Sentencia sin número de noviembre 18 de 1940

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN EN LO CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Liborio Escallón

Bogotá, noviembre dieciocho de mil novecientos cuarenta.

El 24 de mayo de 1938, en el paraje denominado “La Víbora”, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Cabal, se hallaba reventada y caída la línea de la empresa eléctrica de dicho municipio que conduce la energía para la luz de la región denominada “Dosquebradas”. En la mañana de ese día Jorge Obando cogió el alambre reventado y quedó electrocutado en la carretera que va de Santa Rosa de Cabal a Pereira.

Estos, que son los hechos indiscutidos y comprobados del accidente, dieron base al padre del occiso, Floresmindo Obando, para entablar demanda ordinaria contra el municipio de Santa Rosa de Cabal en la cual pide que se declare, previa la tramitación legal del caso, que ese municipio como propietario que es de la empresa de energía eléctrica, es responsable de la omisión, hecho o culpa que ocasionó la muerte violenta de Jorge Obando Erazo y que como consecuencia de tal responsabilidad o culpabilidad se le condene a pagar al demandante en su calidad de único heredero del expresado Obando Erazo los perjuicios de toda índole que se le ocasionaron con la muerte de su hijo, perjuicios que serán fijados en la forma legal.

El juez del conocimiento, que lo es el Civil del Circuito de Santa Rosa, en sentencia de 18 de febrero de 1939 falló la litis absolviendo al municipio de los cargos deducidos contra él en la demanda, y el Tribunal Superior de Manizales, en fallo de 27 de febrero del año en curso, confirmó, aunque por razones distintas, la resolución del inferior. El apoderado de la parte vencida interpuso recurso de casación que le fue concedido y que hoy pasa a decidirse.

Basado el tribunal en las declaraciones de Gabriel Llano y Oscar Giraldo, que estaban presentes cuando ocurrió el accidente, sostiene que como de tales testimonios aparece que se le advirtió a Obando que no tocara el extremo de la línea que estaba caída sobre la carretera, y que no obstante no quiso hacer caso y la tocó, la conducta de la víctima fue culposa o sea que Obando se expuso voluntariamente al riesgo y al accidente, lo cual exime de toda responsabilidad al municipio demandado. Asienta el tribunal que la relación de causalidad que pudo existir en el hecho que se imputa al municipio y el perjuicio causado por el daño ocurrido, queda destruida por el factor de la culpabilidad de Obando Erazo, consistente en la falta de previsión, en la imprudencia y en el descuido que representa el hecho demostrado en los autos de haber agarrado con las dos manos la línea que estaba caída y que conducía la corriente de energía eléctrica capaz por sí sola de producirle la muerte, a pesar de las advertencias de que no la cogiese.

El recurrente fundado en la primera causal del artículo 520 del C. Judicial sostiene que por apreciación errónea de las pruebas el tribunal infringió el artículo 2356 del C. Civil por no haberlo aplicado y que aplicó indebidamente el 2367 de la misma obra por cuanto estimó que había compensación de culpas, no habiéndola. El recurrente concluye que en último análisis habría lugar a una reducción en la indemnización pero no a una compensación total.

Las pruebas que estima el recurrente indebidamente apreciadas son las declaraciones de Oscar Giraldo y Gabriel Llano, en que se apoya la sentencia, como ya se vio, por cuanto afirma el demandante en casación, el tribunal no consideró esas declaraciones en su conjunto, sino solo parcialmente.

El procurador delegado en lo civil está en parte esencial de acuerdo con la tesis del recurrente y se expresa así:

“Acepta la procuraduría que por parte del tribunal sentenciador hubo una deficiente apreciación de los testimonios citados por el recurrente en lo relativo a las circunstancias que acompañaron el hecho que causó la muerte violenta de Jorge Obando Erazo. El tribunal, en efecto, no aprecia en su fallo la circunstancia de que ni los testigos presenciales del hecho, ni la víctima, sabían a ciencia que la cuerda productora del siniestro estaba cargada de electricidad dinámica, circunstancia que se destaca tanto de la afirmación de los testigos como de las palabras pronunciadas por la víctima cuando fue advertida del peligro. Pero no acepta el suscrito procurador en toda su integridad la conclusión que de allí saca el recurrente para sostener la completa ausencia de culpa por parte de la víctima, atribuyendo consecuencialmente toda la responsabilidad al demandado...

Acepta la procuraduría que el hecho de hallarse sobre la vía pública una cuerda cargada de electricidad dinámica de alta tensión, suficiente para producir la muerte de quien la tocara, hace presumir culpa en el dueño de la empresa. Pero concurriendo con dicha culpa la de la víctima, que se expuso imprudentemente a la descarga mortal, no es de aplicación ilimitada el artículo 2356 del Código Civil, sino en concurrencia con el 2357 de la misma obra. No acepto pues el cargo tal como se formula, es decir con exclusión de la culpa de la víctima ... Consecuente con las ideas expuestas, no impugno el tercer cargo formulado en la demanda de casación, por cuanto estimo que habiendo alguna culpa en el agente, la culpa concurrente de la víctima no alcanza sino a la reducción proporcional que preceptúa el artículo 2357 del Código Civil.

Considera la Corte: Aun cuando el tribunal reconoce el alcance del artículo 2356 del Código Civil en los mismos términos en que lo ha hecho la Corte en varias sentencias, incurre no obstante en algunas confusiones y errores que como cuestión previa esta corporación aclara por vía de doctrina. Y se dice lo anterior porque el fallador de segunda instancia confunde la teoría de la presunción de la culpabilidad a que da lugar el artículo 2356 citado, con la teoría del riesgo creado y estima que la relación de causalidad indispensable para que pueda presumirse y deducirse la culpa puede quedar destruida cuando se demuestra la culpabilidad de la víctima.

Como en los varios fallos en que la Corte ha estudiado y aplicado la teoría de la culpa ante la luz de los artículos 2341 y 2356, entre otros los de fechas de 14 de marzo de 1938, Gaceta Judicial 1934, 18 de mayo de 1938, G. J. 1936, 17 de junio de 1938, G. J. 1937, se ha hablado del riesgo, y como pudiera pensarse que la Corte ha admitido esta teoría, es el caso de hacer a este respecto la aclaración correspondiente, como también reiterar su concepto sobre los elementos que dan base y fundamento a la doctrina que ha sentado, en los fallos ya mencionados, y en algunos otros respecto el artículo 2356.

Teoría del riesgo creado

Esta teoría llamada también de la responsabilidad objetiva está fundada en lo siguiente, según lo expresa Ripert, en su obra “La Régle Morale dans les obligations Civiles”. Todo perjuicio causado debe ser atribuido a su autor y reparado por él, porque todo problema de responsabilidad civil se reduce a otro de causalidad; por eso cualquier hecho del hombre que cause perjuicio, causa reparación a favor de la víctima. Según esta teoría desaparece el concepto o la idea de culpa, para dar cabida de una manera exclusiva a la idea de causalidad, la cual fundamenta exclusivamente la responsabilidad. De modo que según la teoría que se analiza no puede examinarse si en el perjuicio inferido a la víctima ha mediado la culpa ni si esta se presume pero ni siquiera alegar la fuerza mayor o el caso fortuito. El concepto de exculpabilidad no existe a la luz de esta teoría, porque según ella basta que el hecho se produzca, basta la relación de causalidad para que nazca la responsabilidad.

Aunque Ripert se inclina a esta teoría, es lo cierto que Planiol, Colin y Capitant no la admiten y algunos expositores franceses que en principio parecieron admitirla rectificaron después su concepto y últimamente los tratadistas que se han especializado en el estudio de la culpa como los hermanos Mazeaud y Henri Lalou la han combatido. La jurisprudencia francesa no ha aceptado tal teoría, y en los países donde el legislador ha consagrado el principio que la informa, lo ha atemperado de una manera muy notoria para evitar que produzca todas sus consecuencias y de ahí las disposiciones del artículo 54 del Código Suizo de las Obligaciones y del 289 del Código Civil Alemán.

Esta Corte tampoco ha aceptado, ni podría aceptar, la teoría del riesgo porque no hay texto legal que la consagre ni jurisprudencialmente podría llegarse a ella desde luego que la interpretación del artículo 2356 del Código Civil se opondría a ello. Cuando la Corte ha hablado del riesgo en los fallos ya mencionados no lo ha entendido en el concepto que este vocablo tiene en el sentido de la responsabilidad objetiva, lo cual es claro y obvio si se considera que en tales fallos se ha partido de la doctrina de la presunción de culpabilidad, que por lo ya dicho es opuesta y contraria a la del riesgo creado.

Doctrina de la responsabilidad ante los artículos 2341 y 2356 del Código Civil

Según el sistema de nuestro Código Civil, más completo al respecto que el Código Francés, y según la jurisprudencia de la Corte contenida en los fallos mencionados en esta sentencia, la responsabilidad reposa sobre la idea de la culpa probada o presumida. Se creyó en un principio por algunos que el artículo 2356 del Código Civil era una repetición del 2341 de la misma obra, pero estudios detenidos sobre este extremo llevaron a la conclusión que esas dos normas contemplan y reglan situaciones muy distintas y que por lo tanto la segunda no puede considerarse como simplemente repetida por la primera de las citadas.

Es verdad que ambos artículos parten de la existencia de una falta, de una culpa probada o presumida, lo cual no es inoficioso repetir, excluye la teoría del riesgo creado, pero de esa base arrancan hacia situaciones divergentes. El artículo 2356 que se enfoca hacia los daños o perjuicios que puede causar el ejercicio de ciertas actividades peligrosas, que como lo ha dicho la Corte no contiene en sus numerales 1º, 2º y 3º una norma taxativa, parte de la presunción de peligrosidad anexa a ciertas actividades y por eso la carga de la prueba se desplaza del demandante para recaer sobre el demandado porque así lo indica la naturaleza de la actividad peligrosa. La presunción de culpa que en el caso del artículo que se estudia pesa sobre el demandado, y lo obliga a la reparación del daño o perjuicio causado, puede ser desvirtuada por uno de estos tres factores: fuerza mayor, caso fortuito e intervención de un elemento extraño no imputable al demandado y que haya determinado la consumación del accidente, y ese elemento puede ser un error de conducta o sea la misma culpa de quien sufrió aquel, es decir de la víctima. 

La fuerza mayor exonera siempre de responsabilidad, pero no sucede lo mismo con el caso fortuito, en tratándose del ejercicio de actividades peligrosas, porque cuando el accidente ha podido o debido ser previsto por quien ejercita la actividad, el caso fortuito que motiva el accidente, por lo mismo que era previsible no causa exoneración de responsabilidad. El error de conducta de la víctima, envuelve el concepto de una culpa en esta y entonces esta culpa se enfrenta a la del agente y se produce, según las circunstancias, la reducción en el monto del perjuicio que puede llegar hasta la compensación total. No es, pues, que el error de conducta de la víctima destruya la culpa del agente ni menos que ese error rompa la relación de causalidad entre el hecho que produce el accidente y el perjuicio, sino que existiendo ambas culpas, la del agente y la de la víctima, el daño causado está sujeto a reducción en los términos ya expresados y tal es el verdadero alcance del artículo 2357 del Código Civil. 

Resumiendo la doctrina sobre la culpa extracontractual, a la que se refiere este fallo, puede dividirse el título 34 del libro 4º del Código Civil, que la consagra, en tres grupos: El primero, constituido por los artículos 2341 y 2345 que contienen los principios generales de la responsabilidad delictual y cuasi delictual del hecho personal; el segundo, formado por los artículos 2346, 2347, 2348, 2349 y 2352 que regulan lo relativo a la misma responsabilidad, por el hecho de personas que están bajo el cuidado o dependencia de otro, y el tercero, que comprende los artículos 2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y 2356, se refiere a la responsabilidad por el hecho de las cosas animadas e inanimadas. En sentencia de 12 de mayo de 1939 (G. J., tomo XLVIII, pág. 23), se hizo tan importante distinción y de ese fallo son los siguientes apartes: “Cada uno de estos tres grupos contempla situaciones distintas e inconfundibles; de manera que no es posible, por ejemplo, resolver problemas relativos al tercer grupo con las normas del segundo. El dominio de la responsabilidad por el hecho de otro como el de la responsabilidad por el hecho de las cosas, es de carácter excepcional. El derecho común de la responsabilidad está contenido en las reglas que gobiernan el primer punto... Pero fuera de esta responsabilidad directa, hay otra que no por indirecta es menos eficaz, en virtud de la cual estamos obligados a responder del hecho dañoso de personas que están bajo nuestra dependencia, o de las cosas animadas o inanimadas cuya guarda o custodia nos compete. Esta ya es una responsabilidad de carácter excepcional, porque no proviene inmediatamente del acto personal del interesado, sino de presunciones de culpa que la ley establece contra el responsable, culpa que consiste en una falta de vigilancia o en una mala elección”.

En síntesis: En las dos últimas agrupaciones de que se ha hecho mérito se presume la culpa al paso que en la primera de ellas esa presunción no existe y la culpa demostrada o presumida se traduce, como consecuencia jurídica y necesaria, en responsabilidad. Ya se vio cómo en el caso del artículo 2356 puede haber exoneración de responsabilidad y en tratándose de las disposiciones de los artículos 2346 a 2349 puede el superior o el patrón destruir la presunción de culpa que pesa sobre él, demostrando en su caso que no se le puede imputar negligencia o descuido o que el daño causado por su subordinado se realizó cuando no estaba bajo su custodia.

Cree pertinente la Corte destacar en este fallo, por lo sintéticos y precisos, los siguientes conceptos que se hallan en la obra “De la prueba en derecho”, de que es autor el profesor doctor Antonio Rocha, que se relaciona con todo lo expuesto anteriormente y que están a tono con la jurisprudencia de la Corte y la doctrina de los expositores modernos. “Hay sustancial diferencia, dice el autor citado, entre la teoría sentada por la Corte, de presunciones de responsabilidad y la de riesgo creado o culpa objetiva... La teoría del riesgo responde a un viejo enunciado romano: ubi emolumentum ibi onus, o sea: el que recibe el provecho, debe así mismo soportar las cargas. Según la dicha teoría, la obligación de indemnizar a otra persona del daño que le ha causado una cosa que nos pertenece, resulta del solo hecho de tener la propiedad o el goce de la cosa, sin que al daño le preceda la culpa, sin que se haya violado ninguna regla de conducta. Y aunque hubiese mediado culpa, no es ella lo que allí se examina para deducir responsabilidad. El que goza de una cosa como dueño o no, está obligado a indemnizar el daño que le ocasiona, como una justa compensación de los provechos que la cosa le reporta... Como es fácil concluir, con tal doctrina no hay lugar a examinar si medió culpa, ni de invocar presunciones de culpa, ni de adoptar posiciones que favorezcan a la víctima, puesto que la responsabilidad resulta exclusivamente de la idea de que por derivar provecho de la cosa se deben soportar los inconvenientes y riesgos de la misma cosa. Naturalmente, el dueño o beneficiario de la cosa no tiene oportunidad ni lugar a descargar su responsabilidad probando ausencia de culpa, ni siquiera demostrando que el daño obedeció a caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la víctima... Repetimos: a presunción de culpa se le opone la ausencia de culpa de la víctima; a presunción de peligrosidad, la fuerza extraña; a riesgo creado, nada puede oponerse, salvo el fraude o dolo de la víctima... Extraemos, pues, en síntesis que, para el efecto de la prueba, el manejo de las cosas o el dedicarse a actividades semejantes, que implican peligrosidad, es obrar bajo presunción de responsabilidad o de peligrosidad, de modo que basta probar que el daño se sufrió por razón o con motivo de tales actividades para que el autor del daño quede presumido responsable y entonces el damnificado ha cumplido su papel probatorio.

Cumplido, le corresponde al autor del daño descartar la presunción que pesa sobre él demostrando a su vez que el daño obedece a caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elemento extraño; cualquiera de estos tres factores destruye la referida presunción. Dicho sea de paso, para terminar, que la imprudencia con que el damnificado se haya expuesto al daño, se debe tomar, según el artículo 2357, como intervención de elemento extraño”.

(Obra citada, páginas 59 a 61, edición 1940).

Considera la Corte que los tres cargos que contiene el recurso deben estudiarse conjuntamente por cuanto están enfocados sobre el mismo objetivo y tienen en definitiva el mismo fundamento y que ese estudio debe hacerse a la luz de lo anteriormente expuesto.

Está comprobada la culpa del municipio demandado. En efecto: La cuerda conductora de la electricidad se reventó la víspera del accidente, cayó sobre la carretera, por donde es obvio debían pasar los transeúntes; muy cerca, a pocos metros del punto donde la cuerda se hallaba reventada existía o existe una estación telefónica que comunica con las oficinas de la planta generadora de la luz; según se ve de algunas declaraciones, con el movimiento de un switch, ha podido interrumpirse la corriente. El municipio tuvo pues tiempo y modo de evitar el accidente, lo cual no hizo y esto demuestra su culpa, su imprevisión y su descuido.

Sentado lo anterior, que acepta el tribunal, estimó este que la culpa en que incurrió Obando, compensa la responsabilidad de la entidad demandada. Para llegar a esta conclusión se apoya en las declaraciones de los testigos Gabriel Llano y Oscar Giraldo y es precisamente respecto de este extremo sobre el que versa la acusación por error de hecho manifiesto en la apreciación de la prueba, por cuanto dice el recurrente que el tribunal no apreció total sino parcialmente esas declaraciones. Mas si se lee a espacio el fallo acusado, encuentra la Corte que el tribunal sí analizó totalmente esas declaraciones y que de ese análisis concluyó que la víctima había incurrido en culpa. Dice el tribunal: “Descuido e imprevisión por parte de la víctima que se hacen más palpables al considerar en ningún caso que Obando E. hizo a las advertencias dadas por sus compañeros en el sentido de que era peligroso coger la línea...”.

Los testigos declaran que ellos consideraron que era peligroso tocar la línea porque la corriente podía estar puesta a la hora del accidente, aunque agregan que no les constaba ciertamente eso. El tribunal llegó a la convicción de que no obstante la incertidumbre de los testigos sobre si la línea estuviera o no trabajando, hubo culpa en la víctima por cuanto los declarantes le advirtieron el peligro que corría si tocaba el alambre. En esta conclusión no se ve un error manifiesto en la apreciación de la prueba, no puede deducir la Corte que el tribunal hubiera hecho caso omiso de parte de las declaraciones de los testigos, como tampoco puede concluir que el fallador haya omitido el estudio de alguna otra prueba o la haya interpretado erróneamente.

Por este aspecto no resultan demostrados los cargos hechos en casación, puesto que la apreciación del tribunal no puede considerarse como errónea en tal grado que presente las características de error de hecho manifiesto.

Por otro aspecto y aun suponiendo, por vía de estudio, que el tribunal no hubiera apreciado en su totalidad las dos declaraciones precitadas no podía con todo casarse la sentencia por cuanto aparece que a la culpa en que incurrió el municipio demandado puede oponerse con éxito la culpa en que incurrió la víctima. En efecto: El principio fundamental en que se basa la culpabilidad de la víctima está expresado en esta fórmula: volenti non fit injuria respecto de la cual observa Lalou que si la víctima por su consentimiento ha aceptado un riesgo no puede luego quejarse del perjuicio que le resulte de esa aceptación. Por su parte Savatier, citado por el recurrente, observa a su turno que todo hombre en posesión de sus facultades se considera que conoce sus deberes legales y morales y si viola uno de ellos no puede pretenderse exento de culpa alegando que ignoraba tal principio. Por ello el artículo 2357 del Código Civil, a tono con la doctrina y jurisprudencia contemporáneas, se refiere no solo a quien voluntariamente acepta un riesgo sino a quien se expuso a él imprudentemente. Ahora bien: El conocimiento o aviso del riesgo o peligro, es un elemento subjetivo indispensable para deducir o no la culpa de la víctima y ese elemento entraña en cada caso una cuestión de hecho que debe estimarse ante las pruebas del proceso y que no permite sentar ninguna regla general sobre el particular, porque cada caso entraña por su naturaleza una cuestión distinta y por lo tanto una solución diversa. De las declaraciones de los testigos Giraldo y Llano aparece que estos tuvieron una apreciación conceptual o sea que era peligroso tocar las líneas porque la corriente podía estar puesta. Esa apreciación, ese concepto fue la norma determinante de la conducta prudente de los testigos tanto al no tocar la línea como al advertirle a Obando que no la tocara. Tuvo este pues un punto de referencia, una conducta que imitar, y no se ve ni de los autos se deduce, porqué con plena seguridad apartarse del obrar de sus compañeros o sea de pasar de una actitud pasiva y de precaución a una activa y de temeridad. Y observa esto la Corte, porque aparece que Obando no era más ilustrado que sus compañeros los testigos; luego al separarse de la línea de conducta que seguían aquellos, procedió imprudentemente y esta imprudencia, que le causó la muerte, se traduce en una culpa de la víctima. Además si se considera que parece que Obando tenía algunos conocimientos rudimentarios en materia de electricidad, su conducta fue menos disculpable.

El recurrente estima además que el tribunal aplicó indebidamente el artículo 2357 del Código Civil en cuanto llegó a la compensación de las culpas lo cual juzga erróneo y al respecto se expresa así: “que al restablecer el imperio del artículo 2357 del Código Civil se ordenará pagar a mi mandante su indemnización, pero con una reducción razonable y justa”.

Para responder a este cargo basta transcribir la siguiente doctrina de la Corte (sentencia de 26 de octubre de 1939, Gaceta Judicial, Tomo XLVIII, número 1950, página 757) que es del todo pertinente al cargo que se estudia: “la gradación cuantitativa en la compensación de culpas cuando hay error de conducta también en el damnificado, es un detalle que la ley deja a la prudencia del juzgador y que no puede ser materia de casación en casos como el presente en que, de un lado no se discuten las culpas de ambas partes, y de otro, no se demuestra el error de apreciación de las respectivas pruebas como corresponde según este sea de derecho o de hecho, el cual en este último evento debe aparecer de modo manifiesto en los autos”.

No encontrando la Corte que el tribunal hubiera incurrido en error de hecho manifiesto en la apreciación de las pruebas, no puede casar la sentencia y no puede por lo tanto entrar en instancia; de donde resulta que la apreciación del tribunal, en cuanto a la compensación total de las culpas no puede tocarse. Y esta doctrina es la misma sustentada por el señor procurador delegado en lo civil al contestar el recurso y por eso se expresa de la siguiente manera: “Considero sí, contra lo que sostiene el recurrente, que esa reducción, cuando se ha llevado a efecto por el juzgador en instancia, no es revisable en casación en cuanto a su monto, pues ella está sujeta a la libre apreciación del juez”.

Es preciso, pues, concluir, que el cargo que se estudia no puede prosperar.

Como la demanda de casación por su importancia y técnica ha dado margen para aclarar una doctrina y rectificar algunos conceptos del tribunal, no es el caso, según lo tiene resuelto la Corte, de hacer condenación en costas.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación en lo Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida.

Sin costas en el recurso.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al tribunal de su origen.

Magistrados: Liborio Escallón—Daniel Anzola—Isaías Cepeda—Ricardo Hinestrosa Daza—Fulgencio Lequerica Vélez—Hernán Salamanca.

Pedro León Rincón, secretario en propiedad.