¿Qué consecuencias traerá la eliminación de los ajustes por inflación?

Revista Nº 139 Ene.-Feb. 2007

Javier N. Rojas. 

Especial para la Revista Impuestos 

En Colombia, luego de varios años con tasas anuales de inflación de un dígito, se suscitó el debate en torno a la necesidad de replantear las medidas contables y tributarias que en tiempos críticos se establecieron para aminorar las consecuencias negativas del aumento galopante de los precios en la economía nacional.

La polémica cobró especial interés a propósito de la reforma tributaria que acaba de aprobar el Congreso de la República, en la que se dispone el desmonte del sistema de ajustes integrales por inflación que se aplicaba para determinar el impuesto de renta y complementarios, al igual que el patrimonio de los contribuyentes.

En cierto momento del país, por causa de la inflación, se tenían estados financieros empresariales que no reflejaban homogeneidad, situación que no permitía la comparación entre las empresas, afirma el contador y experto tributarista Emilio Ruiz. Esas tasas de inflación superiores al 20% llevaron a distribuir utilidades en las empresas, lo cual generó la descapitalización de las mismas.

En esos años, recuerda Ruiz, algunas compañías presentaban a las asambleas de socios dos estados financieros: uno que no contemplaba el impacto de la inflación, y otro que sí lo hacía, calculado con mecanismos propios, a fin de emplearlo al momento de tomar la decisión de repartir los beneficios, sin correr el riesgo de descapitalizarse. Ante esa circunstancia y debido a la distorsión generalizada de los estados financieros de las empresas, se optó por instaurar un modelo de solución.

Al actualizar los activos no monetarios mediante un sistema integral de ajustes por inflación, se pretendió disminuir la llamada ganancia ocasional y, de esta forma, obtener un valor de tributación sobre valores reales y no nominales en lo pertinente al impuesto de renta y a la determinación de la renta presuntiva, explica Ruiz.

La inflación ha sido una preocupación tributaria recurrente de los gobiernos, comenta Emilio Ruiz, quien agrega que con la Ley 75 de 1986 se empezó a tener en cuenta ese fenómeno, mediante la actualización del valor del activo conforme a la inflación, ajuste que al momento de venta del mismo permitía calcular la utilidad y el correspondiente impuesto. De ese modo, se comenzó a enfrentar parte del problema.

El experto en derecho tributario y contador Horacio Ayala recuerda que Colombia registra otros antecedentes respecto a la necesidad de enfrentar los inconvenientes inflacionarios en el campo impositivo, pues, desde 1976 se expidieron algunas normas dirigidas a ajustar ciertas cifras de la legislación tributaria con base en la inflación.

1. Punto de partida

La historia del sistema integral en el país comenzó en 1989, cuando la Ley 9ª de ese año le otorgó facultades al gobierno para expedir normas destinadas a neutralizar los efectos de la inflación en la liquidación de los impuestos. En esa época, “los índices de aquella eran muy altos y, de no tomar precauciones, se corría el riesgo de gravar rentas que no correspondían a una realidad económica, sino al fenómeno mencionado”, asegura Ayala.

Antes de tomar decisiones en la materia, el presidente de la época, Virgilio Barco Vargas, contrató una misión de estudio, encabezada por el experto Charles McClure, que no solamente se ocupó del análisis del impacto de la inflación sobre la tributación, sino que, además, hizo un diagnóstico sobre el sistema impositivo colombiano.

Este especialista y su equipo de trabajo concluyeron que Colombia no debía utilizar un sistema de ajustes integrales. Hasta entonces, el único país del mundo con experiencia en el campo era Chile que lo implantó luego de adelantar un proceso que comprendió un programa gradual de ajustes parciales.

A pesar de la recomendación del experto de la misión, que adicionalmente sugería insistir más en los ajustes parciales o ad hoc, el gobierno expidió la normativa que estableció el sistema de ajustes integrales por inflación que se puso en vigor en enero de 1992.

Emilio Ruiz explica que se denominaron integrales porque el nuevo mecanismo comenzó a afectar las cuentas de resultado de la contabilidad de una empresa, mientras que en las experiencias mencionadas solamente se hacía el registro en una cuenta del patrimonio. “De acuerdo con la estructura de cada empresa, si tenía activos no monetarios muy altos y un patrimonio pequeño, seguramente el ajuste le iba a registrar un ingreso por corrección monetaria, que debía generar tributo”, acota Ruiz.

Aclara que la implantación del sistema no fue verdaderamente integral, “porque no se hizo un ajuste inicial del patrimonio”, es decir, que no se estableció contablemente en qué medida lo afectó la inflación desde que se creó una empresa hasta 1992, momento en que se puso en marcha el esquema con el objeto de determinar, por ejemplo, si se había descapitalizado al igual que el impacto sobre los activos y, en general, conocer su realidad contable y financiera.

Además, se excluía del ajuste el activo cuyo costo fiscal ajustado excediera en 30% el valor comercial del mismo. Es decir, si se tenía un activo con valor comercial de 70 pesos y al hacer los cálculos quedaba ajustado por inflación en 105 pesos, esto indica, que rebasaba el 30% del valor en el mercado, no se podía dejar en firme el ajuste. Eso no corresponde a la realidad económica, pues la inflación sigue afectando a los activos, independientemente de esa regla, comenta Ruiz.

2. Dilema con los activos

Sin embargo, Emilio Ruiz precisa que con esa determinación se buscaba evitar que los activos excedieran crecientemente el valor comercial real, situación que se hizo patente en los últimos años, cuando organismos como las superintendencias Bancaria y de Valores (hoy Superintendencia Financiera), la Superintendencia de Economía Solidaria, la Contaduría General de la Nación y la Superintendencia del Subsidio Familiar suspendieron los ajustes integrales por inflación a sus vigiladas, entre otras razones, por la tendencia que se generaba a la sobrevaluación de los activos.

Entre otros aspectos antitécnicos, se cuenta la llamada deducción teórica, procedimiento que permitía no gravar el 100% de los ingresos registrados debido a ajustes por inflación. Posteriormente, la Ley 633 del 2000 eliminó los ajustes de los inventarios, “haciendo aún más antitécnicos los ajustes integrales, pues los suprimió para una cuenta del activo no monetario, con lo cual no se reflejaba la realidad contable y financiera de una compañía, aunque después volvieron a instaurarse”, explica el especialista.

Otra de las fallas del sistema consistió en que los ajustes contables y fiscales se determinaban con índices y mecanismos diferentes, lo que derivaba en complicaciones. “Esto lo corregimos de alguna manera, pues tuve oportunidad de redactar algunos artículos que fueron incorporados en la Ley 174 de 1994, en donde nivelamos el sistema para que tuviera tributaria y contablemente una aplicación similar, reduciendo sustancialmente las complejidades”, señala el contador Horacio Ayala.

En 1998, se registró un intento gubernamental de eliminar el esquema de ajustes por inflación, explica Ayala. “Al consultarme la medida, la conclusión que saqué en ese entonces, probablemente sería también la misma de hoy: no había certidumbre sobre las consecuencias en el recaudo de una medida de esa naturaleza”.

Dada la situación, Ayala propuso la eliminación de los ajustes sobre las cuentas de resultado, porque hasta entonces se utilizaban para estas cuentas y en las del balance. Consideró necesaria tal propuesta, porque, según advierte, la aplicación de los ajustes por inflación en ambas cuentas fue un invento colombiano, pues en Chile no se ajustaban las de resultado, ni tampoco se hace hoy en día.

Incorporar los ajustes por inflación a las cuentas de resultado puede ocasionar distorsiones, en la medida en que se afectan los costos de los productos vendidos y no es totalmente claro si los incrementos en los precios establecidos periódicamente por los proveedores tienen un carácter retroactivo o prospectivo, es decir, que no se puede determinar si el proveedor está incrementando el precio por la inflación pasada o con base en la futura.

Si el caso corresponde a la preexistencia de la inflación no se presentan efectos de trascendencia, acota Ayala, pero si un proveedor está actualizando los precios, por ejemplo de materias primas, con base en la inflación esperada, y el fabricante aplica el modelo de ajustes integrales a sus productos, se va a registrar un doble ajuste inflacionario a esos bienes durante un mismo periodo contable y tributario.

De otro lado, Ayala señala que en Colombia muchos bienes que se adquieren en moneda extranjera y que se deben reponer en esa misma moneda se han venido ajustando con base en las tasas de inflación, lo que también ocasiona distorsiones en los estados financieros de las empresas.

3. Problemas de medición

Ayala precisa que uno de los grandes defectos del sistema, de acuerdo con análisis hechos en EE UU, Canadá e Inglaterra, consiste en encontrar el índice apropiado de ajuste cuando hay tasas de inflación muy altas, a fin de que los gobiernos y las prácticas contables acepten el sistema. La conclusión es que no se puede usar uno solo. En el caso de Colombia, el índice de precios al consumidor no refleja los efectos inflacionarios en todas las áreas de la economía, pues cada una tiene su dinámica propia por diferentes razones.

Según Ayala, había muchos motivos para que los ajustes no se aplicaran sobre las cuentas de resultado. En consecuencia, a partir de 1999 se suspendieron para aquellas. Por una exagerada ortodoxia, se incluyeron esas cuentas en los ajustes, con el criterio de que si los ajustes eran integrales, deberían abarcarlo todo. Por esa razón, se consideró, por ejemplo, que los precios de los productos vendidos, los costos y los gastos eran afectados por la inflación presente y, en consecuencia, cada mes había que reconocer ese fenómeno.

Ayala sostiene que un mecanismo de ajuste parcial permite establecer la inflación en áreas críticas, donde es mucho más evidente el problema, antes que generalizarlo a todo el balance y el patrimonio. Debido a que es selectivo, da la posibilidad de ponderar los índices de ajuste para los subrubros específicos más afectados por el problema en los estados financieros.

Comenta que en Colombia se tuvo la experiencia con ajustes parciales antes de implantar el modelo integral. Lo más antiguo en la materia corresponde al reconocimiento del componente inflacionario de los rendimientos financieros; se han creado fórmulas para diferenciar las rentabilidades reales de las porciones de inflación contenidas en las tasas de interés.

Aclara que lo mismo se puede decir de las ventas de activos poseídos durante determinados periodos. En el país, ha habido medidas para reconocer que si una persona, por ejemplo, tiene una vivienda y la enajena después de un determinado número de años, es necesario reconocer que en la diferencia entre el precio de venta y el de costo hay una parte importante que corresponde al efecto inflacionario y no a la utilidad real.

De otro lado, explica que, en 1989, el gobierno creó un mecanismo de ajustes de la depreciación acumulada de los activos, con el objeto de que esa provisión, denominada reserva para depreciación, fuera suficiente para la reposición del activo. Este constituye uno de los elementos críticos en el sector productivo.

Si una empresa en una época de alta inflación adquiere activos y los reconoce en la contabilidad a valor histórico y los deprecia de la misma manera, cuando ese bien deja de prestar un servicio normal, la suma que ha apropiado el empresario para la reposición del bien es sustancialmente inferior al valor real del mismo, en la medida en que hay inflación y los precios han cambiado notoriamente desde cuando se compró el bien hasta el momento de reponerlo.

4. Contabilidad con distorsiones

Horacio Ayala piensa que durante la vigencia de los ajustes integrales, los estados financieros de las empresas han sufrido distorsiones originadas por un sistema rígido y, por lo tanto, la contabilidad no refleja la situación financiera consolidada a una determinada fecha, porque se cortó abruptamente al 31 de diciembre de 1991, cuando los valores acumulados eran históricos, a fin de empezar con otros.

“Por supuesto que existen mecanismos que las normas de contabilidad exigen para remediar esas situaciones, como las valoraciones periódicas de los bienes, pero, de todas maneras, se produjo ese fenómeno”. Si las empresas no realizan esas valoraciones adecuadamente, la distorsión contable se acentúa.

Entre tanto, explica Ayala, en la medida en que las entidades de control fueron eliminando los ajustes por inflación para sus vigiladas desde el punto de vista contable, tales ajustes en el campo tributario se convirtieron en un beneficio o en una carga más, dependiendo de la composición de sus balances y de sus niveles de endeudamiento. Por lo tanto, el mecanismo terminó por emplearse como una alternativa más de beneficios tributarios o resultó generando una mayor contribución.

De otro lado, precisa, una empresa que tiene un alto contenido de activos no monetarios en sus balances, pero con elevado nivel de endeudamiento genera utilidades por inflación, porque los ajustes de esos activos son superiores a los del patrimonio. El sistema ha permitido que los contribuyentes ajusten el valor del patrimonio, a fin de traerlo aparentemente a pesos actuales al cierre de cada ejercicio, con el objeto de reconocer la pérdida en el poder adquisitivo del mismo y que las utilidades se determinen después de descontar esa pérdida. De esta manera, quien tiene recursos propios importantes en su patrimonio ve reducida su tributación.

“Me parece que no puede ignorarse la circunstancia de que para poder tener empresas fuertes es fundamental que no se debiliten los patrimonios, sino que se fortalezcan. Y aunque se tengan índices del 4%, 5% ó 6% de inflación acumulados en periodos relativamente cortos, por ejemplo de cinco años, si no se ajusta el patrimonio, podremos estar frente a situaciones donde la empresa, a pesar de tener utilidades muy buenas, irá debilitando el patrimonio en niveles que pueden estar alrededor del 30%”, explica Ayala.

Al eliminar los ajustes integrales por inflación, el especialista Horacio Ayala sostiene que una política prudente debería exigir que los patrimonios se ajusten para reconocer la pérdida del poder adquisitivo. Asevera que no se pueden seguir reconociendo utilidades nominales basadas en las cifras de ingresos, costos y gastos y olvidarse de la pérdida en el poder adquisitivo de la inversión.

Señala que las instituciones financieras, las de economía solidaria y las cajas de compensación familiar que dejaron de hacer ajustes por inflación en lo contable por determinación de las superintendencias que las vigilan han venido experimentando deterioros en su patrimonio que no han sido reconocidos contablemente, porque aquel está representado en valores absolutos. Ese fenómeno puede haber contribuido, en alguna medida, al enanismo del sistema financiero colombiano.

5. Erosión patrimonial

Horacio Ayala advierte que ese enanismo patrimonial también se podría extender al resto de las empresas del país, producto de la eliminación del sistema de ajustes integrales por inflación y de la ausencia de una figura sustituta que permita actualizar el valor del patrimonio de acuerdo con la variación de los precios en la economía. Cree que el sistema de ajustes representaba, en cierta medida, un estímulo para la inversión y el fortalecimiento patrimonial del sector real.

Para el director del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad Javeriana, Gabriel Rueda, más allá de la eliminación de los ajustes, lo trascendental es que el modelo contable del país sigue bajo la influencia de los intereses fiscalistas que pretenden esencialmente el control, perspectiva según la cual lo contable y financiero constituye soporte de lo tributario. Precisa que, en ese contexto, se implantó el sistema de ajustes.

Cree que su eliminación no es conveniente para efectos fiscales, pero en el campo de lo contable deberá contribuir a disponer de una información con criterio estrictamente financiero. Rueda advierte que el problema es no saber con qué lo van a reemplazar y señala que los modelos internacionales que no privilegian ajustes por inflación, sino valor de mercado, utilizan mediciones de naturaleza financiera y no de corte histórico.

Los ajustes por inflación, asegura Rueda, mantuvieron actualizadas las bases gravables, propósito para el que no han perdido pertinencia. “Ya no tenemos que valorar por métodos de actualización de precios, entonces cuál es la alternativa: ¿vamos a valorar a precios de mercado y qué significará en los estados financieros?, o ¿realmente va a haber una separación tributaria y financiera?”. Con la respuesta a la última pregunta, se podría comenzar a definir el modelo contable y financiero que debe seguir el país, acota.

La supresión del sistema de ajustes va a tener impacto contable en las empresas, porque muchas estaban reportando utilidades que realmente no habían generado, dado que la corrección monetaria permitía generalmente el registro de mayores ingresos que gastos, con lo cual las compañías podían presentar algunas utilidades sin soporte económico real.

Rueda asegura que el gobierno no va a permitir que las bases gravables disminuyan ni que el recaudo de impuestos caiga por efecto de la eliminación de los ajustes integrales. Señala que aquel enfrenta el afán de financiar el presupuesto de la Nación y el pago de compromisos internacionales, ante lo cual tiene autonomía para instaurar medidas tributarias alternativas.

En esa situación, la administración tributaria podría promulgar medidas para que se garanticen bases tributarias estables desde lo contable y financiero, pero “sería un error histórico insistir en algo que confunde lo impositivo con lo financiero”. A pesar de eso, Rueda cree que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “va a expedir normas para que las empresas, desde sus estados financieros, den cuenta de la pérdida de poder adquisitivo de sus activos”. Adicionalmente, considera que la administración de impuestos va a continuar profundizando las disposiciones de control de la evasión y de aumento del recaudo que ha mostrado efectos positivos.

6. Problema de fondo

Respecto del aplicar la unidad de valor tributario para actualizar el valor de los activos de las empresas de acuerdo con la inflación, Rueda advierte que corresponde a una figura que permitirá realizar mediciones que no tendrán utilidad específicamente financiera. Precisa que termina por ser el mismo criterio del costo histórico ajustado que venía operando con los ajustes por inflación.

Emilio Ruiz recuerda que, desde el 2001, cuando las superintendencias y otros organismos estatales de vigilancia y control iniciaron el desmonte del modelo de ajustes por inflación, la información contable y tributaria ha perdido homogeneidad. Esto ha ocasionado inconvenientes, porque las empresas han tenido que continuar con la contabilidad normal y fiscalmente “llevar a través de cuentas de orden o de un mecanismo extracontable los ajustes por inflación como si tuvieran otro balance, dado que fiscalmente estaban vigentes, situación que ha sido tortuosa para las compañías”.

Una vez suprimido el sistema de ajustes, expresa Ruiz, cobra gran importancia la posibilidad de crear un mecanismo homogéneo, para todas las entidades, que permita incorporar el componente inflacionario en la información contable y tributaria.

El experto en derecho tributario Orlando Corredor Alejo advierte la inconveniencia de derogar los ajustes por inflación para fines tributarios mientras permanecen vigentes en el sistema contable. “Es necesario que el gobierno rápidamente derogue las normas del Decreto 2649 de 1993 en lo relacionado con el sistema de ajustes integrales para dar compatibilidad al resultado contable y tributario”, acota.

Después de casi 15 años de existencia, el sistema de ajustes integrales por inflación se suprimió del estatuto tributario, por considerar que cumplió con la misión de eliminar las distorsiones causadas por las altas tasas de inflación en la información contable y tributaria. Mientras algunos saludan esta determinación, otros opinan que la decisión plantea discusiones en torno a temas como el riesgo de que los patrimonios de las empresas no se actualicen conforme a la inflación, los efectos negativos de la vigencia del sistema de ajustes integrales en lo contable y la necesidad de que las normas contables se libren del dominio que tradicionalmente ha ejercido sobre ellas la normativa tributaria.

7. Los servicios públicos y los ajustes por inflación

El secretario jurídico de la Asociación de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco), Juan Carlos Bejarano, comenta que dicho gremio había pedido el tratamiento uniforme en materias fiscal y contable, solicitud que considera acogida con el reciente desmonte de los ajustes integrales por inflación.

En la medida en que el país se aproxima a la adopción de los estándares internacionales de contabilidad, explica, resultaba ineludible la eliminación de ese sistema, cuya operación demandaba altos costos para las empresas y suscitaba frecuentes dudas técnicas por su complejidad.

Producto de los ajustes por inflación, en las empresas de servicios públicos que tienen accionistas privados, se registraba una menor utilidad que no era tenida en cuenta para efectos de deducciones fiscales. “No se podía decir que se repartían utilidades sobre una suma, pero a la hora de pagar impuestos se hacía sobre unas cantidades superiores”, comenta Bejarano.

Las empresas de servicios públicos domiciliarios cuentan con activos de vida útiles muy largas que, al ser sometidos a los ajustes por inflación durante los primeros años de vida de aquellos, generaban un ingreso teórico alto sobre el que tenían que tributar. Ese tipo de compañías se caracterizan por ser particularmente intensivas en activos, con lo cual el efecto del sistema de ajustes tenía un amplio impacto sobre estas. Tales activos tienen, además, muy baja rentabilidad, como, por ejemplo, una represa, que se deprecia a 20 ó 30 años con márgenes de utilidad muy pequeños.

“Los ajustes se justificaron por las inflaciones de más de dos dígitos de la década de 1990, pero, hoy en día, con inflaciones de un solo dígito, los activos pueden incorporar ese impacto sin necesidad de un sistema de ajustes integrales, operación que deriva en utilidades teóricas sobre las cuales se deben pagar impuestos”, explica Bejarano.

De otro lado, continúa, el sistema de ajustes que rigió hasta el 2006 fue concebido como temporal y suspendía las normas de reajustes fiscales que dispuso la Ley 75 de 1986. Esta norma restringía las deducciones, por ejemplo, de los componentes inflacionarios del gasto financiero. Esa determinación se tomó en la década de 1980, cuando la economía colombiana no estaba globalizada y los empresarios no salían a conseguir créditos internacionales. Además, por política gubernamental, había una clara restricción al endeudamiento de las empresas, insiste Bejarano.

Concluye diciendo que al desaparecer los ajustes por inflación del estatuto tributario, el efecto de esa medida revive todas las normas que regían en la década de 1980, que prohíben la deducibilidad del componente inflacionario. En consecuencia, las empresas, como las de servicios públicos, con los actuales niveles de endeudamiento, que han obtenido préstamos en el exterior piden que de la mano del desmonte de los ajustes por inflación se incorporen medidas que permitan la deducibilidad del componente inflacionario de los gastos financieros.