¿Financiación parafiscal de la protección social vs. empleo?

Revista Nº 153 Mayo-Jun. 2009

Juan Carlos Cortés González 

Abogado en Derecho Laboral y Sistema de Seguridad Social Director de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS) 

Antecedentes

Constante es el debate en cuanto al impacto de la regulación en la generación, rotación y equidad del empleo y, particularmente, en lo que corresponde a la carga por contribuciones sobre la nómina o costos extrasalariales.

Igualmente, el análisis se extiende a la consideración de los costos laborales, estos que han sido objeto de reformas en América durante la década de los noventa, bajo la orientación de reducirlos (liberalización y flexibilización) o trasladarlos (tercerización y nuevas formas de trabajo).

La tensión se mantiene entonces entre las reflexiones económicas y las jurídicas, sin que a nuestro modo de ver se hayan enfocado con la integralidad que el tema requiere, especialmente en lo que concierne al modelo económico y a la valoración de la productividad del mercado de trabajo y de la economía.

Estudios de magnitud como los impulsados y compilados por James J. Heckman y Carmen Pagés(1), afirman “que los beneficios obligatorios reducen el empleo y que las regulaciones de seguridad del empleo tienen un impacto sustancial en la distribución laboral y en las tasas de rotación…”(2).

En Colombia, una corriente de pensamiento económico señala que la parafiscalidad genera menos empleo y más informalidad, resaltándose al efecto, estudios de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE).

Los costos asociados a la nómina, se dice, desestimulan tanto la creación de nuevas plazas como la formalización del trabajo. En particular, el debate se ha centrado sobre el aporte obligatorio del 9% destinado al SENA, al ICBF y al sistema de subsidio familiar, a través de las cajas de compensación familiar, con consideraciones que han pasado por diferentes etapas. Para concluir bien (i) en la conveniencia de eliminar dichos aportes, (ii) de reducirlos, (iii) de reorientar su uso y (iv) de reemplazar la forma de financiación de los programas cubiertos por dichos recursos, para que sea asumida a través de impuestos.

En la otra orilla, se ubican quienes piensan que los costos extrasalariales están justificados jurídica y económicamente, tanto por las prestaciones que cubren como por los fines a los que sirven, a partir de considerar que (i) el impacto de los mencionados aportes es mínimo y (ii) que no existe evidencia por la cual concluir que una reducción de tales cargas conlleve la generación de plazas formales de trabajo.

Una sustentación en tal sentido se encuentra en el estudio realizado por la Contraloría General de la República, que concluye en la baja incidencia de los aportes sobre el costo empresarial(3).

Los defensores de esta posición argumentan por su parte que como se diría coloquialmente, “la calentura del enfermo no está en las sábanas”, y que de lo que se trata al revisar la estructura del mercado de trabajo en Colombia es de considerar en forma integral el modelo económico y propender por la construcción de condiciones de productividad que hagan competitiva la economía nacional, antes que de reducir más costos al capital, en detrimento de las condiciones de los trabajadores.

También se afirma que la provisión de los servicios pagados con aportes especialmente del 9%, contribuyen a incrementar la capacidad de gasto de los trabajadores y sus familias.

De otro lado, las posturas jurídicas recurren a la argumentación a partir de los derechos constitucionales, las garantías de la seguridad social y el movimiento actual de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por asegurar el trabajo decente en el mundo. Las reducciones por ser regresivas se presumen inconstitucionales, por lo que regulaciones menos protectoras y el desmonte de fuentes de financiación para prestaciones de protección social, se aprecian como recortes al aseguramiento público que lesionan a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto, a menos que sirvan razonablemente a fines constitucionales superiores(4).

La materia en consideración es pues de amplio espectro, tanto nacional como internacional.

Implica variables relacionadas con el mercado del trabajo, la protección social, la hacienda pública, el pacto político y social, y el bienestar y la dignidad del ser humano, anunciándose como un tema en el que es preciso integrar dialécticamente las diferentes visiones, particularmente de la ciencia jurídica y de la economía, para acordar en lo fundamental decisiones colectivas que tendrán un alto impacto no solo para los seres humanos de hoy, sino para aquellos que les sucedan. Por ello, la responsabilidad intergeneracional que hoy nos corresponde justifica el que debatamos sobre estos tópicos, con menos apasionamiento y más razonabilidad.

Con este artículo nuestra pretensión mínima se concreta en exponer un estado del arte sobre la discusión pública en la materia, así como aportar algunas ideas en busca de la precisión conceptual y sugerir elementos que sean tenidos en cuenta por los decisores de política.

Costos asociados al empleo

Podemos identificar dos tipos de costos asociados al empleo:

De un lado, aquellos directamente relacionados con el trabajo y los que se denominan genéricamente extrasalariales.

a. Entre los primeros, es el salario el dato que fundamentalmente debe considerarse, el cual se definirá en condiciones de mercado. No obstante, los temas centrales de discusión al respecto tienen que ver con la regulación sobre pisos o techos que distorsionan la asignación del mercado y la fijación de salarios mínimos (único, regional o por sectores), su monto y la metodología para su adopción.

Investigadores como Hugo López(5) advierten que considerar el tema de la parafiscalidad y su impacto en la generación de empleo formal debe hacerse simultáneamente, con una revisión sobre el salario mínimo en Colombia. Impactar en pobreza y reducir el desempleo, requiere a su juicio una política de largo plazo que no solamente se limite a reducciones en los costos extrasalariales, sino que se refiera a la redefinición del esquema de fijación y actualización del salario mínimo. Igualmente, estima que esa revisión integral debe acompañarse de un ajuste en los campos de pensiones y salud, aspecto por el que no podemos expresar menos que nuestro entusiasmo por su acierto y oportunidad.

En relación con los problemas estructurales del mercado laboral colombiano, se hace evidente que solo se ha creado empleo moderno en el país (asalariado y no asalariado) para los más educados. El precio de uso real del capital (promedio móvil quinquenal) ha caído un 56% frente a 1998, debido principalmente a: a) la reducción de largo plazo en las tasas reales de interés, b) la revaluación (que reduce el precio de la maquinaria importada) y c) por estímulos tributarios. El salario mínimo real (promedio anual, incluyendo salarios indirectos) ha subido el 20% y el salario medio no calificado (promedio anual) ha subido el 5%. El salario mínimo, sostiene López, no les sirve a los pobres porque estos no dependen del trabajo asalariado sino de empleos informales; incluso cuando los más pobres trabajan de asalariados se ganan menos del mínimo diario.

Igualmente, lo advierte la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CISS(6), al referirse a la respuesta de las economías a las recientes crisis económicas y señalar que las salidas se han dado mediante esquemas de productividad que no aparejan más empleo formal y menos empleo para la mano de obra no calificada.

El uso de nuevas tecnologías y la especialización productiva, entre otros factores, determinan que a diferencia de la respuesta keynesiana de los años treinta, la superación de los problemas de desempleo y demora en la reubicación laboral no viene dada en la actualidad solamente por la creación de plazas mediante inversiones públicas y ocupaciones no calificadas sino que, independientemente de que los gobiernos recurran a estas estrategias como medidas de choque, en el mediano plazo los sectores poblacionales no capacitados y no técnicos tendrán severas dificultades para integrarse a la economía formal, precisamente cuando prevalecen modelos de empresas sin trabajadores (tercerizadas) y empresas virtuales (con teletrabajadores) y con alta especialización, que demandan trabajadores de equivalente condición. Por ello, cada vez será más difícil ubicar a los trabajadores pobres sin formación específica.

En el caso de Colombia, el salario mínimo tiene un nivel alto comparativamente hablando, no obstante, un porcentaje importante de la fuerza de trabajo entre los 25 y 40 años gana menos del mínimo, estimulándose la informalidad(7).

El otro aspecto debatido en la materia tiene que ver con la forma de actualización de dicho salario mínimo, pues al depender de variables políticas bien por una decisión concertada o, en todo caso, como materia de regulación anual, puede quedar desprovista de soporte técnico y acelerar el incremento de los costos del trabajo.

b. En lo que se refiere a costos extrasalariales, las principales discusiones se centran en los impropiamente denominados “impuestos sobre la nómina”.

Se argumenta que en Colombia el costo total por las regulaciones sobre el mercado de trabajo es alto, en niveles cercanos a países como Brasil y Uruguay, rondando el 53%. El 74% de dichos costos está representado por las contribuciones a la seguridad social.

Comparativamente con países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y exceptuando el caso de Italia, los costos totales por regulaciones al mercado del trabajo están muy por encima. En el promedio de dichos países, el 96% de tales costos lo representan las contribuciones a la seguridad social.

Por otro lado, sin embargo, los niveles efectivos de recaudo tributario y de carga fiscal son más altos en los países con mayor nivel de desarrollo, por lo cual la financiación de las políticas públicas, incluida la protección social, hallan soporte en exacciones tributarias suficientes, a diferencia de los menores niveles aplicados en Colombia. Lo anterior se suma a la complejidad regulatoria de los impuestos y a la amplia gama de exenciones que favorece al capital, establecidas con la idea de procurar mayor inversión. Estas circunstancias determinan un escenario diferente de análisis, en el que las contribuciones parafiscales ocupan un importante lugar en la financiación de la política social.

Visión integral de la parafiscalidad

Consideramos necesario acoger la reflexión del Ministro de la Protección Social frente al debate que nos convoca(8), en cuanto a señalar que la revisión sobre aportes parafiscales y su incidencia en el empleo y la formalidad laboral, no puede reducirse a estimar los efectos del 9% sobre la nómina en cuanto aportes al SENA, al ICBF y al sistema de subsidio familiar a través de las cajas de compensación familiar, pues en materia laboral, la parafiscalidad es el principal mecanismo empleado por el Estado para financiar la protección social, por lo que toda reflexión que al efecto se realice debe comprender una revisión sobre la carga parafiscal total, vinculando al estudio los temas de financiación en pensiones, salud y riesgos del trabajo.

El debate sobre el impacto de las cargas parafiscales en Colombia no puede reducirse a la revisión sobre uno u otro de los bienes cuya provisión se financia con los aportes de tal carácter, sino que debe comprometer un análisis integral. Los bienes a los que sirve la parafiscalidad son de la protección social, por lo que cuentan con una especial protección de la Constitución Política, pues materializan un servicio público constitucional, por el cual se reconocen derechos humanos esenciales para la dignidad y supervivencia de la persona y la familia, bien mediante la provisión directa del Estado o por la operación concesionada a particulares.

Como diría el investigador Stefano Farné, “para comer, el almuerzo hay que pagarlo todo”(9). No obstante que el debate acerca del sobrecosto laboral deba darse frente a la complejidad que representa el fenómeno de la informalidad, es preciso considerar que los aportes destinados al cubrimiento de beneficios de la protección social cumplen una función necesaria y que si se quiere universalizar las coberturas de aquella, tendrán que considerarse de manera integral tanto el modelo económico, como el del sistema de seguridad social, pues este está estructurado sobre el pago de aportes.

Toda decisión que se adopte en materia de parafiscales asociados al empleo, tendrá impacto en materia de coberturas y beneficios y constitucionalmente tendrá que ser sustituida por un esquema de financiación alterno, pues disminuir o eliminar la financiación no se soluciona con la consecuente reducción o disminución de beneficios, ya que estos están protegidos constitucionalmente como se advirtió, por los principios de progresividad y no regresividad que se derivan del artículo 48 de la Carta Política.

Por el contrario, la estimación del efecto benéfico en materia de generación de empleo por la eliminación de las citadas contribuciones, aun cuando no resulte despreciable, no constituye un incentivo determinante pues si se considera exclusivamente el caso del aporte del 4% recaudado por las cajas de compensación familiar, en el más generoso de los estudios prospectivos y como saldo último por una única vez, generaría alrededor de 90.000 empleos.

Si queremos protección social, tenemos que pagarla. Si nuestro anhelo constitucional por la cobertura universal y plena de salud ha de cumplirse, tendremos que arbitrar recursos para ello. Si queremos que la población adulta mayor ejerza su derecho a una pensión, será necesario financiar su cubrimiento(10). Y como toda crisis implica decisión, tendremos que decidir dentro del marco constitucional (o adoptando un pacto social refundador e incluyente) las prioridades y los mecanismos que más convengan, para cubrir los satisfactores de necesidades sociales de la protección.

Concepto de parafiscalidad en la protección social

La doctrina aún no ha avanzado lo suficiente en la identificación de la parafiscalidad y de su aplicación en el ámbito de la seguridad social.

La noción de parafiscalidad se refiere a una prestación impuesta por el Estado, de creación legal, que han de sufragar quienes integran un determinado grupo o sector, como instrumento estatal de intervención encaminado a que se ejecute una actividad, o un conjunto de actividades, que si bien beneficia(n) de manera inmediata a ese determinado grupo o sector interesa(n) a toda la colectividad(11).

Pese al desarrollo francés, no puede olvidarse que Colombia fue pionera en la aplicación de este tipo de recursos paraestatales, cuando crea al final de los años veinte, del siglo pasado, la cuota cafetera, bajo administración de la Federación Nacional de Cafeteros. A partir de allí, el expediente ha sido empleado en múltiples escenarios, de ahí que en la actualidad exista una gran variedad de contribuciones de dicha naturaleza, respecto de las cuales no se ha realizado un análisis de pertinencia, ni de su impacto en el costo de producción empresarial.

Bajo el modelo de seguros sociales (Bismarck), el uso de aportaciones tanto de los empleadores como de los trabajadores se convirtió en el esquema para la financiación de las prestaciones, asumiéndose posteriormente, y por el influjo del modelo inglés de la seguridad social (Beveridge), que el mismo tendría en todo caso que ser complementado con recursos de origen fiscal.

Las tesis de la protección social y del universalismo básico que hoy promueve el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, contribuyen a una revisión de los modelos financieros de la seguridad social, para independizar más su sostenibilidad de lo laboral y asegurarse mediante impuestos, de la provisión de los servicios que sirvan con vocación universal, al fin del sistema.

Con un criterio amplio y no desarrollado suficientemente, la Corte Constitucional(12) les asignó el título de rentas parafiscales, bajo el argumento principal de que provienen del mandato impositivo del legislador. Más adelante(13), el propio organismo les reconoció el carácter de rentas parafiscales atípicas, sin entrar a profundizar sobre sus características.

A partir de estos criterios, la propia legislación les ha atribuido el título de recursos parafiscales a los aportes con destino a la seguridad social, como aconteció frente al sistema de subsidio familiar con la Ley 789 de 2002, incorporándolos bajo la noción de recursos públicos, con los efectos constitucionales que ello genera, particularmente en lo relacionado con la aplicación de control fiscal.

No obstante, como lo expresa Plazas Vega, posición que acogemos(14), “los citados y tradicionales ejemplos de rentas parafiscales no son apropiados porque no es posible aludir, respecto de ellas, a un sector contribuyente y beneficiario, debido a que las más variadas áreas económicas y sociales concurren para sufragarlas. Hacer referencia al sector de los empleadores y de los empleados, por supuesto, solo es posible con un criterio en extremo amplio y extensivo que contrasta con las características propias de la parafiscalidad” (15).

Se impone entonces evaluar y perfilar el alcance atípico de la parafiscalidad en materia de protección social, para contar con los suficientes elementos de juicio que permitan una evaluación histórica, integral y de eficiencia en cuanto al empleo de un mecanismo de financiación de amplia utilización.

Específicamente en lo que atañe a la financiación del sistema de subsidio familiar y de protección al desempleo, aplica Colombia una contribución adicional (4% sobre la nómina a cargo del empleador) que es peculiar en el ámbito americano pero que sirve a un propósito constitucional, por lo que también en esta materia el análisis de eficiencia tendrá que considerar las diferentes variables y no limitarse a una revisión de costos.

Alternativa a la parafiscalidad: financiación de la protección social por impuestos

Considerando que los servicios de protección social financiados con recursos parafiscales son de necesaria e ininterrumpida prestación, entendiendo en ellos los atinentes a pensiones, salud, riesgos profesionales, subsidio familiar, protección por desempleo, capacitación laboral y atención a la niñez y la juventud, y que se buscan opciones en cuanto a reducir la carga laboral de los empleadores, se escuchan voces que plantean la opción de sustituir la financiación parafiscal por aplicación de recursos tributarios, especialmente provenientes del IVA.

Como no es posible desde el punto de vista constitucional el establecimiento de un impuesto o renta con destinación específica, lo primero que a este respecto debería plantearse es la definición de la protección social y de sus componentes, como una función pública a cargo del Estado, cuya financiación correspondería a la recaudación general impositiva, contra la unidad de caja estatal.

Entre los principales impactos que generaría una medida tal, encontramos los siguientes:

a. Centralización en el recaudo por parte del Estado.

b. Presupuestación pública de los ingresos y de los gastos, sometiéndose periódicamente a la deliberación en el Congreso.

c. Pérdida de la autonomía de la seguridad social como servicio público con especial regulación constitucional.

d. Impacto a lo menos indirecto o potencial, sobre el principio de intangibilidad de los recursos afectados al servicio de la seguridad social.

e. Confusión de los ingresos para los fines de la seguridad social con los ingresos generales del Estado.

f. Publificación de las funciones del sistema de seguridad social, bajo el entendido según el cual si se cubren con impuestos, se trata de actividades de tal naturaleza.

g. Inflexibilidad en el manejo y la administración de los recursos, pues se someten a las reglas del presupuesto nacional.

h. Operación directa de los servicios por agencias estatales y en caso de contratarse los mismos con particulares, aplicación de las reglas de la contratación estatal.

i. En el caso específico del subsidio familiar, eliminación de este como prestación social cuyo responsable es el empleador, pues deberá entendérsele como una función pública a cargo del Estado.

j. Modificación en la forma de operación de las gestoras de la seguridad social, requiriéndose de ley al respecto.

k. Sometimiento del recaudo al proceso fiscal, con posibilidades mayores de evasión y elusión y reducción en la eficiencia.

Parafiscalidad y empleo: algunos aportes para la discusión

Como se ha expresado, varios estudios han sostenido reiterativamente que los altos costos laborales no salariales y la inflexibilidad de salarios contribuyen a las tasas de desempleo e informalidad(16).

También se afirma que el diseño inflexible de la protección social favorece el desempleo y consolida la trampa de la informalidad.

A partir de ello, se formulan algunas propuestas, tales como:

— Reducir o eliminar la parafiscalidad sobre nómina, buscando alternativas de financiación.

— Corregir problemas del sistema de protección social (que favorezcan la portabilidad de derechos en el régimen subsidiado de salud, por ejemplo).

— Flexibilizar y diferenciar el salario mínimo.

— Asegurar cobertura universal en salud por un sistema desligado al mercado laboral.

— Incorporar la parafiscalidad al presupuesto general de la Nación.

Si bien como sociedad no podemos desconocer la necesidad de evaluar la alta carga sobre la nómina y la inexistencia de estímulos que antes que fortalecer al capital permitan la consolidación del empleo, tampoco nos es dable asumir sin evidencia empírica ni mayor deliberación pública, las tesis reduccionistas o fiscalistas en el ámbito de la financiación de la protección social.

Entre los postulados que sirven de referente a la discusión, consideramos que la generación de empleo formal dependerá en toda circunstancia de las condiciones del mercado y, especialmente, de la productividad de la economía. El empleo no es un tributo; los empleadores no están obligados ni les es racional crear plazas laborales porque sus costos se reduzcan. Una reducción a la carga laboral, desprovista de otras medidas, conllevará a un incremento en las utilidades de las empresas, pero no a una reducción sustancial en las tasas de desocupación laboral e informalidad.

Así mismo, los beneficios que se cubren con la parafiscalidad que recae sobre el mercado de trabajo tienen el carácter de bienes públicos meritorios, mediante los cuales se satisfacen derechos constitucionales dentro del ámbito de la protección social. Ello implica una prioridad constitucional en su cubrimiento.

Elevar la carga impositiva para satisfacer tales bienes en reemplazo total o parcial de la fuente parafiscal resulta una opción por estudiar, atractiva si se le analiza de cara a la universalidad que debe caracterizar a los sistemas de protección social, esta que, sin embargo, enfrenta reparos en sociedades como la colombiana. Entre ellos, si de lo que se trata es de incrementar la tasa de IVA e incluir bienes para ampliar el recaudo, ¿no se generará un efecto inequitativo que terminará impactando a los ciudadanos y fortaleciendo al capital, al verse liberado este de responsabilidades de financiación pública?

Es claro que la consideración de esta alternativa tendrá que implicar, en todo caso, una revisión integral y de fondo al sistema de protección social y al mercado de trabajo en Colombia.

Pretender aislar su análisis y la adopción de medidas parciales, para nada contribuye a un debate que el país debe dar y no por capítulos, sino mediante una reflexión detenida y fundamental para este siglo:

¿El modelo económico capitalista implementado en Colombia es eficiente y está ajustado al modelo económico de la Constitución Política? ¿Este es capaz de responder a las necesidades de inclusión social y económica? ¿Cuenta el país con un sistema de empleo apropiado a sus necesidades? ¿Por qué no operan mecanismos eficientes de intermediación laboral y de capacitación para el trabajo? ¿Cuál es el alcance de la reforma estructural que demanda el sistema de protección social para responder a los retos que tiene enfrente, en temas principalmente de cobertura universal e integral en salud, protección pensional y al adulto mayor sin pensión, protección al desempleado y seguro por desempleo y atención integral a los niños? ¿Cuál es el esquema financiero de la protección social que mejor se adapta a las condiciones de Colombia hoy?

La complejidad de la materia, así como su riqueza y el tamaño de la responsabilidad que de ella se deriva para la sustentabilidad política y viabilidad de la sociedad colombiana, nos exige descubrir el bosque y abrir con apremio, pero sin prisa, una deliberación pública que concluya en un pacto social por la seguridad económica y la dignidad humana.

(1) Heckman, James J. y Pages, Carmen. Regulación y Empleo. Lecciones de América Latina y el Caribe. National Bureau of Economic Research. Edición especial en español: CISS y CIEDESS, Santiago de Chile, 2005.

(2) Keckman, James J. y Pages, Carmen, ob. cit., pág. 92: “El impacto más adverso de la regulación se da sobre los jóvenes, trabajadores marginales y los de baja calificación… Como consecuencia, las regulaciones sobre la seguridad del empleo promueven la desigualdad entre grupos demográficos…”.

(…).

“Sin embargo, encontramos robusta evidencia de que las contribuciones a la seguridad social no se traspasan totalmente a los trabajadores. Los impuestos descontados por planilla tienden a disminuir las tasas de empleo e incrementar las de desempleo a través de las muestras y especificaciones”.

(3) Contraloría General de la República. Revista Economía Colombiana, número 319, julio 2007, Bogotá, D.C., pp. 111 y ss. “Esta aproximación con los registros administrativos de la DIAN, permiten matizar la recomendación de la Comisión Independiente de Gasto Público, que insta por eliminar los impuestos al trabajo que soportan las empresas, en la medida en que tales cargas representan muy poco dentro de su estructura de costos y tiende a ser mucho menor para los ‘grandes contribuyentes’. En otras palabras, con una iniciativa como la propuesta por la comisión, los más beneficiados resultarían ser estos últimos”.

(...).

“Finalmente, cabe señalar que muchos de los aportes a la seguridad social, SENA, ICBF y cajas de compensación son fuentes que financian bienes públicos y servicios esenciales para los trabajadores y, por ende, pueden ser considerados, como parte del ingreso laboral de los mismos”.

(4) Ver en asunto relacionado la sentencia de la Corte Constitucional T-1064 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas.

(5) López, Hugo. Conferencia Asocajas, Centro de Pensamiento, 12 de marzo de 2009, extractos tomados de la página web www.asocajas.org.

(6) Intervención de Gabriel Martínez González, Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), en el taller Papel del sistema de subsidio familiar en épocas de menor crecimiento económico, Bogotá, D.C., 12 de marzo de 2009, extractos tomados de la página www.asocajas.org.

(7) Keckman, James J. y Pages, Carmen, ob. cit., pág. 13.

(8) Conferencia del Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, en el taller Papel del sistema de subsidio familiar en épocas de menor crecimiento económico, Bogotá, D.C., 12 de marzo de 2009, extractos tomados de la página www.asocajas.org.

(9) Artículo publicado en el diario El Tiempo, tomado de obssegusoci@uexternado.edu.co.

(10) Véase como referente el caso de la reforma al sistema previsional en Chile, contenida en la Ley 20255 del 17 de marzo de 2008.

(11) Plazas Vega, Mauricio Alfredo. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Tomo II, segunda edición, editorial Temis, Bogotá, D.C., 2005.

(12) Sentencia Corte Constitucional C-575 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(13) Sentencia Corte Constitucional T-1173 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas.

(14) Cortés González, Juan Carlos. El sistema de subsidio familiar en Colombia: hacia la protección social, CIESS, México, D.F., 2004.

(15) Plazas Vega, Mauricio, ob. cit., pág. 169.

(16) Véase al respecto por ejemplo Gaviria, Alejandro. Documento CEDE 2008, Piensa Colombia, Desarrollo Económico.