¿Está cerrado el debate sobre los efectos de los traslados entre regímenes del sistema general de pensiones?

Revista N° 160, Jul.-Ago. 2010

Silvio Restrepo Otálvaro 

Especialista en derecho del trabajo y de la seguridad 

social y Mágister en derecho privado 

de la Universidad Pontificia Bolivariana 

Introducción

La reciente decisión de la Corte Constitucional en su Sala Plena —vía tutela—, según Sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, definió el alcance jurisprudencial y reglamentario sobre los traslados entre regímenes, específicamente respecto a quienes habiéndose trasladado del RAIS al RPM, no pierden los beneficios de transitoriedad por demostrar requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional se entiende en la medida que se tenga una aproximación conceptual al tema de los traslados, desde lo legal y reglamentario, hasta los precedentes jurisprudenciales y la cosa juzgada constitucional.

El artículo que se presenta parte de la concepción pedagógica de armonizar en el escenario de nuestra disciplina las reformas legales y fallos de la alta corporación, incluyendo la postura de la Corte Suprema de Justicia, sin más pretensión que contribuir a la permanente construcción de la seguridad social, dejando naturalmente abierto el debate para que los diferentes actores y estudiosos del tema nos brinden sus luces.

1. Efectos de la Sentencia C-1024 de 2004 y el Decreto 3800 de 2003

Aquellos afiliados que se trasladaron del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, perdieron los derechos que consagraban el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, excepto para quienes a la entrada en vigencia el sistema general de pensiones tuvieran quince (15) o más años cotizados, los cuales “recuperaron” dichos beneficios en los términos de la Sentencia C-789 del 24 de septiembre de 2002(1).

Por su parte, la Ley 797 de 2003 en su artículo 2º que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en el aparte final del literal e), consagró la limitante del traslado entre regímenes, norma que fue reglamentada mediante el Decreto 3800 del 29 de diciembre de 2003, sin que para esa época se hubiera dado la exequibilidad condicionada de aquella norma legislativa, mediante la Sentencia C-1024 del 20 de octubre de 2004(2).

El Decreto 3800 del 29 de diciembre de 2003 regula: i) traslado de régimen de personas que les falten menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, ii) los casos de múltiple vinculación para esa clase de afiliados, iii) aplicación del régimen de transición, iv) traslado de los recursos y, v) situaciones de invalidez o muerte cuando se presenta múltiple vinculación.

El artículo 3º del decreto es como sigue:

“Aplicación del régimen de transición. En el evento en que una persona que a 1º de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el régimen de ahorro individual con solidaridad, decida trasladarse al régimen de prima media con prestación definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

a) Al cambiarse nuevamente al régimen de prima media con prestación definida, se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del régimen de ahorro individual con solidaridad, y 

b) Dicho saldo no sea inferior al monto total al aporte legal para el riesgo de vejez, correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media, incluyendo los rendimientos que hubieran obtenido en este último.

En tal evento, el tiempo cotizado en el régimen de ahorro individual le será computado al del régimen de prima media con prestación definida. 

Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior no se tendrá en cuenta el valor del bono pensional. 

El Decreto 3800 del 2003, desbordó el alcance y sentido de la Sentencia C-789 del 2002, pues, el literal b) se erige como el mayor obstáculo para recuperar el régimen de transición, porque incluyó el condicionamiento de los rendimientos obtenidos en este último, es decir, en el RPM.

Para lograr una aproximación que solucione el problema planteado con el Decreto 3800 de 2003, en cuanto a los rendimientos, es preciso determinar el alcance del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, con su modificación contentiva en el artículo 7º de la Ley 797 de 2003.

El monto de las cotizaciones cuando nació el sistema dual de pensiones y el tratamiento de las comisiones fue igual para el ISS como para los fondos privados. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, la tasa de cotización para la pensión de vejez, será del 8% en 1994, 9% en 1995 y del 10% a partir de 1996 (hoy, 16%), calculado sobre el ingreso base y se abonará en las cuentas de ahorro pensional en el caso de los fondos de pensiones. En el caso del ISS, dichos porcentajes se utilizarán para el pago de pensiones de vejez, y capitalización de reservas, mediante la constitución de un patrimonio autónomo destinado exclusivamente a dichos efectos. Los gastos de administración del sistema, incluida la prima de reaseguro con el fondo de garantías, la tasa será tanto para el ISS como para los fondos de pensiones, del 3.5%.

Lo anterior cambió, cuando el artículo 7º de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 dispuso: “[…] En el RPM el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y las otras pensiones. En el RAIS, el 10% del IBC se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del IBC se destinará al fondo de garantía de pensión mínima de dicho régimen y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración y las demás primas para garantizar el pago de las otras pensiones. (…) En el RAIS, el incremento que se realice en el año 2004 (1%) se destinará al fondo de garantía de pensión mínima del régimen de ahorro individual.

De acuerdo con lo anterior, el equilibrio que hubiera podido existir se rompió, muy a pesar de cómo por todos es conocido, en el sistema de reparto simple no hay rendimiento alguno a favor de quien realiza los aportes y se deja a la entidad, en este caso el ISS, invertir los dineros en portafolios de inversión.

¿A qué conlleva todo este galimatías?

La ecuación jurídica supone dos componentes, uno es la rentabilidad al interior de los fondos privados, reglada por la propia Ley 100 de 1993, en sus artículos 20, 59, 60, 63, 100, 101 y siguientes; empero, para el ISS se da sobre los efectos de la “tasa de administración” y el ejercicio matemático de la conversión de lo ahorrado por el afiliado (de acuerdo al fondo en donde estuvo afiliado y naturalmente su permanencia en el RAIS) que se traslada al ISS, el cual debe tener un valor superior (o al menos igual, ya que la norma no dice “superior a”) a lo “capitalizado” que en el lenguaje del ISS se conoce como la VALORACIÓN DE LAS COTIZACIONES.

En este orden de ideas, para obtener la valoración de las cotizaciones en el ISS, se toman las tasas de administración sobre el IBC que el ISS ha ejecutado durante los últimos años, así:

 200020012002200320042005200620072008
% de administración sobre el IBC - real ejecutado0.50%0.79%0.92%0.66%0.24%0.49%0.49%0.49%0.49%
% comisión de administración autorizado por S.B. sobre IBC1.2%1.11%1.11%1.11%1.09%1.09%109%1.09%1.09%

Nota: El porcentaje de comisión es prácticamente constante; lo que varía es el porcentaje de administración sobre el IBC dependiendo de dónde estuvo afiliado. Así, por ejemplo, se tiene reportes para el año 2000 del 0.69% porcentaje mayor al señalado en el cuadro, o del 0.34% para el año 2001, porcentaje menor al reportado en el cuadro (información suministrada por el ISS)

A partir de la tabla anterior, la valoración del ahorro que se debió acumular en el ISS corresponde al porcentaje destinado a la reserva de vejez más el excedente entre el porcentaje de la comisión de administración autorizado y el real ejecutado.

Se toma como fecha aproximada de pago de la cotización el 1º del mes siguiente al cual corresponde la cotización, a vía de ejemplo, si la fecha de traslado fue el 1º de enero, se parte de febrero. Los demás factores que inciden para obtener el valor capitalizado en el ISS, son: el IBC; la tasa de cotización; la tasa de administración; la tasa máxima de administración autorizada por la Superintendencia Financiera (antigua Superbancaria); la tasa definitiva aporte a vejez (TDA); el índice RISS; la conversión del (inRISSp/inRISSI) x TDA = Valor capitalizado que debe ser igual o mayor a lo ahorrado en el RAIS; en caso de ser inferior pierde los derechos de transitoriedad al tenor del Decreto 3800 de 2003.

Como conclusión se puede señalar que el Decreto 3800 de 2003, contempló un requisito adicional para no perder los derechos de transitoriedad, situación que había resuelto la Sentencia C-789 de 2003, y dado que la Sentencia C-1024 de 2004, declaró la exequibilidad condicionada del segundo aparte del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, en el entendido que para su examen de constitucionalidad debía ajustarse a los lineamientos de la C-789 de 2003; indudablemente el Decreto 3800 de 2003, se pudo haber INAPLICADO por los efectos de la “exequibilidad sobreviniente”(3).

Los argumentos para inaplicar el alcance del artículo 3º del Decreto 3800 de 2003, se sintetizan en, i) al tenor de la Sentencia C-789 de 2003, opera el criterio de fidelidad al sistema y ello se configura en la medida en que el afiliado mientras se trasladó al RAIS no interrumpió sus cotizaciones, mantuvo la constante de pago de los aportes como si hubiere permanecido en el ISS; ii) no respetar la transición a los afiliados que se trasladaran al RAIS y regresaron al RPM teniendo 15 años o más de servicios a la entrada en vigencia el sistema al tenor de la Sentencia C-789 de 2002, es una sanción que no tiene fundamento constitucional, pues, los traslados se hicieron en forma legal o en cumplimiento de un pronunciamiento de la honorable Corte Constitucional —cosa juzgada—; iii) la decisión del ejecutivo de establecer como requisito para conservar el régimen de transición que los rendimientos de los ahorros del RAIS sean iguales o superiores a los que se hubiesen obtenido en el RPM, prácticamente es eliminar el beneficio del régimen de transición por cuanto se explicó, cuando nos referimos a la forma cómo se calculan los rendimientos, y iv) la Corte Constitucional fijó su criterio sobre los efectos de quienes con 15 años o más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema en pensiones, habiéndose trasladado al RAIS decidan regresar al RPM no pierden los derechos de dicho estatuto, siempre y cuando, se reitera, cumpla con las condiciones de la C-789 de 2002.

Los anteriores argumentos fueron consolidados cuando se conoció el pronunciamiento del Consejo de Estado al declarar la suspensión provisional del artículo 3º del Decreto 3800 de 2003, por cuanto “al ser el derecho a pensionarse bajo los parámetros definidos en el régimen de transición un derecho adquirido, no es posible considerar que una norma posterior los afecte (Sent. C-754, ago. 10/2004, M.P. Álvaro Tafur G.), hasta el punto de hacerlos nugatorios. Aceptar estos nuevos requerimientos mediante la norma reglamentaria demandada, conllevaría al desconocimiento de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, como lo es la seguridad social elevada a canon constitucional […]”.

Recordemos que esta decisión del Consejo de Estado fue del 5 de marzo de 2009, cuando ya había sido expedido el Decreto Reglamentario 3995 del 16 de octubre de 2008, situación que analizaremos en párrafos siguientes.

2. La Sentencia C-625 de 2007: Ratificación de la tesis

La Corte Constitucional al examinar la demanda de inconstitucionalidad del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, mediante Sentencia C-625 del 14 de agosto de 2007, ratifica la tesis de la Sentencia C-1024 de 2004, significando con ello la vigencia de lo ordenado por la alta corporación en la Sentencia C-789 de 2002.

3. Los fallos de tutela: T-818 de 2007 y T-168 de 2009

Mediante la tutela T-818 del 4 de octubre de 2007(4), la Corte Constitucional en aplicabilidad del principio in dubio pro operario, decide que aún si la persona estaba en régimen de transición por tener la edad exigida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, 35 años mujeres - 40 años hombres; si optaron por el traslado al RAIS, los efectos del Decreto 3800 de 2003, son inoperantes, por cuanto las exigencias de condiciones imposibles es a todas luces inconstitucional y no se puede condicionar la realización del derecho a la libre escogencia de régimen pensional mediante elementos que hagan imposible su ejercicio.

La tesis de la Corte en esta decisión es más progresista, comoquiera que extiende los beneficios de transitoriedad a dicho grupo de afiliados, siempre y cuando, cumplan con los términos señalados en la Sentencia C-789 de 2002.

Por su parte, mediante la tutela T-168 de 2009 del 18 de marzo de 2009(5), la Sala Octava de la Corte Constitucional concede beneficios de transitoriedad a quienes habiéndose trasladado al RAIS regresen al RPMCPD, mientras, cumplan los siguientes requisitos: i) Tener, a 1º de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados; ii) trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual, sin importar que dicho ahorro sea inferior al aporte legal correspondiente en caso de que hubieran permanecido en el régimen de prima media, por haber devenido esta exigencia en un imposible a causa de un cambio normativo.

En esta última decisión, la Corte se aparta del espectro amplio para reivindicar derechos de transitoriedad fallados en la T-818 de 2007, lo que significa la exclusión del grupo de quienes a 1º de abril tenían 35 ó 40 años de edad en caso de mujeres o de hombres respectivamente. Lo significativo de la decisión radicó en aceptar que el ahorro en el RAIS —mientras se permaneció en la AFP— podía ser menor a los aportes en el caso de que el afiliado hubiera permanecido en el RPM.

Ambas sentencias no tienen efectos erga omnes, por lo tanto, las especulaciones en torno a este tema tan altamente sensible están en el escenario de la permanente construcción de la seguridad social. Sin embargo, estando vigente el Decreto 3995 de 2008, provocó la rectificación jurisprudencial de la Corte Constitucional en decisión unificada mediante la SU-062 del 3 de febrero de 2010.

4. La Sentencia SU-062 y el Decreto 3995 de 2008

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 3995 del 16 de octubre de 2008, por el cual se reglamentan los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993, disposición última dirigida a la incompatibilidad de regímenes, en virtud a la generada confusión acerca de cuál es la administradora que debe responder por las prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, pero sobre todo, para solucionar casos de manera masiva, privilegiando la voluntad de los cotizantes, teniendo en cuenta los tiempos de las cotizaciones efectuadas para todos los efectos y preservando el derecho de la libre escogencia bajo parámetros claros que permitan establecer la verdadera situación de los afiliados al sistema. Así las cosas, el decreto regula: a) Los criterios de solución cuando se presentan entre otros: i) afiliación válida en situaciones de múltiple vinculación, ii) personas que no diligenciaron formularios al RAIS una vez entró a regir el sistema, iii) cotizaciones erróneas, aportes sin vinculación, afiliaciones simultáneas y los efectos de compartibilidades pensionales cuando se está en el RAIS; b) Múltiples vinculaciones en casos de las contingencias de invalidez y muerte; c) Traslado de recursos e información; d) Términos del procedimiento de definición de situaciones de múltiple vinculación; e) Bonos pensionales; y f) Traslado de personas con menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión.

A nuestro juicio, el Decreto Reglamentario 3995 del 16 de octubre de 2008, no solo derogaba el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003 (cuando aún no se conocía la suspensión provisional del mismo), sino que “modula” los avances de las sentencias de tutela mencionadas; pero a su vez, recompone el desequilibrio que la Ley 797 de 2003, introdujo en cuanto a la distribución de las cotizaciones al interior de las administradoras. En este sentido debe entenderse: i) Que el Decreto 3995 de 2008, subsanó el desbordamiento reglamentario contemplado en el Decreto 3800 de 2003, y en consecuencia resulta armónico con la Sentencia C-789 de 2002, que “premia” la permanencia de los aportes mientras se estuvo en el RAIS; ii) Consecuente con lo anterior, por la vía reglamentaria logra el equilibrio en el manejo y distribución de las cotizaciones (equivalencias) al interior de las administradoras, tal como estaba previsto en la Ley 100 de 1993.

La lectura que hacemos se entiende por la reciente decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional. En efecto, la Corte en fallo de unificación, mediante la Sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010(6), anuló la tutela T-168 de 2009, para concluir que la conservación de los derechos de transitoriedad se mantienen siempre y cuando, quienes se hayan trasladado al RAIS y regresen al RPMCPD, el fondo privado traslade el saldo en unidades de los aportes efectuados por el trabajador (afiliado) y al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, multiplicado por el valor de la unidad vigente para las operaciones del día en que se efectúe el traslado, tal como lo prevé el artículo 7º del Decreto Reglamentario 3995 de 2008.

En esta oportunidad, la Corte resalta que el traslado deja de ser una simple cuestión legal y adquiere una relevancia constitucional innegable por estar en juego un derecho fundamental en virtud a la naturaleza jurídica del régimen de transición y su relación con el derecho a la seguridad social, de cuyo análisis es fácil concluir que cuando el Acto Legislativo 1 de 2005, modificó el régimen de transición contentivo en la Ley 100 de 1993, lo que operó fue un reenvío legislativo al corpus constitucional, produciéndose una verdadera metamorfosis kelseniana.

Mientras la Corte Constitucional revisaba el fallo de tutela que dio origen a la SU-062 del 3 de febrero de 2010, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1º de marzo de 2010(7), se pronunciaba sobre el mismo asunto, teniendo como referencia la inaplicabilidad del Decreto 3800 de 2003. Ello no significa que la Sala Laboral hubiera desconocido el Decreto 3995 de 2008, por cuanto es entendible que al desatarse la litis tal preceptiva no había sido expedida.

Queda claro entonces que el Gobierno Nacional ante los fallos de tutela “progresistas”, armoniza efectos y alcances de las sentencias C-789 y C-1024 de 2004, al consagrar en el artículo 12 del Decreto Reglamentario 3995 de 2008:

“Traslado de personas con menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a pensión. Las personas vinculadas al RAIS a las que les falten menos de 10 años para cumplir la edad para la pensión de vejez del régimen de prima media, podrán trasladarse a este únicamente si teniendo en cuenta lo establecido por las sentencias C-789 de 2002 y la C-1024 de 2004, recuperan el régimen de transición. La AFP a la cual se encuentre vinculado el afiliado que presente la solicitud de traslado, deberá remitir toda la información necesaria para que el ISS realice el cálculo respectivo conforme a lo señalado en el artículo 7º del presente decreto. Una vez recibida la información contará con 20 días hábiles para manifestar si es viable el traslado.

En conclusión

(1) Desde el 16 de octubre de 2008, regían dos decretos reglamentarios (D. 3800/2003 y el D. 3995/2008) que regulaban la misma materia; sin que el último hubiese derogado expresamente al primero. Sin embargo, aceptando la célebre acepción “y deroga todas las normas que le resulten contrarias”, podríamos reiterar que el Decreto Reglamentario 3995 derogó el artículo 3º del Decreto Reglamentario 3800 de 2003.

(2) La decisión de la Corte Constitucional en su Sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, homologa las reglas contentivas en el Decreto Reglamentario 3995 de 2008, y su lectura e interpretación no escapa al pronunciamiento que hará el Consejo de Estado cuando se ponga a prueba el examen de legalidad del mencionado decreto y analice el precedente que tuvo en cuenta la corporación cuando suspendió provisionalmente el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003(8).

(3) Deja en claro que los requisitos para no perder derechos de transitoriedad son los dispuestos en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004.

(4) Que el ahorro a trasladar debe cumplir con lo previsto en el artículo 7º del Decreto 3995 de 2008, (incluyendo el ahorro subsidiado que alimenta al fondo de garantía mínima), la cual debe interpretarse como una fórmula que consagra equivalencias tal como se distribuía las cotizaciones antes de la vigencia de la Ley 797 de 2003.

(5) Cierra la posibilidad de recuperar el régimen de transición bajo los lineamientos de la T-818 de 2007, y

(6) Admite la posibilidad de compensar cotizaciones(9) en caso de que en el RAIS el ahorro sea menor al exigido por el ISS, y en consecuencia podrá cancelar en dinero esa diferencia, según lo dispuesto por las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004.

Con todo, queda en el escenario la futura decisión del Consejo de Estado cuando examine la legalidad del Decreto Reglamentario 3995 de 2008. Si la norma reglamentaria se ajusta a la ley y a la Carta Política, quedaría el debate cerrado. Si por el contrario (conocidas las razones de la Sala resumidas en nota de pie de página), el Consejo de Estado declara la suspensión provisional o nulidad del artículo 7º del Decreto Reglamentario 3995 de 2008, ¿qué efectos tendría la Sentencia SU-062? ¿Retomará la Corte Constitucional los argumentos de la anulada T-168 de 2009? ¿Revivirá el alcance “progresista” de la T-818 de 2007? Queda abierto el debate.

(1) Declarar exequible el inciso 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el régimen de transición se aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al régimen de prima media con prestación definida, siempre y cuando: a) trasladen a este todo el ahorro que efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y b) dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media. En tal caso, el tiempo trabajado les será computado en el régimen de prima media.

(2) Se declara exequible el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en el siguiente aparte previsto en el literal e), a saber: “Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; (…)”, exclusivamente por el cargo analizado en esta oportunidad y bajo el entendido que las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a este —en cualquier tiempo—, conforme a los términos señalados en la Sentencia C-789 de 2002.

(3) Efectivamente, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003 a partir del 5 de marzo de 2009. Expediente número interno 1975 - 08. Actor: Jorge Luis Pabón Apicella. M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(4) Expediente T-1635513. Acción instaurada por Rito Celio Gallegos Ruiz v. Porvenir AFP. Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería.

(5) Expediente T-2021850. Acción instaurada por Javier de Jesús Taborda Quintero v. ING Pensiones y Cesantías y el ISS. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(6) Expediente 2021850 (ver nota 5). Decisión de Sala Plena de la Corte Constitucional. Auto 9 del 27 de enero de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(7) Radicación 37.327. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.

(8) La alta corporación deja en claro la naturaleza jurídica del régimen de transición como un derecho adquirido, y en consecuencia (…) no es posible considerar que una norma posterior los afecte hasta el punto de hacerlos nugatorios. [L]os beneficiarios del régimen de transición que se habían trasladado al RAIS pueden regresar al RPM, es decir, devolverse de las administradoras de fondos pensionales al seguro social en cualquier tiempo antes de pensionarse y el único requisito era trasladar lo que tenían en esos fondos al seguro social, independientemente de cualquier otra exigencia. La decisión del Consejo de Estado se conoció cuando estaba naturalmente vigente el Decreto 3995 de 2008. Con todo, otros de los argumentos centrales para suspender el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003, tuvo como precedente la tutela 818 del 4 de octubre de 2007.

(9) La Corte sigue el precedente de la Sentencia C-030 del 28 de enero de 2009, cuando al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 9º del Decreto 2090 de 2003 (Plazo para los traslados en pensiones de alto riesgo) consideró: “la persona que ejerza la opción, puede aportar voluntariamente los recursos adicionales necesarios en el evento de que el ahorro en el régimen de ahorro individual con solidaridad sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso de que hubiere permanecido en el régimen de prima media, como se advirtió en la Sentencia C-789 de 2002”.