Sentencia sin número de mayo 6 de 1966

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Enrique López de la Pava

Bogotá, D.E., mayo seis de mil novecientos sesenta y seis.

La Corte procede a decidir el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 24 de abril de 1962, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil en este juicio ordinario de Martín Torres Sanabria contra Arturo Ríos García, José Sarmiento Mantilla, Roberto Rueda Parra, María Eustaquia Roldán, Carmen González de Pereira, Rosana Jaramillo y otros.

Antecedentes

1. Por la escritura 217, extendida en la Notaría Segunda de San Gil el 20 de marzo de 1954, los señores Martín Torres Sanabria, María Eustaquia Roldán y Luis Francisco Ardila constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón social de “Lavandería Francesa, Limitada”, con domicilio en la misma ciudad de San Gil y con capital de $ 33.000,00, aportado por partes iguales por los socios Torres Sanabria y Roldán. El señor Ardila entró como socio industrial, con derecho a la mitad de las utilidades líquidas. En las cláusulas duodécima y decimasexta de los estatutos de la compañía se estipuló que esta se disolvería, entre otras causas, por la muerte de uno de los socios y que su liquidación se realizaría por un liquidador designado por la mayoría de los socios.

2. En el mes de julio del propio año de 1954 falleció el socio Ardila a consecuencia de un incidente que tuvo con el socio Torres Sanabria.

3. Dentro de la investigación penal que se instruyó por la muerte del socio Ardila, el Juez Superior de San Gil decretó, a petición de su fiscal colaborador, el embargo del derecho o interés social que en la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada” correspondía al socio Torres Sanabria y señaló los bienes de esta compañía en que se hallaba radicado ese interés. También dispuso el secuestro de dichos bienes, medida a que se puso la socia María Eustaquia Roldán, en cuyo poder quedaron esos bienes.

4. La viuda del difunto socio Ardila, señora Rosana Jaramillo, obrando en su propio nombre y representación de sus menores hijos, promovió por conducto de su apoderado, doctor Arturo Ríos García, un juicio ordinario contra los socios Torres Sanabria y Roldán a fin de que se decretara y practicase la liquidación de la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada”.

5. Los socios demandados Martín Torres y María Eustaquia Roldán confirieron poder al doctor José Sarmiento Mantilla para que los representara en el referido juicio de liquidación de la compañía.

6. Por la escritura 734, otorgada ante el Notario Segundo de San Gil el seis de noviembre de 1954, los doctores Arturo Ríos García y José Sarmiento Mantilla, obrando como mandatarios de las partes en el juicio de liquidación de la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada”, expresaron que, con el ánimo de transigir ese juicio y ponerle fin, de común acuerdo declaraban disuelta y en estado de liquidación esa compañía y designaban liquidador de la misma al señor Roberto Rueda Parra, quien, hallándose presente, manifestó aceptar dicho cargo.

7. Por la escritura 497, pasada ante el Notario Primero del Socorro el 15 de noviembre de 1954, la señora María Eustaquia Roldán cedió a la señora Carmen Rosa González de Pereira el interés social que tenía en la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada”, en Liquidación.

8. El juicio sobre liquidación de esta compañía concluyó con la sentencia de cuatro de diciembre de 1954, en la cual se denegó esa liquidación por no haberse comprobado en debida forma la existencia de tal sociedad.

9. En documento privado de doce de febrero de 1955 se hizo constar un contrato mediante el cual el señor Roberto Rueda Parra, obrando como liquidador de la sociedad, dio en venta a la nombrada Carmen González de Pereira, en la suma de $ 30.000.00, las planchas, máquinas, instrumentos y demás bienes y enseres, incluso una camioneta marca Ford, que pertenecía a la misma compañía. Se hizo constar también allí que la compradora tenía recibidos esos bienes desde el 15 de octubre de 1954.

10. Por la escritura 204, extendida ante el Notario Segundo de San Gil el 21 de abril de 1955, el citado Roberto Rueda Parra llevó a cabo la liquidación de la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada”, haciendo constar que el saldo líquido consistía en la cantidad de $ 29.044.00, que de este guarismo correspondía a cada uno de los socios capitalistas Martín Torres y Carmen Rosa González (cesionaria de María Eustaquia Roldán) la suma de $ 14.522.00, que al difunto socio industrial Luis Francisco Ardila nada le tocaba por no existir utilidades y que retenía en su poder el valor correspondiente al socio Torres Sanabria por hallarse embargado dentro de la causa criminal que contra este se adelantaba por la muerte del nombrado socio Ardila. Los doctores Arturo Ríos García y José Sarmiento Mantilla declararon en el mismo instrumento que, en su calidad de apoderados de las partes en el juicio sobre liquidación de la compañía dicha, aceptaban y ratificaban la practicada por el señor Rueda Parra y dejaban a este a paz y salvo.

El litigio

Tres años más tarde, esto es, el 26 de junio de 1958, el señor Martín Torres Sanabria demandó ante el Juez Civil del Circuito de San Gil a los señores doctor Arturo Ríos García, doctor José Sarmiento Mantilla, Roberto Rueda Parra, María Eustaquia Roldán, Carmen Rosa González de Pereira y a la señora. Rosana Jaramillo, en su propio nombre y como madre de los menores hijos del extinto Luis Francisco Ardila, señores Yolanda, Gerardo, Mery, Warruy, Rubria y Walker Ardila Jaramillo, para que, en sentencia dictada por la vía ordinaria, se hicieran las declaraciones siguientes:

“1. Que son nulos los actos o manifestaciones contenidos en las escrituras públicas 734 y 204, otorgadas en la Notaría Segunda del Circuito de San Gil el seis de noviembre de 1954 y el 21 de abril de 1955, respectivamente;

2. Que el contenido de la cláusula sexta de la escritura 734, antes referida, no implica transacción del juicio a que se refiere el punto cuarto de la misma, ni puso fin al juicio; y la declaración de disolución de la sociedad comercial Lavandería Francesa Ltda., y de quedar esta en período de liquidación, no tiene efecto jurídico alguno;

3. Que es nulo el nombramiento de liquidador hecho en la persona del señor Roberto Rueda Parra, hecho en la cláusula séptima de la misma escritura, y de consiguiente la liquidación que tal señor verificó, consignada en la escritura 204, referida en el punto primero de esta parte petitoria;

4. Que es nula, de nulidad absoluta, la venta de los bienes muebles de la sociedad comercial Lavandería Francesa Ltda., hecha a la señora Carmen González de Pereira por el liquidador Roberto Rueda Parra por la suma de treinta mil pesos ($ 30.000.00), constatada en la cláusula tercera de la escritura 204, de abril 21 de 1955, de la Notaría Segunda de San Gil, previamente consignada en documento privado;

5. Que la señora Carmen González de Pereira está obligada a restituir, en el término legal, a la sociedad comercial Lavandería Francesa Ltda., ilíquida, todos los bienes muebles que compró y recibió del liquidador Roberto Rueda Parra por la suma de treinta mil pesos, venta constatada en el documento privado que firmó el doce (12) de febrero de 1955, con todos sus frutos naturales y civiles;

6. Que los doctores Arturo Ríos García y José Sarmiento Mantilla y los otros demandados están obligados solidariamente a pagar, dentro del término legal, al señor Martín Torres Sanabria, por perjuicios recibidos de sus actuaciones ilegales, la suma de sesenta y cinco mil pesos ($ 65.000.00) en que estima el daño emergente y el lucro cesante, en su carácter de socio capitalista de la sociedad comercial Lavandería Francesa Ltda., perjudicado”.

Fuera de los antecedentes relacionados, la demanda expone otros hechos y consideraciones en que se expresa que, al declarar disuelta y en liquidación la sociedad, los doctores Ríos García y Sarmiento obraron sin el conocimiento del socio Martín Torres, quien tampoco ha ratificado lo hecho por ellos; que el nombramiento de liquidador no se hizo en la forma prevista por los estatutos de la compañía; que el liquidador Rueda Parra no obró con arreglo a lo dispuesto por la ley; que los bienes vendidos por el mismo liquidador a la señora González de Pereira estaban a la sazón embargados y secuestrados, es decir, fuera del comercio, y no podían por tanto ser objeto lícito de venta; que la facultad de transigir que se les confirió a los mismos abogados Ríos García y Sarmiento solo se refería al juicio de liquidación y que de consiguiente ellos no podrían obrar extrajudicialmente, como lo hicieron; que dichos mandatarios se excedieron en el ejercicio de las facultades que les fueron otorgadas; que en la escritura 734, citada, no se dijo sobre qué se transigía, que nada había para transigir entre las partes y que el acto consignado en ese instrumento no constituye una transacción; que no se cumplieron los requisitos de registrar y publicar los extractos de las escrituras 734 y 204; que en la Lavandería Francesa había bienes que pertenecían exclusivamente al señor Torres Sanabria, y que con los actos mencionados se le causaron perjuicios a este mismo demandante.

Los demandados, con excepción de la señora María Eustaquia Roldán, contestaron la demanda aceptando unos hechos, negando otros y oponiéndose a las pretensiones del actor.

El juez del conocimiento puso término a la primera instancia con el fallo de 14 de junio de 1961, por el cual se absolvió a los demandados de los cargos que se les formularon y se condenó en costas a la parte demandante.

La sentencia impugnada

Apelado por el mismo actor el fallo de primer grado y surtida la segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil profirió la sentencia de 24 de abril de 1962, por la cual se confirmó la decisión recurrida y se condenó también en costas al demandante.

La sentencia del tribunal expone los antecedentes y términos de la litis, relaciona todas las pruebas allegadas por las partes, recuerda las razones capitales del fallo de primera instancia y aborda enseguida el estudio de las cuestiones planteadas en el mismo juicio.

No comparte la sentencia el argumento de que la pretensión central de este litigio consiste en la nulidad de la liquidación de la compañía que se practicó por la escritura 204, de abril 21 de 1955. Estima por el contrario que lo fundamental de la disputa radica en el pedimento de nulidad de la transacción que se acordó por la escritura 734, de noviembre seis de 1954. Sobre esta base procede el fallo a estudiar si los apoderados de las partes en el juicio de liquidación de la compañía, estaban o no autorizados para transigir esa litis, y, recordando las pruebas aducidas, expresa que dichos mandatarios sí habían recibido la facultad de celebrar la transacción que consignaron en la escritura 734. Sostiene además que, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 2469 del Código Civil, la transacción es un acto extrajudicial, aunque requiere ser probada dentro del juicio pendiente para que allí produzca los efectos procesales que le son inherentes. Agrega que en el juicio de liquidación de la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada” hubo oposición de los demandados y existían diferencias que podían ser y que fueron materia de la transacción celebrada por el instrumento público citado. Anota asimismo que, si bien en los poderes conferidos a los mandatarios Ríos García y Sarmiento no se dijo que sus acuerdos transaccionales podían consignarlos en escritura pública, esta facultad se hallaba implícita en la autorización que se les dio para transigir la litis mencionada.

Acerca del punto relativo a las formalidades concernientes a la disolución de una compañía, dice la sentencia que tal disolución debe darse a conocer de los terceros en la misma forma solemne en que se dio noticia de la constitución de la sociedad cuando la misma disolución se produce por una causa distinta de la expiración del término de duración; pero sostiene que, conforme a lo dispuesto por los artículos 465 y 480 del Código de Comercio, la omisión del registro del extracto correspondiente a la escritura de disolución no está sancionada con la nulidad de ese mismo acto de disolución, sino con su inoponibilidad a terceros.

Examina la cuestión de si el doctor Ríos García, como apoderado de la señora Rosana Jaramillo y de sus menores hijos, podía ajustar en nombre de estos la transacción del juicio sobre liquidación de la compañía y expresa que no encuentra razones de orden legal que les impidieran a la madre de aquellos menores y a su mandatario concertar dicha transacción cuando no había inmuebles entre los bienes de la sociedad y cuando con la liquidación de esta solo se buscaba el reparto de las utilidades que les pudieran corresponder a los mismos menores como herederos de su extinto padre Luis Francisco Ardila, utilidades que ni siquiera recibieron porque no las hubo.

Se refiere por último a la venta de los bienes de la sociedad hecha por el liquidador Rueda Parra a la señora Carmen González y dice que ese contrato no quedó afectado de nulidad, porque lo embargado en la causa penal contra Torres Sanabria fue el interés social de este en la compañía y no los bienes dichos. Fuera de que la prohibición de enajenar bienes embargados se encamina a proteger a los acreedores y que en este caso no se perjudicó, sino que se favoreció a la cónyuge y a los herederos del difunto socio Ardila con la venta de los bienes referidos.

Concluye la sentencia diciendo que por las razones expresadas, no pueden prosperar las pretensiones del demandante Torres Sanabria.

El recurso de casación

El mismo demandante formula contra la sentencia del tribunal los tres siguientes cargos que la Corte procede a examinar:

Primer cargo. Consiste en haberse incurrido dentro del juicio en la causal de invalidez llamada incompetencia de jurisdicción.

El juez de la primera instancia advirtió que no se había registrado la escritura 204, de abril 21 de 1955, en la cual se consignó la liquidación de la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada” y consideró que la nulidad de esa liquidación constituía la súplica primordial de la demanda, que por la omisión del registro del instrumento mencionado no podía prosperar ese pedimento y que ello lo relevaba de examinar las demás solicitudes del libelo y las pruebas aducidas para acreditarlas. El recurso estima que, por falta del estudio de las pruebas allegadas por el demandante, no se agotó ni se surtió la primera instancia del juicio y que de consiguiente el tribunal no adquirió jurisdicción para decidir este mismo negocio en segundo grado. Como dicho tribunal entendió en la litis sin tener competencia para ello, se incurrió por esta causa en la nulidad denunciada y se violaron los artículos 26 de la Constitución Nacional y 471 del Código Judicial.

“Entiendo —dice el impugnante— que la primera instancia no solo se constituye por las formas de la demanda, traslados, apertura a prueba, alegatos, sino también por el estudio y análisis de las pruebas producidas, que el juzgador está obligado a hacer para producir las razones de justicia como fundamento de la sentencia”.

El sentenciador del primer grado no estudió ni analizó las pruebas allegadas por el actor, sino que se consideró exonerado de ello, no obstante que el artículo 471 del Código Judicial lo obligaba a realizar tal estudio. Al omitirse la formalidad del examen de las pruebas, dejó de producirse la primera instancia del proceso, y, “sino se produjo la primera instancia —dice el recurso— formalidad exigida en el juicio, sin la cual no puede haber segunda, el h. tribunal no adquirió jurisdicción para conocer del asunto; adolecía de incompetencia de jurisdicción; causal sexta de casación, por haberse incurrido en una de las causales de nulidad de que trata el artículo 448 Código Judicial”.

“Como el h. tribunal conoció y falló el asunto en tales condiciones, violó el artículo 26 de la Constitución que le prohibía hacerlo y el artículo 471 Código Judicial, que le exigía el cumplimiento de las formalidades que deliberadamente no cumplió el señor juez a quo”.

La Corte considera:

En el ejercicio de su función el juez de mérito está llamado a realizar dentro del proceso dos clases de actividades. De un lado, dirige y dispone la ejecución, por sí mismo o por las partes, según el caso, de aquellos actos formales y sucesivos que, conforme a la ley, concurren a la instrucción y formación de un proceso. Es esta una actividad material que se encamina a estructurar la litis y a recoger elementos de prueba para dirimir el conflicto planteado. De otra parte, una vez instruido el proceso, el juez debe examinar los materiales acumulados en él, confrontar el caso allí propuesto con el previsto por las normas sustanciales y exponer los razonamientos que conducen a dar en la sentencia una solución al litigio. Esta segunda actividad es de orden mental y lógico, porque se desarrolla toda en el pensamiento del juzgador mediante operaciones estrictamente intelectuales.

El desarrollo de la actividad material puede dar lugar a que el juez o las partes incurran en la omisión de un acto procesal o en su cumplimiento defectuoso y a que se produzca así un vicio en la formación o estructura del proceso. Estos vicios de actividad son conocidos con el nombre de errores in procedendo y pueden, en algunos casos taxativamente señalados por la ley, afectar de invalidez el litigio y dar base para acusar en casación la sentencia. También en el desarrollo de su actividad intelectual o lógica puede el juez cometer un error sobre la aplicación o el sentido de una norma sustancial e incurrir por ello en un vicio de razonamiento o error in iudicando.

La solicitud, el decreto y la producción de las pruebas en un juicio, son actos que corresponden a la actividad material del juez y de las partes; pero el examen y calificación de los medios de prueba recogidos no hacen ya parte de esa actividad procesal, sino de la actividad intelectual o lógica del mismo juez, de modo que cuando este omite estudiar y ponderar una prueba en la sentencia, no incurre por ello en un error in procedendo, sino que puede cometer un vicio de juicio o error in iudicando como consecuencia de tal omisión. De aquí que el artículo 448 del Código Judicial no haya erigido en causal de invalidez procesal el hecho de que el juez olvide en la sentencia el estudio de las pruebas producidas en el juicio.

El examen y la valoración de las pruebas se hacen en la sentencia, y su omisión no constituye un error in procedendo, ni está erigida en causal de invalidez, ni equivale a la falta de un requisito indispensable para el agotamiento de una cualquiera de las dos instancias del juicio.

En el caso presente, el juez del conocimiento no estudió unas pruebas porque consideró innecesario su análisis, pero esta circunstancia no implica que hubiera dejado de agotarse esa primera instancia ni que el sentenciador de segundo grado careciera de jurisdicción para decidir el negocio en virtud de la apelación interpuesta por el demandante. Esa primera instancia se surtió en forma regular y el tribunal sí adquirió jurisdicción para entender en el juicio. Lo cual obliga a concluir que aquí no se produjo la nulidad que alega el recurso y que por tanto este primer cargo carece de fundamento.

Segundo cargo. Se hace consistir en no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes.

Sobre este motivo expresa el recurso que, ante todo, en el segundo punto de la demanda se solicitaron las declaraciones de que el contenido de la escritura 734, de noviembre seis de 1954, no constituye una transacción y de que carece de efecto la manifestación de haberse disuelto y de hallarse la sociedad en estado de liquidación. El fallo no decidió sobre estas súplicas en la forma prescrita por el artículo 471 del Código Judicial y, “no habiendo fallado la segunda petición de la demanda —dice el recurso— no puede decirse que la sentencia está en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes; el demandante pidió la declaración del segundo punto; los juzgadores no la hicieron; no hay consonancia entre la sentencia y lo demandado; queda demostrada la segunda causal de casación del artículo 520 del Código Judicial”.

Continúa el recurrente diciendo que, en segundo término, en los puntos primero y tercero de la misma demanda se solicitó la declaración de unas nulidades, que la sentencia tampoco resolvió estos pedimentos como lo prescribe el citado artículo 471, sino que absolvió a los demandados, y que por este motivo dicho fallo no guarda armonía con la demanda. No se sabe si el pronunciamiento absolutorio entraña que son válidos los actos cuya nulidad se impetra y si la sentencia produce cosa juzgada. Enseguida añade el impugnante: “Absolver, entiendo, quiere decir librar de alguna obligación al demandado. Las peticiones aludidas no reclaman ninguna obligación de los demandados; solo reclaman sea declarado un hecho, un estado jurídico; no dicen que los demandados sean condenados; solo piden que se declaren unas nulidades con su audiencia; luego respecto de tales peticiones no es concordante la absolución de los demandados. La consonancia de la sentencia con lo pedido la establecería la resolución que diga que son o no nulos los actos acusados de nulidad. Si se pidiera que se condene a los demandados, bien estuviera que se les absuelva; pero si se pide que con audiencia de los demandados se declare un hecho, un estado jurídico, lo indicado es que se conceda o se niegue lo pedido”.

De estas consideraciones concluye el recurso que la sentencia no es congruente con la demanda.

Se considera:

En sentido general el vocablo absolver significa lo contrario de condenar, y en términos equivale a declarar inocente o libre a un reo de los cargos que se le formulan en un proceso penal. En materia civil la sentencia absolutoria entraña la denegación de las pretensiones del demandante, de modo que al quedar decididas en esa forma desestimatoria las súplicas de la demanda, ha de entenderse que la absolución del demandado lleva implícita la declaración de que este queda libre de las pretensiones referidas.

En múltiples ocasiones ha sostenido la Corte que la sentencia totalmente absolutoria no puede ser acusada de incongruente, porque ella implica la denegación tácita de las peticiones de la demanda y porque, resueltas estas súplicas en esa forma desestimatoria, el fallo queda por lo mismo inmune del cargo de haber decidido sobre cuestiones no pedidas (extra petita), o sobre más de lo demandado (ultra petita), o sobre menos de lo que se pidió (mínima petita).

En el caso presente la sentencia absolvió a los demandados, y esa absolución conlleva la denegación de las súplicas de la demanda, las cuales quedaron así resueltas. Por su carácter totalmente absolutorio, ese fallo resulta exento del vicio de incongruencia, de manera que el cargo contrario que el recurso formula contra él carece también de fundamento.

Tercer cargo. Versa sobre la violación de los artículos 1521, 1602, 1740, 1741, 1746, 2157, 2341, 2469, 2470, 2471 y 2475 del Código Civil, 469, 470, 472 y 480 del Código de Comercio y 2º de la Ley 50 de 1936, por falta de aplicación, por aplicación indebida y por interpretación errónea.

Este motivo aparece constituido por varios reparos que el recurso expone del modo siguiente:

a) Los doctores Arturo Ríos García y José Sarmiento Mantilla, mandatarios de las partes en el juicio de liquidación de la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada”, otorgaron en nombre de sus poderdantes la escritura 734, de seis de noviembre de 1954. En ese instrumento declararon transigir el juicio nombrado, reconociendo que la sociedad se había disuelto por la muerte de uno de los socios, declarándola en estado de liquidación y designado liquidador al señor Roberto Rueda Parra. Los otorgantes dichos debieron presentar un extracto de esa escritura en la cámara de comercio para que se lo registrara, así como publicar el mismo extracto, de acuerdo con lo prescrito por los artículos 469 y 470 del Código de Comercio. Estos requisitos no se cumplieron, y “como estas solemnidades fueron omitidas —dice el recurso— se sigue que tal omisión produjo la nulidad absoluta entre los socios de la escritura 734 y de los actos contenidos en ella, como lo ordena el artículo 472 del mismos código.

“Como la sentencia acusada no declaró la nulidad pedida, es evidente que ella viola directamente los artículos 472, que formula la nulidad absoluta, los artículos 469 y 470 Código de Comercio, que exigen el cumplimiento de las solemnidades omitidas”.

El demandante Torres Sanabria solicitó la declaración de invalidez de la escritura 734 por la causa anotada, pero la sentencia no decretó esa nulidad, lo cual significa que no oyó al actor, interesado en que se declarara esa nulidad, y violó en consecuencia, por falta de aplicación, el artículo 2º de la Ley 50 de 1936.

La sentencia sostiene que la nulidad consagrada por el artículo 472 del Código de Comercio no sanciona sino la omisión del registro y publicación oportunos de la escritura constitutiva de la compañía, pero esta tesis, según el recurso, es inexplicable, porque el precepto citado se refiere a los requisitos que mencionan los artículos 469 y 470 ibídem, de manera que la misma norma es aplicable a la omisión de cualquiera de las formalidades que señalan estas últimas disposiciones. El fallo violó estos preceptos al no aplicarlos, así como quebrantó también, por aplicación indebida, el artículo 480 al estimar que la omisión de los requisitos de registro y publicación de las escrituras de reforma y disolución de una compañía no está sancionada con la nulidad entre los socios, sino con la inoponibilidad de esos actos a terceros.

b) Los doctores Ríos García y Sarmiento no tenían facultad para otorgar la escritura 734, y la sentencia, al reconocerles personería, apreció en forma errónea los poderes conferidos a dichos abogados y violó así los artículos 2471, 2470, 2469, 2475, 2157 y 1741 del Código Civil y 2º de la Ley 50 de 1936.

En efecto, en la escritura anotada los mandatarios mencionados dijeron celebrar una transacción, reconociendo la muerte de uno de los socios y la disolución de la compañía y expresando que esta se hallaba en estado de liquidación. Dichos mandatarios estaban autorizados para transigir el juicio de liquidación, pero no para celebrar esa transacción ante notario, mediante escritura pública, y no vale el argumento de que la facultad de consignar la transacción en instrumento público iba implícita en los poderes respectivos, porque ello entraña salirse y abusar de los términos del mandato.

“Los abogados —expresa el recurso— no estaban autorizados para la transacción que trataron en la escritura 734, y la sentencia, al apreciar erróneamente los poderes y estimar que ellos los facultaban para transar, violó el artículo 2471 Código Civil, que exige que en el poder conferido para transar se especifiquen los bienes sobre que se quiere transigir; y esto seguramente porque la transacción es un contrato, artículo 2469 Código Civil, 1495, y los contratos deben recaer sobre un objeto determinado. Las especificaciones ordenadas por el artículo 2471, citado, no constan en los poderes; indudablemente el juzgador las apreció erróneamente, dándolas por existentes, sin existir; el caso no da lugar a interpretaciones benignas, porque el artículo 2471 imperativamente dice que se especificarán en el poder los bienes sobre que se quiere transigir. No especificándolos, el poder es ilegal, no está de conformidad con la ley, y hacer producir efectos jurídicos a un poder ilegal, es incurrir en un error de derecho que conduce a violar los artículos 2157 y 2471 Código Civil”.

El recurso expone otras consideraciones sobre el mismo punto y repite que los mandatarios estaban facultados para transigir dentro del juicio de liquidación, pero no fuera de él, como lo hicieron por la escritura 734; que dichos apoderados no se ciñeron a los términos de sus mandatos, como lo ordena el artículo 2157 del Código Civil, y que en sus poderes no se especificaron los bienes sobre que podría versar la transacción, como lo dispone el artículo 2471 ibídem.

c) La escritura 734, citada, no recoge en realidad ninguna transacción. En efecto, expresaron en ella sus otorgantes que para transigir el juicio de liquidación y ponerle fin, declaraban disuelta y en estado de ser liquidada la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada”. Esta compañía se hallaba disuelta por la muerte de uno de sus socios, de modo que este punto no era materia de divergencia y transacción. Por lo demás, en el instrumento aludido no se dice cuál fue el objeto, hecho o derecho transigido, ni qué concesiones recíprocas se hicieron las partes, y, “no apareciendo el objeto de la transacción, es lógico concluir que no hubo transacción; decir que se transó el juicio sin especificar lo transado, el objeto sobre que recayó la transacción, es decir una cosa sin contenido jurídico”.

Con base en varias doctrinas de la Corte, el recurso destaca algunas de las características de la transacción, recuerda que este contrato exige la existencia de un litigio pendiente o eventual, la voluntad de las partes de ponerle término extrajudicialmente y concesiones mutuas entre las mismas partes, y agrega:

“Nada de esto hubo en la transacción que reza la escritura 734, por lo cual es lógico concluir que no hubo transacción; no hubo consentimiento de las partes, porque no aparece el poder otorgado legalmente para transar; no hubo desavenencia, disputa o desacuerdo para transar, porque ni existe ni lo manifestaron las partes.

Por último, la manifestación de disolución de la sociedad no transó el juicio, ni le puso término, porque el objeto del juicio no fue la manifestación de la disolución de la sociedad, sino su liquidación.

El juicio no tuvo desavenencias, no tuvo disputas, no tuvo oposición que transar; los hechos fundamentales de la demanda fueron aceptados, no fueron negados; el único hecho contradicho fue la afirmación del demandante de que los demandados no querían la liquidación; las excepciones propuestas no se oponían a la acción, solo se oponían al procedimiento empleado”.

Como, según el recurso, los poderes conferidos a los abogados no los autorizaban para otorgar la escritura 734 y como en el juicio de liquidación de la sociedad no había discrepancias litigiosas que justificaran la transacción consignada en aquel instrumento, la sentencia apreció en forma errónea los poderes y la transacción mencionados y violó con ello los artículos 2471, 2157 y 2469 del Código Civil.

d) Anulados la escritura 734 y los actos que en ella se consignaron, por omisión de las solemnidades requeridas y porque los abogados carecían de facultad para extender aquel instrumento, quedaban por lo mismo invalidados el nombramiento de liquidador y la consiguiente liquidación de la compañía. Además, la designación de liquidador debía ser hecha y no lo fue por la junta de socios. “La sentencia —afirma el recurso— al no decretar las nulidades pedidas, además de violar los artículos 2157 y 2471 Código Civil, por interpretación errónea de los poderes, y los artículos 1740, 1741, viola el 1602 por no tener en cuenta la voluntad de los contratantes ni lo dispuesto en el artículo 472 Código de Comercio”.

e) La nulidad de la venta de los bienes de la sociedad hecha por el liquidador Rueda Parra a Carmen González de Pereira, es una consecuencia de la invalidez de la escritura 734; pero hay aun otra razón más poderosa para anular esa venta, consistente en que dicho acto tuvo un objeto ilícito, debido a que los bienes de la compañía se hallaban embargados en el momento en que se vendieron. En efecto, el Juzgado Superior de San Gil, que conocía de la causa criminal contra Martín Torres Sanabria por la muerte de Luis Francisco Ardila, decretó el embargo de los derechos que al reo le correspondían en la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada”, señaló los bienes de esa compañía en que estaban radicados tales derechos y dispuso secuestrar los mismos bienes. Al secuestro se opuso la socia María Eustaquia Roldán, en cuyo poder quedaron esos bienes. Aún subsisten el embargo y secuestro mencionados.

Aunque la sentencia dice que lo embargado no fueron los bienes aludidos, sino el derecho o interés de Torres Sanabria en el haber social, basta leer la providencia del juez superior y la diligencia de secuestro para ver que esta medida recayó sobre los bienes. En seguida dice el recurso: “Conclusión: cuando los bienes fueron vendidos, estaban embargados y secuestrados por orden judicial; constituían un objeto ilícito y su venta fue absolutamente nula. Como la sentencia no hizo esta declaración, por apreciar erróneamente las pruebas del embargo y secuestro de los bienes vendidos, violó los artículos 1521, 1740 y 1741 Código Civil, por desconocer que los bienes vendidos constituían objeto ilícito por estar embargados y secuestrados, y por tanto el contrato de venta de ellos daba lugar a una nulidad, y nulidad absoluta”.

f) La restitución de los bienes que fueron objeto de la venta realizada por el liquidador, es una consecuencia de la nulidad de ese contrato. “La sentencia —afirma el recurso— al no decretar la restitución, viola los artículos 1521, 1741 y 1746 Código Civil, que disponen que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas y secuestradas por orden del juez, que es de nulidad absoluta la venta de objeto ilícito, que la nulidad da derecho a la restitución”.

g) Por último, como el que ha cometido un delito o culpa que causa daño a otro, está obligado a reparar el perjuicio ocasionado, según el artículo 2341 del Código Civil, y como los abogados Ríos García y Sarmiento, el liquidador Rueda Parra y la señora Carmen González de Pereira ocasionaron daños a Martín Torres Sanabria con los actos que ejecutaron, deben indemnizarle a este dichos perjuicios. En sentir del recurso, la sentencia violó el citado artículo 2341 al no condenar a los demandados a resarcir aquellos perjuicios.

La Corte considera:

I. Aunque la formulación de este tercer motivo se resiente de una manifiesta falta de técnica, la Corte procede, por amplitud, a examinar los diversos fundamentos de la misma censura.

Se sostiene en primer lugar que la escritura 734, de seis de noviembre de 1954, y los actos consignados en ella, son absolutamente nulos, porque el extracto de ese instrumento no se registró en la cámara de comercio ni se publicó, como lo ordenan los artículos 469, 470 y 472 del Código de Comercio, y que la sentencia quebrantó directamente estos preceptos, por falta de aplicación, al no decretar esa nulidad. También se dice que violó, por aplicación indebida, el artículo 480 ibídem al considerar que la omisión de las formalidades expresadas, está sancionada con la inoponibilidad a terceros y no con la nulidad absoluta entre los socios.

La sentencia expresa, en efecto, que en la escritura mencionada se hizo constar la disolución de la sociedad por muerte de uno los socios, se la declaró en estado de liquidación y se nombró liquidador; que la ley no sanciona con la nulidad de estos actos la omisión del registro y publicación oportunos del extracto de las escrituras sobre reforma de los estatutos y sobre disolución de una compañía, y que la sanción por la inobservancia de los requisitos anotados es la inoponibilidad de aquellos mismos actos a terceros, según el artículo 480 del Código de Comercio.

El artículo 465 de este mismo código prescribe que “la sociedad se forma y prueba por escritura pública, registrada conforme al Código Civil” y añade en su inciso segundo que “la disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la prórroga de este, el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modificación del contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales.

Los artículos 469 y 470 ibídem ordenan registrar y publicar un extracto de las escrituras otorgadas en cumplimiento de lo prescrito por el citado artículo 465. Estos preceptos exigen la solemnidad de la escritura pública tanto para constituir una sociedad mercantil como para modificar o reformar las estipulaciones del contrato social y para disolver la sociedad antes de expirar el plazo convenido. Imponen también los requisitos de registrar y de publicar los extractos de las escrituras en que figuren consignados los dichos actos de constitución, modificación y disolución de la compañía.

El artículo 472 ibídem estatuye que “la omisión de la escritura social, y la de cualquiera de las solemnidades prescritas en los artículos 469 y 470, produce nulidad absoluta entre los socios”. Este precepto se refiere de manera expresa a la omisión de “la escritura social”, esto es, del instrumento por el cual se constituye o forma la sociedad. Alude también a la omisión de las solemnidades prescritas en los artículos 469 y 470, o sea al registro y publicación del extracto. ¿De cuál extracto? El texto de aquella norma y su relación con los artículos que la preceden y le siguen, permiten entender que el extracto a que hace referencia es el de la misma escritura social, es decir, el de la escritura constitutiva de la compañía. La omisión de este instrumento o la del registro o publicación de su extracto, es lo que produce entre los socios la nulidad absoluta del contrato de sociedad.

Se confirma aún más esta inteligencia del artículo 472 cuando se lo confronta con el 480 ibídem, que es de este tenor: “Los actos enumerados en la segunda parte del artículo 465, no producen efecto alguno contra terceros, si no fueren escriturados, registrados y publicados en la forma que designa el artículo 470”. Esta norma se refiere, ya no al acto constitutivo de la sociedad, sino a los actos de modificación o reforma del contrato social y de disolución de la compañía antes de la expiración del término estipulado. Estos actos son también solemnes, porque requieren ser consignados por escritura pública y que su extracto se registre y publique.

Los mismos artículos 472 y 480 consagran sendas sanciones. El 472, como queda visto, hace referencia a la escritura constitutiva de la sociedad y al registro y publicación de su extracto, y sanciona con la nulidad absoluta del contrato social la omisión de estas solemnidades iniciales. El 480 alude a los actos de modificación o reforma del citado contrato social y a la disolución de la compañía antes de vencido el término estipulado y dispone que esos actos no son oponibles a terceros si no fueren reducidos a escritura pública, registrados y publicados. La inobservancia de estos requisitos está sancionada con la inoponibilidad de aquellos actos a terceros. En un caso, la falta de cualquiera de las formalidades constitutivas de la compañía, acarrea la nulidad absoluta del contrato social; en el otro caso se sanciona, no con nulidad, sino con su inoponibilidad a terceros los actos de reforma de los estatutos sociales o de disolución prematura de la compañía si se omite escriturar, registrar o publicar tales actos.

La sentencia sustentó la tesis anterior y con respaldo en ella denegó la declaración de invalidez de los actos consignados en la escritura 734, de seis de noviembre de 1954, porque no se trataba allí de la constitución de la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada”, sino de su disolución por el óbito de uno de los socios, y porque la falta del registro y publicación del extracto de tal escritura, no apareja la nulidad de esa disolución, sino su inoponibilidad a terceros. Esta decisión no quebranta por inaplicación del artículo 472 del Código de Comercio, porque este precepto no era aplicable al caso de la litis. Tampoco viola, por falta de aplicación, los artículos 469 y 470 y por aplicación indebida el 480 ibídem, porque estas normas sí eran aplicables al mismo caso y fueron aplicadas en forma correcta.

II. El segundo aspecto del cargo que se examina, consiste en que los apoderados de las partes en el juicio de liquidación de la sociedad, no estaban facultados para reducir a escritura pública la transacción de ese negocio. Sostiene el recurso que la sentencia apreció erróneamente los poderes conferidos a dichos mandatarios, que dio por existente la autorización para transigir en la forma como lo hicieron y que con ello cometió un error de derecho que la condujo a violar los artículos 2157 y 2471 del Código Civil.

Cabe observar que el recurso no expresa si la infracción de las normas citadas fue directa o indirecta y que, aunque parece dar a entender que la sentencia incurrió en un error de hecho al dar por existente la facultad de los apoderados para transigir, afirma a la vez que el mismo fallo cometió un error derecho al reconocerles eficacia jurídica a los poderes conferidos a los mismos mandatarios. Estas imprecisión y deficiencia en la formulación de la censura, serían bastantes para desestimarla, pero la Corte, por amplitud, acomete el examen del reparo, considerando como directa la violación que denuncia el recurso.

La sentencia examinó los poderes que las partes otorgaron a sus mandatarios en el juicio de liquidación de la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada” y encontró que en ellos se los autorizaba para transigir ese negocio. Dedujo en consecuencia que por este aspecto estaba conforme a derecho el acto nombrado transacción que se consignó en la escritura 734, y expresó además: primero, que la transacción es un acto extrajudicial, según lo prescrito por el artículo 2469 del Código Civil; segundo, que la facultad de reducir la transacción a escritura pública estaba implícita en la autorización que para celebrarla se les confirió a los apoderados; tercero, que ese mandato para transigir podía ser cumplido por estos como lo hicieron, esto es, fuera del juicio y por instrumento público.

La transacción, como lo tiene dicho la Corte (XLVIII 1948, 268), no es un contrato solemne, sino simplemente consensual, salvo que afecte bienes raíces. Se perfecciona por el solo consentimiento de las partes y puede ser comprobado por cualquier medio probatorio, con la única restricción de la prueba testimonial cuando el valor del convenio excede de quinientos pesos. Teniendo carácter consensual y no solemne, puede celebrarse verbalmente o por documento privado o público, de modo que ningún precepto legal se quebranta cuando se lo consigna por escritura pública. Además y según el tenor del artículo 2469 del Código Civil, la transacción es un negocio extrajudicial, o sea una convención regulada por el derecho sustancial y que entre las partes produce los efectos extintivos que le son inherentes desde el momento mismo en que se perfecciona. Cuando existe pleito pendiente entre dichas partes, genera también el efecto procesal de poner término a esta litis, para lo cual se requiere incorporar la transacción en el proceso mediante la prueba de su celebración, a fin de que el juez pueda decretar el fenecimiento del juicio. Este efecto doble y la circunstancia de que por lo regular se asienta el pacto dentro del litigio en curso, le dan a la transacción la apariencia de un simple acto procesal, pero no lo es en realidad, porque ella se encamina principalmente a disipar la duda y a regular y dar certeza a la relación sustancial que la motiva y porque, en razón de esta finalidad primordial, la ley la considera y trata como una convención y como un modo de extinguir obligaciones, es decir, como una convención liberatoria (C.C., 1625 y 2469).

La sentencia impugnada halló que en el juicio de liquidación de la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada”, los apoderados de las partes litigantes recibieron de estas la facultad de transigir ese negocio, y sostuvo que este mandato los autorizaba implícitamente para celebrar la transacción fuera del proceso y por instrumento público, tal como lo hicieron mediante la escritura 734. Este juicio es acertado, porque el mandato para transigir un litigio eventual o pendiente faculta al mandatario para concertar la transacción en forma verbal o por escrito privado o público y dentro o fuera del proceso que haya en curso. No se advierte en consecuencia que por este aspecto el fallo hubiera incurrido en las violaciones de ley que el recurso denuncia.

III. Se afirma por el impugnante que las declaraciones consignadas en la escritura 734 no constituyen una transacción, porque no se expresa en ellas cuál fue el objeto de esta ni qué concesiones recíprocas se hicieron las partes, y que la sentencia violó los artículos 2157, 2469 y 2471 del Código Civil al reconocerles a esas mismas estipulaciones la naturaleza y contenido de una transacción.

El fallo sostiene que las declaraciones mencionadas entrañan una transacción, porque así se expresó en ellas, porque en el juicio de liquidación de la sociedad sí hubo oposición de los demandados y porque esta oposición podía ser y fue en efecto materia de dicha transacción.

Conforme a lo prescrito por los artículos 2158 y 2471 del Código Civil, el mandato no confiere naturalmente la facultad de transigir; para ello se requiere un poder especial, es decir, la autorización expresa del mandante para que el mandatario celebre una transacción. El inciso segundo del citado artículo 2471 dispone además que en el poder especial conferido al mandatario “se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre que se quiera transigir”.

En casación de 28 de febrero de 1896 (XI - 560, 318) expresó la Corte que en el mandato judicial la especificación exigida por el artículo 2471 del Código Civil, “no ha de consistir precisamente en determinar uno a uno los bienes que han de ser materia de la transacción. Es bastante una especificación en términos generales”. Y refiriéndose al mismo punto dijo también la Corte en casación de 17 de febrero de 1958 (LXXXVII - 2193, 54): “Es bastante para colmar la finalidad de la ley que en el título de procuración otorgado al mandatario judicial aparezca expresamente la facultad de transigir, para que se cubra así tanto la necesidad de poder especial para ello, como la exigencia de que estén especificados los bienes, derechos y acciones sobre que se quiera transigir, puesto que de una parte existe la certidumbre de que el mandatario está capacitado por el mandante para transigir, y por el aspecto restante no habrá duda de que los bienes, derechos y acciones no son otros, ni podrían serio, que los vinculados al respectivo juicio”.

De acuerdo con esta orientación, el poder especial para un pleito no confiere naturalmente la facultad de transigir; pero si en él se otorga esta facultad de manera expresa, no se requiere que se la acompañe de una especificación de los bienes, derechos y acciones sobre que puede recaer la transacción, sino que habrá de entenderse que esta solo podrá versar sobre los bienes, derechos y acciones que en la litis aparezcan singularizados. En la procuración judicial, la exigencia de la especificación de bienes que debe acompañar a la facultad de transigir, queda, pues, satisfecha con la individualización de los bienes sobre que versa el litigio.

La sentencia admitió que las declaraciones hechas en la escritura 734 tenían la naturaleza y el alcance de una transacción, porque en ellas se convino en reconocer que se había disuelto la sociedad “Lavandería Francesa, Limitada” y que debía procederse a liquidarla y a designar el liquidador, cuestiones que eran precisamente la materia del juicio de liquidación propuesto por la cónyuge sobreviviente y los herederos del difunto socio Ardila. El recurso sostiene que el acto consignado en la escritura 734 no es una transacción y que la sentencia, al calificarlo de transacción, quebrantó el artículo 2469 del Código Civil.

Este precepto define la transacción diciendo que “es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. Esta definición ha sido tildada de inexacta y deficiente, porque, de una parte, le asigna a la transacción el carácter de contrato cuando por sí sola no engendra obligaciones, y porque, de otro lado, no alude al elemento de las concesiones recíprocas de las partes que es característico de este fenómeno y que lo distingue de otras figuras jurídicas afines. En varias ocasiones la Corte ha asentado la doctrina de que son tres los elementos específicos de la transacción, a saber: primero, la existencia de un derecho dudoso o de una relación jurídica incierta, aunque no esté aún en litigio; segundo, la voluntad o intención de las partes de mudar la relación jurídica dudosa por otra relación cierta y firme; tercero, la eliminación convencional de la incertidumbre mediante concesiones recíprocas (Cas., dic. 12/38 —XLVII— 1943, 479 y 480. Cas., jun. 6/39 —XLVIII— 1948, 268). Teniendo en cuenta estos elementos se ha definido con mayor exactitud la transacción expresando que es la convención en que las partes, sacrificando parcialmente sus pretensiones, ponen término en forma extrajudicial a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.

Cabe recordar además que, como también lo ha dicho la Corte, la transacción suele presentarse combinada con otras figuras jurídicas auxiliares y que no se la debe confundir con fenómenos afines, tales como la renuncia de un derecho, la aceptación de una demanda, el desistimiento, la conciliación, la dación en pago, la remisión de una deuda, el compromiso y el laudo arbitral (LXV - 2070, 634 y XC - 2211, 671).

En la ocurrencia presente los otorgantes de la escritura 734 hablaron allí de transacción y la sentencia aceptó que el acto consignado en ese instrumento tenía de veras el alcance de una transacción. No se percibe, sin embargo, cuáles pudieron ser las pretensiones mutuas que por ese acto sacrificaron las partes, pues de sus estipulaciones solo se desprende que el mandatario de los demandados en el juicio de liquidación de la compañía se limitó a aceptar que se produjese dicha liquidación, sin abdicar ninguno de los derechos de esos demandados. Por este solo aspecto se ve que el acto expresado no ofrece todos los elementos específicos que caracterizan a la transacción y que el fallo impugnado, al reconocerle la naturaleza de una transacción, incurrió en realidad en un error jurídico. Con todo, la demanda de casación, respaldada en este yerro, se contrajo a acusar la sentencia por violación del artículo 2469 del Código Civil, precepto que define lo que se entiende por transacción, que no da cuenta exacta de este fenómeno jurídico y que es simplemente descriptivo, o sea que no consagra un derecho subjetivo o que no contiene una proposición jurídica completa. La Corte tiene establecido que las normas que solo dan definiciones de fenómenos jurídicos, no son susceptibles de quebranto para los efectos de la casación, porque la idea de ley sustancial se refiere a aquellos preceptos que son atributivos o declarativos de derechos de naturaleza subjetiva y no a las disposiciones legales que se reducen a describir los elementos integrantes de una figura jurídica. (Cas., ago. 29/47 —LXII— 2050, 736. Cas., sep. 30/55 —LXXXI— 2157, 216). Por esta circunstancia, y no obstante el yerro jurídico anotado, el recurso resulta en este caso ineficaz, debido a que el artículo 2469 del Código Civil no es atributivo de un derecho sustancial, sino meramente descriptivo del fenómeno de la transacción.

IV. Sostiene el impugnante que la sentencia infringió los artículos 1602, 1740 y 1741 del Código Civil y 472 del Código de Comercio por no haber declarado nulos el nombramiento de liquidador hecho en la citada escritura 734 y el acto de liquidación de la sociedad realizado por dicho liquidador mediante la escritura 204 de 21 de abril de 1955. Según el recurso, la nulidad de estos actos es una consecuencia obligada de la invalidez de la supuesta transacción que se consignó en la referida escritura 734.

Ya se ha visto cómo el acto que, con el nombre de transacción, acordaron los mandatarios de las partes por la mencionada escritura 734, no quedó afectado de invalidez, y en consecuencia esa supuesta nulidad no podía viciar el nombramiento de liquidador ni la posterior liquidación de la sociedad. No existiendo la causa, mal podía producirse el efecto. Además, la facultad de transigir y de desistir que les fue conferida a aquellos mandatarios, los autorizaba para acordar que se practicase esa liquidación y para designar la persona del liquidador, porque estas eran cabalmente las cuestiones sobre que versaba el juicio de liquidación. Al estimarlo así y al denegar por tanto la declaración de nulidad de los actos expresados, no incurrió la sentencia en el quebranto de las normas que cita el recurso.

V. Se imputa al mismo fallo la violación de los artículos 1521, 1740 y 1741 del Código Civil por no haber declarado nula la venta de los bienes de la sociedad que el liquidador Rueda Parra le hizo a la señora Carmen Rosa González. Esos bienes estaban a la sazón embargados y secuestrados, según el recurso, y en consecuencia la venta de ellos quedó viciada de nulidad por objeto ilícito.

Prohijando el concepto del fallo de primer grado, consideró la sentencia impugnada que, de acuerdo con los términos del auto de embargo dictado por el juez superior de San Gil, lo embargado no fueron los bienes de la compañía, sino el derecho o interés social que señor Martín Torres Sanabria tenía en la misma sociedad, derecho o interés que estaban radicados en esos bienes sociales. Siendo esto así, según la sentencia, tales bienes podían ser válidamente enajenados, como en efecto lo fueron, y su venta no quedó viciada de invalidez.

Aunque el recurso insiste en sostener que los bienes de la compañía estaban embargados y secuestrados al tiempo de su venta, la verdad es que, como lo expresa la sentencia y como se desprende de los términos del auto de embargo, esta medida no recayó ni podía recaer sino sobre el interés social del señor Torres Sanabria. Los bienes de la sociedad no pertenecían a este y no eran por lo tanto embargables como de su propiedad; por la misma razón el proveído de embargo no podía entenderse referido sino al derecho o interés social de Torres Sanabria en la compañía.

Al apreciarlo así y al denegar en consecuencia la declaración de nulidad de la venta de esos bienes, no violó la sentencia los preceptos que cita el recurso.

Tampoco infringió el fallo el artículo 1746 del Código Civil por haber denegado la restitución de los bienes mencionados. No habiéndose declarado nula su venta, mal podría decretarse aquella restitución. La sentencia no aplicó el citado artículo 1746, porque no era aplicable, ni lo quebrantó por tal motivo.

En cuanto a la violación del artículo 2341 del Código Civil que el recurso le atribuye a la sentencia, importa advertir que el resarcimiento de perjuicios aparece invocado como consecuencia de las declaraciones de nulidad que se impetran en la demanda inicial de este juicio y que, denegadas esas súplicas, era forzoso denegar también sus efectos, en este caso la reparación de los daños derivados de los supuestos actos nulos. Esta decisión de la sentencia no infringió la norma citada.

Finalmente, el fallo no quebrantó, por falta de aplicación, el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, porque el demandante de las nulidades invocadas en este litigio sí fue oído. La denegación de las declaraciones de nulidad no se fundó en una supuesta falta de interés del actor Torres Sanabria para alegar las nulidades mencionadas, sino en la circunstancia de no haberlas encontrado establecidas.

Estas consideraciones permiten concluir que el tercer cargo carece también de fundamento.

Resolución

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y dos, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil en este juicio ordinario de Martín Torres Sanabria contra Arturo Ríos García, José Sarmiento Mantilla, Roberto Rueda Parra, María Eustaquia Roldán, Carmen González de Pereira, Rosana Jaramillo viuda de Ardila y otros.

La parte recurrente debe pagar las costas del recurso a la litigante que formuló aposición.

Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el negocio al tribunal de su origen.

Magistrados: Enrique López de la Pava, Flavio Cabrera Dussán, Aníbal Cardoso Gaitán, Gustavo Fajardo Pinzón, Ignacio Gómez Posse, Arturo C. Posada.

Ricardo Ramírez L., Secretario.