¿Quién es empleado para efectos tributarios?

Revista Nº 195 Mayo - Jun. 2016

Los ingresos laborales han sido gravados usualmente con el impuesto sobre la renta y adicionalmente, también están sujetos a las obligaciones de pagar las cotizaciones de la seguridad social.

Julio Roberto Piza R. 

Profesor Derecho Tributario Universidad Externado de Colombia 

Los ingresos laborales han sido gravados usualmente con el impuesto sobre la renta y adicionalmente, también están sujetos a las obligaciones de pagar las cotizaciones de la seguridad social, más aún constituyen un rubro importante del recaudo de este impuesto, dada la facilidad para controlar su pago efectivo. Pero, a partir de la Ley 1607 del 2012 se amplió el concepto de empleado para efectos tributarios, para integrar bajo este concepto no solo a los asalariados sino incluir también a las personas que prestan servicios en forma independiente. Sin embargo, este propósito no ha sido sencillo y ha sido necesario reglamentar quizás en exceso, con el fin de precisar esta categoría, y además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha contribuido a desdibujar esta asimi­lación que no fue suficientemente definida en la mencionada ley.

El derecho tributario tiene la particularidad de crear sus definiciones específicas como parte de su autonomía, sin perjuicio de que un mismo concepto sea regulado por más de una disciplina. Un ejemplo de este fenómeno, es el concepto de empleado, que si bien se encuentra regulado por parte del derecho laboral, también encuentra una regulación autónoma en el derecho tributario, siendo ambos conceptos diferentes, pues en el primer caso, empleado será aquel que “se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración” (CST, art. 22), mientras que en materia tributaria, el concepto de empleado es más amplio, incluyendo no solo la definición contenida en las disposiciones laborales, sino también otras, no contempladas por la primera, como el caso de los trabajadores independientes.

El impuesto sobre la renta para las personas naturales grava los ingresos obtenidos en el año, como la manifestación de capacidad económica definida como el incremento neto que pueda capitalizarse o consumirse. De esa manera, en el caso que nos ocupa, las personas naturales, pueden recibir sus ingresos por virtud de un contrato laboral, por la prestación de servicios personales o por la combinación de capital y trabajo, como ocurre con los trabajadores por cuenta propia. Ahora bien, todos ellos, en principio están obligados a cotizar a la seguridad social (pensiones, salud y riesgos), en función de sus ingresos, conforme a la Ley 100 y sus posteriores adiciones.

En ese sentido, el propósito de este artículo consiste en exponer, desde el punto de vista tributario, qué personas hacen parte de la categoría de empleados y cómo este concepto ha ido evolucionando desde su concepción en la reforma tributaria del 2012, así como los problemas que ha encontrado frente a su planteamiento inicial dentro de una política fiscal orientada a satisfacer los principios que inspiran el sistema (progresividad y equidad), pero que se ha visto limitada en los últimos pronunciamientos que sobre el particular ha realizado la Corte Constitucional al punto de interponerse por parte del gobierno un incidente de impacto fiscal por las consecuencias económicas que podría tener una de estas sentencias. Todo lo anterior, para resaltar las distorsiones que enfrenta el actual esquema del impuesto sobre la renta personal y que fueron contempladas por parte de la Comisión de expertos para la equidad y competitividad tributaria, estableciendo los lineamientos que una eventual reforma debería contemplar.

Panorama actual

La Ley 1607 del 2012 introdujo dos mecanismos alternativos de liquidación del impuesto sobre la renta frente a la depuración ordinaria del mismo para las personas naturales: IMAN (impuesto mínimo alternativo nacional) e IMAS (impuesto mínimo alternativo simplificado), de igual forma incorpora una clasificación diferente de los sujetos pasivos de este impuesto en tres categorías, dependiendo del desarrollo de su actividad: trabajadores por cuenta propia, empleados y otras personas naturales. Así establece un nuevo concepto de empleado en el artículo 329 del estatuto tributario que, bajo el entendido de la norma, es aquel que deriva por lo menos el 80% de sus ingresos anuales de una relación laboral o legal y reglamentaria, pero también por la prestación de servicios de manera personal o por la realización de una actividad económica, bien sea que lo realice por su propia cuenta y riesgo, o por cuenta y riesgo del empleador o contratante. La norma determina que para establecer la proporción del 80%, habrá que computarse y sumarse “tanto los ingresos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, los ingresos provenientes del ejercicio de profesiones liberales como también los provenientes de la prestación de servicios técnicos, en el evento en que se perciban por un mismo contribuyente”.

Ahora bien, la clasificación tributaria para efectos del impuesto sobre la renta recae sobre el propio contribuyente, mediante una manifestación que ha de entregar a su pagador (D. 1070/2013, art. 1º). De todas formas, se traslada una gran responsabilidad en el recaudo para con los agentes retenedores, los cuales han de interpretar la disposición general para aplicarla a diferentes supuestos que deben enfrentar en la realidad, so pena de terminar respondiendo solidariamente por sumas que no retuvieron correctamente (E.T., art. 370), permitiéndoseles en todo caso, repetir contra el beneficiario del pago o abono en cuenta.

Estos mecanismos pretenden segmentar el tratamiento de los sujetos pasivos clasificados en la categoría de empleados según su nivel de ingresos. De esa manera, para el rango más bajo de contribuyentes (aquellos que perciben entre tres y siete millones de pesos) se incorporó un mecanismo simple de liquidación del impuesto junto con la garantía de un término más corto para que la DIAN ejerciera su función de fiscalización (seis meses y no dos años, de conformidad con el artículo 335 del estatuto tributario) y el otro, con el cual se busca limitar los beneficios de las personas de mayores ingresos que, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno, tengan una renta superior a un monto aproximado a diez millones de pesos mensuales, que representan menos del 0,1% de la población económicamente activa (140 mil personas).

La creación del IMAN tuvo un enfoque correcto, en el sentido de limitar los beneficios para las personas de mayores ingresos que se encuentran clasificados como empleados, aun así, quedan sin respuesta otros problemas que se presentan en el régimen de las personas naturales, como lo es que la pretendida limitación de beneficios, en la práctica solo opera sobre un reducido número de sujetos. De igual forma, este propósito también pierde su fuerza a partir de los más recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional, dado que estableció que bajo este mecanismo sí es posible deducir el 25% de las rentas del trabajo de la base impositiva.

Recordando la exposición de motivos para el primer debate de la Ley 1607, en la Gaceta del Congreso 829 del 2012, se establece que el IMAN:

(…) surge como una respuesta al desajuste estructural del impuesto sobre la renta aplicable a las personas naturales, en donde una serie de beneficios tributarios orientados a un sector de la población de altos ingresos ha perforado la base gravable y disminuido la carga tributaria a cargo de los destinatarios de estos beneficios, afectando gravemente la estructura del sistema tributario colombiano al volverlo inequitativo y regresivo.

El IMAN responde a esta inquietud y mediante la definición de un mínimo de tributación en cabeza de los contribuyentes de ingresos superiores, garantiza el cumplimiento del principio de solidaridad que define al Estado colombiano en el artículo 1º de la Constitución, y la aplicación real de los principios de justicia y equidad en relación con el deber ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, en condiciones de justicia. Bajo estos postulados, el impuesto mínimo alternativo nacional (IMAN) asegura una tributación mínima en cabeza de las personas naturales residentes en el país sobre sus ingresos brutos.

Sin embargo, para lograr esto, trata de asimilar las rentas derivadas del trabajo y las derivadas por la prestación de servicios personales, lo cual implica equiparar a los que prestando servicios, tienen un componente de su ingreso asociado a unos costos, para incluirlos dentro de la categoría de empleados. Pero esta categoría la vino a desarrollar reglamentariamente (decretos 099, 1070 y 3032 del 2013), encontrando no pocos tropiezos, tanto así que la Ley 1739 del 2014 completó este propósito, al permitir la exención del 25% de las rentas de empleados que prestan servicios de manera independiente al igual que los asalariados, limitándoles en todo caso la posibilidad de deducir gastos.

Si bien los cambios experimentados desde la Ley 1607 están bien direccionados y buscan emular de alguna forma los buenos resultados que en otras latitudes se han obtenido con disposiciones similares, lo cierto es que una regla no puede desviarse y desdibujar los principios que inspiran a nuestro sistema tributario, como lo es el de capacidad económica, por tal razón, no existe justificación para dar un tratamiento privilegiado a los contribuyentes asalariados (con vinculación laboral), de aquellos que desarrollan actividades económicas por su propia cuenta y riesgo. Y si a eso le sumamos que los cambios pretendidos por el poder tributario del legislador han sido limitados por las decisiones de la Corte Constitucional, tenemos que el sistema tributario está desestructurado, o aún mejor, se enfrenta a distorsiones que no responden a los planteamientos de política fiscal pretendidos en un entonces por el Gobierno, siendo necesario, cada vez con más apremio, realizar una reforma estructural.

Limitación del poder de imposición por parte de la Corte Constitucional

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha declarado inexequibles un par de normas que han lesionado gravemente esta idea de asimilar los servicios prestados de manera independiente con aquellos que se prestan por parte de los asalariados, ambos pertenecientes a la categoría de empleados.

De esa forma, estas medidas que afectaban a las personas naturales, en especial aquellas que, clasificadas como empleados, realizaban actividades de manera independiente, han sido analizadas por la Corte, declarando inexequible la prohibición de la exención del 25% de los ingresos laborales por el IMAN (C-492/2015) y también la prohibición de deducir los gastos necesarios para la producción de rentas tratándose de independientes (C-668/2015), aun así, las limitaciones impuestas por la Corte, desdibujan el sistema, pues dejan en un escenario privilegiado a los independientes, que antes se encontraban en una situación de inequidad, pues ya no solo tienen derecho a las rentas laborales exentas del 25% de sus ingresos, sino que además pueden deducirse los costos y gastos en que incurran y ese, en inicio, no era el propósito del legislador al buscar acabar con la regresividad que aquejaba la estructura tributaria.

La primera es la Sentencia C-492 del 2015 que permite descontar el 25% de las rentas exentas a las personas que prestan servicios independientes, esto bajo el entendido que:

(…) el cálculo de la renta gravable alternativa para empleados, obtenida en virtud de los sistemas IMAN e IMAS-PE, permita la sustracción de las rentas de trabajo exentas, en los términos previstos por el artículo 206-10, primera frase, del estatuto tributario. Aunque esta decisión se funda en que la regulación, según su contenido, está llamada a interferir en el mínimo vital de los contribuyentes con niveles medios de renta, y amenaza entonces su goce efectivo, la Corte no tiene competencia para introducir diferencias en el universo de beneficiarios de la exención, y debe extenderla hacia todos los empleados obligados a aplicar el IMAN, con impactos porcentuales equivalentes (25% en los términos del estatuto). Esta decisión se justifica a la luz del principio de progresividad tributaria, en tanto no afecta el carácter progresivo del sistema de renta (C.P., art. 363).

En ese sentido, a partir del presente año, el cálculo de la renta gravable alternativa para empleados debe permitir la sustracción de las rentas de trabajo exentas al momento de realizar la depuración del IMAN e IMAS-PE. En todo caso, frente a esta decisión, el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó el año pasado, ante la Corte Constitucional, un incidente de impacto fiscal, indicando que “la sentencia tiene un costo fiscal de $ 335 mil millones anuales”, beneficiando a las personas que cuentan con mayor capacidad contributiva, es decir, personas con ingresos anuales superiores a $ 43 millones, para que se difieran los efectos del fallo por un año, de manera que habrá que aguardar para que en el marco de la reforma tributaria estructural se revise de manera sistemática, integral y uniforme el ordenamiento tributario en su conjunto y en particular los beneficios existentes.

La segunda es la Sentencia C-668 del 2015, donde se permite el reconocimiento fiscal de los costos y gastos que no provengan de una relación laboral, en el caso de los independientes, pues, de no ser así, resultarían gravados sobre sus ingresos brutos y no su renta real, violentando de esa manera el principio de equidad tributaria, toda vez que esto, a juicio de la Corte,

(…) desconoce la real capacidad económica de un grupo de contribuyentes y genera una tributación paritaria entre los trabajadores independientes y los empleados asalariados, quienes cuentan con una mayor capacidad económica, ya que por la forma en la que prestan sus servicios personales no incurren en los costos y gastos que deben sufragar los empleados que prestan servicios personales por su cuenta y riesgo.

La Corte encuentra, por consiguiente, que no es razonable ni proporcional prohibir el reconocimiento de los costos y gastos en los que incurren los empleados independientes para definir la base gravable del impuesto sobre la renta. Efectivamente, esa prohibición i) desconoce la capacidad económica de los contribuyentes, ii) genera una tributación igual entre sujetos con diversa capacidad económica y iii) genera un impacto regresivo en el sistema tributario.

Por cuenta de estas dos sentencias, el régimen de las personas que clasificadas como empleados prestan servicios de manera independiente, quedó en una situación ventajosa frente a los asalariados, puesto que no solo pueden descontar los gastos en que incurran para el desarrollo de su actividad, sino que también pueden tomar el 25% de la renta exenta como lo hacen los asalariados.

Distorsiones del sistema actual

Por lo demás, estas rentas tienen otras diferencias, que podrían ser, en primer lugar que los servicios prestados de forma independiente causen IVA y si quien los presta supera las 4.000 UVT (119 millones aproximadamente) debe facturar este impuesto con una tarifa del 16% sobre el monto de sus servicios. Además, de igual forma se causaría el ICA, con lo cual, resultaría más oneroso que los servicios prestados por los asalariados, manteniendo por otra parte, las obligaciones en materia de seguridad social, pues si bien deben liquidarse sobre el 40% de sus ingresos mensuales, las mismas, deben ser asumidas plenamente por el prestador del servicio.

En particular, el objetivo del IMAN era responder de manera más coherente con los principios de equidad y progresividad en la determinación del impuesto sobre la renta para las personas naturales, sin eliminar los beneficios existentes, pero sí creando un piso o impuesto mínimo que dependa del nivel de ingreso del sujeto obligado, existiendo bajo este sistema, 86 rangos y tarifas entre 0 y 27% sobre la renta gravable alternativa, llevando a que las personas con los ingresos más altos reduzcan su tributación y de esta manera distorsionan el sistema.

La tributación de la renta de las personas naturales cuenta con diferentes beneficios, los cuales, en la práctica, llevan a que las tarifas promedio del impuesto sobre la renta sean bajas. Sin embargo, los asalariados cuentan con tarifas promedio superiores a la de los demás grupos, en parte por la limitación a los beneficios dada por los mecanismos de determinación de la obligación a su cargo. De esta forma, este grupo de contribuyentes cuenta con una tarifa promedio de 12,4%, la del decil de mayores ingresos es 24% y la de mayores es 28,3%.

Seguridad social de los empleados-trabajadores independientes

No hay una coordinación o armonía entre la imposición directa personal y las obligaciones que existen en materia de seguridad social, aun cuando ambas constituyen supuestos típicos de obligaciones tributarias que recaen sobre los empleados.

La naturaleza tributaria de los aportes al sistema de seguridad social ha sido reconocida por la Corte Constitucional al referirse a los recursos que ingresan al sistema, de esa forma en Sentencia C-155 del 2004, se establece que:

Esta corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los recursos que ingresan al sistema de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del sistema general de seguridad social en salud, bien en pensiones.

A propósito de los aportes a la seguridad social de los trabajadores independientes, debemos partir de la Ley 1393 del 2010, que en su artículo 27 adiciona al artículo 108 del estatuto tributario, estableciendo un límite a la deducibilidad de los pagos realizados a los trabajadores independientes, pues el contratante debe verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social que le corresponden al contratista según la ley. Esta disposición generó muchas dudas acerca de cuál era la base y la forma de realizar y verificar los aportes, toda vez que hacía falta la reglamentación respectiva, generándose ingentes interpretaciones por cada contratante, de forma que en algunas instituciones no se exigían aportes, en otras se exigían sobre el monto total del pago y en otras sobre el 40% del mismo.

En un principio no existía un monto mínimo o máximo para determinar la base de cotización, y se tomaba como punto de inicio el mínimo vital de las personas (C-1089/2003), llegando hasta el límite de cotización de 25 salarios mínimos mensuales vigentes. Luego aparece la Ley 1122 del 2007, la cual en su artículo 18 señala que los independientes contratistas de prestación de servicios cotizan sobre una base de cotización máxima de un 40% del valor del contrato, siendo el monto de cotización máximo del 40%, presumiéndose que al menos el 60% eran los costos imputables a esa operación.

Antes de la Ley 1753 del 2015, ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, no era clara la base de cotización de las obligaciones de seguridad social para los trabajadores independientes, sin embargo, esta norma en su artículo 135 aclaró que estos tendrían que aportar y pagar mes vencido sobre mínimo el 40% del valor mensual de sus ingresos, sin incluir el IVA. Sin embargo, esta norma se refiere a los “trabajadores independientes por cuenta propia”, que bajo una interpretación exegética no podría aplicarse pues no existe una definición legal de trabajador independiente por cuenta propia, lo más probable entonces es que el legislador haya incurrido en una confusión, donde la norma en principio iba dirigida hacia los trabajadores independientes, pensando entonces que si no se trataba de empleados bajo la clasificación tributaria, se trataba de trabajadores por cuenta propia.

El escenario así planteado nos enfrenta a un impuesto sobre la renta para las personas naturales que deberán tributar sobre una tarifa progresiva dependiendo de sus ingresos y habrá que adicionarle el pago por la contribución a la seguridad social. Sin embargo, mientras en el impuesto sobre la renta hay un mínimo no gravado, que responde a razones de subsistencia de la persona natural, tratándose de la seguridad social, este mínimo no existe más allá de las consideraciones acerca de un mínimo vital.

Propuesta comisión de expertos

Por todo lo anterior, la comisión para la competitividad y la equidad tributaria, creada por mandato del artículo 44 de la Ley 1739, propone un cambio en el régimen tributario de las personas naturales, tratándose del impuesto sobre la renta, con el fin de corregir estas inconsistencias, derivadas algunas de la propia ley y otras de la jurisprudencia.

Desde la última reforma tributaria estructural que experimentó nuestro país en el año de 1986, el mínimo no gravado en materia del impuesto sobre la renta, se aumentó en demasía, con el resultado que quienes se encuentran por encima del umbral deben compensar lo que dejan de pagar los que pertenecen a la franja que se ubica por debajo, siendo pocas las personas naturales que tributan.

Es así como las rentas de trabajo, cuya definición también incluye el servicio personal independiente, basado en el trabajo personal, estarían gravadas por todos sus ingresos y tendría una exención del 35% de su renta líquida, que en todo caso no podría superar las 4.500 UVT, esto es 127 millones. Esta sería una fórmula muy simplificada de liquidar el impuesto de renta para quienes perciben ingresos de trabajo, estableciendo una clasificación por los diferentes tipos de rentas y no por los grupos de personas. De igual forma, se propone bajar el umbral a partir del cual se comienza a pagar el impuesto que hoy es de tres millones mensuales, teniendo en cuenta que el total de contribuyentes personas naturales al día de hoy es de 1.8 millones, los cuales representan tan solo el 14% del total de los ingresos percibidos por este impuesto, con la reforma se buscaría aumentar el número de nuevos contribuyentes en tres millones, empezando a tributar desde una renta líquida gravable de $ 1.5 millones.

Colofón

1. El reto desde el punto de vista fiscal es cómo diseñar una política que logre financiar los servicios de seguridad social del Estado y, simultáneamente, garantice la progresividad en el impuesto sobre la renta derivada de los servicios prestados o la venta de bienes por personas naturales.

2. Por tal razón, el sistema tributario aplicable a las personas naturales está ligado a la seguridad social y a las políticas de formalización empresarial e incentivos al emprendimiento, combinando simplicidad y eficiencia para facilitarle el cumplimiento a las personas y garantizando el control por parte del Estado.

3. En todo caso, la clasificación según las fuentes de la renta de las personas, en particular para el impuesto sobre la renta, son tres: capital, trabajo y rentas mixtas (que combina capital y trabajo, al vender bienes o prestar servicios). Sin embargo, las últimas reformas tributarias han dejado de lado, en la clasificación de las personas naturales para efectos del impuesto sobre la renta, la inclusión de los rentistas de capital, con lo cual, ellos siguen determinando su impuesto a cargo de acuerdo con el sistema ordinario, sin estar sujetos al IMAN, quedando casi siempre en mejor situación que los empleados con rentas de trabajo más altas, tan solo porque pueden aplicar deducciones con mayor libertad. Por tanto, los análisis que sobre equidad tributaria se realicen en el futuro, no pueden limitarse a las personas naturales con rentas de trabajo, sino que también deben incluir a otros sujetos con capacidad económica. En específico, los altos beneficios otorgados al ahorro financiero así como la no sujeción de los dividendos, refleja la baja tributación de los segmentos de mayores ingresos, que son, en general, este tipo de sujetos.

4. Como una persona puede tener diferentes rentas, cada una tendrá su propio tratamiento, independientemente de que al final sume las distintas fuentes de ingreso, para calcular su impuesto a la renta, global o sintético, sin perjuicio de la progresividad, que en el caso colombiano es especialmente explicativo. De esa forma, de los 48 millones de colombianos, apenas la mitad conforma lo que se denomina población económicamente activa (PEA), esto es, individuos en edad de trabajar que se encuentran trabajando o que están buscando empleo. Del total de la PEA, el 80% obtiene ingresos inferiores a un millón de pesos mensuales, de otra parte, en la cúspide de la pirámide se ubican aquellos individuos con los ingresos más altos, que representan el 0,4% de la PEA (92.500 personas aproximadamente) y perciben de manera mensualizada, un monto igual o superior a los diez millones de pesos.

Por ende, la propuesta de la comisión de ampliar la base de contribuyentes disminuyendo el umbral de ingresos desde el cual se debe empezar a tributar, aumentaría en cerca de tres millones de personas el total de obligados, así sea a tarifas muy bajas. De todas formas, de acuerdo con las cifras del DANE, aproximadamente el 80% de la población trabajadora seguiría sin la obligación de tributar. Siendo lo cierto que el recaudo del impuesto de renta personal, representa solo el 15% del total de recaudo de este impuesto, esto es, un número de contribuyentes un poco mayor a 1.8 millones, dentro de los cuales dos terceras partes son trabajadores por cuenta propia y el tercio restante asalariados.

5. La Ley 1607 trató de asimilar a los que prestan servicios como independientes a los sujetos asalariados, bajo la denominación común de empleados, pero debió, partiendo de la ley, tener en cuenta la idea de que cuando un independiente se convierte en un empresario, siempre tiene costos y gastos aparejados a su actividad. Sin embargo, esta circunstancia no se definió correctamente, luego fue la jurisprudencia constitucional la que delimitara las reglas aplicables a este grupo de sujetos, reconociéndoles que tienen una exención del 25% de sus ingresos, así como la posibilidad de deducir las erogaciones en que incurran para el desarrollo de su actividad.

6. Lo que tiene que ver con el recaudo y la gestión de seguridad social es muy precaria y, aunque se ha tratado de emular las medidas que operan en el sistema tributario para realizar el control por parte del patrono o contratante, esto no se ha hecho de la mejor manera, y es necesario llevar a cabo ajustes que logren armonizar el impuesto sobre la renta personal con las obligaciones existentes en materia de seguridad social.

7. La relación entre las implicaciones tributarias y laborales, tanto para el contratante y el empleado, será siempre muy estrecha, por tanto, alinear el tratamiento de las personas que derivan sus ingresos de salarios como de remuneración por la prestación de servicios independientes y aun los trabajadores independientes, que combinan capital y trabajo personal, requiere una regulación integral y armónica, pues las obligaciones de los empleados usualmente son controladas a través de los patronos o contratantes, que en materia tributaria tienen una larga tradición, pero que en relación con la seguridad social, carecen de claridad y la omisión legislativa, en muchos casos, da lugar a un margen de interpretación inconveniente a los demasiados casos de inequidades ostensibles.