“La dictadura de Uruguay no privatizó la seguridad social como Pinochet en Chile”

Revista Nº 195 Mayo - Jun. 2016

A pesar de que la nación suramericana vivió una dictadura militar de derecha entre 1973 y 1985, el régimen mantuvo el predominio histórico del Estado en la institucionalidad de la seguridad social.

Entrevista Realizada a Ernesto Murro 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay 

En entrevista con la REVISTA ACTUALIDAD LABORAL, Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, cuyo gobierno de izquierda democrática transita actualmente por su tercer periodo presidencial, describió la estrategia que se ha empleado durante los últimos años para incorporar a la seguridad social a 500 mil trabajadores que representan la tercera parte de la población económicamente activa de la nación. El alto funcionario participó en el seminario iberoamericano sobre protección social para la paz con énfasis en población rural, realizado en Bogotá por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el Ministerio para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad en febrero del2016.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Por qué el ministerio que usted lidera integra los aspectos de trabajo y de seguridad social?

Ernesto Murro: hace muchos años que es así. Uruguay tuvo doce años de dictadura entre 1973 y 1985; desde este último año retomó la democracia y hace 30 años que el ministerio es de Trabajo y Seguridad Social. La reforma constitucional fue en 1967, pero esa Constitución se aplicó muy poco tiempo, porque la dictadura no lo hizo.

A. L.: ¿Quisieron incorporar esas dos materias en un solo ministerio?

E. M.: sí. Nosotros entendemos que, estratégicamente, es correcto para Uruguay. Cada país debe construir su organización, sus políticas públicas, sus instituciones; en Uruguay creemos que eso es lo correcto. También, a partir del 2005 creamos el Ministerio de Desarrollo Social que aplica las políticas sociales asistenciales para la situación de las personas pobres, pero además atiende otras políticas transversales como son las de infancia, juventud, discapacidad, género. Ese ministerio fue creado especialmente por nuestro gobierno, en lo inmediato, para atender la gravísima situación de crisis, de pobreza, que tenía el país en ese momento, pero también pensando a futuro en un ministerio de políticas sociales. Sin embargo, una cosa es lo que hace el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otra el Ministerio de Desarrollo Social. También existe el Ministerio de Salud que atiende los temas de este campo. Tenemos asimismo el sistema nacional integrado de salud del Uruguay que está asociado a la seguridad social. Por eso, reitero, cada país debe construir sus políticas públicas y sus instituciones.

A. L.: ¿Su ministerio solamente tiene a cargo los asuntos de trabajo y de seguridad social en cuanto a pensiones?

E. M.: en el 2008 creamos el sistema nacional integrado de salud que en el mes de julio del 2016 cumple una etapa trascendente, porque casi la totalidad de los sectores de población que aún no están integrados al sistema de salud se van a incorporar. O sea que es una reforma, pues en ocho años estaríamos culminando el proceso de inclusión de toda la población. Salud universal; ese es el objetivo. Y teniendo en cuenta que es un sistema donde cada persona aporta según sus ingresos, pero recibe una atención integral de salud a través de un prestador público o privado que él elija. Este es un sistema solidario, mixto, porque los prestadores pueden ser públicos o privados a elección del ciudadano. Y, por ejemplo, los que ganan más aportan más para que quienes ganan menos tengan el mismo derecho de aquellos. Yo recibo atención de salud en la misma institución que la recibe un trabajador de la construcción o una trabajadora doméstica. Y eso se hace a través de la seguridad social.

A. L.: ¿Cómo opera el modelo?

E. M.: la seguridad social recauda las contribuciones de salud, organiza la afiliación de la gente al sistema de salud, le paga a los prestadores públicos y privados mensualmente y eso ha significado, por un lado, una reducción de gastos de administración del sistema, porque no hubo que crear otro órgano administrador para el sistema de salud y, por otro, ha representado un estímulo a la afiliación a la seguridad social, porque mucha gente al ver que el sistema era económicamente conveniente, por el aporte según sus ingresos, se afilió a la seguridad social con el fin de obtener la atención de salud para su familia.

A. L.: Entonces, ¿la estructura institucional de la seguridad social es fundamentalmente pública?

E. M.: Uruguay es el país menos privatizado y el más estatista de América Latina; desde principios del siglo XX creó un estado muy fuerte, con empresas públicas muy sólidas en áreas sustantivas y luego vino la época neoliberal de los noventa; ahí se privatizaron algunas actividades, pero, fundamentalmente, los sistemas de protección social siguen siendo públicos, aunque también existe la participación privada, tanto en pensiones como en salud. Hay un rol muy fuerte del Estado; es rector, recaudador, fiscalizador, es prestador de servicios en competencia con el sector privado y este es el sistema que nos hemos dado los uruguayos.

A. L.: ¿Mantener el predominio estatal en la seguridad social es una herencia de la dictadura?

E. M.: no. El sentimiento estatista del Uruguay se extiende a muchas áreas. Por ejemplo, en el 2004 resolvimos que el agua potable era del Estado y eso lo decidimos por un plebiscito. En 1992 se hizo otro y rechazamos, con el apoyo del 80% de la población, que se privatizaran empresas públicas. Es decir, no es algo que solamente arranca a principios del siglo XX, sino que a fines del siglo XX y principios del siglo XXI la sociedad critica al Estado, pide un Estado eficiente, pero quiere al Estado. Por eso Uruguay es el país menos privatizado y más estatista de América Latina.

A. L.: ¿Qué instituciones de seguridad social heredaron de la dictadura?

E. M.: la dictadura duró doce años y a diferencia de otros países de América Latina no privatizó la seguridad social como sí lo hizo Pinochet en Chile. La creación del régimen mixto de pensiones, donde el trabajador aporta un 15% de su salario y aproximadamente el 7,5% va al sistema público y el 7,5% al sistema de ahorro individual es una ley de 1996. El 7,5% que aportan los empresarios va todo al sistema público y esto hace que el sistema sea fundamentalmente público. Hoy, por ejemplo, el sistema de pensiones paga una pensión mínima de 270 dólares que la cobra el 20% de los pensionados, el 80% de estos cobran más que eso; un promedio de 500 dólares con un tope de 1.800 dólares, en el sistema público, y en el sistema privado, la parte de capitalización es lo que dé (el ahorro voluntario del trabajador) que complementa lo que otorga el sistema público. Se ha estimado que los pensionados de este sistema mixto, en promedio, van a estar recibiendo un 70% de pensión pública y un 30% por ahorro individual.

A. L.: ¿Es decir que el sistema pensional es sostenible?

E. M.: sí, pese a que el sistema público recibe menos recursos, porque antes el sistema público recibía todos los aportes de los trabajadores, ahora recibe la mitad. Anteriormente los empresarios aportaban el 13,5% (del salario de un trabajador), ahora aportan el 7,5%. Pese a eso el déficit del sector público se ha eliminado y eso se logró fundamentalmente por un trabajo muy intenso que se hizo en estos últimos diez años, durante los cuales logramos incorporar 500 mil personas a la seguridad social. Uruguay es un país de 3.300.000 habitantes: la población económicamente activa es de 1.650.000 y en diez años incorporamos 500 mil a la seguridad social que no estaban. Ese fue un gran logro. Eran de la economía informal y de nuevos puestos de trabajo que se crearon. El desempleo bajó a la mitad. Tuvimos desempleo de 15 y 20%; hoy estamos en el 7,5%. La pobreza bajó del 40 al 9%. Y eso se logró en estos diez u once años que llevamos de gobierno. Habría que hacer una reflexión: Uruguay fue gobernado, históricamente, por el Partido Colorado y el Partido Blanco, pero, fundamentalmente, por el Colorado. Y tenemos un gobierno de izquierda desde el 2005, que es una coalición de partidos de izquierda y de otros sectores y que viene gobernando por tercera vez consecutiva. Llevamos el primer año del tercer gobierno; los tres periodos con mayoría parlamentaria y este ha sido un cambio histórico muy importante en el país.

A. L.: ¿Cuál fue la estrategia para incorporar esas 500 mil personas a la seguridad social?

E. M.: fue diversa. Acciones, por un lado, de sensibilización, de conciencia, de trabajo con los gremios empresariales y de trabajadores. Enseñar seguridad social desde la escuela primaria; cada niño tiene un manual de seguridad social, al igual que cada alumno de la enseñanza media. Leyes que le permitieron a la gente acceder a beneficios. Uruguay era muy exigente en cuanto a la pensión; hasta el 2009 pedía 35 años de cotización y ese año bajamos a 30 años de cotización y creamos otras flexibilidades. Las mujeres computan un año de trabajo por cada hijo. Entonces, si tienen, por ejemplo, tres hijos, computan tres años de trabajo para la jubilación. El hecho de que para la familia de los trabajadores sea económicamente conveniente que se afilien al sistema de salud, pero para hacerlo tengan que estar afiliados a la seguridad social también ayudó a aumentar la afiliación. Estimamos que de esos 500 mil que incorporamos a la seguridad social, en diez años, unos 150 mil vinieron traídos de la mano de los hijos por el sistema de salud.

A. L.: ¿Pero también se cotiza al sistema de salud?

E. M.: sí, el trabajador cotiza 4,5% del salario, si no tiene hijos; 6% con hijos; 8% con cónyuge y el empresario cotiza 5%.

A. L.: ¿O sea que están financiados los dos sistemas, el de salud y el de pensiones?

E. M.: en forma bipartita, el Estado financia salud y pensiones. Uruguay tiene una importante inversión en seguridad social, por ejemplo, estamos hablando de diez puntos del producto interno bruto (PIB), y una importante inversión en salud de otros diez puntos del PIB. Tenemos la decisión política de invertir en protección social.

A. L.: ¿Qué otras acciones innovadoras ha emprendido el Gobierno?

E. M.: creamos el monotributo para los trabajadores cuentapropistas de bajo ingreso que nos ha permitido incorporar, en estos diez años, 35 mil personas que no estaban en la seguridad social.

A. L.: ¿Cuándo adoptaron esa medida?

E. M.: en el 2007. En Uruguay hay registradas, en la seguridad social, 250 mil empresas que son una cantidad importante en una población de tres millones de habitantes. De esas 250 mil empresas, 35 mil son monotributarias, o sea que son trabajadores por cuenta propia de bajos ingresos. Esos trabajadores aportan 40 dólares por mes y van a jubilarse con 270 dólares de pensión.

A. L.: ¿Cuál acción adicional del Gobierno destaca?

E. M.: la otra gran reforma fue la laboral. Y arranca en el 2005 partiendo de la base de que en Uruguay la negociación colectiva por rama de actividad es obligatoria para todos los sectores, públicos y privados. Hay negociación colectiva para el sector rural, para las trabajadoras del hogar y para todos los sectores y la negociación principal es por rama, no por empresa. Por ejemplo, en el 2015 funcionaron 65 grupos de negociación colectiva y en el 2016 van a operar 200 grupos tripartitos. De los 65 grupos que funcionaron, en el 2015, en 42 hubo acuerdo tripartito (empresarios, trabajadores y Gobierno), en siete hubo acuerdos bipartitos (empresarios y trabajadores). Y hubo doce donde el Gobierno votó por los empresarios, porque también se puede dar eso. Y luego hubo algunos en que el Gobierno votó por los trabajadores. Pero lo que ahí se resuelve es obligatorio para todo el mundo.