“Hacer una reforma estructural de un solo tajo suena ilusorio”

Revista Nº 174 Nov.-Dic. 2012

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Impuestos 

El director de Impuestos de la firma PricewaterhouseCoopers, Carlos Mario Lafaurie, reconoce que el proyecto de ley de reforma tributaria que se tramita en las cámaras legislativas no se presentó en medio de los tradicionales apuros presupuestales del país, pero precisa que no se trata de una reforma estructural. En entrevista con la REVISTA IMPUESTOS, Lafaurie revela los aspectos que tendrán mayor impacto tributario para trabajadores y empresas.

Revista impuestos: ¿El proyecto de ley que cursa en el Congreso se puede considerar una reforma tributaria estructural?

Carlos Mario Lafaurie: No me parece. Aspirar a hacer una reforma estructural en Colombia de un solo tajo es tan ambicioso, que suena ilusorio. Eso es posible si la hacemos por pasos: el país debe trabajar en una ley tributaria para personas naturales, otra para sociedades, tener una ley muy organizada de IVA, y es indispensable promulgar un esquema procedimental, más uno sancionatorio, que sean muy coherentes. Es decir, que todo lo anterior guarde una debida armonía. El mismo Gobierno dijo que había preferido no seguir con la ambición inicial de una reforma estructural, sino sencillamente detenerse en unos puntos claves que le permitieran mejorar la equidad vertical, que finalmente es la expresión de la progresividad como principio constitucional, y contribuir a la generación de empleo.

R.I.: ¿Los gobiernos siguen presentando reformas tributarias en medio de situaciones presupuestales apremiantes?

C.M.L.: La gestión que ha hecho el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, ha sido excepcional. El crecimiento del recaudo ha sido tremendo; las ideas que han introducido para transformar la DIAN hay que acompañarlas porque son excelentes. Eso ha permitido que en este momento no haya urgencia económica, pues tradicionalmente las reformas están inspiradas en la necesidad de recaudo. Y este proyecto de reforma no lo está.

R.I.: ¿Se cumple la promesa del Gobierno de no aumentar los impuestos?

C. M. L.: Respecto de los trabajadores asalariados no se cumple. A la gente se le debe hablar más claro: hay que hacerle ver que, realmente, le están quitando beneficios (deducciones del impuesto de renta). El proyecto de ley mantiene los actuales e introduce algunos más, pero en la práctica no se van a poder tomar, porque se crea el impuesto mínimo alternativo nacional (IMAN). Al tener este impuesto mínimo de renta, los beneficios se pueden usar en la medida en que luego de aplicarlos, mi impuesto no sea menor que el IMAN, porque si al calcularlos me da un menor impuesto, debo pagar el IMAN. El impuesto mínimo de un asalariado nunca puede ser menor a este.

R.I.: ¿Ha identificado otro aspecto negativo de este impuesto?

C.M.L.: El segundo reproche es que la aplicación del IMAN trae como consecuencia un cambio inmediato de extraordinaria magnitud en el impuesto de renta de los asalariados. La carga tributaria de quienes vienen usando las ventajas fiscales se incrementa de manera descomunal de un año a otro. El Gobierno debería pensar, si eso es aprobado, en una gradualidad para que no impacte de manera tan dramática.

R.I.: ¿Qué plantea la reforma en cuanto a los trabajadores independientes?

C.M.L.: Va por la misma vía: crear un IMAN. La dificultad está en ver cómo acaba afectando desde el punto de vista del recaudo. Para los asalariados es más fácil hacer el cálculo, porque en este grupo prácticamente no hay evasión. Entre los independientes sí existe, con lo cual esta norma ayuda a disminuir la evasión. Pero puede ser, en algunos casos, generosa. De pronto acaban pagando justos (asalariados) por pecadores (trabajadores por cuenta propia). Hay gente que seguirá haciendo trampa, por ejemplo, escondiendo ingresos, en la medida en que no se cuente con instrumentos para determinar con información verificable cuánto se gana un trabajador independiente. Eso es un problema grave. A una persona cuyo ingreso maneja a partir de fuentes que pueden ser otras personas naturales es complejo detectarle el ingreso verdadero, particularmente cuando se trata de un individuo muy exitoso.

R.I.: ¿Cuáles son los efectos de la reforma para las empresas?

C.M.L.: Está la disminución en su carga laboral, relacionada con el 5% que deben contribuir al Sena y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y con el 8,5% que asume el empleador por salud. Eso ahorra una cifra importante a quienes generan más empleo; aquellas actividades económicas que necesitan de mayor mano de obra, de más capacidad humana para desarrollar las tareas, son las más beneficiadas. No se favorecen, de manera importante con esta propuesta, el sector de hidrocarburos, el de minería y aquellos negocios que no necesitan mucho personal. Se pueden ver desfavorecidos, porque se dice que baja la tarifa general del impuesto de renta del 33% al 25%, pero cuando se crea un 8% de impuesto de renta para la equidad, denominado CREE, con el objetivo de financiar la salud, al ICBF y al Sena, si se mira la consolidación, se encuentra que quien se ahorró el 8,5% de salud, más el 5% de Sena e ICBF, va a pagar el 8% de impuesto de renta para la equidad, y es probable que este impuesto adicional sea menor, igual o mayor que el valor del ahorro. Seguramente, cuando estamos hablando de los sectores de hidrocarburos y de minería, el ahorro por la vía de no pagar los parafiscales y los aportes a salud va a ser mucho menor que el impuesto.

R.I.: ¿Se formulan cambios importantes en relación con el concepto de residencia?

C.M.L.: La propuesta es básicamente para personas naturales. Hay un avance, porque la norma que hoy define residencia en Colombia está pésimamente concebida, se presta para muchas inequidades y está por fuera de lo que ocurre en el mundo, con respecto a ese concepto. En términos generales, está bien concebido y es un cambio útil.

R.I.: ¿Qué puede comentar acerca de otras medidas que afecten a las empresas?

C.M.L.: En general, en materia de reorganizaciones empresariales, se establecen requisitos para hacer más estricto darles un tratamiento tributario neutro a las fusiones y las escisiones. Las normas vigentes dicen que una fusión y una escisión no generan impuesto de renta en Colombia. Al establecerlo así, de manera plana, la fusión y la escisión han sido mecanismos para crear estructuras tributarias, dentro del marco legal, que permiten ahorros tributarios muy importantes a los contribuyentes, en detrimento del recaudo del fisco. Las nuevas normas proponen que para considerar neutra una fusión o una escisión, es decir, para que no produzca un impacto fiscal, se ha de cumplir una serie de requisitos; son bastantes y muy estrictos, de tal suerte que si no se cumplen, la fusión y la escisión no serán neutras y generarán impuesto de renta. La medida puede producir recaudo.

R.I.: ¿Se plantean modificaciones en lo pertinente a precios de transferencia?

C.M.L.: Las normas vigentes parten del supuesto de que solo aplican precios de transferencia cuando la transacción es entre una compañía que está en Colombia y un vinculado que se localiza en el exterior. Las normas que se proponen buscan incrementar su radio de acción. Por ejemplo, si una compañía que está en una zona franca de Colombia —que tiene un régimen especial, porque paga 15% de impuesto de renta— hace una transacción con otra empresa que no está en la zona franca, así no sea su vinculado, debe mostrar que esa transacción está a valores de mercado. Se busca que el fisco cuente con herramientas para que las transacciones se hagan a valores de mercado y que se pague el respectivo impuesto. Los precios de transferencia quedan incorporados en todo tipo de transacciones entre vinculados del exterior y vinculados en Colombia.

R.I.: ¿Qué novedades se incluyen en relación con el impuesto sobre las ventas (IVA)?

C.M.L.: Nos encontramos con que pasamos de nueve tarifas a tres: cero, 5% y 16%. Esa simplicidad es útil. Se crea el impuesto al consumo como un elemento para ayudar a equilibrar la carga tributaria en aquellos casos en que el IVA se baja del 25% al 16%, o del 35% al 16%, que son consumos suntuarios.

R.I.: ¿Qué otros aspectos del IVA le llaman la atención?

C.M.L.: No tiene sentido gravar la medicina prepagada. Tenemos problemas para financiar el sector de la salud; quienes cancelamos medicina prepagada la usamos, no recurrimos al servicio de salud de las empresas promotoras de salud, con lo cual le estamos ahorrando dinero al sistema. Entonces, por qué razón castigar ese servicio con IVA. El Estado debe incentivarla y la forma de hacerlo es, por lo menos, no gravándola con el 16%. Me sigue perturbando el hecho de que la tarifa general del IVA sea el 16%, aunque para la telefonía móvil es del 20%. Se supone que las tarifas por encima de la general lo son porque corresponden a bienes suntuarios que consumen quienes tienen mayor capacidad de pago. Pero en Colombia un teléfono celular lo tiene todo el mundo, desde hace tiempo. Hoy, no se justifica una tarifa del 20% del IVA, una tarifa mayor que la general, sobre un servicio que es de primera necesidad.

R.I.: ¿Cómo ve las iniciativas en contra de la evasión y de la elusión?

C.M.L.: Evidentemente, las normas de precios de transferencia son un instrumento para luchar contra la evasión y la elusión del impuesto de renta. Pero hay una medida definitiva en ese sentido: se introduce lo que se llama abuso en materia tributaria. Es una propuesta bastante compleja que, incluso trae unas presunciones de abuso que ameritaría ver si son violatorias del principio de buena fe. Creo que es un instrumento útil, pero el tema va a generar discusión.

R.I.: ¿Qué pasa en el proyecto de reforma tributaria con la estabilidad jurídica?

C.M.L.: Se deroga. La seguridad jurídica es algo deseable por todo contribuyente. La Ley 963 del 2005 fue concebida de una manera en la cual la prima que se debía pagar por la estabilidad era demasiado baja. En Colombia hubo estabilidad tributaria hace 15 años; se pagaban dos puntos adicionales del impuesto de renta. Pero cuando se establece una prima que es un porcentaje pequeño de lo que se va a invertir, y se determina que esa prima significa la estabilidad para toda la empresa y no para el proyecto en el cual se invierte, si tengo una sociedad con 100 negocios e invierto en uno solo, me da estabilidad para todos. Pagar por la estabilidad, sobre todo en materia tributaria, tiene sentido en la medida en que el precio y el beneficio guarden alguna correlación. Me parece que esa norma no lo permitía.