¿La tributación de un grupo ‘holding’ es equitativa en Latinoamérica?

Revista Nº 166 Jul.-Ago. 2011

Javier Nelson Rojas 

Enviado especial 

La modernización de la legislación tributaria y de los mercados de valores, al igual que la intensificación del intercambio comercial con el mundo, han despertado el interés de los inversionistas internacionales por establecerse en Latinoamérica bajo la modalidad de holding, esquema definido como una “sociedad financiera que posee o controla la mayoría de acciones de un grupo de empresas”.

En el III Encuentro regional latinoamericano de tributación internacional IFA 2011, realizado en mayo pasado en Bogotá, varios analistas hablaron del tema en el contexto latinoamericano. Al respecto, Eliana Sartori, experta uruguaya en asuntos tributarios, recuerda que el sistema tributario de su país tuvo una reforma estructural en el 2006, que comenzó a regir en julio del 2007. Sostiene que una de las modificaciones más importantes fue la reinstauración del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), derogado en 1974 y a cambio del cual se creó el impuesto a la renta de los no residentes (IRNR).

Sin embargo, precisa que Uruguay sigue siendo uno de los pocos países fieles al sistema de imposición territorial en materia de gravamen de las rentas empresariales. En consecuencia, tanto el tributo de las entidades residentes, denominado impuesto a la renta de las actividades económicas (IRAE), al igual que el IRNR y el impuesto al patrimonio (IP), gravan las rentas de fuente uruguaya y los bienes situados en el país, sin tomar en cuenta el domicilio, la residencia o la nacionalidad de las personas o de las entidades beneficiarias de la renta o titulares del patrimonio.

Señala que la reforma avanzó en la modernización del sistema tributario, con el fin de adaptarlo a las prácticas internacionales en la materia, y reconoce, entre sus modificaciones más relevantes, las siguientes: la eliminación del régimen de sociedades anónimas financieras de inversión (SAFI); la introducción de normas de precios de transferencia que siguen los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco­nómicos (OCDE), la cual reforzó la aplicación del principio de precio de mercado (arm´s length) que ya contemplaba en el sistema tributario uruguayo; la creación de un impuesto global a las rentas de fuente uruguaya obtenidas por no residentes (IRNR), con tasas proporcionales de hasta 12%, y la creación de un impuesto global a las rentas de fuente uruguaya de las personas físicas residentes (el IRPF).

Sartori advierte que la expresión “organización holding” no tiene connotación jurídica en el ordenamiento tributario uruguayo. La alusión a una organización holding debe entenderse como “una entidad cuya actividad principal es la tenencia y administración de participaciones en el capital de otras entidades”.

Recuerda que las SAFI (reguladas por la Ley 11073 de 1948) fueron sociedades anónimas uruguayas, cuya actividad principal consistía en realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o de terceros o para estos, inversiones fuera de Uruguay en títulos, bonos, acciones, créditos a largo plazo, letras, bienes muebles o inmuebles, operaciones que eran compatibles con la realización de actividades comerciales en el exterior.

Estas sociedades fueron muy utilizadas para el desarrollo de actividades comerciales y de inversión en el ámbito internacional. El régimen tributario de excepción de las SAFI fue eliminado por la reforma tributaria ya mencionada (L. 18083/2006), debido a que tales sociedades fueron objeto de críticas en el ámbito internacional por estar sujetas a un régimen tributario de excepción (un único impuesto de tres por mil sobre el monto de su capital) y por tener como propósito exclusivo su actuación fuera de Uruguay (offshore). A partir de julio del 2007, no se pudieron volver a constituir nuevas SAFI y las existentes debieron adecuarse al régimen tributario general desde enero del 2011.

Según la consultora tributaria uruguaya Milagros Acosta, debido a la evolución de las prácticas internacionales y ante los inconvenientes señalados para las SAFI, la aplicación de estrategias corporativas de planificación fiscal a través de Uruguay ha continuado, pero mediante el uso de ve­hículos societarios alternativos que brindan neutralidad tributaria a las inversiones fuera de Uruguay, en virtud de la aplicación del principio de la fuente. Esos vehículos, obligados al pago de impuestos, pueden adoptar diversas formas jurídicas, tales como sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita, mientras que las SAFI debían adoptar la figura de sociedad anónima.

Espectro de acción

Otra ventaja de aquellos esquemas frente a las SAFI se basa en que su objeto social les permite adelantar actividades en el país, por lo cual pueden actuar en diversas áreas de la economía, no solo en la ejecución de inversiones. “La derogación del régimen de las SAFI no le quitó competitividad a Uruguay como jurisdicción para radicar y administrar inversiones, sino que la mejoró, al hacerla compatible con prácticas internacionales de mejor administración y transparencia”, asegura Eliana Sartori.

Asevera que son sujetos pasivos del impuesto a las actividades económicas (IRAE), entre otros, las sociedades residentes en Uruguay con o sin personería jurídica. Según la normativa tributaria, no estarán gravadas las rentas obtenidas por inversiones fuera de Uruguay, pues solo se consideran de fuente uruguaya las utilidades provenientes de actividades desarrolladas y de bienes situados o de derechos utilizados económicamente en el país, con independencia de la nacionalidad, el domicilio o la residencia de quienes intervengan en las operaciones y del lugar de celebración de los negocios jurídicos.

Sartori anota que la renta derivada de la inversión en participaciones de capital, actividad central del holding, se entiende localizada en el lugar de emisión de dichas participaciones. No obstante, si como actividad complementaria a la principal de tenencia de valores el holding aprovechara los flujos de fondos recibidos de las empresas en las que tiene participación para otorgar financiamiento intragrupo, aun en ausencia de norma específica al respecto, la doctrina uruguaya ha interpretado que las rentas derivadas de créditos o préstamos se localizan en el domicilio del deudor, por lo cual, la actividad de financiamiento intragrupo se favorece con rentas no gravadas en cabeza del holding.

Con relación a las rentas provenientes de la inversión en otra sociedad uruguaya, las normas del impuesto a la renta de las actividades económicas (IRAE) prevén la exoneración de los dividendos o utilidades y de las variaciones patrimoniales derivadas de la tenencia de participaciones de capital por parte de los contribuyentes del impuesto.

Sin embargo, la exoneración no comprende las rentas originadas en la enajenación de participaciones en el capital de otras sociedades residentes, las cuales son computables para determinar el resultado fiscal de la sociedad vendedora que, en caso de ser positivo, resultará gravado a la tasa general del 25%.

En lo pertinente a los demás impuestos uruguayos que aplican a las actividades empresariales de las personas jurídicas, ni el impuesto al patrimonio ni el IVA inciden en estructuras de holding, sin tomar en cuenta si la sociedad uruguaya invierte en otras entidades constituidas en el país o en el exterior. Las participaciones en otras sociedades uruguayas tampoco son gravadas, no por aplicación del principio de la fuente, sino porque existe una exoneración expresa para estas, aunque se consideran activos sujetos al impuesto de patrimonio.

“Si bien esto es así respecto a la incidencia de este impuesto sobre los activos que integran el patrimonio del holding, debe tomarse en cuenta que este impuesto en ocasiones incide sobre los saldos adeudados a personas físicas o jurídicas no residentes, los que se consideran situados en Uruguay”, apunta la experta uruguaya Milagros Acosta.

Aclara que las normas disponen que la entidad deudora, en su calidad de sujeto pasivo del IRAE, retenga el impuesto al patrimonio que recae sobre los créditos que los no residentes mantengan con aquella al término de diciembre de cada año, salvo que se trate de saldos relacionados con precios de importaciones o de préstamos o de depósitos, rubros exentos del impuesto al patrimonio. En el caso de los acreedores reconocidos como persona jurídica, la tasa de la retención es del 1,5%, mientras que en lo concerniente a personas físicas, el gravamen se calcula aplicando tasas progresivas hasta de 1,8%, que pueden reducirse gradualmente hasta 0,10%.

Alcance tributario

Por su parte, el IVA grava, entre otras operaciones, la circulación interna de bienes y la prestación de servicios dentro del territorio uruguayo, con independencia del lugar donde se celebró el contrato y del domicilio, residencia o nacionalidad de quienes intervengan en las operaciones. La percepción de dividendos y ganancias de capital (rentas recibidas típicamente por una entidad holding) no se encuentran dentro del tipo de operaciones sujetas a este impuesto indirecto. Adicionalmente, el IVA también adopta el criterio de territorialidad, por lo cual los ingresos que un grupo holding obtenga por inversiones localizadas en el exterior no estarán sujetos a este impuesto.

Respecto a otros tributos, Acosta señala que si bien no existen en Uruguay gravámenes sobre la contribución inicial o sobre los aumentos posteriores de capital (conocidos internacionalmente como capital duty), en la “medida en que la entidad holding uruguaya adopte la forma jurídica de sociedad anónima, le será aplicable un impuesto de poca relevancia económica, denominado impuesto de control de las sociedades anónimas, el cual debe tributarse” en el momento de la constitución de la persona jurídica y al cierre de cada ejercicio fiscal. El monto de este tributo no guarda relación con el valor del capital efectivamente aportado, sino que se calcula sobre un importe fijo que se ajusta periódicamente.

En lo pertinente a la financiación del holding con fondos propios (provenientes del mismo grupo empresarial), Sartori recalca que no existen reglas para evitar la subcapitalización, ni impuestos que graven el ingreso o salida de fondos en Uruguay; la eficiencia tributaria de la financiación con préstamos o capital, en general, depende de la deducibilidad de intereses para el cálcu­lo de la renta gravada en cabeza de la sociedad deudora, y de la retención por impuestos aplicable a los intereses abonados al acreedor.

Explica que en el caso de un holding que obtenga una gran proporción o la totalidad de sus rentas de fuente extranjera, los intereses pagados no serán deducibles (todos o parte), dado que el principio general de deducción de gastos indica que estos tienen que ser necesarios para la generación de rentas gravadas. En cuanto a las retenciones de impuestos, si el acreedor fuese local, estas no aplicarían, mientras que si fuera no residente, los intereses abonados resultarían exentos del impuesto a la renta de los no residentes (IRNR), en tanto que los activos del holding estén afectados por la obtención de rentas no gravadas por el IRAE en un porcentaje superior al 90%.

Eliana Sartori afirma que de acuerdo con lo dispuesto en los convenios para evitar la doble imposición, recientemente suscritos con México, España, Portugal y Alemania (se renegoció), los dividendos que fueran remitidos, con cargo a rentas gravadas por el IRAE en cabeza del holding, a sus socios o accionistas mexicanos, españoles, portugueses o alemanes, la tasa de retención aplicable se reduce del 7% al 5%.

Así mismo, “en el caso de España, si el capital del holding perteneciera en más de un 75% a una sociedad residente en España, la retención sobre dividendos se elimina. En cuanto a las ganancias de capital que obtuviese el socio o accionista residente en cualquiera de estas jurisdicciones por la enajenación de sus participaciones en el capital de la sociedad uruguaya, la potestad tributaria exclusiva es del estado de residencia, no pudiendo Uruguay aplicar el impuesto a la renta de no residentes (IRNR), a la tasa efectiva del 2,4%, en caso de transferencia de participaciones nominativas”.

Por otra parte, el especialista peruano en derecho tributario José Chiarella, afirma que a diferencia de otras jurisdicciones de Latinoamérica, la legislación impositiva peruana no contiene disposiciones específicas que promuevan la constitución o el establecimiento de sociedades holding en ese país. Sin embargo, existen normas en la legislación interna, así como algunas recogidas en los tratados para evitar la doble imposición celebrados por Perú, que introducen una serie de matices al respecto.

Chiarella asegura que conforme a la ley del impuesto a la renta, en el caso de los “contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae solo sobre las rentas gravadas de fuente peruana”. Otro aparte de la ley dispone que “se consideran domiciliadas en el país las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el Perú de personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país, en cuyo caso la condición de domiciliados alcanza a la sucursal, agencia u otro establecimiento permanente, en cuanto a su renta de fuente peruana”.

Baraja de beneficios

El asesor peruano sostiene que esta determinación legal resulta de sumo interés, ya que al amparo de dichas normas y en caso de que la sucursal local de una persona jurídica no domiciliada perciba rentas de fuente extranjera, estas no se encontrarían sujetas al impuesto a la renta en Perú.

En tal sentido, sigue el experto, una alternativa de planificación fiscal a evaluar por un grupo holding involucraría la posibilidad de establecer una sucursal en Perú que generara rentas que calificaran como de fuente extranjera desde la perspectiva local y que, al mismo tiempo, pudiera beneficiarlo de un convenio, para evitar la doble imposición, celebrado por el estado en donde resida su casa principal.

Por ejemplo, anota Chiarella, si se considera que España tiene una de las redes de convenios de doble imposición (CDI) más extensas con los países de Latinoamérica, una sociedad española podría establecer una sucursal en Perú como plataforma para realizar actividades vinculadas a la tenencia de valores emitidos por otras sociedades latinoamericanas, licenciar propiedad intelectual y otorgar financiamiento a personas residentes en el resto de los países de la región.

A modo de resumen, Chiarella asegura que “los dividendos y ganancias de capital provenientes de inversiones en sociedades no domiciliadas en Perú, que se atribuyan a la sucursal peruana, no están gravados en Perú”.

“En el caso de nuestro país, se encuentran actualmente vigentes CDI bilaterales con Brasil, Canadá y Chile. Por su parte, también está en vigor un CDI multilateral entre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), aprobado mediante Decisión 578 del Acuerdo de Cartagena”, acota el experto peruano.

Precisa, en lo atinente al convenio de doble imposición firmado con Brasil, que si la sociedad peruana controla al menos el 10% del derecho a voto de la sociedad brasilera, Perú debe reconocerle a la primera un crédito de impuestos indirecto por el monto del impuesto a la renta que pague la sociedad brasilera en su país de origen, por lo que se reduciría el impacto fiscal en Perú. Sin embargo, las ganancias de capital que obtenga la sociedad peruana al enajenar sus acciones de la sociedad brasilera podrían someterse a imposición tanto en Brasil como en Perú.

De otro lado, con base en el tratado para evitar la doble imposición suscrito entre Perú y Chile, Chiarella explica que el primer país debe reconocerle a la sociedad peruana un crédito indirecto por el impuesto a la renta que pague en Chile una empresa chilena, por lo cual esta no tendría mayor impacto fiscal en Perú. No obstante, advierte que las ganancias de capital que obtenga la sociedad peruana al enajenar sus acciones en la compañía chilena podrían quedar sometidas a imposición en ambas naciones.

Con relación a la Decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones, asevera que los dividendos y las ganancias de capital percibidos por una compañía peruana, provenientes, por ejemplo, de la inversión en una sociedad colombiana, únicamente podrían someterse a imposición en Colombia. Chiarella agrega que en la legislación tributaria peruana no existen reglas sobre sociedades extranjeras controladas que “obliguen a personas domiciliadas en el Perú a reconocer dentro de su renta gravada, las utilidades de sus subsidiarias en el exterior, sino hasta el momento en que estas sean distribuidas”.

Carga impositiva

Chiarella expresa que, por regla general, las rentas obtenidas por sociedades domiciliadas en el Perú están sujetas a una tasa del 30% de impuesto a la renta, cuando se trata de personas jurídicas. Entre tanto, los dividendos y otras formas de distribución de utilidades se gravan con un 4,1% adicional del impuesto a la renta cuando se pagan a personas naturales, domiciliadas o no en Perú, y a personas jurídicas no domiciliadas.

Por otro lado, anota que el tratamiento tributario de los ingresos generados por la venta indirecta de acciones fue determinado en Perú por la Ley 29663, que entró en vigencia el 16 de febrero del 2011. “A partir de dicha fecha, las personas no domiciliadas que transfieran acciones de sociedades también no domiciliadas y que, como resultado de ello enajenen, indirectamente, acciones emitidas por sociedades domiciliadas en el Perú, podrán encontrarse gravadas con el impuesto a la renta peruano, de cumplirse ciertas condiciones”. Todavía no se han proferido las normas reglamentarias de esa ley, por lo que subsiste un sinnúmero de vacíos y problemas que hacen prácticamente imposible su aplicación.

Antes de la Ley 29663, solo se consideraban como de fuente peruana las rentas provenientes de la venta directa de acciones emitidas por sociedades domiciliadas en el Perú, de propiedad de personas no domiciliadas. A partir de febrero del 2011, el concepto de rentas de fuente peruana se ha ampliado a fin de incluir en aquel, las provenientes de la venta de acciones emitidas por sociedades no domiciliadas en el Perú, cuando el valor de mercado de estas se sustente, principalmente (50% o más), en acciones emitidas por sociedades domiciliadas en el Perú.

La enajenación indirecta puede verificarse mediante dos supuestos: primero, la sociedad no domiciliada, cuyas acciones se transfieren, participa directamente en una sociedad peruana. Y, segundo, esa misma sociedad no domiciliada participa por intermedio de terceros en una empresa peruana. La condición para que la venta indirecta de acciones emitidas por sociedades no domiciliadas esté gravada en el Perú es que el valor de mercado de estas, en cualquiera de los 12 meses anteriores a la enajenación, se derive en 50% o más del valor de mercado de acciones emitidas por sociedades domiciliadas en el Perú, puntualiza Chirella.

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Según, Mario Silva, especialista chileno en asuntos tributarios, antes de que una firma holding se establezca en un país le conviene verificar si este tiene tratados de protección a las inversiones con el país inversor. Así mismo, considera importante revisar los tratados para evitar la doble imposición que haya suscrito esa nación, pues constituyen instrumentos óptimos para proteger la inversión. También recomienda averiguar sobre la posibilidad de firmar acuerdos de estabilidad jurídica entre la compañía holding y las autoridades pertinentes.

Recuerda que en Chile se dictó el Decreto-Ley 1600, en la década de los setenta, que rige en la actualidad y que ha sido una buena experiencia, “en el sentido de que las empresas inversoras firman un convenio de estabilidad jurídica con Chile, de manera tal de que hay certeza de que las reglas para esa inversión no se van a cambiar. Se entregará una invariabilidad tributaria, en principio, por 10 años, y en algunos casos de inversiones superiores, hasta por 20 años”.

Silva comenta que la legislación tributaria de Chile permite optimizar el tratamiento tributario de las inversiones allí localizadas. El país tiene una estabilidad jurídica institucional con larga trayectoria y un régimen económico que lleva más de 30 años. “Ha pasado por los más diversos colores políticos y todos ellos han continuado” por la misma senda en materia económica. Recalca que el marco tributario fue establecido a comienzos de la década de los ochenta y con algunas modificaciones ha seguido vigente.

En cuanto a otras ventajas para la localización de una firma holding, acota que Chile tiene tratados de libre comercio con EE.UU. y la Unión Europea vigentes desde hace bastante tiempo. Y cuenta con tratados para evitar la doble imposición con la mayoría de los países de Latinoamérica, al igual que con varias naciones europeas. Comenta que recientemente se suscribió un tratado para evitar la doble tributación con EE.UU., que todavía no está en vigencia.

Obstáculos salvables

“Tenemos una legislación especial para plataformas de inversión (holding) que existe hace varios años, pero que se ha desarrollado muy poco, a pesar de que brinda beneficios muy favorables”, afirma Silva. Reconoce que uno de los principales inconvenientes ha sido la dificultad para armonizar los principios contables de las filiales extranjeras con los principios contables que rigen en Chile. Aunque tal dificultad todavía existe, Silva comenta que esta tiende a desaparecer a raíz de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera por parte de la legislación chilena.

Con relación a los requisitos para establecer un holding en Chile, Silva señala que debe ser una sociedad anónima abierta o cerrada, pero que quede sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de Valores de Chile. La mayor parte del capital tiene que ser de origen extranjero, en dinero o en acciones. Se exige una relación entre deuda y capital de uno a uno, en el caso de que todos los inversionistas sean extranjeros, y de tres a uno entre aquellos rubros, si existen accionistas chilenos, “pero estos no pueden tener una participación importante en la sociedad”. El objeto del holding solamente puede ser el de realizar inversiones, aunque le puede prestar servicios remunerados a las otras entidades filiales en el exterior.

Asegura que estas plataformas especiales de inversión se consideran no domiciliadas en Chile. Por lo tanto, todas las utilidades procedentes de otros países no tributan en este país, al igual que las remesas transferidas al exterior. Afirma que los dividendos pagados a los accionistas minoritarios chilenos, sí tributan.

Silva explica que en Chile se ha desarrollado últimamente la legislación interna en lo pertinente al reconocimiento de los impuestos pagados en el exterior, con un tope hasta del 30%: “Este sistema se modificó recientemente e incluso el crédito por el impuesto de renta pagado en el exterior sirve como crédito para la distribución y recepción de estas rentas por las personas físicas y, eventualmente, por accionistas extranjeros”.

Por ejemplo, si se recibe una renta desde Perú y se transfiere a Chile con los impuestos pagados en Perú, todos los impuestos cancelados allá cuentan como un crédito de impuestos en Chile. Si, además, una vez que llega a Chile esa renta se distribuye a un accionista en EE.UU., todos esos impuestos peruanos pagados en Perú operan como crédito para la remesa a EE.UU. hasta un monto del 30%. “Dado que nuestra tributación global es del 35%, en la práctica, en muchos casos, con una buena estructuración, se termina por pagar el 5%”, acota el asesor chileno.

En el caso de las plataformas holding, insiste Silva, los dividendos al exterior “simplemente no pagan” impuesto de renta. En otras palabras, “solo se tributa en Chile por las rentas de fuente chilena. La venta de acciones de estas sociedades plataforma no tributan en Chile, salvo por aquella parte proporcional de los accionistas minoritarios que pudieran ser contribuyentes chilenos, o si se le venden acciones a residentes en paraísos fiscales determinados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

“Si bien es cierto que estas sociedades plataforma se consideran como no domiciliadas en Chile para efectos de la tributación local, eso eventualmente no impide que se apliquen aquellos tratados para evitar la doble imposición vigentes, con lo cual, no obstante que esta sociedad plataforma no tribute en Chile, pero si recibe dividendos y participaciones de sus filiales en otras jurisdicciones, con las que Chile tienen tratados de doble imposición, podrían eventualmente utilizar esos créditos de impuestos”, anota Silva. Y agrega: “Salvo en el caso argentino en que hubo un pronunciamiento especial de la autoridad argentina, en que negó el tratado para evitar la doble imposición entre Chile y Argentina para efectos de la plataforma holding”.

No hay duda de que Latinoamérica adelanta un proceso acelerado de aprendizaje sobre las mejores prácticas internacionales de tributación, sin perder el derecho a definir modelos con características que se adecuen a su realidad económica, con el fin de consolidarse como una región atractiva para la inversión extranjera en todas sus modalidades, incluso la figura de holding.