¿Es obligatoria la realización de los exámenes médicos de ingreso y egreso?

Revista N° 158 Mar.-Abr. 2010

Camilo Bernal García 

Especialista en derecho laboral y seguridad social
Brigard & Urrutia Abogados S.A.
 

La realización de las evaluaciones médicas ocupacionales, más conocidas como exámenes médicos de ingreso, egreso y periódicos, tienen su origen en las normas que tiempo atrás se expidieron para regular las relaciones obrero patronales (CST, D. 2663 y 3743/50), así como en las medidas sobre higiene y seguridad en el trabajo (D. 13/67).

En dichas normas se disponía que todo empleador tenía la obligación de practicar a sus trabajadores exámenes médicos, con el propósito de garantizar la salud y protección de los mismos, razón por la cual, era válido afirmar que la salud de estos era compromiso de sus empleadores.

Así las cosas, el empleador salvaguardaba su responsabilidad practicando a sus trabajadores un examen médico al inicio de la relación laboral. Este permitía definir la condición médica de los mismos, liberando al empleador de la carga de asumir prestaciones económicas y asistenciales que no se causaran en vigencia de su relación contractual.

Por el contrario, si al término de la relación laboral, en el examen de retiro se observaba la existencia de una enfermedad, el empleador era responsable y debía encargarse de garantizar la protección y atención al ex trabajador.

No se puede pasar por alto, que antes de la modificación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por parte de la Ley 789 de 2002, se imponía al empleador la obligación de realizar el examen médico de egreso, so pena de tener que pagar una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de mora, hasta la realización del examen.

No obstante lo anterior, con la expedición de la Ley 100 de 1993, esta obligación junto con otras que estaban en cabeza de los empleadores fueron asumidas por el sistema general de seguridad social, relevándolo de toda responsabilidad. Ello siempre que se cumpliera con el requisito de afiliar a los trabajadores al sistema general de seguridad social en salud (para el tema aquí en estudio), y realizar de manera completa y oportuna el pago de las cotizaciones.

Bajo este supuesto, en el año de 1999, la Corte Suprema de Justicia(1) consideró, “Pero ahora, cuando en el sector oficial y en el privado la asistencia médica se presta a través de organismos especializados y el empleador ha sido liberado de esa carga prestacional, el examen médico de egreso como obligación patronal debe considerarse desaparecida o innecesaria y parcialmente subrogada la norma legal, pues para esa asistencia el trabajador debe recurrir, no al médico del patrono, como decía el código, sino a los organismos de asistencia”.

En este orden de ideas, previa la expedición de la Ley 789 de 2002, era acertado afirmar que la realización de los exámenes médicos ocupacionales era una obligación plenamente relegada de las cargas del empleador y en cabeza del sistema general de seguridad social, sin que ello implicara o conllevara responsabilidad alguna de aquel.

A lo anterior se sumó, que el artículo 29 de la citada Ley 789, por medio del cual se modificó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, suprimió definitivamente la obligación que aún contemplaba la ley sobre la realización de los exámenes de ingreso y egreso en cabeza del empleador, aunque en la práctica su aplicación había sido subrogada por interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia(2).

Sin embargo, la distinta reglamentación y jurisprudencia que hasta ese momento se había expedido en relación con los exámenes médicos de ingreso y egreso, las disposiciones relativas a salud ocupacional y medidas de higiene y seguridad en el trabajo, como también la obligación del empleador de garantizar el funcionamiento de un programa de salud ocupacional, se mantenían vigentes.

Esta situación llevó a que en el año 2007, el Ministerio de la Protección Social expidiera la Resolución 2346, por medio de la cual se reguló la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales, y cuya aplicación es para todos los empleadores, públicos y privados.

En la citada resolución se definió como evaluaciones médicas obligatorias la de ingreso, egreso, y las periódicas, expresamente previendo que el costo de las mismas es única y exclusivamente responsabilidad del empleador, y sin que sea posible trasladar su costo al trabajador.

Ahora bien, sin perjuicio de la claridad que la Resolución 2346 de 2007 dio al tema, es evidente que aún persiste la duda de si es o no obligatoria la práctica de los mencionados exámenes, razón por la cual en repetidas oportunidades y ante múltiples solicitudes, el Ministerio de la Protección Social ha tenido que pronunciarse sobre el particular.

En este sentido, mediante Concepto 25.182 de 2008, dispuso que, “Es así, como a través de la citada resolución se impone a cargo del empleador la obligación de efectuar exámenes de ingreso, periódicos y de egreso a todos los trabajadores a su cargo, cuyo objetivo no es otro que establecer el estado de salud de los trabajadores al iniciar una labor, desempeñar un cargo o función determinada, lo que resulta indispensable en el desarrollo de la gestión para identificación y control del riesgo, los cuales son a cargo y por cuenta del empleador.

Ahora bien, el examen médico que debe practicarse al trabajador tanto al inicio de la relación laboral, de manera periódica, como a su terminación, debe entenderse como una medida de salud ocupacional, mas no como un prerrequisito o impedimento para su vinculación laboral”.

Con base en lo anterior, se puede concluir que actualmente existe para todo empleador, bien sea público o privado, la obligación de realizar no solo las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso y egreso, sino también las periódicas (evaluaciones médicas periódicas programadas y evaluaciones médicas por cambios de ocupación)(3).

Finalmente, no se puede pasar por alto que la Resolución 2346 de 2007, también regula entre otros temas, la forma en que deben realizarse las evaluaciones médicas ocupacionales, quién las debe practicar, y cómo se deben archivar.

(1) Corte Suprema de Justicia, sentencia, Radicación 12313 del 5 de noviembre de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Luis Gonzalo Toro Correa.

(2) Corte Suprema de Justicia, sentencia, Radicación 12108 del 22 de julio de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Germán Valdés Sánchez.

(3)Artículo 5º de la Resolución 2346 de 2007.