“Tenemos que rediseñar el modelo social para garantizar trabajo decente”

Revista Nº 201 Mayo Jun. 2017

Ante la previsión de una significativa sustitución de puestos de trabajo en las empresas, como consecuencia del creciente uso de recursos tecnológicos, el país debe replantear su modelo económico y social con el propósito de asegurar condiciones de trabajo decente para los contingentes de trabajadores que quedarán cesantes.

Entrevista Realizada a Carlos Mario Sandoval

Gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia

Carlos Mario Sandoval, gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia, en entrevista con ACTUALIDAD LABORAL señaló otros desafíos que enfrenta esta disciplina del derecho.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Cuál es el balance de su gestión? 

Carlos Mario Sandoval: Desde que asumí la gobernación, el primero de julio del 2016, la intención era darle más protagonismo nacional al Colegio de Abogados del Trabajo. Con tal fin comenzamos a hacer una gestión interna en aras de saber cuáles eran esos principales retos, desde el punto de vista administrativo, que debíamos solventar para darle una mayor robustez al colegio. Comenzamos a fortalecer el procedimiento de pagos, el de toma de decisiones, la gestión, en términos económicos, y cómo llegar a nuestros colegiados. Uno de los temas a los que más impulso dimos fue al boletín jurídico, una publicación que hacemos con nuestro director académico, Santiago Martínez, y con Juan Pablo Amaya, donde colegiados y no colegiados nos ayudan a desarrollar diferentes contenidos normativos de la mayor actualidad y relevancia para el mundo relacionado con el derecho laboral y de la seguridad social. De otro lado, el colegio necesita ser mucho más abierto a la inclusión de abogados jóvenes y por esta razón, en lo que proyectamos hasta el 30 de junio del 2017, se contempla que vamos a tener un gran volumen de nuevos colegiados que se han interesado en la gestión del colegio y han visto en él una institución que representa sus propios intereses y sirve de plataforma para darse a conocer en el ámbito nacional.

A. L.: ¿Qué otros logros destaca? 

C. M. S.: Dentro de esta multiplicidad de generaciones que tenemos, hoy en día, también entendimos que debemos llegarles por diferentes vías: a través de nuestro sitio web, al cual le dimos un aire nuevo, con información novedosa, y mediante el concurso de ensayo jurídico que ha sido, durante mucho tiempo, una de las grandes fuentes para detectar futuros abogados laboralistas y talentos. En este concurso se ha contado con el apoyo de la abogada Juliana Del Rey y hemos logrado una muy buena participación. Además, con el liderazgo de la abogada Diana Gómez, de la Universidad de la Sabana, adelantamos nuestro concurso anual de semilleros. Es una invitación a la gran mayoría de universidades de Colombia a fomentar la participación de nuevos talentos y nuevas generaciones en las discusiones fundamentales en torno al derecho del trabajo. Tenemos la Revista de Derecho Social en la cual el abogado Carlos Ignacio Delgado nos ha estado ayudando y se publicará pronto con la recopilación de los artículos que colegiados y no colegiados nos han venido aportando. Es un medio que también se ha convertido en un referente académico y doctrinal para la comunidad del derecho laboral. Asimismo, ha sido un logro importante el portafolio académico. En los últimos meses hemos adelantado diferentes tertulias y uno de los grandes cambios consistió en integrar a la comunidad nacional. El 29 de marzo del 2017 tuvimos la primera tertulia a través de una plataforma web, a la cual se pudieron conectar colegiados de distintas partes del país y pudieron ver en vivo, por internet, la presentación en torno a la intermediación laboral que es hoy uno de los grandes temas de debate en el derecho del trabajo. Con esta plataforma tecnológica comienza a darse una nueva era de integración nacional. Finalmente, dentro de los grandes logros del 2017 está el XXXV Congreso nacional de derecho laboral y de la seguridad social que se realizó en Cartagena del 24 al 26 de mayo. Hemos querido innovar y presentar una mezcla de nuestros abogados con más experiencia y de quienes vemos como promesas del derecho del trabajo para dar muestra de mayor inclusión, no solo de las nuevas generaciones, sino de profesionales provenientes de diferentes partes de Colombia. Tuvimos conferencistas de casi todo el territorio nacional.

A. L.: ¿Por qué es importante para el país que exista el Colegio de Abogados del Trabajo? 

C. M. S.: En la visión del Derecho Laboral y de la seguridad social somos imparciales. No somos representantes ni de empleadores ni de trabajadores. Tenemos una perspectiva netamente académica y ese enfoque garantiza ser convocados obligatorios y referentes en las grandes discusiones que se realicen en el Gobierno, en el Congreso de la República y en las altas cortes de Colombia. Si bien tenemos que impulsar aún más su participación en las diferentes esferas, lo cierto es que el colegio cada vez gana un poco más de representatividad, no solamente desde el punto de vista nacional, sino internacional. Es muy importante para el país que haya una institución que desde una mirada crítica, académica y constructiva emita sus opiniones para abordar todas las problemáticas de manera imparcial, objetiva y contundente.

A. L.: ¿Cuál es el propósito de aspirar a vincularse a la institucionalidad del país? 

C. M. S.: La senda que debería seguir el colegio es la de participar más en los proyectos de ley que se discuten en el Congreso de la República; ser invitados obligados en las diferentes comisiones cuando se están discutiendo temas de seguridad social y de derecho del trabajo. Tenemos que ser más participativos ante la Corte Constitucional cuando se abordan sentencias de inexequibilidad. Y, definitivamente, debemos seguir en la senda académica; intensificar la vinculación con las universidades para llevar un mensaje que pueda difundirse de la mejor manera posible y que sea un referente de postura objetiva.

A. L.: ¿Cuáles han sido los temas de la agenda laboral de mayor discusión en el colegio?

C. M. S.: Las sentencias de la Corte Constitucional que han comenzado a afectar al empresariado colombiano. Se trata de sentencias que omiten la discusión legislativa, mediante las cuales se adoptan posiciones que no necesariamente representan la voluntad del Congreso de la República, ni le convienen al crecimiento económico. Ha sido una crítica muy fuerte que hemos manifestado, a lo largo de muchos años, frente a las sentencias de la Corte Constitucional y su desvincu­lación con el efecto que están generando en las empresas. El tema de la intermediación laboral también preocupa. Hasta octubre del 2016, el Ministerio del Trabajo había impuesto multas por más de $ 86 mil millones que terminan afectando a los estados financieros de las compañías e, inclusive, amenazan con el cierre de las mismas, en algunos casos, porque no pueden soportar las sanciones exorbitantes que se están imponiendo últimamente. Y serían bienvenidas estas decisiones siempre y cuando estuvieran obedeciendo a criterios claros, transparentes y coherentes por parte del Ministerio del Trabajo. Desafortunadamente, nuestra experiencia ha sido que no en todos los casos, en los cuales se ha impuesto una multa, se han dado esos criterios de transparencia que deberían caracterizar todos los procedimientos administrativos. Otro tema que sigue siendo de la mayor preocupación es el rol de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP). La entidad sigue haciendo las auditorías con sus propios criterios. Si bien, la unidad es bienvenida para efectos de evitar que se siga incurriendo en prácticas como la evasión, la morosidad o la inexactitud de las declaraciones de seguridad social, no son claros los criterios con los cuales hacen estas auditorías y, jurídicamente, no siempre los compartimos. Eso ha generado una presión muy fuerte para las empresas. Adicionalmente, la agenda del Ministerio del Trabajo se ha politizado mucho. Y, cuando hay intereses o juegos políticos en la orientación de las normas laborales, que deberían procurar el equilibrio económico y financiero de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, se termina tomando un camino diferente. Hoy estamos preocupados, en la comunidad de laboralistas, por diferentes proyectos que el ministerio está abordando: el tema de la intermediación y el futuro de las negociaciones y de los pactos colectivos. En el proceso de paz en marcha es necesario que haya claridad meridiana sobre cuáles van a ser las reglas de juego que las entidades en las zonas de posconflicto tienen que comenzar a abordar. Eso no ha sido claro hasta el momento.

A. L.: ¿Por qué la preocupación en torno al proceso de paz? 

C. M. S.: Las zonas de posconflicto no son las más productivas de Colombia. Están alejadas y son rurales, en la gran mayoría. El Código Sustantivo del Trabajo no va a facilitar la incorporación de esta nueva comunidad de trabajadores (excombatientes de los grupos armados ilegales) que se va a vincu­lar a una actividad productiva en esas zonas de posconflicto. Pensar que una empresa, en tales áreas, va a tener que asumir una carga económica que supera el 54% (en mayores costos laborales), en algunos casos, es inmanejable y no sería real, salvo que hubiese beneficios tributarios para generar empleo, sin que eso ocasione cargas adicionales a las compañías. Lo cierto es que no han sido claras esas pautas.

A. L.: ¿Considera obsoleta la normativa laboral colombiana? 

C. M. S.: El proceso de paz nos hace cuestionar si el Código Sustantivo del Trabajo debería estar vigente hoy en Colombia. La normativa data de 1950 y desde ese año a la fecha han pasado tres o cuatro generaciones. El mundo económico, para el cual fue pensado el código, no es el que estamos viviendo y la aplicación del mismo ya comienza a generarnos muchos problemas en el día a día. En el contexto mundial la problemática que se está debatiendo no gira en torno a los recargos nocturnos, sino a la manera de sostener el trabajo decente para las nuevas generaciones, como consecuencia de la cuarta revolución industrial que estamos viviendo, donde la incorporación de nuevas tecnologías está desplazando el trabajo humano y va a continuar haciéndolo. Tenemos que pensar en los trabajadores a futuro y no en la generación actual, con los problemas del momento. Si todos fuéramos suficientemente conscientes de esta situación, las discusiones que deberían darse en el Congreso de la República tendrían que ser muy diferentes a las de hoy. Por ejemplo, acaba de salir un estudio en el cual se establece que en EE. UU. hacia el 2025 más de 35% de los puestos de trabajo actuales van a ser desplazados por el uso de nuevas tecnologías. La pregunta es si en Colombia tenemos que estar pensando en cómo abordar la temática, producto del rezago de unas normas laborales que nacieron en 1950 o debemos proyectarnos como un país preocupado por el futuro de las nuevas generaciones con garantías de equidad de género, de inclusión y de igualdad de oportunidades para jóvenes y mayores.

A. L.: Entonces ¿el eje de discusión es si los modelos económi­cos van a expulsar masivamente mano de obra? 

C. M. S.: No es la primera vez en la historia que ocurre un fenómeno similar. Ya ha pasado anteriormente a raíz de la Revolución Industrial, de la llegada de los computadores, de internet, inclusive, de los teléfonos celulares que han desplazado la cámara fotográfica y han llevado a que compañías como Kodak replantearan sus modelos organizacionales. Es una realidad y esto no se va a detener. La tecnología traerá necesariamente la sustitución de puestos de trabajo, luego tenemos que rediseñar nuestro modelo social para ver cómo garantizamos trabajo decente en una economía donde las tecnologías primarán, los costos se reducirán, y pensar qué vamos a hacer con estos trabajadores que deberán reinventarse y buscar unas fuentes decentes y alternativas de trabajo en aras de garantizar una vida digna.

A. L.: En ese contexto ¿cuál es el papel del Colegio de Abogados del Trabajo?

C. M. S.: Ser precursor y difusor de esas nuevas tendencias que se están siguiendo para que no seamos reactivos, cuando los resultados se comiencen a ver con mayor profundidad, sino proactivos y podamos anticiparnos a ese tipo de cambios de modo que las nuevas generaciones estén más preparadas.

A. L.: ¿Esa situación pone al colegio frente al desafío de formular propuestas más allá del alcance meramente normativo? 

C. M. S.: El Derecho Laboral es un derecho vivo, social, no es un derecho normativo. De hecho, nos enfrentamos permanentemente a que la realidad de los hechos termina por exceder lo que se trató de prever mediante la norma, luego, tenemos que volcar nuestra normativa, no hacia un escenario puramente legalista, regulatorio, sino hacia un mundo de principios. Debemos cumplir y ajustar esa obligación que tenemos desde 1991 de forjar un estatuto del trabajo acorde con el Estado Social de Derecho, con la nueva realidad que tenemos y que esté más orientado a los principios que a la regulación de cada una de las situaciones que se puedan presentar en el marco del derecho del trabajo, porque, si eso es así, puedo anticipar, desde ya, que tal estatuto estaría condenado a fracasar a la vuelta de unos años. Tenemos que orientarlo a los principios basados no solamente en nuestra Constitución, sino en los convenios internacionales aprobados y en la línea de la dinámica universal que aboga por la protección de los derechos humanos y de los derechos laborales básicos.

A. L.: ¿Ha visto avances en la administración de la justicia laboral?

C. M. S.: Por el contrario, hemos visto que la justicia ordinaria laboral nuevamente presenta congestión; los casos se están demorando. La administración de justicia, en la rama del Derecho Laboral, no está actuando con la celeridad que se estaba esperando, cuando se introdujo el proceso oral. En la Corte Suprema de Justicia no se están dictando las sentencias con la celeridad que se debería y eso está llevando nuevamente a la desconfianza y a la vulneración del reconocimiento de los derechos de los trabajadores por unos pronunciamientos judiciales que no han llegado a tiempo.