al contribuyente de la doble tributación.

Comercio leal

Con la extensión del modelo de precios de transferencia por el mundo, Macías asegura que todas las multinacionales tendrán que hacer transacciones con sus firmas vinculadas a valores de mercado y con precios justos para ambas partes. Considera que ese instrumento resulta favorable para los países en desarrollo, “mientras la legislación le transmita al contribuyente el efecto de justicia” y su aplicación no sea arbitraria y agresiva por parte de las administraciones tributarias. Para que estas sean fuertes en materia de precios de transferencia, se requiere la capacitación de los funcionarios y la aplicación objetiva de la ley.

Respecto a Colombia, Macías asegura que empezó con una buena ley, en la que se descartan los aspectos que indujeron a error en las legislaciones de México y de Venezuela, y se incorporan los elementos favorables. “Quizás el único detalle negativo es que entre la implementación de la ley y las primeras auditorías hubo un lapso muy grande, en el cual no hubo actividad de la autoridad tributaria”. Esto generó, entre los contribuyentes, incertidumbre y la idea de que la aplicación de la norma de precios de transferencia era una simple formalidad.

Manuel del Río, consultor de la firma KPMG de Perú, identifica dos momentos importantes en ese país: el 2001, año en que se promulgó la norma de precios de transferencia, y el 2006, cuando se expidió el reglamento de esta. Recuerda que, a partir de este último año, se intensificó el interés por este tema. Comenta que el gobierno de entonces se percató de su importancia y de que el esquema de precios de transferencia se había comenzado a implantar en muchos otros países. Además, Perú quiso incorporarse de lleno en el escenario de la globalización.

Del Río afirma que la norma peruana está fundada en los parámetros de la OCDE, aunque se incluyeron algunos aspectos de las legislaciones de España, México y Argentina. Destaca el hecho de que la ley contemple la posibilidad de realizar el análisis de los precios de transferencia a las operaciones entre empresas peruanas vinculadas y no solo a las transacciones de una compañía peruana con su firma matriz establecida en el exterior.

Explica que, conforme a la norma vigente, si una empresa pertenece a un grupo y esta o todo el grupo ha suscrito un acuerdo de estabilidad tributaria, o si alguna de las empresas registra pérdidas durante los últimos seis ejercicios fiscales, se estipula que la administración tributaria analice y fiscalice esas situaciones. Igual se dispone en lo concerniente a los regímenes diferenciales que existen en Perú. Por ejemplo, la zona de selva tiene un impuesto de renta menor: “Entonces, un empresario podría tener la tentación de establecer una operación en la selva y dejar todas las utilidades allá”.

Del Río dice que en la norma peruana se pone mucho énfasis en el tema de paraísos fiscales. Todas las transacciones con aquellos, incluso por valor de un dólar y aunque no sean con empresas vinculadas, deben ser sujetas a verificación mediante los mecanismos de precios de transferencia. Asegura que Perú tiene una lista de paraísos muy parecida a la de la OCDE. Además, la norma peruana tiene una sutileza muy importante: si un país no está en esa lista, pero la transacción comercial con este cumple ciertas condiciones, tal jurisdicción será tomada como paraíso fiscal.

Respecto a las dificultades que eventualmente enfrenten las empresas peruanas para adaptarse a la norma de precios de transferencia, Del Río anota que cualquier circunstancia adversa se supera con “voluntad nada más, con querer hacerlo, porque no es difícil entrar en el terreno de los precios de transferencia”. Sin embargo, la complicación que se puede presentar es que muchas compañías son subsidiarias de matrices en el exterior que imponen ciertas condiciones. De cualquier modo, “una gran parte de las firmas matrices están en países que las obligan a trabajar con precios de transferencia mucho antes que Perú. Entonces, no debe haber mayores complicaciones”.

Asevera que el reto de la administración tributaria de su país consiste en comprender que el mundo de los precios de transferencia no constituye una ciencia exacta, pues los considera más arte que ciencia. “Eso a veces resulta difícil de entender”, porque un funcionario puede creer que el procedimiento se basa en revisar las operaciones de negocios con una lista de chequeo y mediante una fórmula precisa. “Pero no es así, hay que entender mucho las políticas de precios de transferencia, hay que comprender la realidad económica de las transacciones”.

Según cree, hay una serie de aspectos sutiles que, a veces, “cuesta trabajo tenerlos en mente, cuando alguien actúa como fiscalizador de la administración tributaria”. Comenta que otro reto de este organismo peruano es aumentar las inspecciones en materia de precios de transferencia, que en la actualidad no superan los 10 casos por año. Se pide bastante información a las empresas que realizan transacciones con vinculadas, “pero todavía no están fiscalizando masivamente en Perú”.

Modelo propio

Por su lado, Bernardo Marchant, director de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile, comenta que hacia 1997 se promulgó la primera norma sobre precios de transferencia en su país, con el propósito de que la administración tributaria pudiera abordar el análisis fiscal del sector minero, particularmente la explotación del cobre, con nuevos instrumentos, dado que esa actividad contribuye significativamente al producto interno bruto de esa Nación.

Marchant explica que esa primera norma chilena se basó en el modelo de la OCDE, pero se adaptó al entorno nacional a partir de la discusión que se dio en el parlamento. “No establecimos el modelo OCDE por sí solo, sino que vimos en qué escenarios podía aplicarse una norma u otra”. Asegura que en los últimos tiempos, la ley se ha fortalecido en lo pertinente a los instrumentos para fiscalizar los contratos de exclusividad que se suelen suscribir entre una casa matriz y sus empresas vinculadas. En tal sentido, se fijaron reglas a esos contratos “para presumir relación comercial”, de modo que quedaran bajo normas de precios de transferencia.

El funcionario chileno anota que la administración tributaria chilena empleaba los mecanismos clásicos de control, y “no miramos otras formas de operación, como los contratos de exclusividad o de participación, que son formas de establecer relación contractual diferentes a las del mercado”.

Comenta que nos faltaba una visión nacional del sistema de precios de transferencia para monitorizar el país en esta materia, pero ahora cuentan con mejores recursos para esa labor. Advierte que en el SII está en marcha un proyecto para crear un grupo nacional de precios de transferencia. En la actualidad, 2.000 personas se dedican a fiscalización y seis conforman el equipo de precios de transferencia. Acota que ese grupo realiza, en promedio, 10 procesos de precios de transferencia al año, entre los cuales se cuentan los ejercicios de monitoreo.

En Colombia, entre tanto, el concepto de precios de transferencia se incluyó en la normativa tributaria mediante la Ley 788 del 2002, se establecieron modificaciones con la Ley 863 del 2003 y se precisó su aplicación con el Decreto Reglamentario 4349 del 2004, con el cual se implementaron algunos instrumentos para ejercer mayor control sobre las operaciones entre los vinculados económicos.

Según Mario Enrique Villadiego, ex subdirector de gestión de fiscalización internacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el 2004, se completó el marco legal de los precios de transferencia, ejercicio en el cual se siguió el modelo mexicano. Sin embargo, recuerda que entre el 2004 y el 2009, Colombia dejó en suspenso el control sobre las operaciones entre empresas vinculadas económicamente o entre partes relacionadas, “con el propósito de que los mismos contribuyentes asimilaran el proceso”.

No obstante, señala que hubiese sido mejor auditar y fiscalizar desde un principio, porque no solamente se disciplina al contribuyente, sino que se marcan pautas sobre cuál es la forma de proceder de la administración tributaria respecto a un determinado tema. De otro lado, sostiene que hay algunos aspectos del régimen de precios de transferencia que todavía están por desarrollarse. Por ejemplo, tanto la declaración informativa como los instrumentos que permiten ejercer mayores controles de fiscalización son todavía insuficientes para el país.

Villadiego aclara que la Ley 863 del 2003 eliminó la posibilidad de que el régimen de precios de transferencia se aplicara a las transacciones entre empresas nacionales vinculadas, pero cree que “Colombia tendrá que retomar nuevamente el tema de vigilar las operaciones locales”.

Asegura que desde el 2004, el país ha manifestado la intención de identificar legalmente algunas jurisdicciones como paraísos fiscales. Hoy, existen 70 jurisdicciones tributarias que Colombia quisiera incluir en una lista de esa naturaleza, aunque Villadiego piensa que “con unas cinco o seis sería suficiente”, ubicadas principalmente en la región Caribe y algunas en Europa. Reconoce que en este frente la administración tributaria todavía no ha podido aplicar lo que estipula la ley de precios de transferencia.

Mano dura

De otro lado, asevera que las medidas sancionatorias figuran entre las más onerosas del continente americano, al parecer con la intención de inculcar disciplina entre los contribuyentes. “Pienso que el régimen no debería ser tan oneroso, pues ocasionalmente hace que se incurra en medidas desproporcionadas”, sostiene Villadiego. Por ejemplo, si un contribuyente omite, sin mala intención, el reporte de una operación con una firma vinculada por un valor menor, al tratar de corregir la situación en su declaración informativa de precios de transferencia ante la administración tributaria encuentra que la sanción puede alcanzar los 500.000 dólares. Esa circunstancia crea barreras considerables al ingreso generalizado de los contribuyentes al sistema de vigilancia de precios de transferencia.

Villadiego explica que las obligaciones formales comprenden la preparación y la disponibilidad de la documentación comprobatoria, en caso de solicitud de la autoridad tributaria, y la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia, “en consonancia con las operaciones que debidamente se prepararon y documentaron”. El funcionario destaca que con estos requisitos se invierte la carga de la prueba, “porque es el contribuyente quien debe probar que sus operaciones entre vinculados se realizan a precios de mercado”. Es decir, necesita demostrar que está cumpliendo el principio de plena competencia y que “los impuestos que corresponden a esta jurisdicción no se trasladen a otra de igual, menor o mayor tributación”.

Comenta que Colombia acogió las directrices del modelo de precios de transferencia de la OCDE, aun cuando, en materia interpretativa, toma en cuenta algunos elementos del modelo estadounidense. Precisa, por ejemplo, que en el tema de servicios, el modelo de la OCDE tiene algunos aspectos que impiden que las operaciones sean tan transparentes como cuando se analizan bajo la óptica del modelo de EE. UU. Entre tanto, afirma que no ha sido factible incorporar apartes del modelo brasilero, por la estructura compleja de este.

Con relación a los métodos para determinar el precio o margen de utilidad en las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas, Villadiego considera que dadas las experiencias vividas en el país, “me gustaría que todo se pudiera hacer a través de un precio comparable no controlado”, pues piensa que representa el “método más directo”. Precisa que, en Colombia, apenas cuatro empresas emplean el método de partición de utilidades y solo una el método residual de partición de utilidades. Entre tanto, la frecuencia con la que se utiliza el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación alcanza el 70%.

Villadiego afirma que de acuerdo con la OCDE, el método de partición de utilidades resulta apropiado para analizar fiscalmente los contratos de riesgo compartido (joint venture). Acota que, en Colombia, se examinaron algunos de aquellos y se evidenció que no utilizan esa opción, sino la de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Ante tal hecho, recomienda a las firmas colombianas de consultoría en impuestos que empleen el de partición de utilidades para esa clase de contratos.

El funcionario comenta que, en la actualidad, la legislación colombiana impone a los contribuyentes la presentación de la declaración informativa de precios de transferencia y de un anexo. Pero advierte que, se exigirá uno adicional, denominado test de beneficio, instrumento que facilitará “establecer una correlación entre lo que las compañías hacen, los riesgos en que incurren y los activos que involucran”.

En general, dice Villadiego, se ampliarán de 30 a 67 los ítems de información que deberán reportarse a la DIAN y se mantendrá la tendencia a aumentar la solicitud de datos, que posiblemente llegarán a unos 120 ítems en un plazo breve, pues la información resulta insuficiente para adelantar una fiscalización óptima. Además, esta cantidad es comparativamente menor a la que exigen países como México, Venezuela y Argentina.

Villadiego comenta que los obligados en materia de precios de transferencia han venido creciendo año tras año. En el 2004, 378 empresas figuraban bajo ese régimen, mientras que en el 2009 pasaron a 2.025 compañías. “A raíz del régimen sancionatorio, gravitan más o menos unas 1.000 sociedades que no están dentro del régimen de precios de transferencia y que cumplen con la premisa de vender más del 50% de su producción a una compañía en el exterior”.

“El equipo de precios de transferencia en el 2009 era de seis personas y hoy es de 30. De esas seis, tres eran auditores, hoy son 16. Con aquellos seis funcionarios iniciales se realizaban más o menos 400 investigaciones de presuntos obligados y muy pocas indagaciones de fondo. Hoy, se adelantan 1.500 investigaciones y cerca de 120 de fondo. Así como ha venido creciendo el número de obligados, también ha venido creciendo la fiscalización”, asevera Villadiego.

Visión europea

Frank Kramer, experto de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ), comenta que, en Alemania, se inició el empleo de la figura de precios de transferencia en la década de los setenta, mientras que, en 1983, se expidió un largo reglamento sobre la materia. Kramer explica que dados los fuertes vínculos comerciales de Alemania con otros países, la administración tributaria encontró en la ley de precios de transferencia un instrumento para fiscalizar esos flujos comerciales y comprobar si se estaban realizando a precios de mercado o a precios artificiales, con el fin de “mover la base imponible de un país a otro”.

Explica que, en Alemania, “el nivel tributario siempre ha sido muy alto. Entonces, hay un fuerte interés de las empresas en mover la base imponible a otras jurisdicciones, donde tributan a una tasa más baja. Si no hay reglas, es legítimo que transfieran esa base a donde tributen menos”.

De otro lado, “en Alemania, tenemos ahora la gran discusión sobre si las reglas todavía están en armonía con lo que dice la OCDE o si están en contra, en lo pertinente a precios de transferencia”. Ello, a raíz del incremento de las operaciones de traspaso de funciones entre empresas vinculadas económicamente por efecto de una reestructuración empresarial.

Kramer comenta que en los últimos cinco años, en Latinoamérica, se han endurecido las obligaciones para los contribuyentes en lo concerniente a documentación y, en particular, como consecuencia del nuevo reglamento de la OCDE sobre el traspaso de funciones. “Hay una tendencia a fiscalizar más estrechamente, a imponer obligaciones más duras a las empresas”, y las administraciones tributarias “se han dado cuenta de que las empresas también son muy ágiles para mover la base imponible”. Se trata de una constante lucha entre empresa y administración tributaria, afirma.

La ley moderna sobre precios de transferencia, que contempla los casos de traspaso de funciones por la reestructuración de las empresas, entró en vigor hace dos años en Alemania y el reglamento que la aclara comenzó a regir en octubre del 2010. “El reglamento es muy complejo y en algunos casos falta claridad sobre cómo se va a implementar. Como son temas nuevos los que se quieren regular, siempre quedan ciertas dudas sobre cómo aplicarlo, sobre qué quiere decir exactamente un término, se trata de discusiones jurídicas”, argumenta Kramer.

Cree que gracias a la expansión en el mundo de la aplicación de sistemas de precios de transferencia, las empresas multinacionales y las administraciones fiscales “luchan con armas entre iguales”, porque sin rigurosas obligaciones, en lo atinente a aquellos sistemas, se mantendría una situación de asimetría.

La OCDE discutió durante varios años el tema de la reestructuración empresarial y, en julio del 2010, promulgó su nuevo reglamento sobre precios de transferencia, con un nuevo capítulo sobre la reestructuración de las empresas. Kramer insiste en que hoy la pregunta en Alemania es si su ley sobre precios de transferencia está o no en armonía con este capítulo.

Con el fin de simplificar el ejercicio de fiscalización de las administraciones tributarias a las firmas multinacionales, la Unión Europea ha propuesto la fórmula de establecer la unidad tributaria, conforme a la cual todas las empresas vinculadas a un consorcio constituirían una unidad para fines tributarios. En consecuencia, esa unidad sería la única responsable de las obligaciones impositivas del consorcio y no se requerirían normas sobre precios de transferencia, porque todas las transacciones se realizarían entre entidades de una misma gran empresa.

Asegura que no existe mucho interés de los gobiernos ni de las empresas frente a tal iniciativa, pues probablemente se generaría una gran controversia entre distintas naciones después de que tributara aquella unidad de consorcio, dado que resultaría muy complejo acordar las pautas para distribuir esos ingresos fiscales entre los países donde están localizadas la empresa matriz y sus sucursales. Kramer reconoce que va en aumento el número de países que introducen normas de precios de transferencia en el mundo y que mejoran las que ya tenían. El tema resulta de gran importancia internacional, pues según la OCDE, el 60% del comercio internacional corresponde a operaciones económicas entre consorcios.

Los testimonios de algunos representantes de las administraciones tributarias latinoamericanas y de los expertos de las firmas internacionales de consultoría que visitaron recientemente Bogotá permiten corroborar que Latinoamérica está empeñada en el desarrollo de sus modelos de precios de transferencia, con el fin de fortalecer sus capacidades para vigilar de manera acuciosa y técnica las operaciones económicas que realizan las firmas multinacionales en la región.