Sentencia sin número de mayo 10 de 1967

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Peláez Trujillo

Bogotá 10 de mayo de 1967.

En virtud de recurso de casación interpuesto por la parte actora, se revisa la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio ordinario laboral seguido por el recurrente contra la Cervecería Andina, S. A.

I. El litigio

Se adelantó por el señor Rodrigo Gil Prada contra la nombrada empresa ante el Juez Séptimo del Trabajo de Bogotá para el reconocimiento y pago de indemnización por accidente de trabajo, asistencia médica, lucro cesante o preaviso en subsidio, indemnización moratoria y costas judiciales.

Los hechos, que el demandante relata en cuarenta y ocho numerales, pueden compendiarse así: Como agente vendedor desde el 12 de abril de 1950, con asignación de $ 500.00 mensuales y un medio por ciento del valor de los pedidos, Gil Prada recorría, el 5 de octubre de 1955, al servicio de la empresa, el sector a él encomendado, cuando sufrió el desprendimiento de la retina del ojo derecho, siendo operado, por cuenta del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, por el doctor Francisco Arango Jaramillo, quien le señaló inicialmente incapacidad hasta el último día de diciembre, que más tarde prolongó por todo el mes de enero. Entre el 26 y 21 y 27 de diciembre comunicó personalmente la prórroga de la incapacidad al jefe de ventas, Francisco Aranguren, y al secretario general, José Bohigas, habiéndole respondido el primero que debía acatar la orden médica; no obstante lo cual el jefe de agentes y propaganda, Augusto Mejía, después de anotar que “a pesar de la nueva incapacidad Gil Prada se vería muy bien”, y de expresar que “no tenía quién le repartiera una propaganda” y que “consideraba que Gil Prada podía hacerlo”, agregando que “dicho trabajo le convenía a Gil para que no se aburriera en la casa”, dispuso que el demandante hiciera el reparto en los primeros días de enero. El 3 del mencionado mes, a eso de las 11 de la mañana, en tanto que ejecutaba el trabajo, sintió que nuevamente se le había desprendido la retina, por lo que suspendiendo su labor pidió al conductor del vehículo que usaba que lo condujera al consultorio del médico Rafael Bahamón, quien diagnosticó un nuevo desprendimiento retiniano y prescribió intervención quirúrgica, lo que fue confirmado por el Instituto de Seguros Sociales. La segunda operación fue practicada por el doctor Arango Jaramillo, por cuenta del Instituto, habiéndosele señalado una incapacidad de seis meses. La empresa cubrió el salario durante seis meses, a partir del 30 de abril de 1956. Desde esta fecha, en que además fue despedido, el actor ha tenido que acudir a asistencia médica particular porque la empresa no se la ha dado. Según dictamen médico ha tenido una disminución de la vista del cincuenta por ciento, y con anteojos de nueve décimas partes entrambos ojos. Gil Prada, a quien se le pidió la renuncia pero se negó a presentarla, fue despedido sin preaviso cuando cumplía seis años y diecinueve días al servicio de la empresa y devengaba un salario de $ 1.000.00 en promedio. En la fecha del accidente tenía cuarenta y seis años. La empresa posee un capital superior a los $ 800.000.00. Conforme al dictamen médico el segundo desprendimiento de la retina tiene el carácter de accidente laboral debido a negligencia de la empresa. El demandante presenta, como hechos, otros conceptos y consideraciones, impertinentes en la relación fáctica, ya que se refiere a cuestiones reservadas al pronunciamiento judicial.

En derecho cita las normas de los artículos 19, 63, 65, 127, 207, 215, 216 y 217 del Código Sustantivo Laboral.

La empresa contestó oponiéndose a la acción incoada, aceptando unos hechos, negando otros, y manifestando no constarle los demás.

El fallo de primer grado la absolvió y condenó en costas al demandante. Apelado por éste, el Tribunal Superior de Bogotá lo confirmó.

Contra esta última providencia interpuso el actor el recurso que se procede a resolver.

II. La sentencia acusada

La Sala sentenciadora da como probados el contrato laboral, la calidad de empleado del demandante, los dos accidentes sufridos por él, y que el segundo ocurrió mientras desempeñaba funciones encomendadas por la sociedad demandada; y para sustentar la conclusión a que llega razona así en lo relativo a la naturaleza del segundo accidente: “Probado está que los jefes Aranguren y Bohigas le manifestaron a Gil Prada que en ninguna forma debían contrariar el consejo del médico en el sentido de guardar quietud (contestación dada por el actor en posiciones). Y si bien es verdad que este último afirma que otro de los jefes de la empresa, el señor Augusto Mejía, le pidió el favor de ayudarle a repartir una propaganda, no lo es menos que el mismo demandante le contestó que no tenía inconveniente en llevar a cabo ese trabajo porque suponía que no le podía hacer daño y en efecto convinieron en que lo haría el primer día de enero de 1956. Además al absolver posiciones, folio 46, el demandante confiesa que no estaba obligado a cumplir las órdenes o instrucciones que recibiera del señor Augusto Mejía durante el tiempo a que se extendiera la incapacidad y que ejecutó el trabajo que este último le asignó porque se sentía agradecido con la empresa, por haberle pagado los salarios durante el tiempo de la referida incapacidad, en otras palabras, que el reparto de la propaganda lo hizo 'nada más que por gratitud'. De otro lado, se encuentra demostrado con las declaraciones de Carlos Julio Cruz, folios 60 a 62, y Oscar Cárdenas Niño, folios 82 a 85, que el jefe de propaganda señor Mejía le insinuó al demandante o le rogó, como éste lo afirmó al absolver posiciones, que le ayudara a efectuar el reparto de la propaganda. Cuando estaba llevando a cabo estas funciones, a eso de las once a. m., del día tres de enero de 1956, volvió a sufrir un desprendimiento de la retina (…). Para el juez del conocimiento no hay duda de que el referido suceso no puede ser considerado como un accidente de trabajo dada la conducta del demandante, gravemente culposa, que dio lugar a que el hecho previsible (nuevo desprendimiento de la retina) ocurriera. Esta superioridad comparte el criterio del señor juez a quo porque para que el suceso a que se refiere el expediente pudiera ser considerado como accidente de trabajo era necesario que se produjera en forma imprevista y repentina, entendiéndose por imprevisto lo que no puede preverse, lo que no se espera. Y si algo debía saber el demandante que podía ocurrirle si no seguía estrictamente las instrucciones del médico, era un nuevo desprendimiento de la retina ya que es bien sabido que en esta clase de lesiones, con posterioridad a la operación o intervención quirúrgica, el paciente debe guardar por lo menos dos meses de absoluto reposo”.

III La impugnación

1. Pretende el recurrente que la Corte “case la sentencia pronunciada por la Sala Laboral del honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y que, convertida en sentenciador de instancia, revoque el fallo recurrido y en su lugar condene a la entidad demandada de acuerdo con las peticiones del libelo” como consecuencia de la violación indirecta de los artículos 64, 65, 199, 207, 209, 216 y 217 del Código Sustantivo del Trabajo, invocando la causal 1ª del artículo 87 de la misma obra.

2. Se enuncia como error de hecho “considerar que el demandante había efectivamente trabajado cuando se accidentó por su propia cuenta y riesgo (sic), sin orden de nadie, por el solo supuesto de haber dicho que estaba resuelto a volver al trabajo, que estaba aburrido y que le hacía falta tener oficio”.

3. De la desordenada y confusa relación y análisis de pruebas que se hace en el libelo, se colige que el impugnante encuentra mal apreciadas las siguientes en que se apoya, el fallo de segunda instancia: 1) El testimonio de Francisco Aranguren, en cuanto informa que una, vez salido el actor de la clínica, se presentó en la oficina del testigo, que era jefe de ventas, manifestándole que estaba en completa quietud y muy aburrido por falta de oficio, por lo que deseaba saber “si la cervecería lo podía ocupar en un departamento donde él no tuviera mayor ejercicio”; a lo cual contestó el declarante que debía dirigirse al secretario que era quien debía impartir la respectiva orden. 2) La declaración de José Bohigas, secretario de la empresa, quien expone: “No recuerdo exactamente las fechas, pero en varias ocasiones el señor Gil me manifestó que la inactividad lo tenía muy aburrido y preguntó si yo veía la posibilidad de poderse ocupar en algún trabajo. Yo le manifesté, en primer lugar que tenía que cuidarse mucho, e inclusive estuvimos hablando de cuál podría ser el trabajo a efectuar sin que le causara perjuicio alguno (...)”. 3) La declaración de Carlos Julio Cruz, quien expresa que el jefe de propaganda, señor Augusto Mejía, dijo a Gil Prada que “por no tener quien le haga el reparto de propaganda lo hiciera él (…)”, explicando el deponente: “(…) Entró el señor Gil, y don Augusto le dijo: hombre Gil ya que llegó puedes (sic) ir a repartirme esa propaganda, y a mi me dijo el señor Mejía que me pusiera a la orden del señor Gil porque yo era el chofer de un carro contratado por Cervecería Andina para repartir la propaganda (…) El señor Mejía fue el que exigió al señor Gil Prada para que fuera a hacer el reparto de la propaganda”. 4) El testimonio del agente vendedor Oscar Cárdenas Niño, quien informa que el jefe de vendedores y de propaganda, señor Mejía, estaba facultado para disponer su distribución, la época en que ésta debía efectuarse y la manera de hacerlo, y afirma que el mencionado Mejía dio a Gil Prada la orden de repartir la a que se refiere la demanda. 5) El testimonio de Guillermo Colmenares Jiménez, que describe cómo Augusto Mejía llamó a todos los agentes vendedores (y “Gil lo era”, dice el testigo) para encomendarles la distribución de propaganda, expresando que cuando entre ellos vio a Gil Prada le preguntó si iba a empezar a trabajar, a lo que contestó que aún estaba incapacitado, pero que se presentaba a ver qué le ordenaban, habiendo todos recibido la orden de hacer la distribución. Cuanto a las pruebas restantes, echa menos el recurrente la apreciación de las que siguen: 1) El dictamen en que el Departamento Nacional de Medicina e Higiene Industrial, después de expresar que el primer desprendimiento de la retina sufrido por el demandante “no es consecuencia de accidente de trabajo ni puede ser considerado como enfermedad profesional, sino que más bien parece ser de origen miópico”, conceptúa que el segundo “se debió a un acto de negligencia del jefe de la sección donde trabajaba Gil al no tener en cuenta la incapacidad que le había fijado el médico (...)”, dictamen confirmado por la División de Medicina del Trabajo en concepto en que se expresa: “Este despacho está de acuerdo con la apreciación anterior, puesto que toda incapacidad fijada por un médico a un trabajador debe respetarse, y más, en este caso particular, porque se exponía al trabajador al perjuicio que fatalmente sufrió dos días después de haber reanudado el trabajo que le había sido prohibido por facultativos”. 2) La manifestación del propio recurrente en posiciones, del siguiente tenor: “No es cierto, y aclaro: dije sí que estaba aburrido pero no fui en ningún caso a solicitar trabajo”, que el impugnador relaciona con las siguientes manifestaciones de los testigos José Bohigas y Francisco Aranguren: “Aunque los agentes vendedores dependían directamente del jefe de ventas (…) —dice el primero—, Augusto Mejía sí podía decirles que repartieran propaganda (…) Yo no niego que Augusto Mejía le hubiese dado instrucciones para repartir propaganda”; y el segundo manifiesta: “A mí no me consta que el señor Gil Prada haya repartido propaganda, y si lo hizo supongo que tendría orden del jefe del departamento para poder tener actividad en ese reparto”.

De estos elementos instructorios deduce el recurrente que el segundo desprendimiento retiniano sobrevino cuando el paciente trabajaba a órdenes de la empresa, y como secuela de su labor, por lo que se trata de un accidente de trabajo.

4. Al cargo replica el opositor en el recurso, que el impugnante sitúa el caso en plano distinto del debatido en el pleito, puesto que para él el error del Tribunal consiste en “haber considerado que Gil Prada sufrió el accidente cuando trabajaba por su propia cuenta y riesgo” y “no haber aceptado que la empresa le ordenó a Gil Prada que prestara el servicio en que se accidentó”, cuando la cuestión en litigio consiste en saber si el empleado sufrió o no un accidente de trabajo. Este infortunio supone que el suceso sea imprevisto y repentino, y el Tribunal halló que el acaecido a Gil Prada era previsible. Así lo presentan las pruebas que obran en los autos. Nada importa que el hecho productor del accidente provenga de culpa del trabajador o del patrono, si es previsible. En la hipótesis que el recurrente plantea otra sería la fuente de la responsabilidad, y sobre ella no versa la litis.

5. Se estudia el cargo:

A diferencia de otras legislaciones que no definen el accidente de trabajo u omiten la imprevisión como elemento suyo configurativo, la ley colombiana (Código Sustantivo Laboral, artículo 199) lo define así: “(…) todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa grave de la víctima”. Según la norma son condiciones constitutivas del concepto definido: a) Lesión orgánica o perturbación funcional; b) Nexo causal entre el trabajo y el hecho generador de la perturbación o lesión, o que ese hecho haya acontecido con ocasión del trabajo; e) Relación laboral entre la víctima y la empresa o patrono; d) Ausencia de culpa grave en la víctima; y e) Subitaneidad e imprevisión del suceso. Si falta uno cualquiera de estos elementos no hay lugar a hablar de accidente de trabajo, pues que todos ellos concurren a definir el respectivo concepto jurídico.

6. De los pasos que de la sentencia acusada se dejan transcritos, se desprende que la Sala de instancia encontró suficientemente acreditadas la “previsibilidad” del suceso y la conducta “gravemente culposa” del empleado, por lo que el infortunio no podía ser tenido como de origen laboral. El examen de la cuestión fáctica para determinar si el Tribunal incurrió o no en error al acogerse a la verdad formal que da por establecida en los autos, supone entonces el conocimiento del contenido de los conceptos de imprevisión y culpa, a fin de saber si la hipótesis de hecho acreditada en el juicio corresponde o no a la configurada en la norma, esto es, a la hipótesis legal.

7. Para la Sala de instancia “suceso imprevisto” es, en el artículo 199, el “que no se espera”, es decir, aquél del cual se predica la imprevisibilidad de orden subjetivo que entra en la noción de fuerza mayor (Ley 95 de 1890, artículo 19); no así para la de casación, para quien la idea de “imprevisto” tiene en la norma citada un contenido claramente objetivo, de improvidencia, pues que implica la ejecución de actos o la omisión de precauciones concretas que hubieran evitado el evento perjudicial. No se trata de que el suceso sea de tal índole que las facultades humanas estén en incapacidad de preverlo, sino de que sobrevenga sin que el patrono haya dispuesto los medios adecuados para prevenirlo.

8. El artículo 199, al consagrar expresamente lo “imprevisto” del acaecimiento como condición tipificante del accidente de trabajo, se ha inspirado seguramente en la doctrina que señala la existencia de un deber de previsión emanado de la relación laboral, que corresponde al patrono. Se entiende que éste tiene la obligación de conducirse en el desenvolvimiento de esa relación conforme a los intereses legítimos del trabajador, o sea, que ha de tomar las medidas adecuadas para que éste no vaya a sufrir desmedro alguno en su persona o en sus bienes. El principio general de protección, según el cual el empresario o patrono tiene el deber de proteger y cuidar a los trabajadores que están bajo su patrocinio —como resulta del mismo significado etimológico del sustantivo patrono—, se traduce en el contrato en un deber de previsión ya no de carácter general sino específico, que obliga al empleador a tomar medidas concretas de seguridad, higiene y sanidad, y aun de orden moral, que defiendan al trabajador de los riesgos creados por la empresa. No aparece en el artículo que se comenta una enunciación discriminada de tales medidas, pero de ahí no se sigue que el legislador no las haya ordenado cuando al definir el accidente de trabajo lo califica de “suceso imprevisto”, esto es, de sucedido por imprevisión, lo que permite establecer cierta equivalencia entre esa falta de previsión y la culpa levísima ya que ésta consiste en conducirse con la improvidencia en que los hombres no incurren cuando de ellos o de sus asuntos importantes se trata (Código Civil, artículo 63). Esta conducta, que la ley presenta en forma genérica como modelo de comportamiento humano, por ser la que de ordinario corresponde al “buen padre de familia”, y que prescribe, como principio normativo que rige ciertas relaciones jurídicas, es también la que debe observar el “buen patrono”, y la que de modo específico se consagra en la ley laboral al hacer a aquél responsable del perjuicio causado al obrero o empleado por su falta de prevención, esto es, por lo “imprevisto” del suceso.

9. La responsabilidad por accidente de trabajo se aparta, sin embargo, del concepto subjetivo de culpa para fundarse en el objetivo del riesgo profesional, por lo que el empleador se hace responsable del daño por la sola circunstancia de haber sobrevenido “por causa o con ocasión del trabajo”. Si en la teoría general del contrato la culpa da la medida de la responsabilidad, según que sea grave, leve o levísima en el accidente laboral, esa responsabilidad nace independientemente de la idea de culpa en el patrono, mas no de manera absoluta en el trabajador, pues si el evento ocurre por culpa grave de éste cesa la responsabilidad de aquél por cuanto el trabajador provocó deliberadamente el accidente o se expuso a él de modo inexcusable. En suma, con fundamento en el riesgo creado la empresa asume no solamente el daño debido a su propia incuria, aunque sea levísima, sino también el que no le es imputable siempre que no medie culpa grave del trabajador.

10. Se ha detenido la Corte en el tenia del deber de previsión que incumbe al empresario, solo con el propósito de rectificar el error en que incurrió la Sala de instancia respecto al concepto de accidente de trabajo; mas no para entrar en el examen de fondo del cargo, pues éste ha sido planteado por el impugnante con fundamento en error de hecho que puede ser referido a la culpa del trabajador o del patrono, pero no a lo imprevisto del acaecimiento. Según el recurrente el Tribunal erró al “considerar que el demandante había efectivamente trabajado cuando se accidentó por su propia cuenta y riesgo, sin orden de nadie”, lo que querría decir que la Sala sentenciadora atribuye al empleado la culpa que ha debido imputar a la empresa; pero no censura la providencia judicial por haber entendido que el suceso no aconteció de modo imprevisto. Y como la providencia no descansa solamente en el supuesto de hecho de la culpa del trabajador, sino también en el de la previsibilidad del evento, poco adelantaría la Sala con el estudio de uno de tales supuestos si, por no haber sido alegado error en relación con el otro que también sirve de soporte al fallo, la casación no podría conducir a la infirmación de la sentencia.

Por tanto no prospera el cargo.

11. B. Violación del artículo 217 del Código Sustantivo Laboral, en armonía con el 19 de la misma obra, por falta de aplicación debida a error de derecho.

Para demostrarlo, parte el impugnante de la afirmación de que habiéndose sometido la empresa al dictamen de la División de Medicina del Trabajo, que en cuatro oportunidades fue de concepto que la lesión tuvo carácter laboral, porque se debió a “un acto de negligencia del jefe de la sección donde trabajaba” Gil Prada, quedó subordinada al dictamen de la Oficina de Medicina e Higiene Industrial en cuanto a la incapacidad, pues la conciliación obliga en este caso a las partes. “El acta de conciliación y el dictamen —dice— son de forzosa aceptación y cumplimiento de acuerdo con la última parte del citado artículo 217 del Código Sustantivo Laboral”, agregando que “aunque no se tratara de accidente sino de enfermedad común y corriente, también cabría aplicarse el artículo 217 del Código Sustantivo Laboral, porque el artículo 19 de la misma obra determina que cuando no haya norma aplicable al caso controvertido, se aplica la que regule casos o materias semejantes”.

12. Se estudia el cargo:

Establece el artículo 217 en su numeral 2 que el patrono o los beneficiarios de la prestación “pueden solicitar, sobre los puntos que rechazan el dictamen de los médicos de la Oficina de Medicina e Higiene Industrial, o en su defecto, de los médicos legistas”, y que tal dictamen es de obligatoria aceptación; por donde concluye el impugnante que el Tribunal sentenciador no podía apartarse del concepto de los médicos de la mencionada oficina en cuanto calificaron de “accidente de trabajo” el ocurrido al demandante.

13. Si bien el concepto de accidente de trabajo es, en términos generales, del dominio de la medicina, pues que algunos de sus elementos configurativos caen en la esfera de conocimientos de esta ciencia, no por ello deja de tener también carácter jurídico, por lo cual la calificación definitiva está reservada al juzgador. Pues que a éste le compete la apreciación de la prueba, también le corresponde la determinación definitiva, en último análisis, de la naturaleza del infortunio, ya que no todas las condiciones tipificantes de éste escapan a su control. De ahí que la Corte haya expresado en providencia que fija el alcance del precepto contenido en el numeral 2 del artículo 217: “La medicina industrial actúa como árbitro, pero únicamente en lo atinente a la clasificación de la incapacidad resultante del accidente o de la enfermedad profesional. Su concepto sobre cuestiones distintas, a lo sumo podrá tomarse como dictamen pericial, sin valor obligatorio para los litigantes (…). La medicina industrial presta a la autoridad administrativa del trabajo y a la justicia laboral una doble colaboración de carácter técnico, así: una en conciliación ante el inspector del trabajo, ya como perito, ora como árbitro, en actuación administrativa; otra ante la justicia laboral, como perito únicamente” (Gaceta Judicial XCV, 1071).

14. A lo que cabe agregar que el recurrente no señala como violada norma alguna sustancial relativa al derecho que crea o reconoce el derecho que demanda, omisión que por sí sola hace ineficaz la impugnación, ya que la de las normas que en el libelo se señalan como infringidas no viene a ser sino una violación de medio que conduciría a la de aquélla como violación fin.

Tampoco prospera el cargo.

15. C. “Violación del artículo 216 del Código Sustantivo Laboral, en concordancia, con el artículo 19 de la misma obra y Con el 2357 del Código Civil”. No expresa el recurrente el concepto de violación de las dos disposiciones primeramente citadas, lo que hace imposible el estudio del cargo en lo que a ellas se refiere; respecto del 2357 del Código Civil habla de errónea interpretación.

16. Se estudia este último motivo:

Se produce la interpretación errónea cuando, no obstante haberse aplicado la norma adecuada al caso, no se le da su verdadero sentido, determinado según las reglas que para el efecto establece la ley, haciéndose derivar de dicha norma, consiguientemente, efectos que no corresponden a su contenido. En el presente caso la Sala sentenciadora no sólo no hace interpretación alguna del artículo 2357 del Código Civil, sino que no lo aplica al caso concreto, por lo cual la impugnación si acaso sería procedente por falta de aplicación de la regla legislada, mas no por una errada interpretación que no aparece en el fallo.

Por lo cual tampoco prospera este cargo.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida en este negocio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Se condena a la parte recurrente en las costas del recurso.

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Crótatas Londoño, Luis Fernando Paredes A., Carlos Peláez Trujillo. 

Vicente Mejía Osorio Secretario.