DECRETO 219 DE 1969 

(Febrero 20)

“Por medio del cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 66 de 1968”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades, en especial de las que le concede el artículo 120 de la Constitución Nacional,

DECRETA:

ART. 1º—El Superintendente Bancario ejercerá la inspección y vigilancia de las actividades de urbanización, construcción y crédito para vivienda, en los términos de la Ley 66 de 1968 y del presente decreto.

ART. 2º—(Modificado).* Para los efectos del artículo 2º de la ley que se reglamenta, existe plan o programa de urbanización o de construcción de vivienda cuando se trate de edificar en terreno continuo cinco o más viviendas en unidades independientes o acogiéndose al sistema de propiedad horizontal. Así mismo, cuando las unidades se proyecten en uno o varios solares de una ciudad o de ciudades distintas.

*(Nota: Modificado por el Decreto 2610 de 1979 artículo 19 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

ART. 3º—(Modificado).* La renovación anual de la inscripción prevista en el último inciso del artículo 3º de la Ley 66 de 1968 no necesitará de requisitos distintos al de comprobar, si fuere necesario, que la persona cumplió en el año anterior todas las obligaciones impuestas por dicha ley y por este decreto. El Superintendente Bancario podrá negar la renovación de la inscripción mientras el interesado se encuentre en mora de cumplirlas, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.

*(Nota: Modificado por el Decreto 2610 de 1979 artículo 19 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

ART. 4º—Sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes y decretos sobre la materia, las personas naturales o jurídicas que desarrollen las actividades de urbanización, construcción o crédito para vivienda, tales como se les define en los artículos 1º y 2º de la Ley 66 de 1968, estarán obligadas a llevar contabilidad regular conforme a los reglamentos que expida el Superintendente Bancario y, por lo menos, libro día río, libro mayor o de cuentas corrientes libro de inventarios y balances; conservarán además, la correspondencia propia de su giro o actividad, así como las constancias auténticas de las reuniones de asambleas de socios o accionistas, de juntas directivas o de cualesquiera otros organismos de dirección o administración, segur su naturaleza.

ART. 5º—La obligación de acreditar la propiedad y libertad del terreno en el cual se va a adelantar un plan o programa, se entenderá cumplida mediante la presentación del certificado del registrado: de instrumentos públicos y privados el que consten la titularidad del dominio, la sucesivas tradiciones del respectivo bien en un lapso no inferior a veinte años y la ausencia actual de gravámenes que recaigan sobre el inmueble.

ART. 6º—El plazo de treinta días hábiles que el superintendente tiene para resolver sobre la concesión de permisos relativos a planes o programas comenzará a correr a partir de la fecha en que cumpla el peticionario los requisitos señalados en el artículo 5º de la ley citada. Cuando el superintendente solicite cualquier comprobación de las contempladas en la ley para conceder el permiso, se interrumpirá el término y empezará a correr de nuevo cuando el interesado haya satisfecho la exigencia del superintendente.

ART. 7º—(Modificado).* La resolución del superintendente que concede permiso para un plan o programa determinado, deberá ser registrada dentro del término de dos meses contados a partir de la fecha de la resolución. El interesado demostrará que ésta fue registrada o presentada para su registro en tiempo oportuno.

*(Nota: Modificado por el Decreto 2610 de 1979 artículo 19 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

ART. 8º—Para establecer el valor comercial del inmueble sobre el cual se hayan constituido o proyecten constituirse gravámenes hipotecarios conforme a lo previsto en el artículo 7º de la Ley 66 de 1968, podrá el Superintendente Bancario solicitar del interesado las informaciones pertinentes y acudir, si fuere menester, a entidades públicas o privadas, o al dictamen de un perito cuyos honorarios serán pagados por el peticionario.

ART. 9º—En virtud de lo dispuesto por los artículos veinticuatro y veinticinco de la Ley 66 de 1968, las personas naturales o jurídicas, que, bajo el imperio de las normas anteriores, no estuvieron sometidas a la inspección y vigilancia del Superintendente Bancario o fueron declaradas total o parcialmente exentas de tales inspección y vigilancia, han de someterse a las prescripciones de la nueva ley dentro de los términos en ella previstos; pero los trámites de la inscripción correspondientes y del otorgamiento de permisos para planes o programas se adelantarán exigiéndoles tan solo las informaciones y documentos que, por no haber presentado con anterioridad, hicieren falta con forme a la ley.

El Superintendente Bancario continuará las gestiones necesarias para liquidar los negocios de las personas jurídicas que con ese fin hubiere intervenido en uso de las facultades concedidas por los decretos 2349 de 1965 y 979 de 1966, sin necesidad de nueva intervención o toma de posesión, pero ajustándose, en cuanto al proceso de liquidación, a las normas de la Ley 66 de 1968, particularmente a lo preceptuado en su artículo dieciséis.

Cuando el superintendente hubiere dispuesto solamente la toma de posesión, podrá en cualquier tiempo devolver dicha posesión. Pero si la mantuviere, corresponderá al Instituto de Crédito Territorial como agente especial del Superintendente Bancario y a nombre de la persona intervenida, adelantar todas las actuaciones que para estos casos prevé la Ley 45 de 1923, según lo prescrito en el artículo veintisiete de la ley que se reglamenta. En la misma forma, podrá el superintendente, si las circunstancias lo aconsejan, ordenar la liquidación en los términos de la Ley 66 de 1968.

ART. 10.—(Modificado).* En cumplimiento del parágrafo del artículo 3º de la Ley 66 de 1968, el Superintendente Bancario organizará seis oficinas seccionales para cubrir las diversas zonas geográficas, ubicándolas en las ciudades que, de acuerdo con el último censo de población, ocupen los primeros lugares de las respectivas zonas.

PAR.—Mientras se organizan las oficinas delegadas previstas en este artículo, la inscripción de las personas dedicadas a actividades de urbanización, construcción o crédito para vivienda se cumplirá válidamente en Bogotá, ante el Superintendente Bancario. El mismo funcionario concederá, además, los permisos para planes o programas a que se refiere el artículo quinto de la Ley 66 de 1968.

*(Nota: Modificado por el Decreto 2610 de 1979 artículo 19 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

ART. 11.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y ejecútese.

Dado en Bogotá, D.E., a 20 de febrero de 1969.

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