¿Es oportuno replantear el horario del trabajo nocturno en Colombia?

Revista Nº 186 Nov.-Dic. 2014

Javier N. Rojas 

Especial para la revista Actualidad Laboral 

La mañana del martes 7 de octubre del 2014, al término de la sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en la sede del Ministerio del Trabajo, en Bogotá, quedó en evidencia que no será fácil materializar, mediante una ley, la propuesta del Gobierno de reducir en dos horas el horario del trabajo nocturno que, bajo una gran polémica, la Ley 789 del 2002 estableció entre 10 de la noche y 6 de la mañana.

El ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, expresó que, en materia del pago del recargo nocturno a los trabajadores, “vamos a hacer una formulación sobre la base de contemplar la competitividad y la productividad”.

“Hemos hecho un ejercicio juicioso, porque estamos mirando qué población cobijaría. La modificación de la ley, en lo pertinente al recargo nocturno, beneficiaría, más o menos, a 320.000 personas (de un universo estimado en 1,4 millones de trabajadores formales). Esas dos horas adicionales de recargo nocturno equivalen a 69.000 pesos más de ingreso mensual, en promedio, que podrán percibir los trabajadores de determinados sectores de la economía. He recibido el respaldo, para esta propuesta, de la federación de vigilantes del país”, actividad muy sensible al tema, y del sector de las confecciones.

“Esta es una discusión que se abre”. En la actualidad, señala, se tramitan tres proyectos de ley, de origen parlamentario, en el Congreso de la República, encaminados a modificar la normativa vigente respecto al horario de trabajo nocturno. Sin embargo, espera lograr consenso, en la comisión de concertación, en torno a la iniciativa formulada por el Gobierno al respecto.

“Le estamos devolviendo dos horas a la jornada ordinaria de trabajo”. Y agrega que “no fuimos más allá, porque estamos viendo el impacto económico que tendría” la propuesta gubernamental, dado que se prepara una reforma tributaria de acuerdo con la cual, eventualmente, se impondrá un impuesto a la riqueza. Por eso, “nos pareció prudente plantear la reducción, solamente, de dos horas en la jornada laboral ordinaria”.

Con el propósito de aminorar el costo adicional para los empresarios, derivado del mayor pago de recargos nocturnos, se permitirá que liquiden los aportes a las cajas de compensación familiar, correspondientes al tiempo nocturno en que laboren los trabajadores, como si se tratara de horas de la jornada ordinaria diurna. En consecuencia, “lo que dejarían de pagar los empresarios equivaldría casi a 100.000 millones de pesos”, anota el ministro.

Afirma que “no me asustan” las posturas antagónicas que adoptaron, tanto trabajadores como empleadores, en la sesión de octubre del 2014 de la comisión de concertación, frente a la posibilidad de modificar el horario del trabajo nocturno en el país y agrega que tal encuentro le “pareció propositivo, deliberante y polémico”.

“No es posible que se avance en un acuerdo entre el Estado y los grupos armados ilegales y que en el escenario tripartito laboral (Gobierno, empleadores y trabajadores) no se logre promover el consenso”. Manifiesta que hará el mejor esfuerzo por alcanzarlo, “pero, mientras sea ministro, haremos acuerdos posibles de cumplir, porque un acuerdo es creíble en la medida en que uno tiene las posibilidades reales de cumplirlo; cuando uno lo hace, dice con quién, cuándo, dónde, cómo se instrumentaliza y en qué sentido”.

“Nosotros medimos, con el Departamento Nacional de Planeación, con el propio Ministerio de Hacienda y con todo el equipo económico del Gobierno, cuáles serían las posibilidades de una eventual situación de despidos. Y, en ese sentido, dijimos: es la propuesta que más se acerca a mantener en un dígito el indicador de desempleo”, sin alterar, sustancialmente, la productividad y la competitividad de la economía. “Estamos en un debate sobre la sostenibilidad económica”, en el marco del cual las prioridades son evitar que aumente el desempleo y que “la relación entre competitividad y productividad no se afecte”.

Garzón comenta que cada uno de los tres proyectos de ley que cursan en el Congreso, con igual número de propuestas dirigidas a modificar el horario de trabajo nocturno, implican mayores costos para las empresas calculados en 1,9 billones de pesos, en el caso del primero; 1,1 billones, en el segundo, y 500.000 millones de pesos, en el tercero.

Efecto moderado

Mientras “la propuesta nuestra equivale a 320.000 millones de pesos que, reduciéndole los 100.000 millones de pesos por el efecto del menor pago” a las cajas de compensación familiar, al autorizar a los empleadores la liquidación de las horas nocturnas como diurnas, representaría un mayor costo para las empresas en torno a los 200.000 millones netos. Los estudios del Ministerio del Trabajo acerca del eventual efecto negativo de la medida, en el mercado laboral, señalan que, en el peor escenario, la tasa de desempleo aumentaría alrededor del 0,3%.

El ministro insiste en que el Gobierno está planteando una iniciativa importante para los trabajadores que “recuperan recargos nocturnos”, los cuales, traducidos en dinero, representan 69.000 pesos, en promedio, al mes, para cada trabajador, debido a la posibilidad de cobrar dos horas más al día con recargo nocturno.

A pesar de que las organizaciones sindicales han dicho que el presidente Santos, en este segundo mandato, ha faltado a las promesas que les hizo mientras adelantaba su campaña política de reelección, Garzón asegura que, “en general, les cumplimos a los trabajadores, empezando por el tema de recargos nocturnos; es evidente que no fue el 100% de lo que queríamos, por razones de cautela frente a las circunstancias económicas del momento”.

Aunque el Ministro del Trabajo espera generar consenso con trabajadores y empleadores, en la comisión de concertación, en torno al proyecto de ley gubernamental que busca modificar el horario de trabajo nocturno, considera que el escenario de concreción de la iniciativa será el Congreso, donde aspira a que el proyecto gubernamental se analice y alcance a completar el trámite del primer debate antes de culminar el 2014.

El hecho de “que los trabajadores reciban dos horas más de recargos nocturnos es un avance y significa, en el lenguaje concreto, 320.000 millones de pesos” de ingresos adicionales para ellos. Por otro lado, la compensación para los empresarios será dejar de pagar unos 100.000 millones en aportes a las cajas de compensación familiar por concepto de la reducción, en dos horas, del horario de trabajo nocturno que dejaría de iniciar a las 10 de la noche para comenzar de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. No obstante, considera fundamental que la economía se mantenga en crecimiento, a fin de que esta iniciativa se pueda convertir en ley.

Alberto Echavarría, vicepresidente de asuntos jurídicos y sociales de la Andi, asegura que no resulta conveniente cambiar lo dispuesto en la Ley 789 del 2002 sobre el horario de trabajo nocturno, “porque, precisamente, han sido esas las condiciones que han propiciado el crecimiento de la economía de una manera sostenida desde el 2002. Uno, lo bueno, no lo cambia. Hubo un compromiso de evaluar, dos años después, la misma ley, o sea, en el 2004. Y ese año se hizo. No vamos a evaluar, diez años después, lo que la ley no dice que se evalúe”.

Piensa que esa eventual modificación ocasionaría impactos significativos en la economía, puesto que “estamos hablando de la sostenibilidad de los puestos de trabajo y de la generación de nuevos empleos. De acuerdo con un estudio de la Andi, la medida tendría un efecto negativo en los “sectores de bienes transables; afectaría a las manufacturas y a los productos que se exportan, que tienen intensiva mano de obra. Eso estaría en juego”. Muchas empresas terminarían por sacrificar empleos. “Entonces, no se puede generar una política para crear puestos de trabajo, propiciando, precisamente, lo contrario. Ese es un contrasentido”.

“Eso significaría un incremento de los costos de producción y uno sopesa (tal circunstancia) cuando está en una economía en competencia. Precisamente, Colombia está, cada vez más, en una economía de competencia y sus costos laborales, en el contexto de la región latinoamericana, son de los más altos. Si los vamos a seguir subiendo, probablemente, nos están invitando a que las inversiones las hagamos en el exterior o a que los inversionistas del exterior no vengan a Colombia”. Y se pregunta si es lo que quiere el Gobierno.

Respecto a otras posibles reformas de la Ley 789 del 2002, Echavarría comenta: “Pensamos que se pueden modificar muchos aspectos de la legislación laboral para volverla acorde con la competitividad que debe tener el aparato productivo nacional. Puede haber elementos para modificar en la Ley 789, pero, en general, nuestra evaluación es integral sobre esta ley y todas las leyes de carácter laboral”.

Pero, “lo que está dando resultados, para el crecimiento, no se cambia”, insiste el funcionario de la Andi. “El país tiene que resolver un dilema: o nos orientamos por una economía competitiva, sostenible en el tiempo, desde el punto de vista de su crecimiento económico o, simplemente, la riqueza que ha producido esa economía se distribuye en este momento, sin producir nueva. Los trabajadores colombianos tienen que entender que hoy existen más puestos de trabajo fruto de las bondades que esa ley planteó y uno tiene que buscar mantener el puesto de trabajo”.

Ajustes de fondo

A nombre del Consejo Gremial Nacional, que aglutina a los gremios de distintos sectores económicos del país, Alberto Echavarría, de la Andi, le comunicó al ministro Luis Eduardo Garzón que los gremios estaban “dispuestos a hacer una discusión sobre un estatuto de trabajo, entendido este no como la propuesta del estatuto de trabajo de 1993, por parte el movimiento sindical, o como los proyectos de ley que posteriormente han presentado” en el Senado de la República.

“Si el estatuto del trabajo constituye una modernización de la legislación laboral, entendida como la necesidad del aparato productivo colombiano, y está referido a la competitividad mundial, en un mercado global, estamos listos a discutir el tema”. Y reconoce que en ese estatuto habría que “modificar muchísimas cosas, también, de nuestra propia visión como empleadores”.

La misiva señalaba: “Tal vez el tema más sensible de sus asuntos pendientes, ministro Garzón, es el de la jornada diurna. Nosotros, claramente, le queremos decir, como le manifestamos cuando hablamos de los márgenes de maniobra que hay, en relación con la sostenibilidad del crecimiento de la economía, que no hay margen. Así como usted, ministro, dijo claramente que hoy no hay dinero para atender ese compromiso de los pensionados (reducir su cotización a salud), los empresarios tenemos que decirle: señor ministro, hoy no hay dinero con qué poder atender ese compromiso al cual se comprometió el presidente de la República. Esa propuesta no casa”.

Entre tanto, Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), anota que la propuesta gubernamental de reducir, en dos horas, la jornada laboral diurna hasta las ocho de la noche, “sin impactos en el aporte a las cajas de compensación familiar, es respetable, pero está lejos del compromiso que hubo cuando se discutió la Ley 789 del 2002”.

En ese momento se acordó que al tratarse de una ley para la generación de empleo, “una vez que la tasa de desempleo llegara a un solo dígito, automáticamente se reversaba la ley, al punto de que se nombró una comisión para que hiciera un seguimiento sobre ese particular, comisión que se reunió en un par de oportunidades y nunca más se volvió a citar”.

“El Gobierno y los representantes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dicen que la tasa de desempleo cayó por debajo de los dos dígitos; está en un solo dígito, luego no tiene razón de ser seguir manteniendo una ley que, en términos prácticos, lo que hizo fue meterle la mano al bolsillo a los sectores más empobrecidos en este país: a los vigilantes, a los porteros, a los obreros de fábrica que trabajan en turnos sucesivos, a los trabajadores, particularmente, de la salud, del sector de la hotelería, de la gastronomía”, señala Gómez.

“Simplemente estamos diciendo que se reverse la ley, que vuelva todo a su estado natural y sabemos que no hay ninguna empresa que se vaya a empobrecer por el hecho de reconocerle estos derechos, de recargos nocturnos, del pago de horas extras, conforme a lo establecido antes de la Ley 789”, a los trabajadores, manifiesta Gómez.

Explica que la Ley 789 del 2002 “varió la forma de la liquidación de horas extras que antes se pagaban con el 75% de recargo nocturno y, ahora, después de las seis de la tarde, se pagan solamente con el 35%. Pero, colateralmente, con esa situación, el trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, después de las seis de la tarde, se remuneraba con un recargo del 35%. Estamos pidiendo que todo vuelva a la normalidad; esa es la única solicitud que estamos haciendo desde la perspectiva del movimiento sindical”.

Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), salió “sorprendido” de la reunión de la comisión concertación, “porque pensé que el Gobierno no iba a hacer esa propuesta” de modificar el horario de trabajo nocturno. “Es muy costosa y, además representa todo un sistema nuevo de no pagar a las cajas de compensación una parte”.

“El manejo de las nóminas se nos está volviendo, prácticamente, imposible. Entonces, la legislación laboral se está volviendo de imposible cumplimiento, especialmente, frente a la parafiscalidad”. Y, de otro lado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) controla a las empresas, “con visitas de auditoría, permanentemente, dándonos plazos, la verdad, bastante cortos y sentando jurisprudencia y doctrina” en materia de seguridad social.

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Evaluación positiva

“La bondad de la Ley 789 del 2002 está a la vista, entre ese momento, en que había apenas 15 millones de empleados u ocupados y hoy, cuando hay 21 millones”. Pide que se deje la Ley 789 del 2002 tal como rige en la actualidad. Y también se pregunta: “¿Por qué hay que cambiar lo que está funcionando?; esa es la propuesta que no entendemos”, asevera Botero.

“No es cierto que no se haya generado empleo y no lo ha corroborado ningún especialista”. La evaluación de la Ley 789 “se hizo de manera oportuna en el Congreso de la República” y recuerda que el entonces Ministro de la Protección Social, Juan Luis Londoño (fallecido en un accidente aéreo), “decía que iba a generar 120.000 empleos anuales para un total 640.000 empleos, en cuatro años, y esa meta se cumplió en el primer año: aumentaron alrededor de 900.000 los empleos”.

Si se vuelve al régimen del trabajo nocturno anterior a la Ley 789, los costos empresariales aumentarían significativamente, “porque ya hay muchos establecimientos que están trabajando 24 horas o en horarios extendidos”. Fenalco hizo “algunas mediciones, con relación a lo que se ganaban, en siete cadenas de almacenes, en época navideña, los trabajadores: recibieron, solo por recargos nocturnos y demás, 10.000 millones de pesos, en escasos ocho días. O sea que cualquier recargo tiene un altísimo impacto”, puntualiza Botero.

Martha Monsalve, especialista en Derecho laboral y catedrática universitaria, opina: “Como a los trabajadores, realmente, se les ha seguido respetando su jornada ordinaria de ocho horas y cuando se exceden de él se les pagan los recargos, la única diferencia ha sido con respecto al recargo nocturno que solamente se empieza a pagar a partir de las 10 de la noche hasta las seis de la mañana. Es decir, esa presentación que se ha hecho de que a los trabajadores no les reconocen horas extras es absolutamente inexacta”.

Respecto a la Ley 789 del 2002, “considero que ha dado resultados favorables, porque el desempleo ha bajado a un dígito. Acabamos de estar en la versión 18 de la Reunión Regional Americana, en Lima (Perú), convocada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el anuncio es que las economías se están desacelerando. Si a esto le agregamos un factor más de desaceleración, vamos a volver a los dos dígitos en el desempleo”.

Sin embargo, frente a la propuesta gubernamental de que la jornada nocturna comience a las ocho de la noche, reconoce que podría ser una opción aceptable: “No podemos ser tan radicales de retrotraer el horario a las seis de la tarde, porque tendría un efecto contraproducente a lo que hemos logrado, realmente, en recuperación de las tasas de empleo”.

Descarta eventuales beneficios de modificar la Ley 789 del 2002, “porque ha funcionado. Tuvimos oportunidad de hacer, en Santa Marta, con la Federación Colombiana de Gestión Humana, un congreso para evaluar los resultados de la Ley 789, a los dos años de vigencia, y los resultados fueron muy positivos. Entonces, antes de hacer ese tipo de propuestas, por qué no nos sentamos y hacemos de manera tripartita una evaluación de los resultados de la Ley 789. Es decir, no se trata de dar palos de ciego; debemos fundamentar, realmente, lo que queramos controvertir, antes de pensar en una modificación. Hoy, el tripartismo, el diálogo social, está muy abierto: sentémonos a hacerle una evaluación. Después de tantos años de vigencia, hagamos una evaluación a nivel de tripartismo”.

En otro frente, el senador Alberto Castilla, el 20 de agosto del 2014, radicó, en el Congreso, un proyecto que busca modificar varios aspectos de la Ley 789 del 2002, entre los cuales propone que la normativa laboral establezca: el “trabajo ordinario nocturno es el comprendido entre las dieciocho horas (6 p.m.) y las seis horas (6 a.m.)”.

El parlamentario argumenta que el “legislador, en el año 2002, tramitó una iniciativa gubernamental con el solo propósito de promover la empleabilidad y desarrollar la protección social, y entre las consideraciones que se tuvieron en cuenta por el Congreso, para aprobarla (a pesar de recortar derechos adquiridos de trabajadores colombianos), primó aquella según la cual se generaría entre 650.000 a 700.000 nuevos empleos para los cuatros años siguientes, es decir, entre el 2003 y el 2007, lo cual no sucedió con un enorme costo social para los trabajadores, que han visto perder una suma apreciable de sus ingresos por razón de los sacrificios impuestos a su régimen laboral y a sus derechos adquiridos, consagrados antes de la Ley 789”.

En medio de las visiones antagónicas entre empleadores y organizaciones de trabajadores, clima que también se refleja en el Congreso, en relación con el eventual cambio del horario de trabajo nocturno, el Gobierno lanzó una fórmula intermedia para reducir en dos horas el horario actual, de modo que el trabajo nocturno y su respectivo recargo comiencen a las ocho de la noche y no a las 10, tal como fue dispuesto por la Ley 789 del 2002.

Sin embargo, al ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, al parecer, no le será fácil lograr que empresarios y trabajadores cedan un ápice en sus respectivas posturas, en un clima de descontento de ambas partes con el Gobierno: los trabajadores por el incumplimiento de promesas de campaña electoral y los empresarios por la propuesta de medidas contrarias al objetivo de imprimirle mayor impulso a la competitividad de la economía nacional.