Opinión

¿Qué cambió en materia
de inventarios con la reforma tributaria?

Revista Nº 206 Mar.-Abr. 2018

William Daniel Bulla

Gerente de Impuestos BDO

La revisión del costo de ventas de las mercancías deberá fundarse sobre la base de un entendimiento técnico de las disposiciones internacionales de los inventarios, lo cual, denota en un desafío tanto para Administración como para administrados.

En el imaginario de una economía, los inventarios o existencias de una compañía son tal vez el motor de su funcionamiento, en el entendido que son directamente la partida que repercute en la determinación de su margen bruto, es decir, su tratamiento se traduce automáticamente en el costo de ventas de la operación.

Con la promulgación de la última reforma tributaria (en adelante “RT” o Ley 1819 de 2016), se actualizan los que podrían considerarse setenteros criterios tributarios que regían las existencias, con lo cual, se hace pertinente el análisis de las modificaciones que se introducen al ordenamiento fiscal respecto de esta partida.

Es así como en el mundo anterior que existía hasta el año gravable 2016, nuestro estatuto tributario (ET) expresaba en sus artículos 62, 64, 65 y 66 la manera de determinar el costo en los activos “movibles enajenados”, entendidos como los inventarios o las existencias según el artículo 60 ibídem; el sistema contable para establecer el costo de los mismos; los métodos para su valoración; y la disminución del inventario por faltantes de mercancías.

Estos cuatro artículos, sufren modificaciones con ocasión de la RT que tienden a recoger los antecedentes llevados hasta el Contencioso Administrativo y a, alinearse con la actual contabilidad, lo cual requiere desarrollar un análisis comparativo del cómo se regían fiscalmente las existencias antes de la promulgación de la RT, y cómo se regirán a partir de la vigencia de la misma RT, el cual se abordará como sigue:

I. El viejo mundo: marco vigente hasta el año 2016

Costo Fiscal de los Inventarios

El anterior artículo 66 ET, que recogía lo dispuesto desde 1974 en el Decreto Ley 2053, señalaba que el costo de los inventarios se determinaba sumando al costo de adquisición el valor de los costos y gastos necesarios para poner la mercancía en el lugar de expendio, en desarrollo de esto, el artículo 26 del Decreto 187 de 1975 consideró como erogaciones computables para el costo de los activos movibles las siguientes:

1. El precio de adquisición de las mercancías y materias primas, incluidas las diferencias de cambio cuando se trate de artículos importados

2. Los gastos de transporte necesarios para poner la mercancía en el lugar de su utilización o expendio.

3. Los demás costos directos e indirectos de adquisición, extracción o manufactura.

Respecto de la diferencia en cambio, debe señalarse que junto a las normas citadas, el inciso segundo del artículo 80 ET (derogado hoy), cimentaban el tratamiento del diferencial cambiario como capitalizable dentro del inventario, lo cual, ante el defecto de especificidad de la norma contable (D. 2649, art. 63), contaminaba la causación de los inventarios definiéndola como una causación fundada en criterios tributarios.

Sistemas de inventarios

El artículo 62 del ET, que igualmente recogía el tenor del Decreto Ley 2053 de 1974, disponía que el control de los inventarios debía establecerse con base en alguno de los siguientes sistemas:

1. El llamado juego de inventarios o sistema de inventario periódico.

2. El de inventarios permanentes o continuos.

3. Cualquier otro sistema de reconocido valor técnico dentro de las prácticas contables, autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Posteriormente, la Ley 174 de 1994 y sus normas concordantes vino a materializar a partir del año 1997, una restricción para los contribuyentes obligados a presentar su declaración de renta firmada por Revisor Fiscal o Contador Público por medio de la cual, les proscribía el uso del sistema de inventarios periódico consagrando que, salvo autorización expresa por parte de la DIAN (D. 1333/96), deberían establecer el costo de ventas exclusivamente por el sistema de inventarios permanentes o, por cualquier otro sistema de reconocido valor técnico dentro de las prácticas contables, igualmente autorizado por la DIAN.

Como complemento de lo anterior, la reglamentación tributaria (igualmente anacrónica) subordinaba en el Decreto 187 de 1975 la información que el contribuyente debería controlar y conservar respecto de su control de existencias, disponiendo hasta la forma en la que las tarjetas o kardex de los inventarios debían llevarse.

Nótese hasta acá tres cosas

(i) Desde 1997 el juego de inventarios estaba prácticamente limitado a aquellos contribuyentes no obligados a tener Revisor Fiscal. No obstante, la metodología del juego de inventarios seguía, y continúa de hecho en la actualidad, siendo de recibo en las fiscalizaciones oficiales al estar presente en las presunciones de omisión de ingresos y compras consagradas en los artículos 757 y 760 del ET(1).

(ii) La DIAN había sido revestida de un poder rector que no solo le daba la potestad de aprobar, previo uso, cualquier otro sistema de inventarios que la contabilidad pudiera invocar, sino también la facultad de aprobarle a algunos contribuyentes el uso del sistema periódico, y;

(iii) Como la fiscalidad, incluso por normativa mercantil —inciso segundo del artículo 450 del Código de Comercio— ha regido, en un tipo de intromisión, la suerte y el tratamiento de los inventarios(2).

Métodos de valoración

Frente a los métodos de valoración de las existencias, tradicionalmente el artículo 65 ET había venido abordado el tema donde, después de una evolución de la norma y la doctrina oficial, el método de valuación se supeditaba a la técnica contable.

Ahora bien, un capítulo aparte en el estudio merece el método “Últimas en Entrar Primeras en Salir” (UEPS o LIFO por su sigla en inglés), el cual, de hecho, nació satanizado al permitirse en un principio solo hasta 1998; a pesar de esto, la regulación fiscal fue evolucionando en su favor alineándose con los anteriores principios contables (D. 2649/93, art. 63), donde eran reconocidos para la valuación de inventarios tanto el método de “Promedios Ponderado”, el método “Primeras en Entrar Primeras en Salir” (PEPS o FIFO por su sigla en inglés), la metodología de identificación específica, el retail, el sistema estándar de costeo con sus conciliaciones correspondientes y en efecto, el UEPS o LIFO(3) .

Interesante resultaba otra potestad que la norma adjudicaba a la DIAN en cuanto a que, sobre la base de la disposición de que el método que se utilizase para la valoración de los inventarios debería aplicarse de manera uniforme durante todo el año gravable, cualquier cambio de metodología debía ser aprobado previamente por esta entidad, lo cual, veremos, cambia con ocasión de la reforma tributaría reciente.

Al final de la antigua norma venía la referencia al valor patrimonial de los inventarios, el cual era, entre líneas, señalado como el valor del inventario detallado de las existencias al final del ejercicio, antes de descontar cualquier provisión para su protección, que debía coincidir con el total registrado en los libros de contabilidad; esta referencia cobra un nuevo desarrollo en el nuevo esquema como lo señalaremos más adelante.

Disminución o castigo de inventarios

Como acabamos de ver, el artículo 65 ET disponía que las provisiones para protección de inventarios, de que trataba el artículo 63 del Decreto 2649 de 1993, no predicaban una disminución del valor de los mismos, por cuanto no eran aceptados fiscalmente como menor valor de las existencias ni como gasto deducible; sin embargo, el artículo 64 ET, modificado en 2006 por la Ley 1111, permitió a todos los contribuyentes, acceder a la deducción de hasta en un 3% de la suma del inventario inicial más las compras de aquellas mercancías que tuvieran la connotación de fácil destrucción o pérdida(4).

Así las cosas, acudiendo a reglamentarios 2053 de 1974, 2348 de 1974 y 187 de 1975, se podía afirmar que la deducción procedía en la medida en que haya tenido ocurrencia efectiva el hecho que da lugar a la disminución del inventario y que este tratamiento era procedente solo respecto de mercancías que se adquirieran para venderlas sin transformarlas, con lo cual, no era procedente por ejemplo en materia prima que se adquiriese para ser utilizada en procesos productivos.

El gran elemento del que adolecíamos en la norma era de una definición de “mercancía de fácil destrucción o pérdida”, la DIAN intentó llenar ese vacío vía doctrina (DIAN, Conc. 10143/2008, ene. 30) señalando que: “por mercancía de fácil destrucción o pérdida debe entenderse aquella que por su naturaleza es susceptible de sufrir mermas o deterioros por fenómenos atmosféricos, físicos o químicos sin otra razón que por su simple existencia o manejo, como los productos perecederos o artículos de vidrio; en consecuencia productos del sector farmacéutico, calzado, etc., se considera que no se enmarcan dentro de la norma bajo estudio”.

Con estos antecedentes solo se llegó a un sinfín de discusiones entre Administración y contribuyentes que arrojaron como resultado una línea jurisprudencial que permitía documentar la tesis que, aunque la norma determinaba expresamente que la deducibilidad solo puede ser de hasta un 3%, podría evaluarse la posibilidad de defender la deducibilidad de porcentajes mayores con fundamento en el artículo 107 del ET, desde el entendido según el cual, si la baja de inventarios tuvo origen en disposiciones de tipo sanitario, de salubridad pública, prácticas mercantiles usuales, o como resultado de fallas de tipo técnico que impedían culminar el proceso productivo procedía la deducción de partidas por vencimientos, deterioros, roturas o daños productivos bajo la premisa que estás existencias no podían ser comercializadas y por tanto debían ser dadas de baja(5).

II. La modernidad: modificaciones realizadas
por la Ley 1819 de 2016

Con estos cuatro elementos tributarios ya identificados, es decir la determinación del costo en los inventarios, el sistema para establecer el costo de los inventarios, el método para la valoración de los mismos y la disminución de inventarios; veamos entonces qué modificaciones incorporó la RT así como qué reflexiones pueden llegar a advertirse, sobre todo, frente a los contribuyentes obligados a llevar contabilidad clasificados dentro del grupo 1 y grupo 2 de información para los que, la convivencia con las normas internacionales de contabilidad traerá expresa e implícitamente cambios en cuanto al tratamiento de sus existencias tributariamente hablando.

Con estos cuatro elementos tributarios ya identificados, es decir la determinación del costo en los inventarios, el sistema para establecer el costo de los inventarios, el método para la valoración de los mismos y la disminución de inventarios; veamos entonces qué modificaciones incorporó la RT así como qué reflexiones pueden llegar a advertirse, sobre todo, frente a los contribuyentes obligados a llevar contabilidad clasificados dentro del grupo 1 y grupo 2 de información para los que, la convivencia con las normas internacionales de contabilidad traerá expresa e implícitamente cambios en cuanto al tratamiento de sus existencias tributariamente hablando.

Costo fiscal de los inventarios

Respecto del costo fiscal de los inventarios, la modificación al artículo 66 ET unifica el enfoque que estaba disgregado en los decretos, elevándolo al ET, en el sentido de comprender como parte del costo de los inventarios todas las erogaciones derivadas de su adquisición y transformación, así como los otros costos en los que se haya incurrido para ponerlos en su lugar de expendio, utilización o beneficio, de acuerdo eso sí a la técnica contable.

En este punto surge la primera modificación implícita al régimen de inventarios, y es que bajo el anterior régimen contable-fiscal, la diferencia en cambio resultaba capitalizable como mayor o menor valor de las existencias, mientras que en el nuevo mundo, al subordinar expresamente el manejo de acuerdo con la técnica contable surge un tratamiento diametralmente opuesto, toda vez que, el diferencial cambiario, a la luz de la Norma de Contabilidad 2 (NIC 2) párrafo IN10 en concordancia con la NIC 21 “Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera”, NO procede como valor capitalizable dentro de las existencias(6).

Lo anterior no deriva en mayores complicaciones a partir de 2017, habida cuenta que esta diferencia en cambio no estará llamada a afectar el costeo del inventario y solo se tendrá que controlar a la luz de los artículos 288 y 291 del ET, sin embargo, existe una transición a controlar y es la diferencia en cambio en inventarios que aún se tengan desde los años 2016 o anteriores, donde, en vigencia del régimen de transición que consagraba el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 (derogado hoy), pese a que contablemente ya convivíamos con este tratamiento donde la diferencia en cambio era directamente ingreso o gasto, fiscalmente esta diferencia en cambio era considerada como capitalizable, en atención a los anteriores principios contables, con lo que para efectos tributarios la misma no se había costeado.

Debe decirse que se extrañó dentro de la RT una regla de transición para este tipo de inventarios, no obstante, con base en los primeros numerales del artículo 289 ET pudiera afirmarse que, el costo de estos inventarios debería respetar el valor denunciado en la declaración de renta del año 2016, por lo que al momento de enajenar estas existencias su costo fiscal debería incorporar estos ajustes por diferencia en cambio, sin perjuicio de que los mismos ya hayan sido reconocidos contablemente en el Estado de Resultados de periodos anteriores. Esto debió reconocer el correspondiente impuesto diferido.

Otra partida interesante en esta transición son los intereses por préstamos, los cuales, a la luz de la Norma Internacional de Contabilidad 23 “Costos por Préstamos” (NIC 23)(7), resultan capitalizables dentro de los inventarios en el entendido de que se traten de un activo calificable como apto, término entendido como aquel bien que requiere de un periodo sustancial para estar listo para el uso o para la venta. Así las cosas, tributariamente resultará capitalizable un interés solo en el evento que contablemente lo sea, por lo que, en la medida que un interés pagado no surta este filtro deberá considerarse como una deducción directamente.

En este punto medirá el renombrado juicio profesional, el cual puede llegar a ser subjetivo; por tal razón es importante llamar la atención respecto de que la decisión de capitalizar un interés como mayor parte del inventario o reconocerlo directamente como gasto del periodo deberá estar lo suficientemente documentada como para soportarle a la DIAN el respectivo tratamiento, más cuando la misma reforma tributaria en su artículo 130 revistió a esta entidad de la facultad de desvirtuar los elementos de juicio que argumentan una posición contable con efectos fiscales(8).

Complementando este capítulo de intereses, no debe perderse de vista que en caso de que los mismos sean procedentes como mayor valor de los inventarios, es decir capitalizables, los mismos deberán hacer parte de la base de intereses limitados a la regla de subcapitalización del artículo 118-1 ET, lo anterior en atención a lo igualmente incorporado por la RT en el parágrafo primero del nuevo artículo 59 ET.

Por último, frente al costo de los inventarios debe señalarse que la Ley 1819 de 2016 no se olvidó de incorporar las modificaciones al régimen de depreciaciones, en el sentido de recordarnos en el inciso 2° del literal a) numeral primero del artículo 66 ET que, aquellas depreciaciones que se incorporen como factor de los costos indirectos de fabricación asociado a existencias deberán respetar las limitaciones que señale el ordenamiento, dentro de las cuales evidentemente se puede resaltar los porcentajes máximos que trajo el nuevo artículo 137 ET.

Sistemas de inventarios

Los inventarios no podían ser ajenos a la nueva filosofía de frontera que el legislador le quiso dar al impuesto sobre la renta y en este sentido, con la entrada de los estándares internacionales de contabilidad como referencia de lo fiscal, la norma fiscal en su modificación al artículo 62 elimina formalidades y restricciones en cuanto a los sistemas de medición de las existencias.

De esa forma, con independencia de la obligatoriedad de tener que firmar su declaración por Revisor Fiscal o Contador Público, a partir del 2017 se podrá invocar como sistema el juego de inventarios (sistema periódico) o el inventario permanente.

Con esta modificación, se presume para los inventarios tributarios en atención a la NIC 2 un tratamiento más técnico en cuanto al control y reflejo de la información de los mismos, sin embargo, la subordinación a lo contable sin requisito alguno o carta blanca para determinar el sistema de inventarios tiene su enigma implícito, y es que el sistema de inventarios contable debe consagrarse dentro de las políticas contables, lo cual, adicional a la ya mencionada debida diligencia que debe tenerse al plantear una posición contable con efectos fiscales subyace en un efecto que cuando se aborde el siguiente vector de los inventarios, el método de valoración, se expondrá de manera más profunda.

Nótese cómo a manera de reparo podría advertirse que la norma vigente no se compadece de sistemas diferentes al periódico y el permanente, lo cual por ejemplo en industrias especiales y en un contexto de constante evolución contable limitaría nuevas figuras cuyos criterios estarían llamados a desbordar estos dos únicos sistemas fiscales, lo cual, puede forzar a modificar nuevamente la regla estableciendo nuevos sistemas o incluso llevarnos a volver a la tesis de necesitar autorización de la DIAN para aplicar sistemas de inventario diferentes.

Métodos para la valoración de inventarios

En cuanto a los métodos de valoración, la nueva norma se supedita completamente a las directrices que la nueva y sofisticada técnica contable considere, eliminando así del mapa la obligación de mantener el mismo método durante el año gravable, la autorización que en el pasado debía el contribuyente tramitar en caso de estimar que debía cambiar este método de valoración, así como también, se borra del Estatuto la referencia a que el valor del inventario detallado de las existencias al final del ejercicio, antes de descontar cualquier provisión, debe coincidir con el total registrado en los libros de contabilidad y en la declaración de renta.

Debe entonces analizarse el trasfondo de esta subordinación a lo contable, toda vez que no quiere necesariamente decir que se eliminan las restricciones, lo anterior a la luz de dos normas fundamentales para entender lo que ahora debe validarse a la hora de manejar el método de valoración de las existencias.

Bajo la sombrilla de la NIC 2, el inventario debería reflejar el flujo real del movimiento de las existencias, siendo filosóficamente más atinado para dar alcance a esto manejar un método de inventario de identificación específica o por lo menos el PEPS o FIFO, lo anterior por ejemplo se puede evidenciar muy claramente en bienes perecederos; sin embargo, cuando se va a la práctica, esta premisa teórica por efectos prácticos no se materializa y en la realidad se puede encontrar con que el 90% de las empresas opta por incorporar como política contable de valoración el sistema de promedios ponderados.

Aquí viene el cambio fundamental al que nos enfrentamos con la modificación de la norma fiscal y su dependencia de lo contable, y es que al definir la técnica contable la metodología de valoración de inventarios y el sistema de inventarios como una política, nos esta mencionando que su cambio, ya sea en un mismo periodo o en una vigencia diferente, repercute en consecuencias incluso retroactivas, habida cuenta de que la norma de contabilidad 8 (NIC 8) la entiende como un error lo cual, en la medida que se defina como material, contablemente puede cristalizar hasta una re-emisión de Estado Financieros, pero tributariamente, a la luz del nuevo artículo 289 ET (numerales 5° y 6°), representa una potencial corrección de declaraciones con las correspondientes sanciones potenciales, si es que la misma atenta contra los intereses de la DIAN.

Y qué decir respecto al nuevamente satanizado sistema UEPS o LIFO, la norma tributaria, al modificar su alcance dependiendo integralmente del criterio contable sin mencionarlo directamente predica en su nueva redacción que este método queda proscrito del espectro tributario, limpiando así toda la evolución de décadas que permitía su utilización fiscal al encontrarse prohibido expresamente por la norma contable (párrafo 26 de la NIC 2 y sus interpretaciones proferidas por el IASB) eliminando así esta opción del menú de métodos que puede un contribuyente escoger.

Nótese cómo, solo con una remisión general subordinando el tratamiento fiscal a la técnica contable, el mundo de los inventarios pasa, en función de las nuevas reglas de políticas contables y existencias que este nuevo paradigma contable exige, a contener requisitos e implicaciones que, sin quedar consagradas en el Estatuto Tributario, sí tienen vía esa remisión un efecto automático en el tratamiento tributario de los inventarios.

Disminución o castigo de inventarios

Finalmente, frente al castigo de inventario debe mencionarse que su atmosfera influida por tanto litigio tributario y la línea jurisprudencial pro-contribuyente, se torna mucho menos pesada y conduce a una evolución del artículo 64 ET, el cual, sin eliminar el tratamiento de las mercancías de fácil destrucción o pérdida que permanece igual si recoge los supuestos en que se incurre en el fenómeno de la obsolescencia respecto de los inventarios, concepto que era circunscrito únicamente a los activos fijos conforme el artículo 129 ET, reconociendo en este sentido su deducibilidad tal y como lo ha venido haciendo el Consejo de Estado(9), eso sí, siempre que se enmarquen dentro de las condiciones generales de deducibilidad.

Con la modificación a este artículo se establecen nuevas condiciones sustanciales y formales para invocar esta obsolescencia, en este entendido, las existencias diferentes a las tradicionales de fácil destrucción o pérdida, las cuales continúan siendo deducibles en el 3% de la suma del inventario inicial más las compras, pueden ser disminuidas cuando se materialice la obsolescencia y se den de baja, siempre y cuando estén debidamente destruidas, recicladas o chatarrizadas; y siempre y cuando se conserve un documento soporte donde conste la cantidad, descripción del producto, costo fiscal unitario y total y justificación de la obsolescencia o destrucción; este soporte, menciona la norma, deberá estar suscrito por el representante legal o quien haga sus veces y las personas responsables de tal destrucción para conservarse junto a las demás pruebas que sean pertinentes(10).

Ahora bien, aunque por fuera del perímetro del artículo 64 ET, es oportuno mencionar, como apunte final, que sus modificaciones repercuten automáticamente en el Impuesto sobre las Ventas IVA, habida consideración que las pérdidas o el castigo de inventario conforme el artículo 486 (parágrafo) derivan en la necesidad de reintegrar el correspondiente impuesto descontable invocado sobre estas existencias, claro está, a menos que el contribuyente demuestre que el bien es de fácil destrucción o pérdida, y la pérdida no excede del 3% del valor de la suma del inventario inicial más las compras.

III. Conclusiones

Como corolario a este cambio de paradigma en el régimen de inventarios fiscales en Colombia, puede señalarse que, contrario a lo que en principio se puede pensar en cuanto a que la nueva normativa desprovee de herramientas de control a la autoridad fiscal, lo que se antoja es un nuevo axioma de fiscalización donde, la revisión del costo de ventas de las mercancías deberá fundarse sobre la base de un entendimiento técnico de las disposiciones internacionales de los inventarios, lo cual, denota en un desafío tanto para Administración como para administrados de entender y establecer políticas contables lo suficientemente documentadas y trazables que permitan dotar de razonabilidad tanto financiera como tributaria a los importes tomados como costo en las declaraciones de renta.

1. Presunción por diferencia en inventarios y presunción de ingresos por omisión del registro de compras.

2. “Los inventarios se avaluarán de acuerdo con los métodos permitidos por la legislación fiscal”.

3. La metodología “retail” fue aprobada en el artículo 4° del Decreto 1333 de 1996 y la estructura de costos estándar conciliada en la doctrina (DIAN, Conc. 100447, dic. 30/98) donde esta entidad estableció el procedimiento de capitalización de las variaciones que al final de ejercicio se presenten versus lo realmente perfeccionado.

4. Recordemos que con anterioridad a esta modificación la prerrogativa se brindaba solo a quienes llevaban sistema de inventarios periódico – en concordancia con el inciso 4° del artículo 148 ET sentido convalidado por el Consejo de Estado en sentencia del 27 de octubre del 2005, Magistrado Ponente Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.

5.Para ampliar este sentido jurisprudencial consúltese las sentencias 15032 del 25 de septiembre de 2006, 15099 del 19 de julio de 2007, 15960 del 7 de febrero de 2008, 16305 del 3 de julio de 2008, 16630 de 2009, 17037 del 3 de junio de 2010, 17150 de 2011, 17875 de 2011, 18006 del 2012, 18494 del 2013 y 21250 del 16 de junio de 2016.

6. Una excepción interpretativa a esta regla es la capitalización de la diferencia en cambio que reconozca un componente de financiación en moneda extranjera el cual, podría ser capitalizado en la medida que dé alcance a los presupuestos de activo calificable y periodo sustancial de la NIC 23 Costos por Préstamos - párrafo 8.

7.No opera nunca la capitalización de intereses en inventarios que sean manufacturados, o producidos de cualquier otra forma, en grandes cantidades de forma repetitiva, párrafo 4 NIC 23.

8. Excepción a esta disposición es el tratamiento que dispone la Sección 13 de las NIIF para pymes, la cual, en el párrafo 7 prohíbe para los obligados a consultar este marco normativo la capitalización de cualquier interés por préstamos, con lo cual la discusión con la DIAN ni siquiera se abriría.

9. Exposición de motivos Ley 1819 de 2016.

10. No se debe perder de vista otra modificación que trajo consigo la Ley 1819 de 2016, entiéndase a la mención que el nuevo artículo 59 ET hace en su literal a) frente a las pérdidas por deterioro de valor parcial del inventario por ajustes a su valor neto de realización, las cuales no serán deducibles sino hasta la enajenación del inventario.