¿Cuáles son los efectos tributarios de la adopción de las NIIF?

Revista Nº 186 Nov-Dic. 2014

Javier Nelson Rojas 

Especial para la Revista Impuestos 

Apartir del 13 de julio del 2009, mediante la Ley 1314, el Estado recibió plenas atribuciones “para expedir normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta calidad”, de forzosa observancia, que “brinden información financiera comprensible, transparente y comparable”, en aras de que resulten “útiles para la toma de decisiones económicas por parte del Estado”, de los empresarios y de los inversionistas. Ese fue el punto de partida legal para que Colombia iniciara el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), cuya evolución ha sido acompañada por el debate de expertos y hombres de negocios.

En cumplimiento de los requisitos de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia está incorporando las NIIF, puesto que el país se comprometió con ese organismo, entre otros aspectos, a mejorar la cultura empresarial en materia de gobierno corporativo y aquellas forman parte de las mejores prácticas en este campo, afirma el consultor empresarial Ricardo Palacios.

Si se analiza la legislación contable colombiana, al igual que la tributaria, se concluye que “son bastante antiguas y no han sido amoldadas a las nuevas realidades económicas y empresariales”, entorno en el cual internet y las comunicaciones mediante dispositivos móviles han ganado notoria influencia. “Los negocios son dinámi­cos, pero los principios contables y financieros que los regulan son un poco arcaicos”, situación que retrasa su evolución.

Para William Clavijo, especialista en Derecho Tributario, las debilidades de la Ley 1314 constituyen “un tema que, necesariamente, tiene que ser evaluado con base en los impactos generados por la adopción de los estándares internacionales (NIIF) en Colombia. En este sentido, es importante el régimen de transición, no solo por la autonomía en materia fiscal y contable, sino por el impacto que se pueda generar en la determinación de los impuestos”.

Entre tanto, Palacios sostiene que el artículo 165 de la Ley 1607 del 2012 (reforma tributaria) establece, básicamente, que la nueva legislación tributaria “no podrá afectar, en forma directa, la contabilidad y los reportes preparados bajo las NIIF”. No obstante, ahí también se dispone que las empresas están obligadas a llevar dos sistemas de información financiera, durante cuatro años: uno para efectos tributarios y otro para cumplir con las NIIF. Si no lo hacen así, “entonces, pueden llegar a afectar la prueba tributaria”. Sin embargo, considera que han faltado claridad y reglamentación en torno a este artículo.

La contabilidad empresarial, como está estructurada, constituye casi el 80% de la información indispensable al elaborar la declaración de renta. Igualmente, representa el soporte técnico para preparar las declaraciones de impuestos a las autoridades tributarias de los órdenes nacional, departamental y municipal. En consecuencia, una empresa “no podrá desechar ese modelo contable (D. 2649/93) e implementar solamente las NIIF; tiene que manejar los dos modelos simultáneamente, en paralelo, por cuatro años”.

Tal simultaneidad resulta conveniente, debido a que el Estado colombiano, en este momento, no podría disponer que las NIIF fuesen la única fuente de información “para preparar la declaración de renta, porque no se ha medido su impacto en el torrente del recaudo tributario, ni si pueden afectar el producto interno bruto (PIB). Se trata de un asunto de gran sensibilidad. Por ejemplo, al cambiar el actual sistema contable de depreciación de activos por el contemplado en las NIIF, se puede generar una mayor proporción de gasto en la contabilidad empresarial y, en consecuencia, se tendrá una base tributaria menor. Eso significaría menos dinero para el Estado proveniente de ingresos tributarios”, anota Palacios.

Ante esta realidad, las compañías deberán adaptar sus modelos de procesamiento de información financiera para incorporarles la capacidad de operar los dos sistemas de manera simultánea, el que acoge las NIIF y el que se basa en las normas contables colombianas, “porque si no tienen trazabilidad, van a tener un problema para efectos probatorios” con la administración de impuestos. Considera Palacios que esta operación simultánea representa un desafío empresarial, desde el punto de vista tecnológico.

En Colombia, los parámetros contables deberán ajustarse “a lo que establezcan las NIIF” y las normas sobre “el grupo al que pertenezca una empresa”. Se debe recordar que “las NIIF no son regulatorias, son de juicio, interpretativas, es un mundo de conocimiento que se debe interpretar, analizar” y que forman parte de las buenas prácticas de gobierno corporativo, aceptadas internacionalmente. Palacios reconoce, por otra parte, que ha sido notoria la influencia de la normativa tributaria sobre la contable, particularmente en Latinoamérica.

Haber establecido en Colombia un proceso de transición para la adopción de las NIIF, “fue lo mejor que nos pudo haber pasado”. Sin embargo, “esta es una excelente oportunidad para empezar a manejar, en forma separada, los dos sistemas”. No obstante, recalca Palacios, “si no tenemos una buena herramienta tecnológica, se nos va complicar. Pero si la tenemos y hacemos una adecuada adopción, no tendrían por qué surgir problemas insalvables”.

Respecto al plazo durante el cual las empresas deberán operar simultáneamente los dos sistemas de información financiera, Palacios comenta: “si uno va a la realidad, esos cuatro años podrían convertirse en cinco o seis. Por ahora, debemos ajustarnos a lo que dice la ley”.

En esta etapa del proceso de adopción de las NIIF, en el entorno institucional y empresarial colombiano “hay sincronía, armonización, conciencia. Se le ha dado la importancia al tema; se está hablando de él en la academia, en las entidades de vigilancia y control. Se evidencia que es importante y, básicamente, el direccionamiento lo está orientando el Presidente de la Republica”. No obstante, “falta más divulgación” en relación a la importancia del tópico y a las sanciones establecidas por el incumplimiento de las disposiciones relativas a las NIIF.

También se requieren “fuentes de financiación, por parte de la entidades del Estado, para las pequeñas y medianas empresas, a fin de implementar un proyecto de esta envergadura o que, por lo menos, se les informe dónde pueden conseguir los recursos”, pues se necesita “invertir en tecnología, en capacitación, en consultores” y en el montaje de un nuevo modelo contable.

Para adelantar la convergencia de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia con las NIIF fueron establecidos tres grupos. “El primero lo forman las compañías que cotizan en bolsa, las que están consideradas como de interés público, es decir, aquellas que, en términos generales, colocan y captan recursos del público y están vigiladas por las autoridades. Además, figuran las compañías que tienen ciertos atributos en función del número de empleados y un número de salarios mínimos legales vigentes en valor de activos”.

En el grupo tres están “las microempresas que tienen la misma línea de tiempo de implementación de las NIIF del grupo uno y que son el mayor número de compañías” en Colombia. Entre tanto, en el grupo dos se incluyen las pequeñas y medianas empresas (pymes), que “son la mayor fuerza económica del país, las que más aportan en función de empleo y del PIB”.

Palacios atribuye las dificultades para la adopción de las NIIF a la “falta de capacidad de asimi­lación por parte de las autoridades y a que algunos empresarios” han tenido dudas respecto a cómo adelantar el proceso, “aunque muchos empresarios ya saben qué hacer”. Insiste en que el hombre de empresa debe ser “consciente de la importancia que tiene la información financiera de la contabilidad en la toma de decisiones y en mostrar los resultados económicos y financieros de una empresa al mercado en el que opera”.

“Muchos empresarios empiezan a preguntarse qué impactos tendrá la implantación de las NIIF en sus impuestos”, inquietud ante la cual afirma el consultor: “En este momento, no hay ningún cambio en la determinación del impuesto básico de renta, ni en la forma como se presenta la declaración de renta”, explica Palacios.

Sin embargo, precisa, el impacto se presentará “en la determinación del impuesto diferido, activo y pasivo, que nace como consecuencia de las diferencias temporarias. Lo que es muy importante, porque la determinación de este impuesto diferido, activo o pasivo, sí va a afectar los resultados económicos de las empresas y, por ende, las utilidades netas”. Explica Palacios que al elaborar el balance de apertura, tras la adopción de las NIIF, van a surgir diferencias de tiempo que “pueden ser importantes”, las cuales se tienen que “reconocer y medir de una forma diferente a como se ha venido haciendo y bajo ciertos parámetros que están enmarcados en las NIIF”.

“De hecho, hoy, en Colombia, si bien es cierto que el impuesto diferido está consagrado en el Decreto 2649 de 1993 (que reglamenta la Contabilidad en el país), no todas las compañías lo determinan, porque no lo saben hacer o consideran que no es importante” y el esquema para determinarlo contablemente se denomina el método del diferido, mientras que en el modelo de las NIIF se llama el método del balance. En adelante, con la implantación de las NIIF, el registro de los impuestos diferidos hará parte de las buenas prácticas corporativas.

“Las compañías tienen que ser coparticipes de la alineación entre el estatuto tributario y las NIIF y tienen que tomar parte, activamente, en las nuevas reformas tributarias, porque eso les va a afectar de una u otra forma, posiblemente, su base impositiva y la forma como se determina el impuesto básico de renta”, sostiene el experto consultor.

Mirada vigilante

“Hoy, nadie es capaz de predecir qué va a pasar en cuatro años, ni siquiera el mismo Gobierno, hasta que no se sepan, básicamente, cuáles pueden ser los impactos en el recaudo tributario, con la implementación de las NIIF, sería irresponsable, por parte del Gobierno, establecer desde ahora unos lineamientos”, asegura Palacios.

Él sostiene que la planeación tributaria, en este momento, se tiene que basar en las disposiciones vigentes para determinar el impuesto de renta. “No obstante, se debe empezar a hacer simulaciones y seguimiento a la voluntad del poder legislativo” respecto a cómo va a legislar y “ser un agente activo, porque no habrá una forma diferente” de realizar la planeación fiscal. Actualmente, “no se puede planear una nueva estructura tributaria basada en NIIF, ya que nadie sabe qué va a pasar, ni qué se va legislar”.

Jairo Higuita, experto en Derecho Tributario, asegura que la Ley 1314 “fue muy importante para el país”. Y agrega que “el paradigma de mayor arraigo en la cultura institucional colombiana que la ley rompió “fue entender que las normas contables y las fiscales son dos cosas diferentes”, pues cada una de estas estructuras normativas tiene propósitos distintos.

En cuanto al proceso de transición encaminado a adoptar las NIIF, este experto considera que hubo improvisación. La Ley 1314 del 2009, fundamentalmente, entregó “unas facultades muy representativas al Consejo Técnico de Contaduría Pública (CTCP) para que, como ente asesor del Gobierno en esa materia y como organismo especializado, fuera quien trazara el plan de acción”.

“El país no está preparado, pero el CTCP ha hecho un esfuerzo valioso para tratar de llevar el país a un proceso de convergencia de las normas de contabilidad y de información financiera nacionales con los estándares internacionales de aceptación mundial (NIIF), sabiendo las diferentes realidades que hay”, en lo pertinente a las pequeñas, medianas y grandes empresas.

“Pero se ha logrado un avance interesante, aunque ha sido un esfuerzo, fundamentalmente, de los últimos dos años. El CTCP lo ha venido haciendo bien y también pienso que las superintendencias de Sociedades y Financiera, que estaban un poco rezagadas, han entendido la importancia de la convergencia de sus vigiladas con las NIIF”, explica Higuita.

En el contexto de la ruptura del paradigma, originada por la Ley 1314, que ha favorecido, de tiempo atrás, en Colombia, la prevalencia de la normativa tributaria sobre la contable, Higuita acota que esa ley precisa que “la interferencia de las normas contables, en materia fiscal, solo será posible cuando la misma norma tributaria remita a la norma contable o cuando la norma fiscal no reglamente el tema de que se trate”. Esas son las dos situaciones en las cuales la Ley 1314, expresamente, establece la remisión de la norma tributaria a la contable, “pero, más como una fuente auxiliar, excepcional, que realmente como un elemento fundamental dentro del Derecho Tributario”.

“En esos casos se llena ese vacío con la norma contable, pero no como un elemento de intromisión, sino de complementariedad, de subsidiaridad, con el objeto de llenar esos vacíos que a veces tiene la ley tributaria”, señala Higuita.

Respecto al artículo 165 de la Ley 1607, que dispone un régimen de transición en materia tributaria, a raíz de la adopción de las NIIF, Higuita cree que “es un tema valioso, porque el país ni la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) están preparados para medir los impactos que van a tener los vacíos que existen en las normas contables, ni esas intromisiones que hay por parte de la norma fiscal en la norma contable”.

En consecuencia, se definió un régimen tributario de transición conforme al cual, “durante cuatro años, una vez adoptadas las NIIF, regirán las normas contables actuales, y eso es bueno para el contribuyente, porque hay un cierto nivel de estabilidad”, pero los efectos fiscales para la Nación y los contribuyentes de ese lapso transicional “es algo que hoy no conocemos”.

Existe un proyecto de decreto que “el Gobierno Nacional ha puesto a consideración del público, en materia de reglamentación del artículo 165 de la Ley 1607. Ese artícu­lo es un avance interesante, pero hay dos temas que se deben precisar: una, el concepto de la remisión a las normas contables, porque se presentan dos interpretaciones”.

“Y es que las remisiones solo pueden ser expresas, no pueden ser expresas y tácitas; lo tácito no es remisión. Entonces, hay quienes consideran que el artículo 165, al hablar sobre remisiones, generó una dicotomía, porque los reenvíos que están en el estatuto tributario, cuando son expresos, sí se resuelven con la contabilidad actual, pero cuando son tácitos (dado que la ley no contempla este concepto) se deberían resolver con las NIIF”.

Higuita considera que esa remisión hay que ajustarla, porque lo que se quiso al redactar, cuando se creó ese artículo fue que se tuvieran en cuenta, para efectos contables, las remisiones, tanto expresas como tácitas, durante los cuatro años de transición, no solo las expresas. Entonces, en el decreto reglamentario (pendiente de promulgar) uno de los temas que se busca ajustar es señalar que la remisiones son expresas y tácitas, para no generar la dicotomía entre las normas internacionales y el estatuto contable actual”.

“Y el otro gran tema es la prueba en materia tributaria. Asunto de debate muy representativo porque el estatuto tributario señala que la contabilidad es un medio de prueba”. Pero, en el contexto del proceso de transición, surge la duda sobre a cuál contabilidad se alude: a la que acoge las NIIF o a la tributaria. “Ahí se abre otro gran debate y es si estamos frente al nuevo paradigma de la contabilidad tributaria. Evidentemente, tendemos a ese objetivo, porque, aunque la mención del hecho contable es la misma, la intención de las NIIF es una y la del Estado otra a través del cobro de los tributos”.

“Y eso implica que haya unas diferencias en materia contable y tributaria, producto de la adopción de las NIIF, que se han hecho cada vez más evidentes. Hoy, está mucho más lejos lo contable de lo tributario, con lo cual habrá que soportar algunos elementos fiscales, no contables, con la contabilidad tributaria”.

Y, por eso, en el proyecto de decreto reglamentario, se incluye “la posibilidad de que los contribuyentes puedan: uno, llevar una verdadera contabilidad tributaria o, dos, hacer unas conciliaciones contables fiscales”. En tales conciliaciones, cuando se trata de las NIIF, “los costos de transacción son menores, mientras que llevar una contabilidad tributaria cuesta más y hay compañías que no tienen la capacidad económica para llevar una contabilidad bajo normas internacionales y otra para fines tributarios”. Higuita explica que la conciliación fiscal contable es una alternativa. Sin embargo, habrá que entrar a evaluar qué tan viable puede ser esta opción.

Respecto a los cuatro años de transición, se debe evaluar qué va a pasar, una vez transcurrido ese periodo, con las disposiciones fiscales que mantengan en vigencia la remisión a las normas contables. Higuita se pregunta si las NIIF entrarán a llenar ese vacío, si ya se habrá hecho el análisis de sus impactos fiscales y si, finalmente, el país habrá modificado el estatuto tributario con el propósito de reglamentar aquellos aspectos que remiten a la normativa contable. Existe, además, la probabilidad, anota el experto, de que se prolongue el periodo de transición, si no se ha logrado medir el impacto fiscal tras la adopción plena de las NIIF en el país.

Para Higuita, la adopción de las NIIF ha generado otro debate en torno a quién va a certificar la información contable preparada con fines tributarios. “¿Esa responsabilidad estará a cargo del revisor fiscal tradicional?, o ¿vamos a hablar de un nuevo auditor tributario, a quien se le va a dar la posibilidad de certificar esas cifras? Pero eso genera más costos de transacción, o ¿con la simple firma del representante legal y del contador de la compañía será suficiente?”.

“Es decir, en este punto sigue habiendo varias polémicas, porque, aunque un eventual decreto reglamentario puede darle fuerza probatoria a esa nueva contabilidad tributaria, la pregunta es, y especialmente en los procesos de fiscalización con la DIAN, que siempre pide todo certificado por revisor fiscal, ¿el revisor fiscal va a estar dispuesto a certificar algo que está por fuera de los estados financieros? Porque, finalmente, esa contabilidad tributaria no es parte del estado financiero bajo las normas internacionales”. Entonces, insiste Higuita, ¿quién certificará esos hechos tributarios que van a ser base probatoria para una discusión en vía gubernativa o en vía jurisdiccional?

Con relación a aquellos apartes del estatuto tributario que remiten a las disposiciones contables, Higuita indica: “uno de los temas preocupantes que se pueden dar en la actualidad son las diferencias fiscales contables. Por ejemplo, el artícu­lo 143 del estatuto tributario enuncia que los cargos diferidos son aquellos que, a efectos contables, tengan la naturaleza de cargos diferidos y estos se podrán amortizar a cinco años o menos, si, de acuerdo con la naturaleza del negocio, es posible hacerlo”. Allí se manifiesta “un reenvío expreso” que señala: “para efectos contables”.

Sin embargo, “bajo las NIIF, muchos de los conceptos que hoy tienen naturaleza de diferidos van a dejar de serlo, desde el punto de vista contable. Entonces, va a haber un diferido muy grande (al adoptar plenamente las NIIF), por ejemplo, para efectos fiscales, pero de algo que no tiene naturaleza de diferido para efectos contables”.

Incidencia sobre el impuesto diferido

En tal circunstancia, “eso va a generar un impacto en algo que se llama el impuesto diferido”, que se contempla en la NIC (Norma Internacional de Contabilidad) 12. “Y ese impacto en el impuesto diferido va a ser uno de los cambios más representativos que van a tener los estados financieros en Colombia, porque las diferencias contables fiscales van a ser muy grandes”, asegura Jairo Higuita.

Higuita explica que, bajo las normas internacionales, es muy poco lo que se puede diferir. Esa nueva realidad va a tener un efecto sustantivo, “tanto en el impuesto diferido como en el impuesto corriente. Pero estas diferencias hay que incorporarlas, a través de la NIC 12, en los estados financieros bajo las NIIF, y eso va a tener un impacto importante en la utilidad o pérdida de una compañía, entre otras cosas, porque, el impacto del impuesto diferido, en muchas empresas, no se registraba con los niveles de suficiencia y de precisión determinados por las NIIF”.

Sobre la probabilidad de que la implantación de las NIIF conlleve el aumento del pago de impuestos, Higuita afirma que “en principio, no debería ocurrir eso”, debido a la norma de transición. “Sin embargo, ya se han venido evaluando algunos impactos que podrían surgir, en algún momento”, por ejemplo, como consecuencia de la adopción de las NIIF por primera vez. “Todos los impactos de esa adopción van contra el patrimonio y dentro del patrimonio están las utilidades retenidas y pueden ser obje­to de gravamen o no, dependiendo de si ya tributaron en cabeza de la sociedad”.

Si, en razón de la aplicación de las NIIF por primera vez, se afectan las utilidades de un contribuyente, “si son utilidades gravadas, evidentemente habría un impacto tributario, producto de la utilización de esas utilidades gravadas acumuladas”.

Y agrega Higuita: “si hay utilidades que él [el contribuyente] no quiere repartir y no reciben un impacto, pero que, producto de la adopción de las NIIF, implica agotarlas para absorber el impacto de la adopción, eso ya podría tener un efecto fiscal”. Por lo tanto, “no es del todo cierto que la norma de transición los haya matizado a todos, porque sí se han identificado algunos”, surgidos al establecer las normas internacionales por primera vez en una empresa.

Y no solamente se han previsto fuertes efectos en el aspecto tributario. También hay una discusión en el ámbito del Derecho Comercial. “Hay algunos ajustes fundamentales a realizar en el Código de Comercio. Por ejemplo, en cuanto a qué se entiende por utilidad a ser distribuida, pues hay unos conceptos nuevos, tales como las utilidades por conversión, otros resultados integrales, las utilidades del ejercicio, que, bajo la norma internacional, son utilidades desde el punto de vista contable, pero que no es muy claro si se van a poder distribuir o no, porque en nuestro país lo que ha venido ocurriendo es que la única utilidad objeto de distribución es aquella producto del resultado de ingresos, costos o gastos”. No obstante lo anterior, en el contexto de las normas internacionales, “hay una serie de cuentas que están en el patrimonio”, como las antes mencionadas.

“No es muy claro el Código de Comercio respecto a la posibilidad de repartir tales utilidades, aunque estipu­la que se podrán repartir las utilidades reportadas en estados financieros fidedignos”. Entonces, se podría afirmar que el patrimonio forma parte del estado financiero, con lo cual sería oportuno plantear la discusión técnica en torno a la factibilidad de su distribución.

“Sin embargo, este tipo de debates no se ha definido, porque no hay claridad. No solo es un tema de modificación en materia tributaria y contable, sino que en el campo del Derecho Comercial habría que adelantar una serie de ajustes, con el fin de que la adopción de las NIIF sea lo menos traumática para los empresarios”, puntualiza Higuita.

Por su parte, el tributarista William Clavijo piensa que el artículo 165 de la Ley 1607 ha generado polémica “por el tiempo que la autoridad tributaria debe tomar para evaluar si se hace necesario proponer cambios en la legislación tributaria. De otro lado, es claro que las cargas operativas son mayores en la medida en que sobre los mismos hechos económi­cos tengan que llevarse reportes independientes”.

Sostiene también que la incertidumbre generada por tal disposición se podría mitigar “con reglamentaciones que permitan establecer con claridad cuáles son las remisiones a las que la norma tributaria hace referencia y que deben mantenerse inalteradas. Lo anterior, sin entrar en discusiones o modificaciones de las bases gravables o de los elementos de los impuestos, porque se requeriría de intervención legislativa desde el Congreso”.

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Además, considera que el efecto más relevante sobre los procedimientos tributarios por la adopción de las NIIF “es el reconocimiento del valor razonable frente a la información financiera, la cual dista del propósito fiscal que solamente se centra en el recaudo del impuesto y donde no se requiere de la complejidad de las proyecciones o estimaciones contables”.

En relación con el acierto o no del plan de transición para implantar las NIIF, Clavijo comenta que “estamos en este proceso y aún no terminamos de identificar cuál es el impacto que puede generar. Por lo tanto, primero es necesario evaluar los resultados y, luego, proponer los cambios en materia fiscal. No es un tema nuevo, pero más allá de las discusiones teóricas, es la práctica la que nos mostrará la realidad económica. Cualquier diseño e implementación del plan de transición, en estas circunstancias, será insuficiente”.

Uno de los temas que más dudas ha suscitado en las empresas en relación con la adopción de las NIIF es “el valor patrimonial de activos y pasivos, por las diferencias que surgen entre valor razonable y costo. También la generación del ingreso, por las diferencias radicales que se dan entre el principio de realización fiscal frente al de causación o devengo en materia contable”.

Clavijo piensa que la doctrina atinente a las NIFF expedida por la DIAN no ha facilitado mucho su implementación en el país, “porque el tema no es fácil de entender, debido a la brecha que existe entre valores presentados a valor razonable y los reflejados a efectos patrimoniales en las declaraciones tributarias”.

En cuanto al procedimiento para preparar la declaración de renta, en principio, Clavijo no cree que “existan cambios radicales en la depuración de renta o la determinación de bases gravables. Adicionalmente, se debe considerar que muchos de los aspectos que hoy se regulan de manera especial en los estándares internacionales, ya estaban contemplados en las normas fiscales, tales como el leasing y los contratos de construcción, entre otros”.

La principal incidencia de las NIIF para las firmas multinacionales que operan en Colombia recaerá sobre “el impuesto diferido, porque afecta la ganancia y debe liquidarse de una manera precisa por el efecto que genera en caso de errores o inconsistencias que obliguen a restablecer estados financieros con implicación en las utilidades retenidas y en la comparabilidad de los mismos”, manifiesta Clavijo.

Al analizar los impactos de las NIIF por tipo de actividad económi­ca, el rubro de “propiedad, planta y equipo, en las empresas manufactureras”, recibirá un impacto considerable “por los cambios en vidas útiles de los bienes usados en el negocio y el concepto de deterioro”. Igualmente, se verán afectados “los inventarios, en las empresas comerciales; los métodos de valoración de inversiones y los derivados, en las entidades financieras; los activos biológicos, en las agrícolas, y los temas de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, en el sector de petróleo y gas”.

Mientras transcurren los cuatro años de transición en los que el Gobierno determinará los efectos reales de la implantación de las NIIF sobre el recaudo tributario, por ahora, la atención de contadores, tributaristas y empresarios se enfoca en la expedición del decreto que reglamente con claridad y precisión aquellos apartes del estatuto tributario que remiten a las normas contables, no dejando así asomo de duda con respecto a que el país entró, realmente, en una era en la que la normativa contable y tributaria tienen órbitas de acción independientes.