En lucha contra el fraude fiscal en España se han perdido garantías de contribuyentes

Revista Nº 192 Nov.-Dic. 2013

Javier Nelson Rojas 

Especial para la revista Impuestos 

María Luisa González-Cuéllar, catedrática ibérica de la Universidad Carlos III de España y conferencista del seminario Enrique Low Murtra, organizado en septiembre pasado por la Universidad Externado de Colombia, comenta que durante los últimos años su nación ha adelantado una serie de reformas fiscales orientadas a estructurar un sistema tributario más eficiente y menos vulnerable a la evasión, pero que menoscaban los derechos del contribuyente. En entrevista con la REVISTA IMPUESTOS señaló una eventual fórmula para contribuir a financiar los compromisos del posconflicto colombiano.

REVISTA IMPUESTOS: ¿Qué efecto ha tenido el moderado repunte de la economía española en el recaudo tributario?

María Luisa González-Cuéllar: Ha aumentado bastante la recaudación del impuesto sobre sociedades y también del impuesto sobre el valor añadido (IVA), además de la mayor recaudación por las modificaciones legislativas y porque se supone que se está suavizando la crisis económica. También, por las medidas de lucha contra el fraude fiscal. O sea que no solamente se está mejorando la recaudación, porque España ha mejorado económicamente, sino por las medidas fiscales que hemos aprobado. Por ejemplo, la rebaja del tipo de gravamen en sociedades. Todo eso también ha ayudado mucho a una mayor inversión y al final hay una mejor fiscalidad.

R. I.: ¿Y se ha reflejado en mayores ingresos por el impuesto de renta o por el IVA?

M. L. G. C.: Va acompañado, porque una mejora en la economía significa que las empresas venden más, tributan más por sociedades y los consumidores consumen más y pagan más IVA. Va todo junto.

R. I.: ¿O sea que el sistema tributario es más vulnerable en la fiscalización de los impuestos directos?

M. L. G. C.: Sí, por la transferencia de rentas en el extranjero, porque está más controlado el fraude del IVA. Pero deslocalizar rentas es mucho más fácil y entonces se ha aprobado una amnistía fiscal para repatriar las rentas y eso ha supuesto una inyección de dinero, proveniente siempre de rentas, no del consumo. Han sido modificaciones de los últimos dos años.

R. I.: ¿Esas medidas se comenzaron a aplicar cuando todavía la economía no había comenzado a repuntar?

M. L. G. C.: Precisamente, porque ante la necesidad recaudatoria del Estado, qué se puede hacer con los impuestos: conseguir más dinero. Pues una medida fue aliviando el fraude fiscal y consiguiendo que ese dinero que había sido defraudado volviera a España, porque, sobre todo, lo que se hizo fue atraer a España dinero que estaba en el extranjero.

R. I.: En general, ¿cuáles fueron las medidas que adoptó España, en los últimos años, para mejorar el ingreso fiscal?

M. L. G. C.: Se modificó el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades y se luchó mucho contra el fraude fiscal. Incluso en esa lucha contra el fraude fiscal se han perdido muchas garantías de los contribuyentes. Para empezar, con el impuesto sobre sociedades se hizo una reforma en su globalidad. Se rebajó el tipo, se ha establecido un solo tipo general, se unificó. Entonces hay un tipo único que es del 25%, se eliminaron beneficios fiscales, se simplificó la base imponible y en España nos dimos cuenta, con la crisis, de que nuestras empresas no tenían reservas, sobre todo las pequeñas que para nosotros son el 80% del tejido empresarial. Y, luego, en relación con la doble imposición, se estableció un régimen único de exención para todos los dividendos.

R. I.: ¿Por qué se presentó esa situación con las reservas empresariales?

M. L. G. C.: No las tenían, porque nuestra fiscalidad facilitaba el reparto de dividendos, pues podía haber una transparencia fiscal, en algunos casos. Se facilitaba el reparto de dividendos y no se habían hecho reservas, con lo cual, al llegar la crisis, hubo un problema. Entonces se han creado unas reservas de nivelación.

R. I.: Durante la crisis económica, ¿se ha disminuido sustancialmente la recaudación de impuestos provenientes de los ingresos laborales?

M. L. G. C.: No, aunque ha subido el desempleo. Pero lo que ha bajado significativamente son los ingresos tributarios por actividades económicas. El problema no es que haya bajado la fiscalidad de las rentas del trabajo, que no ha sido significativa, pero ha aumentado muchísimo el gasto social en el desempleo. Esto también rebaja el arca pública y ahí tenemos un grave problema, porque las prestaciones por desempleo han subido muchísimo. O sea, se nota más la crisis económica en la subida del gasto en desempleo que en la fiscalidad, pero al final es lo mismo y, entonces, ahí tenemos un agujero fiscal muy importante.

R. I.: ¿Pero eso se revertirá cuando comience a mejorar la economía de modo sostenido?

M. L. G. C.: No soy tan optimista. Se supone que se empieza a ver una recuperación y la administración tributaria dice que comienzan a remontar el tema impositivo, pero no es una cosa que se perciba. No podría asegurarlo.

R. I.: ¿Cómo establecer el nivel adecuado de carga impositiva para las sociedades?

M. L. G. C.: Las empresas no deben estar excesivamente gravadas, porque hay que partir de que el beneficio empresarial tributa como un beneficio a cuenta de los beneficios que reciba luego el socio. Entonces, la fiscalidad del beneficio social debe estar en sede del socio, según su capacidad económica, no en sede de la sociedad, porque al establecer una tributación muy alta, en sede de la sociedad, se desincentiva la actividad económica y esta no solo hay que verla como efecto recaudatorio, sino como efectos sociales.

R. I.: ¿Con cuál parámetro se puede definir esa moderación fiscal para las empresas?

M. L. G. C.: Comparándolo con el tipo máximo del impuesto sobre la renta. La suma del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta nunca puede ser superior al tipo máximo. Nuestro tipo máximo (en España) es el 43%. Ese tiene que ser el límite. Si la suma del impuesto sobre sociedades y la tributación del dividendo son superiores a su tipo máximo del impuesto sobre la renta, algo falla. Se está desincentivando la actividad empresarial.

R. I.: ¿El modelo tributario español se basa en el recaudo del impuesto a las sociedades o a las personas naturales?

M. L. G. C.: Hasta la reforma del 2014 se basaba en la recaudación a la persona física (natural), porque el impuesto sobre sociedades se consideraba un impuesto a cuenta del impuesto sobre la renta. Y el mecanismo de corrección de la doble imposición así lo configuraba. A partir del 2014, el propio legislador reconoce que el impuesto sobre sociedades es un impuesto autónomo, lo cual no debería ser, pero es lo que aquel reconoce, con una tributación independiente. A partir de ese año son impuestos independientes donde, además, la corrección (de la doble imposición) es muy puntual.

R. I.: En ese contexto , ¿cómo cambió el principio de progresividad?

M. L. G. C.: Hasta el 2014 los dividendos tributaban según el tipo de gravamen del socio y a partir de ese año tributan a un tipo fijo. En España ha habido varios sistemas de corrección de la doble imposición, entonces, no se puede hablar de un antes y un después. Ha habido una evolución en la que, en un momento, había una corrección bastante apropiada de la doble imposición que se basaba en el tipo de imputación estimativo. Entonces, el socio, persona física, se deducía de su impuesto sobre la renta, la cuota del impuesto sobre sociedades pagado por la sociedad, de una forma estimada. Eso, en algún momento, cambia y se establece un sistema cedular que se ha ido modificando, pues, en un momento, se establece una deducción del 10% respecto de los dividendos, siempre en sede del socio.

R. I.: ¿Y qué ocurrió después?

M. L. G. C.: Se eliminó eso y se estableció una exención de 1.500 euros, lo cual era muy injusto. Los primeros 1.500 euros, para todo el mundo, estaban exentos; daba igual que alguien hubiera tenido 1.500 euros o tres millones de euros, los primeros 1.500 estaban exentos y esa era la corrección, junto con un tipo de gravamen fijo. Y ahora, lo que ha quedado en la corrección, respecto de personas físicas, es un tipo de gravamen fijo que es el 19, el 21 o el 23%, dependiendo del importe de los dividendos. Entonces, la corrección, como está ahora, es que la sociedad paga por el beneficio fiscal el 25% y el socio paga por el dividendo percibido al 19, al 21 o al 23%.

R. I.: Entonces, ¿hubo un avance en materia de progresividad?

M. L. G. C.: No, ha habido un retroceso. Cuando se establece la inconsistencia de renta y sociedades, el sistema que se diseña es más acorde con el principio de capacidad económica, porque el socio se resta el impuesto que se haya pagado por la sociedad, de una forma estimada, no muy correcta, pero esa era la filosofía. Y eso se va perdiendo con el tiempo y hemos acabado en un sistema de corrección objetiva (de la doble imposición), donde la corrección es un sistema dual; a lo que se tiende ahora, en todos los países, y es que las rentas del trabajo y de actividades económicas tributan a un tipo progresivo y las rentas del capital, no solo los rendimientos del capital inmobiliario, sino también las ganancias patrimoniales, tributan a un tipo
fijo.

R. I.: Pero, ¿no existe una norma constitucional que se oponga a la merma del principio de progresividad tributaria?

M. L. G. C.: No, porque tenemos en la Constitución el artículo 31-1 que establece que el sistema tributario debe ser progresivo. Entonces, cuando se estableció el tipo de gravamen fijo en los dividendos, eso se llevó al tribunal constitucional que dijo: la progresividad es del sistema tributario en su conjunto, pero eso no significa que determinados impuestos o partes de impuestos no puedan ser proporcionales.

R. I.: ¿En qué consistió la reciente reforma tributaria española?

M. L. G. C.: Se ha aprobado en septiembre del 2015. Lo que se reforma son las leyes procedimentales, se modifica la ley general tributaria que establece las bases del procedimiento tributario y se modifica la ley de procedimiento administrativo, porque esos procedimientos están separados, aunque la ley administrativa es de aplicación subsidiaria.

R. I.: ¿Esas reformas tuvieron alcance recaudatorio?

M. L. G. C.: En el fondo lo tienen, porque se establecen medidas alrededor de los deberes de colaboración que van a hacer que la gente pague más. Por ejemplo, se aprueba la posibilidad de publicar el listado de morosos con Hacienda. Por encima de un millón de euros va a salir la lista de quién no ha pagado. Eso va a fomentar que la gente pague, porque un empresario no quiere salir en esa lista de morosos. O las sentencias por delito con la Hacienda, pues para nosotros a partir de 120 mil euros es delito el fraude fiscal, que normalmente nunca se publican con nombres, se van a publicar.

R. I.: ¿Qué recomienda a la comisión de expertos que estudia una reforma tributaria estructural para Colombia?

M. L. G. C.: En el ámbito del impuesto sobre sociedades es muy importante una rebaja del mismo. Ese sería el pilar de la reforma, además establecer sobre esa base un tipo de gravamen societario de un 25% y montar, a partir de ahí, la deducción por doble imposición con el mecanismo que consideren más adecuado. También es muy importante la simplificación del impuesto, por ejemplo, la eliminación, en gran medida, de beneficios fiscales. Y luego, una cosa que hemos hecho en España, no sé si en Colombia sería necesario, de beneficiar fiscalmente la constitución de reservas en las pequeñas empresas. Para nosotros eso ha sido importantísimo en la crisis económica. Y, en cuanto a una reforma procedimental, dos cosas: un sistema de reclamaciones administrativas independiente; que fueran funcionarios independientes de los órganos de liquidación (quienes tramiten reclamaciones), que no sean los propios funcionarios que liquidan el impuesto. Y, dos, un régimen de consultas que fueran vinculantes para la administración tributaria, porque eso da mucha seguridad al país y también desde el punto de vista de los inversores extranjeros, pues el inversor pregunta al analizar la posibilidad de invertir en un país si hay un régimen jurídico y si existe la seguridad de que este va a ser estable.