¿Principio de proporcionalidad de la pena?

Revista Nº 41 Oct.-Dic. 2012

Jaime Camacho Flórez 

Profesor Universitario 

(Colombia) 

Sumario

La tendencia legislativa en materia punitiva, se ha encaminado en los últimos tiempos a una desmedida e injustificada avalancha de aumentos punitivos; ajenos a estudios y consideraciones propias de la proporcionalidad de la pena con relación al delito cometido. El presente trabajo efectúa un estudio completo de las reformas punitivas en Colombia, destacando el impacto y las consecuencias que las mismas suponen sobre el inquebrantable principio de proporcionalidad de la pena, que parece desdibujarse con el paso del tiempo al capricho del legislador.

Temas relacionados

Derecho penal general; teoría de la pena; principio de proporcionalidad de la pena.

Introducción

El décimo aniversario de la Revista Derecho Penal Contemporáneo que publica Legis coincide básicamente, con diferencia de un año, con la década de vigencia del Código Penal colombiano expedido en el año 2000, vigente a partir de mediados del 2001.

Propicia es entonces esa coincidencia temporal para dejar escritas algunas reflexiones específicas que han de entenderse inscritas en el marco más general de los debates contemporáneos que giran alrededor del significado mismo del derecho penal en las sociedades modernas, las categorías dogmáticas y sus contenidos, las relaciones con el derecho internacional público, las tendencias, los sistemas procesales, en fin, la especificidad no debe dejar perder el panorama.

Además, para el caso colombiano, el Código Penal que acaba de cumplir 10 años de vigencia, en su expedición se inspiró teóricamente en los principios anejos al llamado Estado social y democrático de derecho, concepción que permeó la redacción de las normas rectoras y entre estas, ya específicamente interesa el artículo 3.º relativo a la pena, que debe responder según la formulación a los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad.

Tales expresiones por sí mismas son problemáticas en cuanto admiten toda clase de debates sobre los conceptos mismos, sus contenidos y efectos en la interpretación de la estructura del delito, en ellas se condensa eventualmente buena parte del núcleo de la discusión política que está siempre detrás de las definiciones dogmáticas.

Las dificultades que el tema plantea, en el nivel propio de la hermenéutica jurídica, son ya de por sí suficientes para justificar el esfuerzo, pero aquellas se incrementan cuando se pretenden abordar principios rectores de la pena, como por ejemplo el de proporcionalidad, ya no solo por sus propios contenidos y significados teóricos, sino por la interferencia creciente de factores que vienen alterando totalmente la filosofía en la que se inspiraron las normas del Código Penal expedido en el año 2000.

Se trata de interferencias de variada índole, pero que se conducen generalmente por leyes, profusión de leyes no siempre lógicas, congruentes ni sistemáticas. Al momento de escribir estas líneas y habiendo entrado a regir el Código Penal colombiano en la mitad del año 2001 se cuentan alrededor de 36 reformas, más de 3 por año.

Admiración para quienes administran actualmente el sistema de hojas intercambiables de Legis por el esfuerzo nada fácil que ha de implicar mantener actualizada la obra en medio de tan vertiginoso contexto de producción legislativa y jurisprudencial, pero a la vez profundas inquietudes sobre la capacidad del sistema penal para asimilar tanta reforma y sobre los resultados sistémicos, en un balance imposible de obtener, si seguramente mañana o pasado mañana se contarán nuevas leyes reformatorias, en sucesión indefinida.

En este escrito, a manera de ejemplos de las crecientes dificultades, se desarrollan algunos relacionados únicamente con el principio de proporcionalidad de la pena en abstracto.

El sistema procesal

La asunción del principio de proporcionalidad de la pena, que aparece elevado a norma rectora en el Código Penal colombiano del 2000, supondría que todo cuanto influya jurídicamente en la calidad y cantidad de pena imponible, guarda relación directa con la entidad del delito cometido, tanto en abstracto (nivel legislativo) como en concreto (aplicación judicial) y de hecho, así lo concibió el legislador del 2000 que hizo un consciente esfuerzo por restablecerlo.

Paralelamente al proceso legislativo que dio lugar a la expedición del Código Penal del 2000, el sistema general viene siendo interferido por factores que influyen en la sanción, pero que no guardan relación con el delito cometido, al menos no directamente, sino que responden a razones de políticas criminales diversas y casi siempre instrumentales. Rebajas de pena por confesión, por delaciones o colaboraciones con la justicia, por aceptaciones de cargos que conducen a anticipaciones de la sentencia, hasta la instauración de un sistema procesal de corte acusatorio que quiere fundarse prácticamente en el plea bargain norteamericano.

Todo ello ha generado un desbalance en la realización del principio de proporcionalidad, en cuanto la pena resultante ahora no depende exclusivamente de su merecimiento, como tampoco encuentra límite en la culpabilidad, sino que suele ser el resultado de negociaciones entre Estado y ciudadano, de manera que el negociador más hábil o quien tenga más por ofrecer en términos de colaboración va a obtener penas menores, comparadas a las que se imponen a quien no quiso aceptar cargos o no se prestó a un preacuerdo con la fiscalía.

En ese plano la pena viene asumiendo una naturaleza cualitativa nueva y adicional, no prevista en el Código Penal sustancial, instrumento de cambio o pena mercancía, cuyo valor se relaciona con utilidades mutuas, el Estado ahorrando esfuerzos investigativos, probatorios o simplemente procesales, entregando como contraprestación por tales ahorros porciones de sanción en beneficio del condenado, independientemente de la magnitud del delito cometido. Es el mismo que ha sido impropiamente denominado derecho penal “premial”, como si se tratase de dádivas unilaterales o actos de generosidad estatal, cuando en verdad se trata de intercambios mutuamente productivos en los que el Estado utiliza la pena como “medio de pago”.

La cadena perpetua

Un segundo ejemplo de las dificultades crecientes lo suministra actualmente la cadena perpetua, prohibida por la Constitución colombiana desde hace más de un siglo, siguiendo una tradición humanista según la cual se entiende que se trata de una sanción indigna, asimilable a los tratos crueles e inhumanos a los que se refieren los tratados internacionales sobre derechos humanos. El Código Penal colombiano del 2000 inclusive rebajó la pena más alta de sesenta a cuarenta años de prisión, haciendo honor a la tradición, considerando que la primera cifra resulta violatoria del bloque de constitucionalidad, trato indigno inaceptable, de manera que sobre la segunda cifra estructuró tanto el principio de proporcionalidad como las funciones de la pena, específicamente la de reinserción social.

No se alcanzó a prever en el año 2000 que poco tiempo después el Estatuto de Roma, mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional habría de incluir la posibilidad de cadena perpetua, contradiciendo la tradición nacional. Y como Colombia incorporó a su legislación interna aquel tratado, por vía indirecta se rompió una tradición constitucional de prohibición de penas irredimibles.

Por eso no son extrañas, así resulte evidente su carácter “electorero”, las propuestas de referendos que buscan establecer esa clase de pena, solo que se buscan los delitos que en los discursos puedan llegar a las fibras emocionales de los votantes y nada mejor para ello que recurrir a las víctimas más vulnerables, las niñas y los niños. Independientemente de la modificación que el éxito de una propuesta de esa naturaleza implicaría en las concepciones de la pena y del principio de proporcionalidad, sí es claro que se afectaría irremediablemente por ejemplo si solo se aplica cadena perpetua al delito de violación sexual de niñas o niños con exclusión de todos los demás delitos.

En realidad obligaría, tarde o temprano, a rehacer todo el régimen de penas para todos los delitos, si se quisiera mantener un mínimo sistema razonable de proporcionalidad.

El concepto

Aunque la proporcionalidad aparece ligada al origen mismo del derecho penal como limitación originaria a la venganza, en cuanto principio jurídico es de raigambre racionalista, que busca establecer una especie de relación conmutativa o de equivalencia entre el daño causado (o la puesta en peligro) de los bienes jurídicos penalmente tutelados y la reacción punitiva, de manera que esta última no pueda excederlos, tanto en abstracto, en el nivel legislativo en el que se definen las penas imponibles para cada delito, como en concreto, en el nivel judicial, específicamente en el proceso de individualización de la pena.

Es esa la comprensión que se desprende de la exposición de motivos del proyecto de Código Penal que presentó la Fiscalía al Congreso colombiano en 1998, según las siguientes citas:

“el principio de proporcionalidad, entendido como la exigencia de adecuar la sanción penal realmente a la gravedad del hecho tipificado que se ha cometido”(1).

“El principio de proporcionalidad, que como se advirtiera, fluye de la idea de Estado de derecho, teniendo por lo tanto rango jurídico-constitucional, se concreta en el principio de ponderación de bienes que apunte a un adecuado equilibrio entre los intereses de protección estatales y los intereses de libertad del justiciable, planteamiento que involucra una prohibición de exceso”(2).

Sin embargo, más allá de su formulación, y superadas las etapas del derecho penal en las que el castigo podía asumir muy diversas formas y por tanto podía establecerse una clara relación de equivalencia entre bienes jurídicos afectados, a la manera de la Ley del Talión, “ojo por ojo y diente por diente”, desde el momento en que la sanción se torna homogénea, limitada a una o dos formas, toda reducción de equivalencia es más o menos arbitraria y depende en últimas del tipo de decisiones de aquellas que se suelen englobar bajo el rubro de “razones de política criminal”.

Porque en efecto, atendiendo tan solo consideraciones de lógica formal, la única manera de lograr una relación de proporcionalidad empíricamente verificable sería adaptando la naturaleza de la sanción a la de la agresión: vida por vida en el homicidio, patrimonio por patrimonio en el hurto y así sucesivamente. Pero cuando se torna necesario que la relación de proporcionalidad se haga comparando unidades de medida heterogéneas, a partir de ese momento se ingresa al muy amplio y oscuro espacio de las definiciones de “política criminal”, cuyos contornos y límites dependen de otros principios igualmente maleables, como por ejemplo, en el Código Penal, el de dignidad humana.

Así entonces, solamente a partir de un conjunto de decisiones políticas previas, en las que se resolvieron los debates fundamentales, es posible concretar el principio.

Por ejemplo, antes de cualquier posibilidad de valoración sobre la realización de la proporcionalidad, debe resolverse si hay pena de muerte, si hay cadena perpetua, si puede haber confiscación, por mencionar apenas los temas cruciales que en la tradición colombiana se han reservado a decisión del constituyente, porque de esas definiciones por supuesto dependerá todo el sistema punitivo en su conjunto, para efectos de determinar la “proporcionalidad” de los castigos para los diversos delitos.

En otro nivel, reservado generalmente a la ley, el referente necesario lo constituye la más intensa pena prevista porque esta determina el tope a partir del cual puede valorarse la manera como el principio se está realizando, en una determinada legislación.

Evidentemente, si la Constitución permitiese la pena de muerte y defiriese a la ley determinar los delitos a los cuales se puede imponer, todas las relaciones de proporcionalidad tendrían ese referente de manera que el legislador, al definir la procedencia de esa clase de pena marcará el tope para los delitos que considere más graves, con lo cual establece la primera y fundamental relación de proporcionalidad entre delito y pena, a partir de la cual se espera que se gradúen las sanciones correspondientes a los demás delitos en forma descendente, de acuerdo con las valoraciones sobre la entidad de los diversos intereses jurídicos protegidos.

Si, como ocurre en el sistema colombiano hasta ahora (porque al momento de escribir estas líneas se anuncian proyectos en contrario), se excluyen desde la Carta Política la pena de muerte, la cadena perpetua y la confiscación, a partir de esas limitantes el legislador debe definir la pena máxima, asignada a los delitos más graves, con lo cual marca el límite de realización del principio de proporcionalidad.

La inscripción de Colombia en la competencia del Tribunal Penal Internacional (Estatuto de Roma) motivó una reforma constitucional en nombre del progresismo, pero de un contenido claramente regresivo, porque supone la autorización de la cadena perpetua para los más graves delitos que se definan como de lesa humanidad y que sean de competencia de ese Tribunal Supranacional. Nuevamente “razones de política criminal”, esta vez impuestas por el proceso de globalización y en nombre de la protección a los Derechos Humanos o como desarrollo del Derecho Internacional Humanitario.

Solo que, si se sigue teóricamente la evolución de los principios penales y su reconocimiento doctrinal y jurisprudencial, ese “progreso” se haría a costa de los principios de dignidad humana, de proporcionalidad y de razonabilidad, es decir, contrariando abiertamente las bases filosóficas de nuestro sistema penal. Por supuesto, implica una profunda revaloración de los principios, funciones y fines de la pena, con efectos inevitables en el nivel interno porque impulsó un nuevo proceso de aumento general de las penas, justamente en nombre de la realización del principio de proporcionalidad.

Entonces, al margen de las intensas discusiones políticas o filosóficas que suelen girar en derredor del principio de proporcionalidad, en últimas siempre quedará reducido a las famosas razones de “política criminal”, como en efecto se constata en una panorámica revisión de la manera como en Colombia ha cambiado el tope máximo de pena imponible:

Constitución radical de 1863: máximo 10 años de prisión.

Código Penal de 1936: máximo 24 años de presidio.

Código Penal de 1980: máximo 30 años de prisión.

Ley 40 de 1993: máximo 60 años de prisión.

Código Penal del 2000: máximo 40 años de prisión.

Ley 890 del 2004: máximo 50 años para un delito y 60 para el concurso de delitos.

Y sigue contando... ¿90 años? ¿118 años? ¿236 años?...

En estos límites, que marcan la más intensa relación de proporcionalidad entre delito y pena, subyace además la valoración de bienes jurídicos tutelados, en cuanto la pena más alta se impone a los que se estiman más graves delitos y ha sido común a nuestra evolución histórica que sea el homicidio agravado el que genera la más intensa reacción punitiva.

Ley 40 de 1993

Factores coyunturales recientes sin embargo parecen haber modificado la relación de proporcionalidad, mutando el contenido sustancial del principio, primero, a través de normas excepcionales y ya de manera consolidada en la legislación ordinaria, a partir de la Ley 40 de 1993, conocida como “Estatuto Antisecuestro”, única de iniciativa popular que se ha aprobado por el Congreso colombiano.

Baste con recordar que el proyecto original de esa ley previó el aumento de penas únicamente para el delito de secuestro, de manera que su modalidad extorsiva y agravada, de haber sido aprobado, hubiese implicado penas para este delito sustancialmente superiores, hasta de 60 años, a la del homicidio agravado, tope anterior y general del Código Penal de 1980 vigente para ese momento, señalado en 30 años.

Mas como difícilmente las razones coyunturales de “política criminal”, en el esquema político vigente alcanzarían a legitimar la inversión valorativa implícita en el proyecto, que suponía castigar un delito diverso al homicidio agravado con el doble de pena prevista para este, delito que, aunque se le considere grave o muy extendido, es, a diferencia del homicidio, reversible porque la libertad se puede recuperar pero la vida no, el Congreso resolvió el punto aumentando la pena para el homicidio agravado equiparando su pena máxima, haciéndola equivalente al límite máximo que se quería para el secuestro extorsivo.

Con ello se logró de un lado doblar el tope máximo del código de 1980 de 30 a 60 años, de otro equiparar punitivamente el delito de secuestro al de homicidio y finalmente resquebrajar, a partir de esas decisiones, todo el sistema punitivo, porque el resto de los delitos no afectados por la Ley 40 de 1993 quedó con penas comparativas “desproporcionadamente” bajas.

Subsiste un serio problema de legitimación y coherencia, porque no parece muy respetuoso del principio de proporcionalidad que delitos que afectan bienes jurídicos que deben ser diferenciados valorativamente en la reacción punitiva, tengan penas equivalentes en su máximo.

De otro lado, respecto del mismo principio, interesante resulta rememorar el debate a que dio lugar la expedición de la Ley 40 de 1993, en dos planos:

Primero: el inicial intento de algunos jueces por no aplicar la ley o restringir su aplicación respecto del homicidio, a los casos en los que este delito fuese conexo con el de secuestro, pero manteniendo la pena anterior para los no conexos, con diversas argumentaciones, unas formales como la unidad temática de la ley, otras sustanciales basadas en los principios de dignidad humana y proporcionalidad, intentos rápidamente sofocados por la tesis finalmente dominante, basada a su vez también en consideraciones de proporcionalidad, que llevó a la aplicación de la pena incrementada para todos los homicidios.

Segundo: la demanda de inexequibilidad que se formuló en contra de la Ley 40 de 1993, apoyada por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, basada exactamente en los mismos principios de dignidad y proporcionalidad, con el argumento central de que una pena de 60 años, a más de encubrir cadena perpetua, vulnera aquellos dos principios.

Curiosamente la Corte Constitucional en Sentencia C-565 del 7 de diciembre de 1993, con ponencia del magistrado Hernando Herrera Vergara respaldó la constitucionalidad de la norma, nuevamente recurriendo en la argumentación a los mismos principios, pero encontrando una adecuada relación de proporcionalidad entre la gravedad de los delitos de homicidio y secuestro y el incremento de la pena a ellos aplicable hasta 60 años de prisión(3) y declaró también la inexistencia de vulneración a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

Y la influencia de ese nuevo tope en el sistema penal no se hizo esperar. Desde que se elevó por virtud de la Ley 40 de 1993 se dictaron leyes posteriores de incremento de penas para los más diversos delitos. Entre ellas las más relevantes: la Ley 190 de 1995, más conocida como Estatuto Anticorrupción, que incrementó sensiblemente las sanciones para los delitos contra la administración pública; la Ley 360 de 1997 sobre delitos contra la libertad sexual, igualmente con notorios incrementos de penas, y la Ley 365 de 1997, relacionada con narcotráfico. Todas leyes jalonadas por la necesidad de restablecer, ahora por lo alto, el principio de proporcionalidad.

Código Penal

El Código Penal del 2000 revivió el debate otra vez recurriendo a los principios de dignidad y proporcionalidad y con base en ellos, rebajó el tope máximo de pena a imponer de 60 a 40 años, pena esta aplicable a los delitos de genocidio (art. 101), homicidio agravado (art. 104), homicidio en persona protegida (art. 135) y desaparición forzada agravada (art. 166). Así se explica en la exposición de motivos del proyecto que la Fiscalía presentó al Congreso:

“La descripción típica del delito de homicidio no sufrió modificación alguna; no obstante, la pena fue disminuida cuantitativamente tanto en su mínimo como en su máximo, al resultar contrario a la dignidad de la persona como principio fundante de un Estado social de derecho la implantación de penas privativas de la libertad de larga duración, que además únicamente cumplen con una función retributiva, imposibilitando aquella que se identifica plenamente con la naturaleza de Estado predicable del colombiano a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991”(4).

Y refiriéndose al delito de secuestro, en el documento citado se consideró:

“En cuanto al secuestro extorsivo se disminuyó la pena atendiendo principios de razonabilidad y proporcionalidad, amén de que debe ser inferior a la señalada para el ilícito denominado “toma de rehenes” contemplado en el título II, que consagra los delitos que atentan contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Por el contrario, la sanción de multa se incrementó tanto en su mínimo como en el máximo“(5).

Contrariando abiertamente los postulados que quedaron transcritos y resquebrajando una vez más el principio de proporcionalidad que se quiso restablecer, para el delito de secuestro extorsivo, en la pena aplicable, difieren notoriamente el proyecto de la Fiscalía y la ley finalmente aprobada: en aquel se previó pena privativa de la libertad entre 15 y 20 años, incrementada de una tercera parte a la mitad para el secuestro agravado, con lo cual podría llegar a un máximo de 30 años, 10 por debajo del tope máximo, en un esfuerzo por guardar la coherencia del principio.

Aparentemente el Congreso cedió a la presión de las objeciones gubernamentales, una de ellas explícitamente referida a la pena asignada en el proyecto a este delito, en opinión del ejecutivo muy baja y por eso, en el código aprobado la pena privativa de la libertad se incrementó, quedando entre 18 y 28 años de prisión para el secuestro extorsivo, pena que se aumenta de la tercera parte a la mitad cuando media alguna de las causales de agravación. Así, se llega a un máximo teórico de 42 años que rompe el límite absoluto contemplado en la parte general del Código Penal colombiano (art. 37), incongruencia que debió resolverse respetándolo, pero que refleja el desconocimiento del principio de proporcionalidad, porque difícilmente podrá aceptarse que el secuestro, por muy grave que se le considere, resulte sancionado con una pena teórica mayor y práctica equivalente a delitos como el genocidio, la desaparición forzada o el homicidio agravado. Y desde luego resultó el secuestro extorsivo con pena superior a la prevista para el delito de toma de rehenes.

Vale la pena recordar cómo en la exposición de motivos se expresó que: “El sistema legislativo colombiano ha tenido como elemento preponderante en su estructuración, la carencia del análisis científico. Se legisla para el momento, para solucionar de forma temporal una crisis presentada en la sociedad, en fin, para calmar las expectativas de la presencia del poder punitivo del Estado, lo que ha llevado a una desproporción de penas entre los diversos bienes jurídicos, cuando aquellos de mayor valor deben implicar, por su transgresión, una sanción superior”(6).

En el breve lapso que medió entre la presentación del proyecto del Código Penal y su aprobación, como si de la historia nada se aprendiese, el vicio que según la exposición de motivos se quiso superar, se repite.

Leyes 733 del 2002 y 1121 del 2006

Pero no fue suficiente. Para el año 2002 el Congreso expidió la Ley 733 de ese año, que inauguró una nueva tendencia legislativa que se mantiene. Interesa resaltar de esa ley en primer lugar que corrigió el “error” matemático resultante de la objeción presidencial formulada a la pena del delito de secuestro y que podría llegar hasta los 42 años de prisión, 2 por encima del límite absoluto de la pena.

Y como no parecía presentable volver a aumentar el tope de la pena, si apenas el año anterior había entrado en vigencia el Código Penal aprobado por el mismo Congreso, entonces optó el legislador por afectar, de una parte el llamado derecho penal “premial” eliminando en realidad las posibilidades de negociación que condujesen a terminaciones anticipadas del proceso, incluyendo la rebaja de pena por confesión de un lado, y de otro se metió con el núcleo de la función resocializadora de la pena al impedir la concesión de libertad condicional y de cualquier otro “beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo”, es decir, afectó la rebaja por trabajo o estudio, tal como actualmente ha sido interpretado por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, como es ya costumbre legislativa, la Ley 733 del 2002 no es general, se aplica a una lista taxativa de delitos, únicamente terrorismo, secuestro, extorsión y delitos conexos(7).

Más allá del necesario debate que debería suscitar una ley que afectó el núcleo de la función de reinserción social, incluida como principio rector y primordial según era reconocida hasta ese momento, según quedó dicho en la exposición de motivos del proyecto, el efecto indiscutible de esa ley consiste en la ruptura estructural del principio de proporcionalidad, llevándolo a niveles muy difíciles de sostener, porque a partir de su vigencia los delitos más graves en el ordenamiento jurídico dejaron de ser el genocidio, los homicidios agravados y en persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario y la desaparición forzada agravada, para dar paso al terrorismo, el secuestro y la extorsión.

En efecto, si en vigencia de la Ley 733 del 2002 y con las normas vigentes en ese momento una persona es condenada por un concurso de delitos, por ejemplo tres genocidios, seguramente se le impondría la pena máxima posible, 40 años de prisión. Si esa persona logra una buena asesoría, quizás confesó válidamente los hechos en la primera versión ante la autoridad judicial, con lo cual obtendría una sexta parte de rebaja, acumulada al tercio que lograría acogiéndose a sentencia anticipada. Probablemente ese individuo observaría durante la ejecución de la pena una conducta ejemplar, trabajando o estudiando todo el tiempo, de manera que cuando cumpla las tres quintas partes de la pena, descontando un día de pena por dos de trabajo o estudio, tendrá derecho a libertad condicional. Una pena real ejecutada en cualquier caso inferior a 10 años.

Pero si otra persona incurre en un solo delito de secuestro extorsivo agravado conminado con pena de prisión de 28 a 40 años, no tendrá rebajas por confesión ni sentencia anticipada, de nada le valdrá su eventual buen comportamiento porque cuando cumpla las tres quintas partes de la pena no le será concedida libertad condicional ni descontará pena por trabajo o estudio, es decir, una pena ejecutada realmente en un mínimo de 28 años, casi tres veces más que el triple genocida. Es que alguien condenado por el delito de extorsión pagará efectivamente como mínimo 12 años, más que quien cometió los tres genocidios del ejemplo.

Esta norma de la Ley 733 del 2002 fue implícitamente derogada por la Ley 890 del 2004 pero en esta materia el legislador es persistente, con variantes menores su contenido lo reprodujo el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006(8), de manera que la gravísima afectación al principio de proporcionalidad continúa vigente, con efectos además impredecibles en la función de prevención general, si el mensaje quiere ser entendido como que en la práctica se paga más del doble de pena con un secuestro que con un homicidio agravado por ejemplo.

Ley 890 del 2004

Y a propósito de la Ley 890 del 2004, esta aumentó en general las penas para todos los delitos en una tercera parte los mínimos y en la mitad los máximos, con la finalidad declarada de adaptar la legislación sustancial al nuevo sistema procesal, lo cual traduce en realidad un incremento de la capacidad negociadora del Estado en la nueva modalidad de “pena mercancía”. En cuanto aumento general de penas no afecta el principio de proporcionalidad, pero sí hace más notoria la afectación en la diferencia entre personas que negocian el proceso o la pena y quienes prefieren ir a juicio y pierden.

Y en esa necesidad declarada de adaptación al sistema acusatorio, el mismo legislador que al expedir el Código Penal del 2000 rebajó el tope de la pena de 60 a 40 años de prisión porque el primero se percibió como “contrario a la dignidad de la persona como principio fundante de un Estado social de derecho”, no obstante la declaratoria de exequibilidad de la Ley 40 de 1993, en el 2004 parecería que el concepto de dignidad de la persona o el de Estado social de derecho cambian, porque la Ley 890 del 2004, expedida apenas tres años después de la entrada en vigencia del Código Penal aumentó el límite a 50 años de prisión por un delito y hasta 60 años por delitos en concurso, con lo cual retornó a la situación creada por la Ley 40 de 1993; sin embargo, ya no se limitada a los delitos de homicidio agravado y secuestro extorsivo agravado. Es una buena muestra de la infinita flexibilidad del bloque de constitucionalidad y de la noción fundante del Estado social de derecho, o de su instrumentalización no siempre consistente.

Ley 1098 del 2006

Las tendencias legislativas continúan. En 1996 se dicta el Código de la Infancia y la Adolescencia y entre las múltiples normas de “protección” que contempla, elimina toda clase de rebajas de pena e impide la concesión de subrogados penales y beneficios cuando se trate de delitos de homicidio y lesiones dolosos, delitos sexuales y secuestro, contra víctimas menores de edad(9).

No obstante la bondad de los discursos indiscutibles como los que se elaboran alrededor de la protección preferente a las niñas, niños y adolescentes, causa perplejidad el hecho de que se instaure en Colombia con base en una reforma constitucional del 2002 el sistema procesal de tendencia penal acusatoria, que tiene entre sus atributos esenciales la búsqueda de acuerdos y negociaciones incentivados por las rebajas de pena para evitar el juicio logrando terminaciones anticipadas del proceso, de acuerdo con la Ley 906 del 2004, cuya entrada en vigencia fue territorialmente gradual desde el 2005 hasta el 2008, aunque su desmonte comience aún antes de su plena vigencia. Es obvio que si se elimina el incentivo de la rebaja de pena difícilmente alguien se allanará a los cargos que se le formulen y tampoco tendrá sentido intentar preacuerdos o negociaciones, es decir, todo cuanto se quiso ganar con el sistema procesal lo contrarresta el Código de la Infancia y la Adolescencia, con todas sus consecuencias, penas largas pero procesos difíciles, mayor impunidad, quizás mayor desprotección. Al menos ese fue uno de los argumentos de soporte del sistema acusatorio, penas menores negociadas pero ciertas y rápidamente impuestas.

Pero más allá del necesario debate que debería suscitarse en términos procesales, sí es claro que se golpea duramente la estructura del principio de proporcionalidad de la pena, porque nuevamente se escogen ciertos delitos para aplicar las prohibiciones de rebajas y beneficios, en este caso con un mejor criterio de ponderación que el utilizado en las leyes 733 del 2002 y 1121 del 2006, ahora homicidio, lesiones, delitos sexuales y secuestro, pero dejando por fuera otros de mayor o idéntica gravedad como por ejemplo genocidio, homicidio en persona protegida, desaparición forzada o reclutamiento forzado, por citar algunos ejemplos.

Leyes 1453 y 1474 del 2011

Cuando se cree que por fin la política criminal del Estado encuentra vías de relativa estabilidad en el plano legislativo con un Código Penal moderno al que se le han introducido ya las modificaciones necesarias, con un renovado sistema procesal de última generación, nuevos gobiernos, nuevas ideas pero poca renovación penal, los mismos discursos que generalmente convocan unanimidad porque son indiscutibles, la seguridad ciudadana o la necesidad de luchar contra la corrupción, en el 2011 se dictan dos leyes que arrasaron con el artículo 34 de la Constitución de un lado, y de otro subvirtieron definitivamente el principio de proporcionalidad.

En efecto, en la ley que se denominó de seguridad ciudadana se adicionó un nuevo artículo al Código Penal, el 188C, que bajo el epígrafe del tráfico de niñas, niños y adolescentes, conmina con pena de prisión hasta de 60 años a quien intervenga en tráfico de menores, sanción que se incrementa hasta en la mitad si se configura alguna de las cuatro causales previstas, con lo cual llegamos a una pena máxima hipotética de 90 años de prisión(10).

Esa misma ley de seguridad ciudadana modificó el primer inciso del artículo 323 del Código Penal que describe el delito de lavado de activos, conminándolo con pena de prisión hasta por 30 años, dejando vigentes los demás incisos de la misma norma, así como el artículo subsiguiente, en los que se prevén dos causales autónomas que agravan la conducta(11).

Entonces, los 30 años de pena límite señalados para el delito de lavado de activos se pueden incrementar hasta en la mitad de acuerdo con el inciso cuarto del mismo artículo 323 (si para el lavado se efectúan operaciones de cambio por ejemplo), con lo que llegamos a un máximo hipotético de 45 años de prisión, pero este límite a su vez puede incrementarse en las tres cuartas partes de acuerdo con el artículo 324 del Código Penal (si la conducta se atribuye a un jefe de persona jurídica, por ejemplo), llegando a los 78 años y 9 meses de prisión, pena que excede el límite previsto en la parte general del código, aun con la reforma del año 2004.

Pero el legislador del 2011 además combinó el estatuto de seguridad ciudadana con el llamado estatuto anticorrupción, de manera que la pena para el delito de lavado de activos, que ya hemos visto llegar a un máximo de 78 años y 9 meses de prisión puede incrementarse nuevamente hasta en la mitad, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 1474 de ese año(12), para un límite de pena posible equivalente a algo más de ciento dieciocho años de prisión (118, 125 años).

Significativa ha sido entonces la evolución. Para el legislador colombiano que en el 2000 introdujo como principio rector de la pena el de proporcionalidad, estableció como límite de su realización 40 años de prisión y escogió como delitos más graves el genocidio, los homicidios agravado y en persona protegida y la desaparición forzada agravada, límite incrementado en el 2004 a 50 años(13) y que se mantiene de manera general para todos los delitos, con 10 años de adición para el caso de concurso de delitos; en el 2011, el tope pasa a 118 años de prisión, cifra que excede en mucho cualquier expectativa de vida.

Sin embargo, la más severa afectación al principio de proporcionalidad deriva de la consideración de los delitos más graves, que para el legislador del 2011 ya no son los cuatro señalados en el párrafo anterior, ahora son el tráfico de menores y el lavado de activos en unas magnitudes de 40 años el primero y más del doble el segundo, en comparación con la pena máxima de 50 años aplicable a los que antes de estas reformas del 2011 marcaban el límite de realización del principio.

El tema no se agota. El artículo 28 de la llamada Ley de Seguridad ciudadana 1453 del 2011(14), expedida el día 24 de junio de ese año modificó el artículo 68 A del Código Penal e incluyó entre los delitos a los cuales se aplica la exclusión de beneficios y subrogados penales, el lavado de activos. Con ello se asesta un nuevo golpe al principio de proporcionalidad, porque las penas impuestas a autores de delitos como el genocidio y el homicidio agravado, por citar dos de los ejemplos más relevantes, aún cometidos en concurso, pueden ser objeto de todas las rebajas y beneficios previstos por las leyes, mientras que el autor de un lavado de activos no, luego en la práctica la pena que efectivamente se pagará por este delito superará superlativamente la que purgarán aquellos.

Increíblemente el artículo 28 de la Ley 1453 del 2011 fue modificado por el artículo 13 de la Ley 1474 expedida el 12 de julio del mismo año, con menos de un mes de diferencia. Incluyó igualmente entre las exclusiones de rebajas y beneficios el delito de lavado de activos(15).

Concurso de delitos

Las modificaciones legislativas del 2011 además parecen haber modificado radicalmente las reglas aplicables a la pena en el concurso de delitos y que expresamente la limitaban a 60 años de prisión(16).

Como no parecería lógica una interpretación que redujese la pena ahora prevista para los delitos de tráfico de menores o lavado de activos con máximos de 90 y 118 años de prisión respectivamente a 60 si se cometen en concurso con otros delitos, la conclusión emerge obvia, si esas penas permanecen vigentes, el límite de 60 años previsto como absoluto en la parte general del Código Penal se rompió.

La discusión inicial entonces, descontando la de carácter constitucional, estará en determinar si el evidente conflicto entre las penas incrementadas previstas por las leyes 1453 y 1474 del 2011 con el límite establecido por artículo 31 del Código Penal se resuelve en favor de este, posición que tendría el respaldo de la aparente primacía de la parte general sobre la especial incluyendo en esta la creación o modificación de delitos por leyes posteriores, o precisamente si por ser estas especiales y posteriores derogaron la de la parte general, posición que parece la más congruente con la intención legislativa, pues no sería lógico pensar que los legisladores establecieron penas sabiendo que no van a regir por razón del límite establecido en el Código Penal.

Resulta entonces que para el concurso de delitos en general, la pena máxima imponible es de 60 años. Pero si se trata del delito de tráfico de menores o de lavado de activos cuyas penas máximas están en 90 y 118 años de prisión respectivamente, en concurso con otros delitos, según la regla de acumulación jurídica se aumentan hasta en otro tanto, es decir hasta 180 años para el primero de los delitos citados y 236 años para el segundo. Pero como la regla establece que la pena no puede superar la suma aritmética y a su vez el máximo de pena para los demás delitos en concurso no puede superar los 60 años, los límites teóricos para el concurso de delitos entre alguno de los dos señalados y los demás son de 140 años de prisión en el tráfico de menores y 178 años y fracción en el lavado de activos.

Pero si se trata de concursos homogéneos, en el primer caso un concurso de varios tráficos de menores, el aumento de pena aun con la limitación de que no supere la suma aritmética, puede llegar a 180 años de prisión y en el segundo, un concurso de delitos de lavado de activos, uno de ellos agravado, la pena acumulada puede llegar teóricamente hasta los 236 años de prisión.

No vale la pena así intentar siquiera desarrollar el principio de proporcionalidad de la sanción a la manera como lo hace la moderna dogmática del delito, ligándolo a la culpabilidad; en las condiciones descritas es un ejercicio metafísico inútil, como imposible es pretender o exigir que los jueces puedan, con un mínimo de coherencia, realizarlo en el caso concreto.

(1) Fiscalía General de la Nación. Exposición de motivos, proyecto de Código Penal. 1998.

(2) Ídem.

(3) La función de la pena debe examinarse en el momento estático de su descripción legislativa y en el dinámico de su efectiva aplicación. En el primero, la pena cumple una función preventiva (para que los asociados se abstengan de realizar el comportamiento delictivo so pena de incurrir en la imposición de sanciones), mientras en la segunda, la potestad punitiva del Estado se hace presente mediante la imposición de la pena en concreto, con la represión que implica castigar efectivamente, con el rigor requerido, aquellos delitos abominables.

Una de las formas, quizá la más idónea para asegurar los fines del Estado, sea la de garantizar la convivencia pacífica, la cual se logra a través de la prevención y represión de las conductas delictivas mediante la imposición de penas y sanciones que sean verdaderamente proporcionales a la gravedad del hecho punible y a la mayor o menor afectación de los derechos fundamentales de las personas. Sanciones como las previstas en las normas acusadas atienden los fines de retribución, ya que su quantum responde a la necesidad de represión de conductas punibles; además, satisfacen los objetivos de la función preventiva comoquiera que su rigor se endereza a evitar la consumación de nuevos hechos delictivos, castigando en forma ejemplarizante a todos aquellos que pretendan incurrir en esa modalidad punible.

En cuanto hace a los convenios y tratados de derecho internacional sobre Derechos Humanos suscritos por Colombia, estos propugnan que los países que los han aprobado y ratificado eliminen de su legislación normas relacionadas con la pena de muerte y la cadena o prisión perpetua —como lo hace nuestra Constitución en su artículo 34—. Pero ello no es óbice para que los distintos países puedan imponer límites mínimos o máximos a la duración de las penas. Y, más concretamente a las sanciones privativas de la libertad. La dosificación de las penas se deja en manos del legislador, quien según el tipo de delito y las circunstancias de la realidad nacional, fija unos topes a las penas aplicables, desde luego con estricta sujeción a los mandatos de la Constitución, de manera análoga a como acontece con la función que le compete cumplir al juez, a quien corresponde determinar según los hechos, la sanción que en cada caso particular deba imponerse.

La norma analizada no contiene el señalamiento de una pena perpetua. Lo perpetuo es lo intemporal, esto es, lo que no tiene límites ni medidas en el tiempo, lo infinito, de tal suerte que tiene un comienzo pero no un fin. La norma en comento tiene un límite temporal preciso y determinado; por lo tanto, no puede decirse que ella es perpetua.

(4) Fiscalía General de la Nación. Exposición de motivos, proyecto de Código Penal. 1998.

(5) Ídem.

(6) Ídem.

(7) L. 733/2002, ART. 11.—Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva.

(8) L. 1121/2006, ART. 26.—Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.

(9) L. 1098/2006, ART. 199.—Beneficios y mecanismos sustitutivos. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas:

1. Si hubiere mérito para proferir medida de aseguramiento en los casos del artículo 306 de la Ley 906 del 2004, esta consistirá siempre en detención en establecimiento de reclusión. No serán aplicables en estos delitos las medidas no privativas de la libertad previstas en los artículos 307, literal b), y 315 de la Ley 906 del 2004.

2. No se otorgará el beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la de detención en el lugar de residencia, previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004.

3. No procederá la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad previsto en el artículo 324, numeral 8, de la Ley 906 de 2004 para los casos de reparación integral de los perjuicios.

4. No procederá el subrogado penal de suspensión condicional de la ejecución de la pena, contemplado en el artículo 63 del Código Penal.

5. No procederá el subrogado penal de libertad condicional, previsto en el artículo 64 del Código Penal.

6. En ningún caso el juez de ejecución de penas concederá el beneficio de sustitución de la ejecución de la pena, previsto en el artículo 461 de la Ley 906 de 2004.

7. No procederán las rebajas de pena con base en los “preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado”, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004.

8. Tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva.

PAR. TRANS.—En donde permanezca transitoriamente vigente la Ley 600 del 2000, cuando se trate de delitos a los que se refiere el inciso primero de este artículo no se concederán los beneficios de libertad provisional garantizada por caución, extinción de la acción penal por pago integral de perjuicios, suspensión de la medida de aseguramiento por ser mayor de sesenta y cinco (65) años, rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de pena, y libertad condicional. Tampoco procederá respecto de los mencionados delitos la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal siempre que esta sea efectiva.

(10) L. 1453/2011, ART. 6º—Tráfico de menores de edad. La Ley 599 del 2000 tendrá un artículo 188C, el cual quedará así:

“ART. 188C.—Tráfico de niñas, niños y adolescentes. El que intervenga en cualquier acto o transacción en virtud de la cual un niño, niña o adolescente sea vendido, entregado o traficado por precio en efectivo o cualquier otra retribución a una persona o grupo de personas, incurrirá en prisión de treinta (30) a sesenta (60) años y una multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El consentimiento dado por la víctima o sus padres, o representantes o cuidadores no constituirá causal de exoneración ni será una circunstancia de atenuación punitiva de la responsabilidad penal. La pena descrita en el primer inciso se aumentará de una tercera parte a la mitad, cuando:

1. Cuando la víctima resulte afectada física o síquicamente, o con inmadurez mental, o trastorno mental, en forma temporal o permanente.

2. El responsable sea pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil del niño, niña o adolescente.

3. El autor o partícipe sea un funcionario que preste servicios de salud o profesionales de la salud, servicio doméstico y guarderías.

4. El autor o partícipe sea una persona que tenga como función la protección y atención integral del niño, la niña o adolescente”.

(11) ART. 323.—Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.

La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de dominio haya sido declarada.

El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.

Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren mercancías al territorio nacional.

El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de contrabando al territorio nacional.

ART. 324.—Circunstancias específicas de agravación. Las penas privativas de la libertad previstas en el artículo anterior se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos y de la mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u organizaciones.

(12) L. 1474/2011, ART. 33.—Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos penales de que tratan los artículos 246, 250, numeral 3.º, 323, 397, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y 433 de la Ley 599 del 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad cuando la conducta sea cometida por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los organismos de control del Estado.

(13) ART. 37.—La prisión. La pena de prisión se sujetará a las siguientes reglas:

1. Modificado. L. 890/2004, art. 2.º.—La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso.

(14) L. 1453/2011, ART. 28.—El artículo 32 de la Ley 1142 que adicionó el artículo 68A, la Ley 599 quedará así:

“ART. 68A.—Exclusión de los beneficios y subrogados penales. El artículo 68A del Código Penal quedará así:

ART. 68A.—No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores o cuando haya sido condenado por uno de los siguientes delitos: cohecho propio, enriquecimiento ilícito de servidor público, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, concusión, prevaricato por acción y por omisión, celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, lavado de activos, utilización indebida de información privilegiada, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, tráfico de influencias, peculado por apropiación y soborno transnacional.

PAR.—El inciso anterior no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del artículo 314 de la Ley 906 del 2004 ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.

(15) L. 1474/2011, ART. 13.—Exclusión de beneficios en los delitos contra la administración pública relacionados con corrupción. El artículo 68A del Código Penal quedará así:

“No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.

Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio de oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el allanamiento a cargos.

(16) C.P., ART. 31.—Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas.

INC.—Modificado. L. 890/2004, art. 1.º.—En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta (60) años.