¿Se podría lograr por consenso el aumento del salario mínimo?

Revista Nº 194 Mar.-Abr. 2016

Se piensa en la posibilidad de cambiar el ritual de la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales en aras de los acuerdos en torno al incremento anual del salario mínimo.

Javier N. Rojas 

Especial para la revista Actualidad Laboral 

Los últimos días de diciembre de cada año suelen ser especialmente agitados en materia laboral, debido a que empleadores y trabajadores, a instancias del gobierno, se enfrascan en acalorados debates en torno al porcentaje propuesto por las partes como aumento del salario mínimo para el año que va a comenzar; tensiones que se desarrollan en el marco de la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales del Ministerio del Trabajo, de la cual se suele salir sin acuerdo alguno.

Luis Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), comenta que “para la discusión del salario mínimo hay una reglamentación acordada por las partes, en el sentido de que se dan tres reuniones preliminares a la negociación, según las cuales la primera es para que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda presenten sus estudios económicos referidos al incremento del salario mínimo, la segunda, para que lo hagan los empleadores” y, la tercera, para que los trabajadores y los pensionados expongan sus análisis económicos en torno al salario.

Explica que “luego se dan dos reuniones más que se denominan negociación. En estas, los trabajadores presentan sus propuestas de incremento y los empleadores las suyas. El gobierno, generalmente, se limita a sustentar y defender su política de no hacer incrementos por encima de la inflación causada, bajo la tesis, que no compartimos, que los salarios son causa de inflación. Y, finalmente, lo tradicional es que el desacuerdo se plantee y el gobierno procede a emitir el decreto de incremento, porque así también lo determina la ley”.

Pedraza manifiesta que el escenario de negociación está puesto “al servicio del gobierno, porque nadie desconoce que los intereses de este son, en un 90%, los mismos de los empresarios. Por tanto, allí empresarios y gobierno hacen causa común y los trabajadores quedamos simplemente con la constancia de nuestras propuestas, sin posibilidad de una negociación real, máxime si los empresarios y el gobierno tienen la tranquilidad de que este puede emitir el decreto” de aumento salarial “puesto que la ley así se lo permite”.

Todas las centrales obreras son conscientes de que en esa comisión no se va a consensuar el aumento del salario mínimo, pero “van a la mesa, porque es una responsabilidad mantener vigente la comisión permanente de concertación en la perspectiva de buscar reformas que la hagan eficaz. Es un espacio de discusión donde es válido que se escuchen las tesis de los empresarios, de los trabajadores, de los pensionados y del mismo gobierno”, anota Pedraza.

“No negamos la importancia de la comisión permanente, lo que objetamos es que el modelo” de negociación está predispuesto “al servicio del gobierno”. El presidente de la Central no se muestra de acuerdo con desintegrar esa comisión, solo porque el gobierno siempre se impone: “hay que trabajar para que, en el escenario legislativo, se mire una reforma que permita a esa comisión, en verdad, ser eficaz”.

Él afirma que las centrales sindicales no pueden dejar de participar en la comisión como respuesta al hecho de que los resultados son muy pocos para los trabajadores. “Partimos del hecho de que vamos, planteamos nuestras tesis, cifras y argumentos, buscamos negociación y no es nuestra responsabilidad que esta no se dé; es responsabilidad del modelo” que favorece, en última instancia, al gobierno de turno.

Luis Ernesto Gómez, viceministro de empleo y pensiones del Ministerio del Trabajo, explica: “Lo que dificultó la negociación, el año pasado, y una concertación del salario mínimo fue la coyuntura económica. Diciembre del 2015 cerró con una inflación muy alta que no esperábamos y toda la incertidumbre en torno a la inflación generó un ambiente” desfavorable.

Además, continúa Gómez, la productividad decreció en 0,5%. Eso “también generó unas condiciones negativas y las proyecciones de crecimiento económico no eran las mejores. Cuando las variables económicas no son muy buenas es más difícil lograr un acuerdo, cuando las variables económicas sí lo son, pues se puede ser más generoso”. En el 2015, la situación económica afectó el clima de la negociación.

“Tenemos que pensar en una manera distinta de plantear ese ritual de la comisión de concertación, donde las partes puedan acercarse más, donde no se trate simplemente de presentar opciones inamovibles, sino que haya un interés sólido en entender cuáles son los beneficios mutuos de llegar a un acuerdo. Y para eso hay que revisar el procedimiento que está fijado vía ley” y es de inspiración constitucional. “Pero allí cambiar el ritual nos puede ayudar a generar más escenarios de concertación”, plantea el viceministro Gómez.

En relación con la posibilidad de realizar ajustes a la mecánica de la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales para definir el aumento del salario mínimo, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), uno de los gremios de empleadores que participan en aquella, manifiesta que son conscientes de la necesidad de reformas con el fin de que “el salario mínimo refleje la capacidad de pago de una economía” que enfrenta amenazas como la deflación y la recesión y de que esas modificaciones podrían favorecer “una mayor flexibilidad en la fijación del salario mínimo”.

Sin embargo, “en algunos casos, por obtener un incremento transitorio (del salario mínimo), el empleo y la sostenibilidad de las empresas se ven afectados negativamente. Una de las reformas que se deben tener en cuenta es el estudio de los temas, a través de todo el año”, en la comisión de concertación. Además, el gremio considera que se debe analizar “la diferenciación de los salarios urbanos de los rurales”, pues “si queremos ser competitivos internacionalmente, hay que tenerlos en cuenta”.

Juan Manuel Quintero, gerente general de Infovalmer, firma dedicada a proveer información sobre precios de instrumentos financieros del mercado de valores, considera que en el país existe una actitud complicada de los sindicatos, porque “infortunadamente, no han sido, en su gran mayoría, solidarios con las empresas” y el país, de modo que durante las negociaciones del salario mínimo, en la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales (establecida por la L. 278/96), han prevalecido, muchas veces, los intereses políticos.

Era muy difícil que empleadores y trabajadores pudieran llegar a concertar el aumento del salario mínimo del 2016 por encima del 7% decretado por el gobierno, si se toma en cuenta que los sindicatos presentaron unas primeras propuestas para incrementarlo en 10 y 12%, en circunstancias macroeconómicas desfavorables. Manifiesta que la “preocupación del gobierno está siempre enfocada en disminuir el desempleo. Se entiende que hay una relación inversa entre el salario mínimo que se paga y el desempleo”.

“En ese orden de ideas el balance que se debe hacer es entre un salario que sea justo para quienes trabajan y reciben un pago mínimo y un salario que sea adecuado para que los empresarios puedan generar empleo”. Advierte que ese es el dilema y, además, reconoce la existencia de una tendencia natural de los empresarios a buscar el menor aumento posible de los salarios y la de los trabajadores que “siempre tratan de empujar hacia arriba” el salario.

El impacto de los problemas de oferta de bienes y servicios por efecto del Fenómeno del Niño se “presentó hacia la segunda parte del 2015 y ese impacto no se ha terminado. O sea, tenemos un problema de oferta fuerte, de menores condiciones de producción dadas las condiciones climáticas. La variación de la inflación a diciembre del 2015 no necesariamente recoge el efecto completo de todo ese problema inflacionario. Entonces, vamos a tener meses de enero, febrero y marzo del 2016, probablemente, donde la inflación va a ser difícil de bajar”. El reajuste del salario mínimo para el 2016 se hizo con base en la inflación a diciembre del 2015. “Entonces, falta recoger en este el efecto de esos meses adicionales de inflación”, sostiene Quintero.

En Colombia, la tradición ha sido hacer “ajustes de salarios una vez al año” al término de diciembre. “Entonces este 2016 probablemente va a tener el efecto de ese rezago y seguramente los trabajadores van a perder, de cierto modo, durante el primer trimestre del 2016, ese cambio en los precios que estamos viviendo en este momento. Es muy difícil aceptar que ese impacto se llegara a reconocer en el salario mínimo”, porque ajustar los niveles de salarios por encima del 7% “puede poner en dificultades de competitividad” a las empresas.

Generación de empleo y salarios

Quintero no cree que se requieran reformas a la mecánica de la comisión permanente de concertación de políticas salariales. “En los países donde la oferta de trabajo es suficiente, el salario mínimo es un piso al cual nadie llega. Más que pensar en implementar caminos para hacer más eficiente esa negociación del salario mínimo, se deben facilitar condiciones para que los empresarios puedan generar empleo; se tiene que buscar que efectivamente la oferta de puestos de trabajo sea suficiente y, si eso es así, a los trabajadores, en muchos casos, les van a pagar más del salario mínimo”.

El directivo empresarial se muestra a favor de flexibilizar el mercado de trabajo y lo argumenta así: “hay sitios, en el país, en donde el salario mínimo acaba siendo un precio por encima del nivel de equilibrio (del mercado de trabajo). El salario mínimo, en algunas regiones, excede la capacidad de pago de los productores y en ese sentido sí se tiene que hacer una reforma que recoja esas particularidades. En Bogotá es difícil que se consigan trabajadores con algo de experiencia, de capacitación, y se pretenda pagar el salario mínimo. Pero en las regiones se le puede pagar el salario mínimo, incluso, a un profesional o a un técnico. Y, seguramente, esas diferencias regionales hay que recogerlas en una política de salarios que complemente la política de empleo”.

Agrega que “en las regiones donde el salario mínimo acaba por ser superior al de equilibrio, es decir, demasiado alto, se genera informalidad. La gente no accede al mercado laboral formal, prefiere no salirse del Sisbén (sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales), no formalizar el empleo, no formalizar una caja de compensación familiar, una EPS (empresa promotora de salud), un aporte a pensiones. Entonces se generan contratos irregulares, fuera de la legalidad. Al tener unas condiciones diferentes por regiones, donde se garantice que los trabajadores van a tener acceso a salud, a pensiones y a compensación familiar, se pueden buscar unos esquemas salariales más flexibles”.

Frente a la posibilidad de establecer varios salarios mínimos de acuerdo con los grados de calificación de la mano de obra, la SAC considera que “sería completamente inmanejable y buscaría, en términos reales, aparentemente, generar discriminación en contra de la capacitación para tener el menor salario posible”.

A propósito de la tesis de los sindicatos de trabajadores y de la Procuraduría General de la Nación que plantea el aumento del salario mínimo con base en el índice de precios al consumidor (IPC) para las personas de ingresos bajos del país, la SAC argumenta que “para establecer un salario mínimo por ingresos habría que modificar la normativa vigente. Desde nuestra óptica no sería muy conveniente, porque en ocasiones el IPC por grupos económicos no es alto para las personas de bajos ingresos, entonces ¿quién quedaría ganando menos? Por otro lado, tal medida generaría una discriminación hacia los estratos que han salido adelante a través del trabajo y la educación”.

Por otra parte, en el país, según Juan Manuel Quintero de Infovalmer, en general, “hay dificultades para entender cuál es la medición que se hace de la productividad” como factor importante para determinar el aumento del salario mínimo cada año. Anota que ese aspecto podría ser revisado en la metodología, “porque no hay una relación clara entre el crecimiento del país y ese parámetro de compensación por productividad”. Pero enfatiza que “el salario tiene que compensar la inflación causada y en cierto modo las expectativas de inflación”, aunque, insiste, “no hay que recoger las expectativas de inflación en su totalidad, porque si no tendremos una inflación inercial como nos sucedía en los años noventa”.

Entre tanto, al analizar la negociación del salario mínimo en el contexto constitucional y legal, Marcel Silva, abogado laboralista y profesor de la Universidad Nacional, asegura que la “Constitución de 1991 es supremamente contradictoria, en materia laboral. Por ejemplo, la parte de las garantías de los derechos laborales y de los derechos, en general, choca con la económica. El artículo 39 de la Constitución protege el sindicalismo, pero el artículo 333 ordena promover la solidaridad y esta es una de las formas de acabar el sindicalismo. Y la solidaridad se basa mucho en los criterios de concertación”.

“Por otra parte, la misma Constitución de 1991 tiene las tres líneas en materia de derecho laboral colectivo. La primera, la teoría del conflicto, del choque de intereses entre empleados y patronos y, por lo tanto, se establecen mecanismos legales, porque se reconoce la existencia de intereses diferentes. La segunda, la política de concertación que busca descartar el conflicto laboral, recurriendo a la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo. Y la tercera es el fortalecimiento de instituciones y entidades que destruyen el sindicalismo”.

Explica que “la Constitución de 1991 garantiza derechos individuales, pero en todos hace remisión a la ley. Entonces, por ejemplo, se garantiza el derecho de negociación colectiva salvo donde la ley lo determine; se garantiza el derecho de huelga”, pero “el legislador regulará su ejercicio y definirá en cuáles servicios públicos esenciales se restringe el derecho de huelga”.

“En derecho laboral, en materia de regulación del salario, el principio fundamental es la libertad sindical que está consagrada en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en muchos instrumentos internacionales, incluso los que tienen que ver con el nuevo sistema interamericano, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo de El Salvador que son obligatorios para Colombia”.

Asimismo, sostiene Silva, “en la libertad sindical se entiende que es uno solo el derecho de asociación, negociación y huelga. Los sindicatos se constituyen para mejorar las condiciones de sus afiliados, pero si estos” no son reconocidos por la contraparte como agentes de negociación de los trabajadores, “ellos pueden utilizar los medios efectivos que quieran” con el fin de ejercer presión, “porque se trata de libertad sindical de negociación, no de implorar. Si no hay quien respalde las peticiones de las organizaciones sindicales, incluso, con acciones efectivas dentro de la libertad sindical como es el caso de la huelga, pues no hay negociación, simplemente hay imposición”.

El catedrático afirma que en la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales,

“quienes negocian el salario mínimo son las centrales obreras y los gremios de empleadores. Estos de por sí tienen una fuerza que es la producción, su existencia, el control político de muchas situaciones que los afectan. Pero los trabajadores, representados en ese momento por las organizaciones sindicales, aunque estas sean de buena fe, luchadoras radicales, no tienen una base que presione el incremento del salario mínimo, porque quienes tienen salario mínimo no están organizados, ni sindicalizados”.

“Los únicos que podrían negociar un incremento salarial general serían los trabajadores que están en las empresas sindicalizados y ellos negocian convenciones colectivas en épocas distintas” a los finales de año.

Por lo tanto, en esa comisión permanente no se adelanta ninguna “negociación del salario mínimo, porque no hay quien lo presione”, pues los directivos sindicales no tienen la capacidad de convocar manifestaciones de protesta o de decretar un paro con el propósito de presionar un determinado aumento del salario mínimo, dado que los trabajadores “del salario mínimo no están sindicalizados y la mayoría de ellos ni siquiera trabajan en empresas, y muchos están” en la necesidad de aceptar el salario mínimo o, en otras situaciones, enfrentan la amenaza de ser despedidos si llegaran a presionar por mayores aumentos salariales. “Entonces nadie se va a movilizar por un incremento del salario mínimo”, asevera Silva.

“Lo más grave es que después vienen los trabajadores que sí están sindicalizados y presentan sus pliegos de peticiones para firmar una convención colectiva y el punto de referencia de incremento de ellos es el salario mínimo que no ayudaron a pelear”, advierte Silva, e insiste en que “la fijación del salario mínimo no obedece a un proceso efectivo de negociación y tiene consecuencias sobre todos los demás sectores que negocian convenciones colectivas o que incrementan salarios”.

“El aumento del salario mínimo tiene una serie de incidencias no laborales que presionan en contra del incremento del mismo, como es el de servir de parámetro para establecer sanciones, tributos, exenciones, fijar arriendos; para multitud de fenómenos del país se tiene como referencia el salario mínimo”, situación que obra en contra de alcanzar la mejora salarial de los trabajadores en la comisión permanente de concertación de políticas salariales, señala el abogado.

“Cuando se ha logrado un acuerdo del salario mínimo es por demasiada largueza de las organizaciones sindicales, porque la ven viable políticamente en un momento determinado y como nadie los está respaldando en esa negociación tampoco tienen que rendirle cuentas a nadie”. Si los dirigentes sindicales negocian un salario mínimo bajo no tiene implicaciones para sus afiliados, sino que solo “afecta a toda la gente que no está sindicalizada. Por lo tanto este mecanismo es absolutamente ineficaz y va en contra de las mismas realidades sociales del país”.

El académico Marcel Silva cree que un verdadero proceso de concertación del salario mínimo debería convocar en un único escenario a los trabajadores que perciben ese salario; a los servidores públicos; a los trabajadores sindicalizados, a los técnicos y a los profesionales; a los empleadores y al gobierno del momento, con el propósito de determinar el salario mínimo para cada uno de estos segmentos de trabajadores.

Representatividad legal

Frente a la crítica de que las organizaciones sindicales negocian el aumento de un salario mínimo que no afecta a sus trabajadores afiliados, Luis Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), anota que “a la comisión permanente van organizaciones legítimamente constituidas y nosotros somos los trabajadores voceros del sector trabajo. La ley establece que allí asisten las centrales sindicales de mayor representatividad” y en la normativa “no hay establecida una limitación respecto al carácter representativo de las centrales sindicales”.

“Lo ideal sería que todos los trabajadores tuvieran su organización, pero en Colombia los trabajadores organizados en sindicatos y con negociación colectiva son apenas el 3.9% de un potencial de 22 millones de trabajadores. Entonces, si se aplicara la tesis de que los sindicatos no representan a esta gente, pues simplemente no habría sindicatos, ni interlocución” con los empleadores y los gobiernos, asevera Pedraza.

“Hemos intentado convocar” a los trabajadores del salario mínimo para que se manifiesten con el fin de mejorar su ingreso, “pero la verdad es que no hay conciencia colectiva de lo importante que es la movilización”. Adicionalmente, “el hecho de ser trabajadores no organizados y que en su mayoría” laboren en los sectores de servicios y de comercio hace que enfrenten el riesgo de perder el empleo al participar en movilizaciones de trabajadores. “En el 2015 hicimos una convocatoria, el día que se instaló la comisión de concertación, y asistieron 30 personas” a la entrada del edificio del Ministerio del Trabajo en Bogotá. Se reafirmó así que “no hay conciencia colectiva de la importancia de la movilización social”, asegura Pedraza.

En la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, sostiene Luis Ernesto Gómez, viceministro de empleo y pensiones del Ministerio del Trabajo, “el sistema de representatividad no es el problema, los trabajadores están bien representados por las centrales obreras. En estas hay muchos trabajadores de ingresos mínimos y de hecho uno ve que los planteamientos de las centrales son pensando en los trabajadores de ingreso y de salario mínimo”. Quizá las dificultades empiezan con el hecho de que “las partes tienen discursos algo inamovibles y es imposible, a veces, llevarlos a una concertación”.

Con respecto a la demanda del Decreto 2552 del 2015, norma que dispuso el aumento del salario mínimo del 7% para el 2016, presentada ante el Consejo de Estado por los sindicatos, el profesor Marcel Silva piensa que los acuerdos entre empleadores y trabajadores deben “ser producto de la negociación. Se están cambiando todas las luchas que tendrían que dar las masas por la lucha jurídica y es lo peor que nos puede suceder, es el grave problema de la Constitución de 1991 que es neoliberal e individualista”.

Silva agrega que “la acción de tutela, en materia de salarios, va a dejar sin espacio a las organizaciones sindicales, porque es más fácil presentar una tutela y alegar una norma constitucional, dándole poder a un abogado, que adelantar un proceso de organización, de presión, de negociación colectiva en el campo del derecho laboral, el cual implica asociación, negociación y huelga. Y la tutela es más peligrosa, porque así como un juez la puede conceder hoy a un trabajador, mañana se la puede quitar. Mientras tanto, cuando los logros laborales son producto de la negociación colectiva, esos acuerdos son sólidos y tienen mucha más durabilidad”.

Considera que los sindicatos entablaron esa demanda “en vista de la ineficacia de la acción laboral”, por lo cual “tuvieron que recurrir a los jueces para volver esto una lucha jurídica y ojalá la ganen con el objetivo de demostrar que los sindicatos sí pueden hacer algo mucho más de fondo”. Silva rechaza “la fijación de salarios, en cualquier sentido, por parte de los jueces”, alternativa que llama: solución judicial, y que se rechaza en todo el mundo. Subraya que los jueces “están formados para declarar el derecho, no para constituirlo. El juez qué va a saber cómo son las fábricas, cómo es el problema en la economía. Eso es un problema de autonomía de los actores sindicales de conformidad con la OIT”. No se puede adoptar “la acción judicial matando todos los mecanismos de negociación colectiva”.

En lo pertinente a la demanda del Decreto 2552 del 2015 ante el Consejo de Estado, Luis Pedraza, de la CUT, comenta: aunque “está muy bien sustentada, en lo que corresponde a la CUT, las perspectivas son muy desestimulantes, por cuanto el proceso que se da para determinar si es válida o no” resulta demorado, mientras que “la demanda, en sí misma, puede llevarse dos, tres, cuatro y hasta cinco años” en ser resuelta mediante sentencia.

Pedraza recalca que la demanda se sustenta en que el “gobierno incrementó el salario mínimo por debajo de la inflación causada” para las personas de bajos ingresos, la cual fue de 7,26% al término del 2015, conforme al DANE, y “el salario mínimo ya está en la escala de bajos ingresos, porque no ofrece la posibilidad sino de adquirir una tercera parte de la canasta familiar”.

En lo concerniente a la demanda del decreto que dispuso el aumento del salario mínimo para el 2016, la SAC opina que “la primera reacción en Colombia cuando sucede algo adverso o en situaciones en las que no hay consenso es demandar, buscando que prime el bien particular sobre el general. El país tiene exceso de leyes y sus respectivas reglamentaciones que no se cumplen. La tutela está dejando al país en un caos jurídico; entendiendo las bondades del instrumento si se emplea adecuadamente como última instancia”.

Respecto al argumento expuesto en las demandas ante el Consejo de Estado por parte de los sindicatos y de la Procuraduría General de la Nación, conforme al cual el aumento del salario mínimo del 2016 debió tener en cuenta el índice de precios al consumidor para las personas de ingresos bajos en el 2015, medido por el DANE, y no el índice de precios nacional, Juan Manuel Quintero, gerente general de Infovalmer, afirma que la redistribución del ingreso “no se hace necesariamente a través de salarios”. Además, “el incremento del salario mínimo no solamente afecta a las personas de bajos ingresos, sino a toda la escala salarial. Hay que tener mucho cuidado, porque el salario mínimo es el piso con el cual se negocian los salarios en muchas empresas. Entonces, amarrar eso a la inflación de las personas de bajos ingresos es un problema muy serio”.

El laboralista Marcel Silva comenta que en la metodología para definir el aumento del salario mínimo también se deberían tomar en cuenta las utilidades de las empresas, tal como ocurre, en cierta medida, en las negociaciones de las convenciones colectivas entre compañías y sindicatos. “En la convención colectiva se dan primas, se incrementan otros beneficios que no tienen el título de salario para que se aumente la masa salarial”.

Hay empresas, afirma Silva, que obtienen jugosas utilidades, las cuales contrastan proporcionalmente con los bajos porcentajes en que aumentan el sueldo a los trabajadores que perciben un salario mínimo o un salario mínimo y medio.

Antes de buscar modificaciones a la normativa que regula la operación de la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, en lo pertinente al ajuste anual del salario mínimo, es mejor optimizar el ritual de la negociación y buscar la conformación de una organización, que aglutine a los trabajadores del país que devengan el salario mínimo, donde ellos mismos puedan enviar sus representantes a esa instancia de concertación. Esto, en aras del aumento de su salario, puesto que ellos, con certeza, tendrían un mayor compromiso con la mejora de sus ingresos y así avanzar en la redistribución de la riqueza en el país.

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