¿Reviven las megapensiones?

Revista Nº 187 Ene.-Feb. 2015

Oscar Andrés Blanco Rivera 

Abogado de la Universidad Externado de Colombia. 

Asesor de empresas en derecho laboral y seguridad social.  

Conjuez de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá.  

Profesor de postgrado de la especialidad de las universidades Externado de Colombia, Rosario e Icesi (Cali). 

En artículo publicado en la revista Actualidad Laboral (Nº 180, nov.-dic., 2013), analizamos la Sentencia C-258 de mayo del 2013, por la cual la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 17 (L. 4ª/92), de las expresiones “durante el último año y por todo concepto, y (...) se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, contenidas en el inciso 1º del artículo 17, así como la expresión “por todo concepto”, contenida en su parágrafo. En lo demás, la Corte declaró exequibles las restantes expresiones relativas al régimen pensional de los congresistas y de los servidores públicos a quienes les resulte aplicable, bajo los siguientes entendidos: (i) No puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados a este; (ii) Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas; (iii) Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso 3º de la Ley 100 de 1993, según el caso, y (iv) Las mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de conformidad con este régimen especial, no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio del 2013.

Adicionalmente, dispuso que las pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, con abuso del derecho o con fraude a la ley, en los términos del acápite de conclusiones de esta sentencia, se revisarán por los representantes legales de las instituciones de seguridad social competentes, quienes podrán revocarlas o reliquidarlas, según corresponda, a más tardar el 31 de diciembre del 2013. En los demás casos de pensiones reconocidas de manera contraria a lo dispuesto en los numerales i, ii y iii del ordinal tercero, arriba anotados, se ordenó que quienes tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones decretadas al amparo del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 deberán en el marco de su competencia, tomar las medidas encaminadas para hacer efectivo el presente fallo, aplicando en lo pertinente, los artículos 19 y 20 de la Ley 797 del 2003, en los términos del apartado de conclusiones de esa sentencia.

Profundo malestar ha causado entre congresistas, magistrados de altas cortes y de órganos de control, al igual que los beneficiarios de las pensiones sometidas a revisión por las entidades pagadoras, por estimar que sus expectativas de obtener una pensión bajo los términos del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 quedarían cercenados, para ajustarlas a los límites y alcances ordenados por la Corte Constitucional.

Cuando creíamos que en adelante el reajuste, reconocimiento o revisión de tales pensiones se llevaría a cabo en forma pacífica por decisión de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado ha proferido sendas sentencias que persiguen, en últimas, el mantenimiento de tales pensiones, contrarias a la resolución de constitucionalidad y de la opinión nacional que las estima exageradas frente a la generalidad de los pensionados colombianos que las ven como una prestación de privilegio en favor de exaltos funcionarios del Estado. Veamos algunos pronunciamientos del Consejo de Estado.

Caso 1: en sentencia de 21 de noviembre del 2013 (Sec. Segunda, Subsección A, Exp. 25000-23-25-000-2007-00809-01), resuelve el Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la sentencia del 14 de agosto del 2008 (Sec. Segunda, Subsección C, Tribunal Administrativo de Cundinamarca), que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos por los cuales le fue negada la reliquidación de la pensión de jubilación.

El demandante solicitó la reliquidación de la pensión reconocida en su condición de magistrado de la Corte Constitucional, conforme a lo establecido por el artículo 17 del Decreto 1359 de 1995, liquidada en el 75% del ingreso mensual promedio devengado desde el 1º de enero de 1995, que incluye el sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, de transporte, de salud, semestral, de Navidad y toda otra asignación de la que haya gozado hasta que la reliquidación se cancele efectivamente, los reajustes anuales y los incrementos de ley, teniendo en cuenta la devaluación y los intereses moratorios y se condene en costas al demandado. Argumentó que en casos idénticos en cumplimiento de sentencias de tutela, Cajanal reliquidó la pensión de jubilación de acuerdo con los artículos 25, 26 y 17 de la Ley 4ª de 1992, 17 del Decreto 1359 de 1993 y 28 del Decreto 104 de 1994. En desarrolló de las disposiciones que regulaban las pensiones anteriores a la vigencia de dicha ley, es incuestionable el tratamiento de igualdad que existe entre congresistas y magistrados de altas corporaciones, otorgados por los fallos de la Corte Constitucional, la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 104 de 1994, en referencia a la cuantía de la remuneración, prestaciones sociales y demás derechos laborales, razón por la cual le asiste el derecho a ser beneficiario de la reliquidación pensional con el 75% instituido por el decreto antes citado, en razón al derecho a la igualdad.

Cajanal se opuso a las pretensiones y adujo la legalidad de los actos administrativos proferidos, por cuanto el actor se pensionó con posterioridad a la expedición de la Ley 4ª de 1992, por lo que no puede reclamar homologación alguna con los congresistas.

Definió el tribunal el problema jurídico al establecer que si al accionante exmagistrado de la Corte Constitucional, le asistía el derecho de obtener la reliquidación de su pensión de jubilación y el reajuste especial con el régimen aplicable a los parlamentarios, le “es aplicable por vía de analogía... a los magistrados de las altas cortes que se pensionaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la precitada ley” por una sola vez, con la cancelación de las diferencias entre lo pagado y lo reajustado, con efectividad a partir del 10 de febrero del 2000, por prescripción trienal, sin que la prestación sea inferior al 50% de la pensión a que tenía derecho un congresista para el 1º de enero de 1994.

Apelada la sentencia del tribunal por ambas partes, el Consejo de Estado resolvió el caso, así: “Problema jurídico: el asunto propuesto en esta oportunidad se contrae a establecer, si al demandante con ocasión de haber laborado como magistrado de alta Corte, le asiste el derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación al igual que al reajuste especial, de conformidad con el régimen pensional de los congresistas”. Para desatarlo, el ad quem hace un recuento de la normativa pertinente para considerar si le es procedente acceder a las peticiones del demandante, por lo siguiente:

1. Del régimen pensional de los magistrados de altas corporaciones de justicia: la regulación de las prestaciones sociales del sector público dispuestas en el artículo 1º (L. 33/85), señala que el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años, tiene derecho a una pensión de jubilación del 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios. Sin embargo, anota que esa regla tiene sus excepciones en el Decreto 546 de 1971, el que reguló de manera especial el régimen de seguridad y protección social de los servidores públicos de la rama jurisdiccional, para indicar que el artículo 6º determinó que tanto los funcionarios como los empleados a los que se refiere, tienen derecho al llegar a los 55 años de edad, si son hombres, o 50 años, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia del decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la rama jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas, a una pensión ordinaria de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas. Pero si ese tiempo de servicios a la rama o al Ministerio Público fue menor de 10 años, la pensión se liquidará en la forma ordinaria dispuesta para los empleados públicos. Esto es la Ley 33 de 1985.

Pero como la Constitución de 1991 otorgó al legislador facultades para fijar el régimen salarial y prestacional de empleados públicos, miembros del Congreso Nacional y Fuerza Pública, expidió la Ley 4ª de 1992 que en su artículo 17 facultó al Gobierno Nacional para establecer el régimen de pensiones a representantes y senadores, y mediante el Decreto 1359 de 1993 señaló que “no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que (...) perciba el congresista”. En su parágrafo dijo que “la liquidación de las pensiones y sus reajustes se hará teniendo en cuenta el último ingreso promedio que (...) devenguen representantes y senadores en la fecha que se decrete la jubilación —lo incluido entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013—”. Y en cuanto al reajuste especial de la mesada pensional contenida en el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993, extensivo a los magistrados de altas cortes, con pensión reconocida antes de entrar en vigor la Ley 4ª, se hace por una sola vez para ajustar el desequilibrio entre los antiguos pensionados y los nuevos en vigencia de dicha ley.

Por Decreto 104 de 1994, reglamentario de la Ley 4ª de 1992, se extendió la forma de liquidación de pensiones de congresistas a los magistrados de las altas cortes. Pero como en vigencia de la Ley 100 de 1993, los servidores públicos del Congreso quedaron vinculados al nuevo sistema de pensiones —D. 691/94—, se preservan los derechos adquiridos y los mecanismos establecidos para el régimen de transición previsto en los artículos 36 y 273 del nuevo sistema general de pensiones.

Concluye el Consejo de Estado que la norma que de manera especial regulaba a los magistrados de altas cortes era el contenido en el Decreto 546 de 1971, que exigía para la obtención del derecho a la pensión de jubilación el equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubieren devengado en el último año de servicio, la edad de 55 años para los hombres y de 50 años para las mujeres, siempre que al menos durante 10 años hayan sido al servicio exclusivo de la rama jurisdiccional o del Ministerio Público.

En este pronunciamiento deja sentada la siguiente posición jurisprudencial: que con motivo de la expedición de la Ley 4ª de 1992 y los decretos 1359 de 1993 y 104 de 1994, se estableció el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama judicial y de los miembros del Congreso Nacional, limitadas hoy en día por la Sentencia C-258 del 2013 que ordena tener en cuenta para su liquidación solo los factores remuneratorios del servicio sobre los cuales se hayan efectuado cotizaciones, sin exceder el tope de 25 smlmv a partir del 1º de julio del 2013, mas no así a quienes tengan regulada su situación pensional por las normas anteriores al Decreto 546 de 1971 y de la Ley 33 de 1985, a quienes no pueden aplicarse las restricciones introducidas por la sentencia constitucional.

2. Caso concreto y decisión: con las anteriores premisas el Consejo de Estado falla el caso concluyendo que como el derecho se consolidó el 1º de enero de 1992, en vigencia de las normas anteriores a la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 104 de 1994, revoca la sentencia del ad quem, decreta la nulidad de la resolución de Cajanal y ordena la reliquidación con base en el 75% sobre el salario promedio de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, incluidos todos los factores, con observancia de las limitantes a las que alude el Acto Legislativo 1 del 2005 desde el 25 de julio del 2005.

Nos preguntamos: ¿a cuáles limitantes se refiere la sentencia?, ¿a los derechos adquiridos?, o ¿al tope de los 25 smlmv? Consideramos que el juez está obligado a ser claro en sus decisiones y no dejar en libertad al intérprete para evitar equívocos en materia tan sustancial como el caso tratado.

Caso 2: en sentencia de unificación de 12 de septiembre del 2014 (rad. 25000-23-42000-2013-00632-01), la Sección Segunda del Consejo de Estado confirma la decisión del a quo, pero en el entendido de ordenar a Colpensiones reconocer la pensión de vejez a la demandante con el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en calidad de magistrada de alta Corte, con la inclusión de los factores salariales correspondientes al salario, los gastos de representación, la prima especial de servicios y la prima de Navidad, efectiva a partir del 1º de noviembre del 2011 y con observancia de la limitante a la que alude el parágrafo 1º del Acto Legislativo 1 del 2005, desde el 31 de julio del 2010.

Pretende la demandante que se condene al reconocimiento de la pensión con fundamento en el régimen especial de los congresistas, aplicable a los magistrados de las altas cortes establecido en la Ley 4ª de 1992 y los decretos 1359 de 1993, 1293 de 1994 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con los reajustes e intereses de mora. Fundamentó su petición haber nacido en abril de 1957, laborado al servicio del Estado por 21 años, 6 meses y 25 días, desempeñando por último el cargo de Consejera de Estado y ser beneficiaria del régimen de transición. Elevada la petición al ISS, le fue negada al estimar no cumplir con los requisitos de semanas cotizadas y edad, que contempla el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

Colpensiones se opuso a las pretensiones y manifestó que con motivo del traslado del régimen de ahorro individual al de prima media, debe observarse lo resuelto en la Sentencia C-789 del 2002 y SU-062 del 2010, porque a pesar de tener cumplidos 15 años a la vigencia del sistema de pensiones, el ahorro efectuado no puede ser inferior al que se hubiera generado en el régimen de prima media.

1. Decisión de primera instancia: se ordenó el derecho a la pensión de vejez bajo el régimen especial de la rama judicial establecido en el Decreto 546 de 1971, ordenó su pago como beneficiaria del régimen de transición liquidada en el equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, junto con los reajustes anuales de ley, incluyendo todas las sumas que habitual y periódicamente recibió la funcionaria, como salario, gastos de representación, prima especial de servicios y prima de Navidad, debiendo la entidad demandada realizar las deducciones correspondientes a los aportes no efectuados y con sujeción al tope pensional de 25 smlmv según Sentencia C-258 del 2013.

2. Decisión de fondo: resuelve el Consejo de Estado el caso bajo las siguientes consideraciones. Problema jurídico: la discusión gravita en torno a si la mesada pensional que se reconoció en aplicación del artículo 6º del Decreto 564 de1971, debe sujetarse al tope de los 25 smlmv. Para resolverlo, remite la sentencia al análisis del régimen pensional de los funcionarios de la rama judicial y de los magistrados de altas corporaciones de justicia, y cómo el legislador dispuso en la Ley 4ª de 1992 que los magistrados tendrán una prima especial de servicios que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso, sin que los supere, debe ser tenido en cuenta en el cálculo para hallar el 75% de la mesada pensional.

Señala el Consejo de Estado que como el régimen pensional especial que regula a los funcionarios judiciales es el contenido en el Decreto 546 de 1971, la pensión de jubilación debe liquidarse con base en el equivalente al 75% de la asignación mensual más alta que hubieren devengado en el último año de servicios. Sin embargo, como en vigencia de la nueva Carta de 1991 se expidieron la Ley 4ª de 1992 y sus decretos reglamentarios 1359 de 1993 y 104 de 1994, de acuerdo a lo resuelto en la Sentencia C-258 del 2013, de los factores de liquidación de la pensión solo pueden tomarse los que hayan sido recibidos por el funcionario con carácter remuneratorio del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones al sistema de pensiones. Pero, si se trata de un magistrado de alta Corte que tenga regulada su situación pensional con lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971 bajo el amparo del régimen de transición, no pueden aplicarse las restricciones establecidas en la Sentencia C-258 del 2013, pues solo sujeta a las pensiones especiales originadas en la Ley 4ª de 1992 y el Decreto 104 de 1994, respectivamente.

Pero cuando la obligación pensional en régimen de transición encuentre su regulación en el Decreto 546 de 1991, los valores prestacionales que deban reconocerse luego de la vigencia del Acto Legislativo 1 del 2005, habrán de compensar lo relacionado con su financiación, en aras de salvaguardar la sostenibilidad financiera de ese derecho prestacional, por lo que debe ser reconocido el régimen de transición en forma integral, de manera que los topes fijados en la sentencia citada no son aplicables, porque excluyó de su objeto los regímenes especiales, entre ellos el del Decreto 546, lo que configura una contradicción incluirlo, como lo hace la citada sentencia de constitucionalidad. Pero, comoquiera que la demandante completó su estatus pensional en julio del 2011, posterior a la vigencia del Acto Legislativo 1 del 2005, debe estarse su pensión a la limitante de los 25 smlmv.

Al respecto señalamos lo siguiente: si la demandante al 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 14 años al servicio del Estado y 35 años de edad, pero como a partir de 2002 hasta 2011 se desempeñó en la rama judicial y el Ministerio Público por espacio de 9 años, siendo el último año y medio desempeñado como magistrada del Consejo de Estado, consideramos que la decisión debió remitir al anterior régimen de transición del Decreto 104 de 1994, en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues no puede serlo el del Decreto 546 de 1971, derogado por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que excluyó cualquier régimen especial o exceptuado distinto a los allí enumerados, por lo que su pensión sí está limitada al tope de la Sentencia C-258 del 2013, pero bajo estos entendidos. Y, comoquiera que si en gracia de discusión, la demandante se encuentra en régimen de transición, el IBL calculado debe ser el resultado de promediar los últimos años anteriores a su estatus pensional y no el del último año, siguiendo las reglas de interpretación aceptadas por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional(1).

Caso 3: en la sentencia del 21 de agosto del 2014 (Exp. 25000-23-25000-2007-00242-01), el Consejo de Estado, Sección Segunda, avoca el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por el ISS y el tercero interesado, Universidad Externado de Colombia, contra la sentencia del 2 de diciembre del 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las súplicas de la demanda impetrada por un exmagistrado del Consejo de Estado.

La demanda la enderezó para obtener la nulidad de las resoluciones proferidas por el ente de seguridad social que le negó la pensión de jubilación en los términos del régimen especial y las pensiones de jubilación y por aportes de manera subsidiaria y la condena al reconocimiento de la pensión especial de jubilación desde el momento en que se retiró del servicio como consejero de Estado. Fundamentó las peticiones con los hechos de haberse desempeñado como magistrado de alta Corte, entre el 1º de diciembre de 1995 al 30 de noviembre del 2003; magistrado de tribunal del 3 de septiembre de 1976 al 1º de mayo de 1977; funcionario de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 20 de marzo de 1981 al 7 de agosto de 1982, y del 11 de febrero de 1987 al 31 de agosto de 1993, para un total de 17 años como servidor público, y como catedrático de la universidad durante los años 1967 a 1986, con algunas interrupciones.

El ISS no contestó la demanda y la universidad como tercero interesado, se opuso a las pretensiones de esta. Propuso como excepciones la falta de jurisdicción, indebida acumulación de pretensiones, caducidad de la acción y ausencia absoluta de nexo causal para la configuración del ‘fuero de atracción’. En sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró no probadas las excepciones propuestas, la nulidad de las resoluciones expedidas por el ISS, y ordenó al ISS reconocer y pagar la pensión de vejez al amparo de la Ley 4ª de 1992 y los decretos 1359 de 1993 y 104 de 1994, en cuantía del 75% del ingreso promedio mensual que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio, sin sujeción al límite de cuantía al que hace referencia la Ley 71 de 1988. Se ordenó a la universidad realizar los aportes por el tiempo que sirvió el actor a esa institución, sin condena en costas.

Apelada la decisión por las demandadas, el Consejo de Estado, en decisión de mayoría, del 21 de agosto del 2014, resolvió: i) confirmar la sentencia del a quo; ii) pero, aclararla en el sentido de que las expresiones “por todo concepto” y “a la fecha en que se decrete la prestación”, contenidas en los artículos 17 de la Ley 4ª de 1992 y 5ª del Decreto 1359 de 1993, deben aplicarse conforme a lo dispuesto en la Sentencia C-608 de 1999 y el Decreto 816 del 2002, es decir, incluyendo únicamente los factores que tengan carácter de retribución de los servicios y solo respecto de lo pagado individualmente al demandante, dejando dicho que los parámetros establecidos en la Sentencia C-258 del 2013 no son aplicables a este caso, así como tampoco el tope de los 25 salarios mínimos de las mesadas pensionales por las razones expuestas en las consideraciones de la sentencia.

Previo al fondo de la litis, el Consejo de Estado resolvió lo relativo al “fuero de atracción”, señalando que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente, así una de las partes demandada sea una institución privada, en razón a que se discute el régimen especial de congresistas y magistrados de altas cortes.

Sustenta su decisión definiendo el problema jurídico como el de resolver si el tiempo laborado por el demandante en la universidad, sin afiliación al ISS, es computable para efectos de acceder a la pensión de vejez reclamada, y si determinado lo anterior, el demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación especial de congresistas extendida a magistrados de altas cortes por haber desempeñado como último cargo el de Consejero de Estado.

Sobre la obligatoriedad de la afiliación al seguro social señala que nace con la Ley 90 de 1946. En nuestra opinión lo dicho no es del todo cierto. Lo que dispuso el artículo 72 de esa ley es que la pensión de jubilación dejará de estar a cargo del patrono hasta la fecha en que el ISS las vaya asumiendo (D. 3041/66) por haberse cumplido el aporte previo, pero sujetas al pago de los aportes a partir del llamamiento a inscripción y afiliación, que sucedió años después, mas no desde aquel momento, como parece dar a entender la sentencia. Que el artículo 76 creó el ISS para cumplir con el mandato antes dicho, pero dicho artículo condiciona la asunción de prestaciones pensionales a partir del llamamiento antes dicho (D. 3041) y se reúnan requisitos de semanas y edad. Y lo que es interpretado en forma errónea por el Consejo de Estado es que, a pesar de que el artículo 70 del reglamento del ISS aprobado por Decreto 3041 de 1966, ordena que si no se afilia al trabajador, el patrono asume la prestación en la misma forma que el ISS las hubiere otorgado, se impone una pensión a cargo del empleador. A pesar de que el ISS declaró como “deuda inexistente” la falta de afiliación del demandante, por estar desvinculado de la universidad, la sentencia impuso a esta pagar el cálculo actuarial al ISS para “habilitar” ese tiempo y por esa vía concluir que se tiene derecho al régimen de transición de Ley 100, remitiendo a las reglas del Decreto 546 de 1971. Ingeniosa tesis porque ha debido ser la pensión en régimen de transición del Acuerdo 49 de 1990 o como lo señala el salvamento de voto, una pensión por aportes de Ley 71 de 1988, pero nunca la pensión especial para congresistas y magistrados de altas cortes, máxime que los servicios como tal lo fueron en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1995 a 2003).

Conclusiones

El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 derogó los regímenes exceptuados y especiales existentes a su vigencia salvo los siguientes: “a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990 (...), ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas (...) a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, (...) también, los trabajadores de las empresas que al empezar a regir la presente ley, estén en concordato preventivo y obligatorio (...) con procedimientos especiales de protección de las pensiones, y mientras dure el respectivo concordato. Y (...) a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma”.

El artículo 11 estableció que: “El Sistema General de Pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, (...) de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general.

Y el artículo 273 señaló que: “El Gobierno Nacional, sujetándose a los objetivos, criterios y contenido que se expresan en la presente ley y en particular a lo establecido en los artículos 11 y 36 de la misma, podrá incorporar, respetando los derechos adquiridos, a los servidores públicos, aun a los congresistas, al sistema general de pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, lo que hizo por medio de varios decretos.

En consecuencia, si se excluyeron los demás regímenes especiales y exceptuados distintos a los antes señalados, y el Acto Legislativo 1 del 2005 excluyó por último a los vinculados al Magisterio Nacional y a Ecopetrol, no se puede pretender que los regímenes especiales del Decreto 546 de 1971 y Ley 4ª de 1992, y el reglamentario Decreto 104 de 1994, tengan soporte constitucional y legal alguno, salvo para aquellos pensionados excongresistas y exmagistrados de las altas cortes que consolidaron su derecho antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, o quienes al 1º de abril de 1994, tenían 15 o más años de servicios en el Estado, a la rama judicial, al Congreso y al Ministerio Público. Este debe ser el sentido de interpretación de dichas normas, para preservar los principios de igualdad y sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

(1) Ver sentencias C-037/96, C-818/2011, C-820/2006, CSJ, Rad. 43.336, entre otras.