Laudo Arbitral

Instituto de Fomento Algodonero, IFA,

v.

Compañía Colombiana de Seguros S.A.

Mayo 29 de 1970

En la ciudad de Bogotá, D.E., departamento de Cundinamarca, República de Colombia a: cuatro (4) de noviembre de mil novecientos setenta (1970) ante mí, Manuel Cubides Romero, notario octavo de este círculo, comparecieron los señores doctor Luis Córdoba Mariño, identificado con la cédula de ciudadanía 2.854.112 expedida en Bogotá, y Daniel Rivera Villate, identificado con la cédula de ciudadanía 13.226 expedida en Bogotá, ambos varones casados, mayores de edad, abogados en ejercicio y vecinos de esta ciudad de Bogotá, D.E., y dijeron: Que en su condición de presidente y secretario, respectivamente, del Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir el litigio pendiente entre el Instituto de Fomento Algodonero, IFA, por una parte, y la Compañía Colombiana de Seguros Sociedad Anónima, por la otra parte, de que da cuenta el compromiso arbitral pactado por las partes con fecha veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho (1968), y de conformidad con lo ordenado en la sentencia en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 1225 del Código de Procedimiento Civil, me presentan para su inclusión en el protocolo del presente año, el expediente contentivo del juicio arbitral, en cinco (5) cuadernos y dos (2) libros de tarifas, que constan, respectivamente, de doscientos sesenta y nueve (269), cuatrocientos setenta y seis (476), ochocientos dos (802), ochocientos treinta y uno (831), y trescientos cuatro (304) folios, y doscientos cuarenta (240) y ciento sesenta y tres (163) páginas, y cuya sentencia, de fecha veintinueve (29) de mayo de mil novecientos setenta (1970), se registró en la oficina de registro de instrumentos públicos y privados de este circuito, en el libro segundo, el veintiuno (21) de septiembre del mismo año, a la página ciento cincuenta y uno (151), bajo el número diecisiete mil doscientos ochenta y cuatro A. (17.284 A.), todo lo cual lo declaro protocolizado bajo el número y fecha que corresponde.

Otorgamiento y autorización

El instrumento precedente fue leído en forma legal a los comparecientes, quienes le imparten su aprobación por expresar su voluntad contenida en sus declaraciones. El infrascrito notario, da fe de que las declaraciones consignadas fueron emitidas por los comparecientes y de que se cumplieron todos los requisitos legales, y se presentaron los comprobantes requeridos y en consecuencia, autoriza con su firma la presente escritura, dejando testimonio de que advirtió a los otorgantes sobre las relaciones que el contrato genera para ellos, principalmente la necesidad de inscribirlo en el competente registro, dentro del término legal.

Comprobantes fiscales

Los comparecientes presentaron los siguiente documentos: certificado de paz y salvo, número, 2087620. Fecha octubre 16 de 1970. Con vigencia en diciembre 5 de 1970. A favor de: Córdoba Mariño Luis. c.c. 2.854.112. Certificado de paz y salvo 2017455. Fecha septiembre 9 de 1970. Con vigencia en diciembre 5 de 1970. A favor de: Rivera Villate Daniel. c.c. 13226. La presente se extiende en la hoja número P. 10262405. Para que conste se firma como aparece.

(Siguen firmas ilegibles)

Tribunal de arbitramento

Bogotá, D.E., mayo veintinueve de mil novecientos setenta.

El 27 de noviembre de 1968 el Instituto de Fomento Algodonero, IFA, y, la Compañía Colombiana de Seguros Sociedad Anónima, entidades domiciliadas en Bogotá, D.E., por medio de sus representantes, suscribieron un documento compromisorio, cuyas cláusulas pertinentes son del siguiente tenor:

Noveno: En atención a lo anterior, para dirimir arbitralmente el litigio pendiente entre ellas y zanjar definitivamente sus diferencias, las partes han acordado lo siguiente:

I. A fin de facilitar este acuerdo y teniendo en cuenta la importancia que para la economía nacional tienen las labores desarrolladas por el Instituto de Fomento Algodonero, “La compañía” acepta pagar a este, de manera irrevocable, la suma de seis millones ochocientos doce mil pesos ($ 6.812.000) M.L., por los siguientes conceptos: por razón de indemnización por pérdida total, la cantidad de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), consignada como límite en las adiciones contenidas en las cláusulas a que aluden los puntos segundo y tercero de este documento; por razón del amparo de lucro cesante, sobre el mismo límite, la suma de quinientos mil pesos ($ 500.000); por intereses sobre dichas sumas anteriores, un millón sesenta y dos mil pesos ($ 1.062.000); y por reconocimiento de gastos doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000). Este pago se hará tan pronto como se suscriba el presente documento. PAR.—El carácter irrevocable del pago de la suma de seis millones ochocientos doce mil pesos ($ 6.812.000) que se acaba de mencionar, hecho, según lo dicho, para facilitar el presente acuerdo, no implica, en forma alguna, que la compañía renuncie a alegar, dentro del juicio arbitral, las razones por las cuales se considera totalmente exenta de responsabilidad y, de consiguiente, se entiende que aquella se reserva, en forma expresa, el derecho de presentar todas las defensas y excepciones tendientes a demostrar que no se encuentra obligada al pago de la indemnización que ha dado origen al presente litigio.

II. Con la finalidad de dirimir el litigio pendiente, las partes han acordado someterse a la decisión arbitral, simplemente absolutoria o condenatoria, que sobre el particular pronuncien en derecho los arbitradores doctores Luis Córdoba Mariño, Jorge Vélez García y Hernando Morales Molina, quienes han de resolver definitivamente si “La compañía” se halla obligada a pagar, en todo o en parte, la diferencia existente entre los cinco millones quinientos mil pesos ($ 5.500.000) que, según lo dicho, “La compañía” ha accedido a reconocer a título de indemnización por pérdida total y lucro cesante, y la cantidad de diecisiete millones novecientos setenta y ocho mil cuatro pesos ($ 17.978.004), que representa la suma total reclamada judicialmente por el asegurado”, diferencia que para efectos del arbitramento se fija en la cantidad de doce millones cuatrocientos setenta y ocho mil cuatro pesos ($ 12.478.004), más intereses sobre esta suma hasta la fecha de este documento”. “Duodécima: El tribunal de arbitramento determinará las costas a favor de la parte que salga airosa en el litigio, estimadas sobre la cantidad que ha de dirimirse en arbitramento, y causadas desde la iniciación del juicio ejecutivo. La cantidad que el tribunal de arbitramento estime necesaria para los gastos de la actuación, será pagada por “La compañía” y “El asegurado” por partes iguales, en la forma prevista en el artículo 1218 del C.J. ...”.

Instalado el tribunal, sus miembros designaron como secretario al doctor Daniel Rivera Villate, y después de allegado el expediente del juicio ejecutivo que se surtía entre las partes en el Juzgado 10 Civil Municipal de Bogotá, de conformidad con el artículo 1219 del C.J., el Instituto de Fomento Algodonero a través de su gerente, el doctor Eduardo Suárez Glasser, y mediante apoderado judicial, adujo en audiencia demanda contra la Compañía Colombiana de Seguros Sociedad Anónima, representada por su presidente el señor Gregorio Obregón Pochet, cuyas pretensiones son:

“Primero. Que se condene a la Compañía Colombiana de Seguros Sociedad Anónima, al reconocimiento y pago en favor del Instituto de Fomento Algodonero, o de la entidad que legalmente lo sustituya, de la cantidad de doce millones cuatrocientos setenta y ocho mil cuatro pesos ($ 12.478.004) MLC, como indemnización global remanente, sometida por las partes a la decisión arbitral, determinada por la pérdida total y el lucro cesante ocasionados en el incendio de siete mil novecientas noventa y dos (7.992) pacas de algodón, con un peso de un millón novecientos noventa y ocho mil (1.998.000) kilos de fibra, de propiedad del instituto demandante, hecho acaecido en el punto intermedio de trasbordo, a la intemperie, denominado patios de coral, solar ubicado en la Avenida del Libertador de la ciudad de Santa Marta, entre carreras veintiocho y veintinueve, riesgos cubiertos bajo contratos especificados en los “Certificados de Seguros” —que se enumeran en esta demanda— emitidos por la Compañía Colombiana de Seguros en favor del Instituto de Fomento Algodonero, como aplicaciones a su póliza de seguro de transporte número 18.610. La indemnización remanente cuyo reconocimiento y pago global así se demanda, tiene las siguientes procedencias discriminadas:

“a) La suma de once millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta pesos ($ 11.343.640) MLC como saldo de la indemnización proveniente del amparo total de un millón novecientos noventa y ocho mil (1.998.000) kilos de algodón en fibra, perecidos en el incendio ya descrito, que arrojó una pérdida total ajustada de dieciséis millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta pesos ($ 16.343.640) MLC, de los cuales ha pagado hasta el momento la Compañía Colombiana de Seguros al Instituto de Fomento Algodonero, en forma irrevocable, la cantidad de cinco millones ($ 5.000.000) MLC.; y,

“b) La suma de un millón ciento treinta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro pesos ($ 1.134.364) MLC como saldo de la indemnización proveniente del amparo adicional de lucro cesante, equivalente al diez por ciento (10%) de la suma indemnizable por pérdida total, ya enunciada en el punto a) precedente, que determinó una indemnización adicional ajustada en un millón seiscientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro pesos ($ 1.534.364)(sic) MLC. de los cuales ha pagado, en forma irrevocable, la Compañía Colombiana de Seguros al Instituto de Fomento Algodonero la cantidad de quinientos mil pesos ($ 500.000) MLC.

“Segundo. Que se condene a la Compañía Colombiana se Seguros Sociedad Anónima el reconocimiento y pago a favor del Instituto de Fomento Algodonero, o de la entidad que legalmente lo sustituya, de intereses a la tasa corriente en plaza, más un cinco por ciento (5%) anual, liquidados sobre la suma de doce millones cuatrocientos setenta y ocho mil cuatro pesos ($ 12.478.004) MLC. indemnización sometida a la decisión arbitral, computados desde el día 18 de mayo de 1967, fecha de la reclamación indemnizatoria suscrita por mi mandante, y hasta el día en que la entidad demandada efectúe el pago, intereses causados en los términos de los artículos 25 de la Ley 105 de 1927 y 3º de la Ley 89 de 1928.

“Tercero. Que se condene a la Compañía Colombiana de Seguros Sociedad Anónima al reconocimiento y pago a favor del Instituto de Fomento Algodonero, o de la entidad que legalmente lo sustituya, de las costas y costos generados por el juicio ejecutivo promovido por mi poderdante en el Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá, D.E., contra la entidad demandada y los del presente juicio ordinario, en los términos acordados en la cláusula duodécima del compromiso suscrito entre las partes el día 27 de noviembre de 1968”.

Los hechos fundamentales de la demanda pueden resumirse así:

I. Antecedentes del negocio de exportación de algodón relacionados detalladamente en la demanda, en los hechos 1º a 5º, cuyo texto refiere que el Instituto de Fomento Algodonero asumió la financiación, exportación y venta en el mercado exterior de la fibra de algodón producida en el sector norte del país, y correspondiente a las cosechas de 1966 y 1967, como sustituto de la “Corporación Algodonera del Litoral, Coral”, de Santa Marta, entidad que originalmente había celebrado, como vendedora, con la sociedad “Fomento Industrial y Comercial Sociedad Anónima” (Cook and Company) de México, como compradora, a través de “Algodonera Colombiana Limitada” de Bogotá, como representante de la última, un contrato de compraventa FOB de 20.000 pacas de algodón. Igualmente el Instituto de Fomento Algodonero, con posterioridad al contrato referido, celebró directamente otro con “Cook and Company” por un total de 25.000 pacas.

Para adquirir la fibra objeto de los anteriores negocios de exportación el Instituto de Fomento Algodonero solicitó a los Bancos de la República, Comercial Antioqueño, Ganadero, Cafetero y de Bogotá, financiaciones diversas, sobre “certificados de depósitos” emitidos por almacenes de depósito, respaldados con órdenes de retención o con “bonos de prenda” a favor de los bancos financiadores. Para tal efecto, y en relación con un lote de diecisiete pacas correspondientes a la contratación primeramente relatada, el Instituto de Fomento Algodonero solicitó y obtuvo del Banco de la República, como prefinanciación de exportación, un crédito de U.S.$ 2.295.000, representado en letras de cambio que fueron abaladas por el Banco Comercial Antioqueño. El mismo instituto contragarantizó el aval mediante contratos de depósito simple, con retención a favor del banco avalador, sobre el algodón en tránsito, y esta operación depositaría fue celebrada con los “Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia Sociedad Anónima” (Almagran), de conformidad con los términos que a continuación se sintetizan:

Las 17.000 pacas, con un peso de 4.250.000 kilos y por un valor total de $ 34.765.000, fueron sometidas a cuatro contratos de depósito de mercancías en tránsito cuyas matrículas de “certificados de depósito simples” corresponden a los números 11.518 de 16 de febrero, 11.521 de febrero 20, 11.536 de febrero 28 y 11.546 de marzo 13 de 1967. En cada uno de estos documentos se dejó constancia, entre otros particulares, del carácter móvil del depósito contratado, enunciando el trayecto interior que habría de recorrer la mercancía depositada, así: “En tránsito, de desmotadoras de la zona del Magdalena a los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena”; del precio de $ 8.18 por kilogramo de algodón; de la unidad comercial de embalaje equivalente a la paca de 250 kilos; de la prefinanciación del Banco de la República; del carácter de avalador del Banco Comercial Antioqueño, y de la orden de retención en beneficio de este, etc.

II. El seguro de transporte según refiere la demanda en los hechos 6º a 20, se originó a solicitud de Almagrán al Instituto de Fomento Algodonero, en cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la aseguración de mercancías depositadas (D.E. 356/57 y Res. 3ª/58 de la Superbancaria), para los riesgos de la movilización de algodón; y el instituto, a fin de dar cumplimiento a las normas impuestas por la ley y a las exigencias del depositario, manifestó a este que los amparos solicitados para la cobertura de los valores y riesgos de las mercancías en tránsito, serían contratados específicamente en los términos señalados en los “certificados de depósito”, con la Compañía Colombiana de Seguros, con endoso de beneficiario de primera instancia en favor de Almagrán, durante el trayecto interior complementario de la exportación, como aplicaciones a la póliza de seguro de transporte 18.610, emitida por dicha compañía en favor del Instituto de Fomento Algodonero. Así lo comunicó este al agente colocador de la aseguradora, señor Jesús González Duque, para que tramitara la expedición de los “certificados de seguros” dentro de las condiciones contractuales pactadas, de Desmotadoras del Magdalena a los puertos mencionados, para cubrir los riesgos de pérdida total (incendio), falta de entrega, avería particular, saqueo, y el adicional de un 10% de lucro cesante.

En el libelo se transcribe la cláusula primera de las condiciones generales de la póliza 18.610 y se resalta el inciso final de la misma, que reza: “La prueba legal del seguro contratado con la compañía es el “certificado de seguro” expedido en aplicación a la presente póliza”. Agrega que con aplicación a dicha póliza, y a solicitud del Instituto de Fomento Algodonero por intermedio del agente González Duque, la Compañía Colombiana de Seguros Sociedad Anónima, expidió los certificados de seguros números 105128, 105132, 106483, y 107646, con referencia concreta e individualizada a cada depósito. La demanda trae una relación pormenorizada de la concomitancia material entre los certificados de depósito y los correspondientes certificados de seguro para fijar la identidad de valores y bienes contenidos por las dos clases de documentos, que establecen, según expresa, “una identidad inalterable entre la cosa depositada y la cosa asegurada” (cdno. 1º, fl. 23 vto.), lo cual configura —agrega— la responsabilidad del depositario de la mercancía amparada en tránsito como su “interés asegurable” bajo el contrato de seguro. El valor asegurado, continúa expresando la demanda, estipulado como condición particular en cada una de las convenciones específicas (los certificados de seguros) fijó la responsabilidad máxima indemnizatoria de la compañía aseguradora, y ni dentro del cuerpo de aquellos, ni en ningún documento posteriormente emitido “se imponen condiciones particulares restrictivas o limitativas del valor o suma asegurada pactadas a satisfacción del depositario” (Ibíd.). El escrito de demanda acomete la misma confrontación documental entre los depósitos y los seguros, para aseverar que ambos coinciden en cuanto al trayecto interior de la movilización y del amparo.

Se refiere luego a las demás condiciones particulares pactadas en los certificados de seguro, tales como los riesgos amparados, franquicia, tasas, tarifas y primas, amparo completo, sobretasa por permanencia en el punto inicial, comienzo y fin del seguro y de la extensión de permanencia en el punto inicial, y expresa que para el amparo completo de los riesgos se aplicó el grupo 4 de la tarifa, que arroja una tasa de 0.56% sobre el valor asegurado correspondiente al trayecto “zona de Magdalena a Cartagena”, que constituyen en su orden la tasa más alta aplicable al trayecto más largo que alternativamente podría recorrer la mercancía amparada en su movilización interior para la exportación FOB. Agrega que en los certificados originales se cobró una tasa de 0.22% sobre valores asegurados, correspondiente a la permanencia adicional de 30 días de la mercancía en el punto inicial del trayecto, como extensión o ampliación directa del amparo pactado en aquellos. Ambas tasas —0.56% y 0.22%— aparecen en los certificados de seguros referidos, ya en forma discriminada, ya en forma absoluta (0.78%), y claramente corresponden al amparo completo de los riesgos básicos contratados y a la extensión por el lapso mencionado según dice la demanda.

Después de repetir que el trayecto asegurado era el comprendido entre las desmotadoras, los puntos intermedios y alternativamente los puertos de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena, por tratarse de mercancía de exportación FOB, y de indicar los funcionarios que obraron en nombre de la aseguradora, el instituto asegurado y los almacenes beneficiarios, la demanda relata el contrato de arrendamiento de Patios de Coral, celebrado entre el Instituto de Fomento Algodonero y la firma “Francisco Dávila & Compañía Limitada”, para depositar el algodón en transito, que para atender la operación exportadora fueron destacados por el Instituto de Fomento Algodonero y Almagrán, los señores Mario Rojas Bueno y Carlos Restrepo Jaramillo, respectivamente, los cuales, desplegando un excesivo celo, dispusieron las mercancías en forma que sobrepasó “las propias exigencias reservadas, exclusivamente, a los contratos de seguros de incendio, por las tarifas de este ramo, ordenando la división del extenso predio urbano en unidades o lugares de almacenamiento constituidas cada una por mil doscientas (1.200) pacas, equivalentes a trescientas (300) toneladas de algodón; delimitadas en arrumes de altura no mayor de tres metros de alto, para conformar un riesgo independiente, separado en todos sus costados con calles de diez (10) metros, de los otros riesgos, lugares o unidades de almacenamiento. A su vez cada unidad o riesgo así descrito y separado se dividió internamente en doce (12) arrumes de cien (100) pacas con un metro de distancia entre sí para extremar la preservación del bien asegurado en este sitio de trasbordo”.

El libelo destaca las medidas e instrumentos de prevención adoptados por el asegurador y el beneficiario, y refiere que el señor Leopoldo Díaz Granados, gerente de la Compañía Aseguradora de Santa Marta, y sus subalternos Isaac del Real, inspector de riesgos y Álvaro Rodríguez, quienes inspeccionaron constantemente los Patios de Coral, relievan en sus declaraciones que las dotaciones de celaduría y demás elementos de prevención de incendio fueron encontrados suficientes, manifestando que solo hicieron al Instituto de Fomento Algodonero, en una ocasión, observaciones sobre la forma en que los transportadores estaban arrumando las pacas descargadas y que el señor del Real afirma que depositario y asegurador atendieron inmediatamente su observación, corrigiendo las deficiencias transitorias de descargue, a satisfacción de la compañía aseguradora.

Afirma la demanda que para la cobertura de los riesgos latentes, por permanencias excedentes de los 30 días, y de acuerdo con la cláusula 12ª de las condiciones generales de la póliza, Almagrán solicitó al Departamento de Transporte de la Compañía Colombiana de Seguros, la expedición de nuevos contratos o revalidaciones de los certificados de seguros originales, de suerte que en ningún momento hubo solución de continuidad o desamparo temporal intermedio en relación con los riesgos originalmente contratados. Agrega, además, que la tabla incluida señala que los certificados de depósito 11.518, 11.521, 11.536 y 11.546, se hallaban amparados el 14 de mayo de 1967 por los certificados de seguro (Revalidaciones) 109009, 109003, 111572 y 109019 y que por la totalidad de la mercancía movilizada, el asegurador pagó a la compañía aseguradora primas por $ 2.217.159.58, de los cuales las primas correspondientes a los certificados de depósito antes enumerados ascendieron a la suma de $ 658.367.30, según la relación de órdenes de pago identificadas en la susodicha demanda. En esta se afirma, seguidamente, que durante la vigencia de los certificados aludidos, la aseguradora no hizo ni ha hecho devolución de cantidad alguna de las primas pagadas por el asegurado, “por concepto de cancelación de amparos, reducción de valores asegurados, modificaciones de riesgos, ni por ninguna otra causa”.

Así mismo, el libelo hace referencia a las comunicaciones cruzadas entre Almagrán y la compañía aseguradora (de 2 y 9 de mayo de 1967), respecto de la forma acordada para identificar la mercancía asegurada en caso de un posible siniestro, y reitera que los funcionarios de la aseguradora tuvieron amplio acceso para la inspección de la mercancía en los diferentes puntos del trayecto asegurado, sin que hubieran solicitado nunca la movilización del algodón para reducir el valor o cantidad del bien asegurable en bodegas o a la intemperie, ni invocaran disposición contractual alguna de los valores concentrados en bodegas o fuera de ellas. Afirma que, por el contrario, la compañía emitió durante todo el lapso 17 certificados de seguro para el amparo de las mercancías, con permanencia inicial en desmotadoras, por un valor de $ 34.765.000 lo cual “suponía concentraciones toleradas que excedían cualquier valor limitativo del seguro, pues de otra manera se haría imposible la iniciación o conclusión del trayecto del seguro mismo”.

III. El siniestro, la reclamación y las secuencias litigiosas, constituyen la materia de los hechos 21 a 35 de la demanda, y pueden resumirse así: El 14 de mayo de 1967, en el mencionado sitio de Patios de Coral, se produjo un incendio por causas fortuitas, que afectó el algodón allí depositado y que estaba amparado por los certificados de seguros antes identificados, expedidos con aplicación a la póliza 18.610. El incendio se originó súbitamente a causa de un fuerte vendaval que causó el desprendimiento de una bombilla sobre el algodón, lo cual determinó la inflamación de la fibra; la fuerte brisa hizo inútiles los esfuerzos diversos realizados para combatirlo. Empero, se logró evitar la propagación de las llamas a otros cargamentos, para lo cual fue menester remover varias pacas de sus originales unidades de almacenamiento. El mismo día 14 de mayo, el Instituto de Fomento Algodonero y Almagrán dieron cuenta del siniestro a la Compañía Colombiana de Seguros. El 15 de mayo la aseguradora nombra como ajustadores de las pérdidas a W. Moller & Compañía Limitada. El 16 de mayo, el secretario del Instituto de Fomento Algodonero, desde Santa Marta, presentó formalmente a la firma ajustadora los documentos disponibles para identificar el interés asegurado, determinar la cuantía del siniestro y sustentar la reclamación. El 17 de mayo el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Marta, a solicitado del ajustador, practicó inspección ocular en el sitio del siniestro, con intervención de peritos, y dentro de esta diligencia se verificó el “origen fortuito del incendio”, se identificó el interés asegurado y se estableció que la forma de almacenamiento consistía en “unidades de un mil doscientas pacas con separaciones adecuadas por calles de diez metros”. El 18 del mismo mes, una vez presentados los documentos de la reclamación y posterior ajuste, los ajustadores se dirigieron al Instituto de Fomento Algodonero en Santa Marta, autorizándolo para disponer de la fibra salvada, previa determinación del número de pacas incendiadas. En esa misma fecha el Instituto de Fomento Algodonero y Almagrán presentaron la reclamación formal ante la Compañía Colombiana de Seguros, y en el curso de las operaciones de ajuste se estableció que la pérdida ascendía a 7.992 pacas por un valor de $ 16.343.640, hecho que fue admitido por la aseguradora en al comunicación número 2685 de 19 de junio de 1967 dirigida al Instituto de Fomento Algodonero, lo que permitió fijar la indemnización principal y liquidar la adicional del 10% por concepto de lucro cesante. Desde el 14 de mayo los representantes del Instituto de Fomento Algodonero y de Almagrán habían hecho entrega a los ajustadores W. Moller & Compañía Limitada, de las cartas remesas y manifiestos de exportación, para la práctica del ajuste, y ni los ajustadores ni la aseguradora exigieron el aparejamiento o presentación de comprobantes diversos a los que habían sido aportados el 16 de mayo. El 5 de septiembre se extinguió el término de los noventa días hábiles consagrados por el artículo 25 de la Ley 105 de 1927 para que la aseguradora satisfaciera la reclamación o formulara objeciones a la misma. Durante dicho plazo la compañía no presento objeciones ni satisfizo la reclamación.

Cubiertas por el Instituto de Fomento Algodonero al Banco de la República las letras avaladas por el Banco Comercial Antioqueño, que daban origen a la retención en favor de Almagrán de las mercancías depositadas, y erigían a dichos almacenes en beneficiarios de primera instancia del asegurado en caso de siniestro, el Instituto de Fomento Algodonero se convirtió en asegurado y beneficiario único de dichos certificados de seguro. La liberación de beneficios a favor del Instituto de Fomento Algodonero fue comunicada a la aseguradora el 3 de abril de 1968.

Finalmente, la demanda relaciona el juicio ejecutivo promovido por el Instituto de Fomento Algodonero contra la Compañía Colombiana de Seguros; destaca que al excepcionar, la compañía adujo como reserva para no hacer el pago demandado, el contenido de las cláusulas adicionales de 11 de enero y 10 de febrero de 1967 que, al decir del demandante, carecen de “conexidad con los contratos de seguros afectados por el siniestro ocurrido el 14 de mayo de 1967, por simples razones formales y legales”, algunas de ellas aducidas seguidamente, y recaba el pago de la cantidad remanente, o sea la suma de $ 12.478.004 m/cte., que es materia de la presente decisión arbitral.

Contestación de la demanda

El apoderado de la parte demandada contestó oponiéndose a las condenas solicitadas por el actor, “por cuanto la sociedad demandada nada debe al instituto demandante”, y al mismo tiempo propuso las excepciones siguientes:

“1. Extinción de las obligaciones a cargo de la compañía aseguradora, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a cargo del asegurado, con efectos retroactivos a la celebración del contrato de seguro o, en subsidio, desde el momento en que dicho incumplimiento se produjo.

2. Extinción de las obligaciones a cargo de la compañía aseguradora, como consecuencia de la resolución o terminación del contrato producidas por el incumplimiento de las obligaciones a cargo del asegurado, con efectos retroactivos a la celebración del contrato de seguro o, en subsidio, desde el momento en que dicho incumplimiento se produjo.

3. Extinción de las obligaciones a cargo de la compañía aseguradora, como resultado de la “rescisión” o terminación del contrato de seguro ocasionadas por inobservancia de las obligaciones asumidas por el asegurador, con efectos retroactivos a la celebración de aquel o, en subsidio, desde el momento en que dicha inobservancia se produjo.

4. Extinción de las obligaciones a cargo de la compañía aseguradora, como consecuencia de la violación, por parte del asegurado, de una expresa obligación impuesta por la ley, con efectos retroactivos a la celebración del contrato de seguro o, en subsidio, desde el momento en que dicho incumplimiento se produjo.

5. Extinción de las obligaciones a cargo de la compañía aseguradora, como consecuencia de la “rescisión” o terminación del contrato de seguro causadas por la variación que el asegurado hizo de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para estimar el riesgo, con efectos retroactivos a la celebración de aquel o, en subsidio, desde el momento en que dicha variación se produjo.

6. Inexistencia de la obligación demandada, por cuanto la compañía aseguradora, aun haciendo caso omiso de las excepciones precedentes, nada debe: ni hubiera podido deber por encima de la suma máxima a que limitó su responsabilidad por siniestro ocurrido en un mismo lugar de almacenamiento y que, según consta en el contrato de compromiso, ya fue pagada. Como es obvio, propongo esta excepción, en forma subsidiaria, para el caso improbable de que se rechacen las cinco anteriores que persiguen demostrar la inexistencia de cualquier obligación a cargo de mi mandante, incluyendo la relativa a la suma que voluntariamente pagó.

7. Petición de más de lo debido. En forma subsidiaria a las anteriores excepciones solicito limitar la condena al valor de las pacas de algodón que, al ocurrir el siniestro, se hallaban almacenadas en la forma prevista por el reglamento que se obligó a observar el actor”.

De los hechos relatados por la demanda, la aseguradora expresa en su contestación que los contenidos por los numerales 1º a 6º le son ajenos y por tanto desconocía su existencia; pero en el evento de ser ciertos, resultan irrelevantes en el debate. Aparte de ello, agrega, el contrato de 13 de julio de 1967 es de una fecha muy posterior a la del siniestro. Expresa que no le consta lo acordado entre el Instituto de Fomento Algodonero y Almagrán, según lo relatado en el hecho 7º, ni es cierto que al agente se le hubiera solicitado la emisión de los certificados de seguro en las condiciones contractuales específicas detalladas por el actor en los hechos 5º y 6º de la demanda. En cuanto al hecho 8º se remite a la póliza de seguro.

El hecho 9º es objeto de una minuciosa discriminación en que se niega: que los certificados de seguro se hubieran solicitado dentro de las condiciones que señalara Almagrán; que el trayecto interior fuera complementario del de exportación, puesto que se trataba de un seguro para mercancías de exportación “aseguradas en el trayecto interior solamente”: que todos los certificados de seguro se extendieran con referencia individualizada y concreta a cada depósito, ni que sus condiciones fueran, “esencialmente en lo relativo al trayecto asegurado”, concordantes con la de los certificados de depósito; que el valor asegurado, acordado en cada certificado de seguro, haya fijado la responsabilidad máxima de la aseguradora, puesto que dicha responsabilidad se hallaba reglamentada específicamente, para siniestros ocurridos en un mismo lugar de almacenamiento, por las cláusulas adicionales citadas; que existan condiciones restrictivas del valor o suma asegurada pactadas a satisfacción del depositario, ya que dichas cláusulas adicionales, integradas en un todo con la póliza de seguro, son de fecha anterior a la de los certificados, y la primera es anterior a la emisión del primero de estos en que se designó como beneficiario a Almagrán; que el trayecto asegurado, señalado en los certificados de seguro, correspondiera al trayecto interior conforme a lo afirmado por el actor de que dicho trayecto “fue fijado para la movilización de las mercancías depositadas vendidas FOB, puerto colombiano de la Costa Atlántica”; que se haya endosado el contrato de seguro a Almagrán, ya que se designó a estos almacenes como beneficiarios, conservando el Instituto de Fomento Algodonero su calidad de asegurado, con todos los derechos inherentes: aunque es cierto —como lo señala el actor— que en unos pocos certificados el trayecto asegurado podía culminar, alternativamente, en los puertos de Barranquilla, Santa Marta o Cartagena. Tampoco es cierto, expresa, que Almagrán hubiera sido parte en el contrato de seguro, ni que los certificados de este hubieran amparado el transporte hasta que las mercancías fueran puestas a bordo (FOB) del vehículo que habría de transportarlas al exterior. Finalmente, con respecto al hecho 9º de la demanda, la respuesta dice que no es cierto que los solos certificados de seguro sean la prueba legal del contrato, sino que, como en ellos mismos se expresa, están sujetos a las condiciones generales y particulares de la póliza, y según d) de dichas condiciones generales, “las condiciones particulares impresas, manuscritas o a máquina y las cláusulas adicionales adheridas a la póliza o al certificado de seguro, prevalecen sobre las condiciones generales en todo y por todo y las derogan en lo pertinente”; el acuerdo total celebrado incluye, pues, tres clases de documentos fundamentales: la póliza, las cláusulas adicionales a la misma y los certificados de seguro que individualizaban cada riesgo.

Desecha, por inconducente, en lo que atañe al hecho 10 de los empleados de la aseguradora deberían recordarle al asegurado las condiciones generales, particulares y adicionales de la póliza al emitir cada certificado. Los hechos 11 y 12 son replicados en el sentido de negar que Patios de Coral fuera sitio destinado a “permanencias intermedias ocasionales”, pues constituía uno de los lugares en que, alternativamente, concluía el trayecto asegurado; que dicho sitio estuviera excluido de las reglas de almacenamiento por la tarifa de transporte; que el asegurado hubiera cumplido con las reglas de almacenamiento según lo pactado; y que —en contra de lo afirmado en el hecho 13— el asegurado hubiera observado satisfactoriamente las medias de precaución.

Niega, así mismo, en relación con el hecho 14, que el amparo subsistiera por no haber culminado el trayecto asegurado, puesto que el amparo se producía en virtud de las renovaciones de permanencia que el actor afirma haber solicitado y obtenido; en consecuencia, no es cierto que se hubiera celebrado nuevos contratos de seguro con Almagrán. No es cierto, dice la respuesta con relación al hecho 15, que al ocurrir el siniestro las mercancías estuvieran aseguradas en los términos y bajo las especificaciones que pretende el actor, ni tampoco —respecto del 16— que las primas implicaran retribución para amparar el trayecto FOB. El hecho 17 lo defiere a la demostración en juicio, y con relación al 18 niega que la carta pasada por la aseguradora el 9 de mayo de 1967 reiterase la entidad del interés asegurado sin limitación alguna, o identificarse los puntos del trayecto asegurado, los cuales se hallaban determinados en los respectivos certificados de seguro. La compañía nunca aceptó concentraciones de mercancía por encima del límite fijado, y en la única ocasión en que tuvo claro conocimiento de la violación de dicho límite, requirió al asegurado para que lo cumpliera, según el cable de 3 de febrero de 1967 (hecho 19), agrega la contestación.

Con respecto al hecho 20, la respuesta de la demanda expresa que las renovaciones de permanencias nunca amparaban la ubicación de las mercancías en un sitio determinado, sino que la aseguradora podía legítimamente esperar que el almacenamiento se estuviera llevando a cabo en distintas bodegas sin exceder el límite máximo fijado en la cláusula adicional de 10 de febrero de 1967, que era de $ 5.000.000 por siniestro ocurrido en cualquier lugar de almacenamiento, límite que no se modificaría al estipular en los certificados valores asegurados superiores a la mencionada suma.

Se somete a lo que resulte probado en juicio respecto de los hechos 21 a 29 de la demanda. El 30 lo niega, el 31 lo defiere a las pruebas, el 32 lo acepta con la salvedad de que la renuncia de la compañía es justificada; acepta el hecho 33 y niega los hechos 34 y 35 de la demanda.

Agotado el trámite propio del proceso arbitral y cerrado el término probatorio como lo ordena el artículo 1221 del C.J. dentro del plazo previsto en esta disposición legal y en la subsiguiente, se procede a dictar, sentencia, en derecho, previas las siguientes consideraciones:

Consideración del tribunal

1. El documento de compromiso compendia los antecedentes del diferendo entre las partes, en la forma siguiente:

“Primero. El día 21 de diciembre de 1966, “la compañía” emitió su póliza automática de transporte número 18.610, a favor del Instituto de Fomento Algodonero, merced a la cual se amparó el transporte de semillas, algodón, maquinaria y demás mercancías similares de propiedad del asegurado contra los riesgos de pérdida total, falta de entrega, avería particular y saqueo.

Segundo. El día 11 de enero de 1967 “la compañía” y “el asegurado” suscribieron una cláusula adicional a dicha póliza, cláusula que por voluntad de las partes habría de tener efecto a partir del 3 de enero del mismo año y cuyo tenor es como sigue: “Por medio del presente anexo a la póliza número 18.610, se deja constancia que bajo el amparo automático de la misma se asegurarán los despachos dentro del territorio nacional, lo mismo que la permanencia a que hubiere lugar en las bodegas de los asegurados y en los Almacenes Gerenciales de Depósito, fijando como límite máximo en cada bodega existencias hasta por cinco millones ($ 5.000.000).

Tercero. El día 10 de febrero de 1967 “la compañía” y “el asegurador” suscribieron una nueva cláusula adicional a la póliza mencionada en el punto primero, cuyo texto es el siguiente: “Se expide el presente anexo a la póliza número 18.610 para dejar constancia de que en cuanto a las permanencias de los bienes asegurados se refiere, la responsabilidad de la compañía aseguradora, en caso de siniestro, se limita a un máximo de cinco millones ($ 5.000.000) moneda corriente en cada bodega o lugar de almacenamiento. Esta cantidad corresponde al valor máximo de almacenamiento permitido por este seguro. El límite de cinco millones ($ 5.000.000) no se modificará el estipular en los certificados que se expidan en aplicación de esta póliza valores asegurados superiores a cinco millones ($ 5.000.000). El almacenamiento se efectuará de acuerdo con las disposiciones que sobre esta materia ha aprobado para las compañías de seguros la (*)Superintendencia Bancaria, disposiciones conocidas por el asegurado”.

Cuarto. Con aplicación a la póliza automática a que alude el punto primero, “la compañía” extendió certificados de seguro de transportes, destinados a amparar fibra de algodón de exportación, certificados cuyos beneficiarios fueron, en primera instancia, los Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia Sociedad Anónima, Almagrán, en su condición de depositarios de mercancías prefinanciadas por el Banco de la República, obligaciones avaladas por el Banco Comercial Antioqueño.

Quinto. El día 14 de mayo de 1967, se produjo un incendio en “Patios de Coral”, solar ubicado en la Avenida Libertador, entre carreras veintiocho y veintinueve de la ciudad de Santa Marta, que destruyó siete mil novecientas noventa y dos (7.992) pacas de algodón, por un valor de dieciséis millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta pesos ($ 16.343.640) M.L. Los beneficiarios Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia Sociedad Anónima Almagrán y “el asegurado”, Instituto de Fomento Algodonero, se dirigieron a “la compañía”, reclamando la indemnización por las pérdidas sufridas en dicho incendio, en carta de 18 de mayo de 1967. Una vez realizadas las operaciones de reclamación y ajuste el monto de las indemnizaciones fue concretado en la suma de diecisiete millones novecientos setenta y ocho mil cuatro pesos ($ 17.798.004) M.L. correspondiente a la pérdida total de siete mil novecientos noventa y dos (7.992) pacas, por valor de dieciséis millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta pesos ($ 16.343.640) y un diez por ciento (10%) adicional correspondiente al amparo de lucro cesante pactado, equivalente a un millón seiscientos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro pesos ($ 1.634.364).

Sexto. Apoyándose en las estipulaciones de la póliza mencionada en el punto primero de este documento, en las cláusulas adicionales adiciones (sic) y en las circunstancias concomitantes al siniestro, “la compañía”, de su parte, consideró que no está obligada a reconocer la suma cuyo pago se le solicitaba, mientras que los beneficiarios y el asegurado, mantenían su solicitud de indemnización total.

Séptimo. Al cancelar las obligaciones que “el asegurado” tenía contraídas con el Banco Comercial Antioqueño, a cuyo nombre los Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia Sociedad Anónima Almagrán ejercían el derecho de retención y los beneficios de la reclamación, el Instituto de Fomento Algodonero es en la actualidad beneficiario único y exclusivo de las indemnizaciones reclamadas por la liberación expresa hecha por Almagrán.

Octavo. Ante las circunstancias expresadas en los puntos sexto y séptimo, “el asegurado”, en su condición de beneficiario absoluto de la pretendida indemnización, inició contra “la compañía” un juicio ejecutivo con medidas preventivas, en busca de que esta fuese condenada al pago de la totalidad de las pérdidas y a la indemnización adicional del diez por ciento (10%) proveniente del amparo de lucro cesante, más intereses y costas, juicio que cursa actualmente en el Juzgado Décimo Civil de Bogotá y en el cual se ha dictado auto de mandamiento de pago contra “la compañía” de acuerdo con lo solicitado por “el asegurado”, providencia que se encuentra apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá”.

Y para efectos probatorios, es pertinente copiar la cláusula décima del compromiso:

“Décimo. Las partes convienen en estimar como auténticas, respecto de su procedencia y fechas, la totalidad de la correspondencia, certificaciones, documentos, declaraciones, inspecciones oculares y dictámenes incorporados al juicio ejecutivo, sin perjuicio de que su calificación legal sea establecida por el tribunal de arbitramento. En consecuencia, se omitirá la ratificación de las declaraciones extrajudiciales incorporadas al juicio ejecutivo, las que se tendrán como auténticas”.

2. Los presupuestos procesales no ofrecen reparo, pues el tribunal en virtud del documento de compromiso y de que se trata de diferencias surgidas entre personas capaces de transigir, es competente (C.J. arts. 1214 a 1216); las partes están constituidas por personas jurídicas y se encuentran debidamente representadas, como se deduce de las certificaciones del Ministerio de Justicia y de la (*)Superintendencia Bancaria, respectivamente (fls. 1 a 3, cdno. 1), y han sido apersonadas en el juicio por abogados inscritos ante la justicia ordinaria. Por último, la demanda reúne los requisitos formales previstos por la ley. Así las cosas, es pertinente pronunciamiento de mérito.

3. La póliza 18.610 del 21 de diciembre de 1966 encierra el quid contencioso y constituyente un contrato de seguro de transporte celebrado entre la Compañía Colombiana de Seguros Sociedad Anónima, como aseguradora, y el Instituto de Fomento Algodonero IFA, como asegurado, cuyas características se analizarán más adelante.

Las partes o sujetos intervinientes ab initio en la celebración del contrato ostentaban plena capacidad jurídica para obrar y disponer, sin que aparezca ni se haya aducido vicio alguno del consentimiento de aquellas al celebrar la convención, en la cual tanto el objeto como la causa son lícitos (C.C., art. 1502). La moderna doctrina jusprivativa ha elaborado la teoría de la legitimación para contratar, de holgada cabida dentro de las ordenaciones del derecho civil colombiano (arts. 1502, 1506, 1507 y concordantes del C.C.), que consiste no solamente en la capacidad legal intrínseca de las personas para obligarse, sino en el poder de disposición que posean, respecto de intereses que a la celebración del contrato o posteriormente se ubican tanto en la órbita propia de los contratantes como en el círculo jurídico de terceros. En tanto que la capacidad es una manera de ser del sujeto en sí (o sea una cualidad del sujeto), la legitimación consiste en el hecho de encontrarse el sujeto en una determinada posición, o sea que constituye un modo de ser del sujeto respecto de otros o con relación al bien o a los intereses que son materia del contrato. (Carnelutti, Teoría general del derecho, pág. 318).

Poco después de haberse celebrado el contrato y suscrito las cláusulas adicionales de que se ha hecho mención, un nuevo sujeto interviene con interés jurídico manifiesto: Almagrán, depositario de la mercancía asegurada con derecho de retención sobre ella.

Si el interés asegurable es una de las notas pertenecientes a la esencia del seguro (C. Co., art. 642), y si por tal se entiende la relación jurídica-económica, amenazada por riesgos, en que una persona se halla frente a sí misma o frente a otras, o con respecto a cosas reales o derechos, no cabe duda de que el almacén depositario, obligado a guardas y restituir el objeto del depósito (C.C., arts. 2240, 2253; D. 356/57, arts. 1º y 8º) tiene un interés jurídico-económico en las obras depositadas, consistentes en las relaciones de guarda frente a estas y de restitución frente al depositante, por lo cual es igualmente cierto que tales relaciones, susceptibles de padecer los riesgos que amenazan las cosas del depósito, constituyen un interés asegurable. Así lo prevé el artículo 642 del Código de Comercio, que estima esencial en el contrato de seguro dicho interés, y que por vía de ejemplo se lo atribuye a quien posea la cosa sometida a riesgos y se halle interesado en precaverlos, “sea en calidad de propietarios, de partícipe, fideicomisario, usufructuario, arrendatario, acreedor o administrador de bienes ajenos, sea en cualquiera otra que lo constituya interesado en la conservación del objeto asegurado”, como el depositario, según lo indica el sentido común y lo confirman la doctrina y la jurisprudencia.

Los Almacenes Generales de Depósito no solo ostentan la titularidad en el interés asegurable respecto de las cosas depositadas, a la luz de las normas de derecho mercantil. Para las sometidas a depósito estático la ley les ordena el seguro contra incendio por un monto asegurable equivalente al que señalen los respectivos títulos y que deberá indicarse en los certificados de depósito o bonos de prenda; para las sujetas a depósito móvil les impone un seguro “a satisfacción de los mismos almacenes” (D. 356/57, arts. 7º y 9º). El seguro de las últimas es materia reglamentada por la (*)Superintendencia Bancaria en su Resolución 3ª de 1958, cuyo artículo 1º, literal c) dispone: “Las mercancías movilizadas deberán ser aseguradas a satisfacción de los almacenes en una compañía de seguros legalmente autorizada para hacer negocios en el país, por un valor igual al fijado por los almacenes a la misma mercancía. Este seguro deberá cubrir todos los riesgos que acuerden el depositante y el acreedor prendario, los cuales no podrán ser inferiores a los previsibles como propios del medio de transporte escogido”.

Tratándose de mercancías que son objeto de depósito móvil —como acaece en el caso sub judice — procede examinar si los presupuestos legales y reglamentarios contenidos en los términos “a satisfacción” de los almacenes de depósito, valor asegurable igual al fijado por estos a las mercancías y riesgos acordados por el depositario y el acreedor prendario, envuelven normas imperativas que tornan al almacén depositario, por ministerio de la ley, en su sujeto con participación activa en la contratación del seguro sobre las cosas depositadas; como también, en qué momento y medida, frente al asegurador y al asegurado como sujetos originarios de la legitimación para contratar el seguro, el almacén depositante participa de esta misma atribución, y qué efectos produce la pretermisión de alguno o algunos de aquellos requisitos.

El tribunal estima que los presupuestos legales y reglamentarios de que el seguro de las cosas sometidas a depósito móvil debe ser “a satisfacción” del almacén depositario y su valor debe ser igual al fijado por el mismo almacén a la mercancía depositada, en ningún caso podrían reputarse irrelevantes. No se trata de normas supletorias, cuya obediencia quede al arbitrio de las contratantes, sino de mandatos de obligatorio cumplimiento, destinados tanto a proteger un interés jurídico evidente como es el que respecto de las cosas depositadas ostenta el depositario, como a impedir, por razones de orden público económico, que eventuales siniestros afecten irreparablemente a sectores de producción y distribución de bienes, con perjuicio para los intereses de la comunidad.

El almacén depositario cobra, en razón del mandato superior, una posición de agente activo dentro del contrato de seguro que ampara la cosa objeto del depósito, pues su satisfacción o aquiescencia respecto de la convención aseguradora tiene un efecto positivo en relación con la eficacia de esta en cuanto versa sobre las cosas depositadas.

Claro está que en algunos casos, como en el presente, esa satisfacción del depositario, producida a posteriori, de haberse formalizado la convención, solo es adhesiva y sin duda legalmente refrendatoria de la eficacia del seguro en cuanto se refiere a los bienes objeto del depósito. Vale decir, pues, que el asentimiento del depositario respecto de un seguro anterior no refrenda su original eficacia de amparo con relación a las cosas protegidas, pues el seguro de suyo la ostenta a priori, sino que ratifica el carácter de satisfactorias que ofrecen tales condiciones de amparo sobre aquellas cosas, en cuanto van a ser objeto del depósito y solo para los efectos de este. Luego la falta de asentamiento del depositario sobre el seguro no afecta su eficacia inicial.

4. Empero, una vez aceptado el seguro por el almacén, las normas vigentes ordenan que el valor asegurado sea igual al valor que el almacén depositario le haya fijado a la mercancía depositada.

Esta intervención posterior del almacén depositario en la fijación del valor asegurado, tiene cabida en razón de la particular dicotomía que registra el seguro de transporte en el proceso contractual de su formación y ejecución, y que se concreta en dos fases: la póliza como “acuerdo normativo”, y los certificados de seguros emanados de aquella, que en conjunto constituyen contrato. Como la póliza no establece ningún valor, obviamente la fijación de este corresponde a la segunda fase, o sea el valor se fija para cada caso particular de movilización de bienes en el respectivo certificado de seguro.

En este momento (segunda fase) el depositario se sitúa en posición de verdadera parte con poder dispositivo, puesto que por mandato superior entra a desempeñar un papel preponderante en el contrato, como es el de fijar el valor del seguro, esto es, señalar el “quantum” del resarcimiento que habrá de satisfacer el asegurador al asegurado en el evento de que sobrevenga un siniestro. En este momento el depositario asume en cierto modo legitimación para contratar, porque a fuerza de compartir con el depositante-asegurado el interés asegurable, entra a establecer o fijar el valor asegurado que debe ser equivalente al valor de la mercancía depositada.

El segundo así determinado, y en razón de la coparticipación del interés asegurable con el depositante, adquiere la doble calidad de seguro, en parte por cuenta propia, y en parte por cuenta ajena, ya que para ambos el interés se objetiva en la cosa depositada, aunque las relaciones amparadas sean diferentes.

Tal es el esquema jurídicamente sustancial dentro del que actúan los sujetos intervinientes en la formación y ejecución de un contrato de seguro de transportes relativos a cosas sometidas a depósito móvil.

5. En el caso sub judice no cabe duda de que el Instituto de Fomento Algodonero pide la indemnización en su calidad de asegurado en la póliza de seguro de transporte 18.610 de 21 de diciembre de 1966, expedida por la compañía demandada, y no de cesionario de los derechos del beneficiario, Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia Sociedad Anónima (Almagrán), quien en carta de 3 de abril de 1968 dirigida al instituto (fl. 73 ibíd.), le expresa:

“Por medio de la presente nos permitimos manifestar a ustedes que hemos recibido del Banco Comercial Antioqueño notificación de la cancelación de las letras avaladas por dicha entidad, aceptadas por ustedes que garantizaban la financiación de pre-exportación del algodón de su propiedad, hecha por el Banco de la República.

En consecuencia, como la “retención” de la mercancía se ha extinguido, procede la liberación de los beneficios de primera instancia de que éramos titulares, en condición de depositarios,de los certificados de seguros aplicados a la póliza automática de transporte 18.610, derechos que revierten a ustedes para constituirlos, en lo sucesivo, en beneficiarios únicos y absolutos del seguro, en su condición de asegurados (negrilla).

Al hacer manifestación expresa de la extinción de la “retención” de la mercancía y de la liberación de los certificados y beneficios de la póliza, quedan ustedes en capacidad para ejercer, en forma autónoma, sin limitación alguna, la plenitud de los derechos de asegurados y obtener los beneficios que se derivan del seguro, sin ingerencia ni responsabilidad de parte del Banco Comercial Antioqueño y Almagrán.

Hemos hecho manifestaciones escritas de esta circunstancia a la Compañía Colombiana de Seguros”.

Además, Almagrán en carta de la misma fecha dirigida a la compañía demandada (fl. 75) manifiesta:

“Anexa a la presente ustedes encontrarán nuestra carta 278 de tres de los corrientes, mediante la cual se comunica al Instituto de Fomento Algodonero la extinción de la “retención” que ejercíamos, a nombre del Banco Comercial Antioqueño, sobre algodón y la liberación de los beneficios de primera instancia de que éramos titulares, consignados en los certificados de seguros aplicados a su póliza automática de transportes 18.610, que amparaba la movilización, en el trayecto interior, de la mercancía de propiedad del IFA financiado (sic) en pre-exportación.

Las manifestaciones expresas en la comunicación aludida, las hemos hecho en consideración de que el Instituto de Fomento Algodonero, canceló las letras avaladas por el Banco Comercial Antioqueño, en cuyo nombre ejercíamos la “retención” y, en consecuencia, los beneficios de primera instancia del seguro que se nos había confiado, como depositarios, revierten al Instituto de Fomento Algodonero, por haber satisfecho sus obligaciones al banco garante.

Dejamos consignada esta circunstancia que no genera responsabilidad alguna para el Banco Comercial Antioqueño y Almagrán, a fin de que ustedes tomen atenta nota de que el Instituto de Fomento Algodonero es el beneficiario único de los amparos de seguro aludidos” (negrilla).

En consecuencia, la litis se trabó exclusivamente entre el Instituto de Fomento Algodonero como asegurado, y la Compañía Colombiana de Seguros como aseguradora.

Por otro lado, no aparece que la póliza hubiera sido endosada por el asegurado, y tanto en el poder otorgado por el IFA a su apoderado judicial en el juicio ejecutivo de que se ha hecho mérito, como en el documento compromisorio, en el poder para el presente juicio y en la demanda respectiva, campea la calidad de asegurado del instituto. Por fin, tampoco se configura el caso previsto en el artículo 654 del Código de Comercio, pues no hay prueba de que el IFA transfiriera en dominio el algodón asegurado durante la vigencia del seguro, a lo que se agrega que él pagó todas las primas, punto en que las partes están acordes, y que no resultan cesión alguna de los posibles derechos del beneficiario.

Para terminar, se anota que si se aceptara la opinión de algunos testigos de la parte actora acerca de que el seguro lo ordenó Almagrán y no el IFA, contra lo que expresan la póliza y los certificados, el demandante carecería de todo derecho y por este solo aspecto habría que absolver al demandado.

6. El artículo 634 del Código de Comercio estatuye que el seguro “es un contrato bilateral, condicional y aleatorio por el cual una persona natural o jurídica, toma sobre sí, por un determinado tiempo, todos o parte de los riesgos de pérdida o deterioro, que corren ciertos objetos pertenecientes a otra persona, obligándose mediante una retribución convenida, a indemnizarle la pérdida o cualquier otro daño estimable que sufran los objetos asegurados”.

El artículo 639 dice: “el seguro se perfecciona y prueba por escritura pública, privada u oficial, autorizada esta última por un cónsul colombiano. El documento justificativo del seguro se llama póliza. La póliza puede ser extendida nominadamente a favor del asegurado, a su orden o al portador...”.

El artículo 641 resalta que para el asegurado, el seguro es un contrato de mera indemnización “y jamás puede ser para él la ocasión de una ganancia”.

7. La póliza 18.610 versa sobre el amparo de los riesgos de pérdida total, falta de entrega, avería particular, saqueo, más un 10% por razón de lucro cesante, con respecto al transporte de semillas, algodón, maquinaria y demás mercancías similares del interés asegurado (cdno. 2, fl. 4).

Se trata de un póliza de amparo automático, según se declara en el literal c) de las condiciones particulares, que cubre los riesgos de depósito a depósito, desde cualquier lugar del mundo hasta el depósito del asegurado, situación que se invierte en las exportaciones, y que, en este caso, pueden limitarse al trayecto interior cuyo término son las bodegas de la aduana o los depósitos particulares en el lugar de destino, o convencionalmente —según se consigne en los certificados de seguro— los extremos FAS o FOB del vehículo que haya de transportar la mercancía al exterior (Ibíd. CFR. Póliza d) C.P. en relación con nota: exportaciones, 10 CGP S.T.).

En el régimen asegurador nacional y extranjero, la póliza del seguro de transportes constituye un contrato de características sui generis. Es un patrón o modelo que comprende una serie de reglas generales, y otra de estipulaciones particulares, pero que en sí mismo apenas representa, por una parte, el conjunto de normas genéricas reguladoras en abstracto de la disciplina contractual, y de otra, un módulo de identificación de los sujetos, los objetos y las circunstancias de tiempo, modo o lugar, etc que delimitan la relación contractual.

El patrón o modelo representado por la póliza es el esquema negocial y matriz del cual se derivan sucesivamente certificados de seguro, que sirven para identificar y precisar concretamente, en cada caso real de movilización de bienes, los términos del valor de estos, su entidad unitaria y global, el trayecto de desplazamiento protegido por el seguro, la duración del seguro, la clase y cantidad de los riesgos cubiertos, la prima causada y los restantes extremos que, para cada situación particular del transporte de cosas, acuerden las partes en el respectivo certificado de seguro.

La póliza de transportes se puede insertar dentro de la categoría convencional denominada por la doctrina “acuerdo normativo”, que preestablece, entre asegurador y asegurado, las reglas objetivas que se concretarán específicamente en los posteriores y sucesivos certificados de seguro, reguladores, pari passu, de cada situación particular atinente al transporte real y concreto de cada remesa de mercancía.

La dicotomía analizada de la póliza como “acuerdo normativo” y los certificados de seguro aplicados a aquella, es adoptada expresamente por el seguro en cuestión.

Es conveniente repetir que ambos extremos deben tomarse como dos fases vinculadas dentro de un mismo proceso contractual, más no como entidades aisladas o independientes. Esto significa que para cada caso particular definido por el “certificado de seguro” rigen automáticamente las reglas de la póliza, no como simple fuente o punto de referencia de la realidad negocial, sino como parte integrante y esencial de ella.

8. Si el contrato de seguro exige la forma escrita para su perfeccionamiento y prueba, cualquier modificación de aquel debe igualmente hacerse constar por escrito, ya que las convenciones adicionales y modificatorias exigen la misma forma legal propia del contrato original por ellas adicionado y modificado. Además, desde el punto de vista sustancial requieren el consentimiento de las partes y la licitud del objeto y de la causa.

Debido a la mutación de los riesgos y al cambio de interés asegurado, o a otras circunstancias propias de la dinámica negocial, en los contratos de seguro son frecuentes las adiciones o modificaciones convencionales de la póliza original (o del certificado de seguro), introducidas de común acuerdo por las partes durante el proceso contractual. La modificación se designa en la técnica universal del seguro con la expresión francesa “avenant”; en nuestra lengua se llama “anexo”, “agregado”, cláusula adicional”, etc., sin que interese su denominación, pues lo que cuenta es el alcance reformatorio que las modificaciones posteriores tienen respecto de otras anteriores, de la póliza original, o de los certificados de seguro, en su caso. Los últimos son considerados por algunos tratadistas como verdaderos “avenants” (tesis discutidas por otros autores), en razón de que también son anexos que se agregan a la póliza. Sin embargo, los certificados de seguro “en el rodaje del negocio suelen ser verdaderos amparos individualizados, que se otorgan con arreglo a las condiciones generales pre-establecidas” (Ossa, Tratado elemental de seguros, pág. 121). Quizá obedezca la tesis que les atribuye el carácter de anexos a que los certificados son la concreción del seguro y se producen con posterioridad a la póliza y con aplicación a ella, por lo que en cierta forma: pueden afectar sus términos, en desarrollo del principio de derecho que postula el predominio de la convención posterior sobre la anterior.

Sin embargo, por regla general los “anexos” contienen modificaciones de la misma póliza (bien sea en relación con las condiciones generales o particulares), van a continuación de ella, y se reputan válidamente modificatorios de uno o varios extremos del pacto original, cuando formal y materialmente reúnen los requisitos de la ley. En tal evento la regulación contractual, tomada en su conjunto (póliza y anexos), constituye el contrato legalmente celebrado que “es una ley para los contratantes” (C.C., art. 1602).

9. La póliza o “acuerdo normativo” está representada materialmente por un documento impreso en cuyo texto la compañía aseguradora ha incorporado anteladamente reglas básicas y particulares que posteriormente habrán de disciplinar el contrato.

El origen preconvencional de la póliza, elaborada anticipadamente por el asegurador, es el fundamento sobre el cual se apoya la corriente doctrinaria, aún prevalente, que considera el seguro como un contrato de adhesión.

Con todo, tal modalidad no puede achacarse a un capricho de las compañías aseguradoras. Ella es impuesta por la celeridad de los negocios, por la urgencia de cubrir al ritmo precipitado de estos los riesgos implícitos, por la exigencia de la organización aseguradora y por el requerimiento —universalmente originado en la ley— de proponer patrones uniformes para la regulación contractual de situaciones que reclaman un tratamiento técnicamente homogéneo, ponderando la probabilidad de riesgos futuros con base en las experiencias pasadas. “Se ha puesto de relieve que en el fenómeno citado se manifiesta la necesidad de asegurar la uniformidad del contenido de todas las relaciones de naturaleza idéntica para una más precisa determinación del alea a ellas inherente”. (Messineo: “Doctrina general del contrato”, T. I, pág. 422). En íntima concordancia con lo anterior, el imperativo legal de la uniformidad busca igualmente impedir la desmesura competencia entre aseguradores. Pero sobre todo, cuando la ley, como ocurre en Colombia, ordena el control de los patrones de pólizas y establece el requisito de su antelada aprobación administrativa, a fin de proteger al asegurado.

10. El artículo 674 del Código de Comercio dice que “el asegurador contrae principalmente la obligación de pagar al asegurado la suma asegurada o parte de ella, siempre que el objeto asegurado se pierda total o parcialmente, o sufra algún daño por efecto del caso fortuito que hubiere tomado a su cargo”, pero que “La responsabilidad del asegurador en ningún caso podrá exceder de la cantidad asegurada”.

A lo anterior debe agregarse que el artículo 25 de la Ley 105 de 1927 preceptúa que toda compañía de seguros está obligada a pagar el seguro contratado dentro los 90 días siguientes al en que el seguro o el beneficiario haga la reclamación, aparejada de los complementos que la póliza establezca.

En el presente caso, el asegurado, Instituto de Fomento Algodonero, pretende que el asegurador, Compañía Colombiana de Seguros, sea condenado a pagarle la indemnización que le corresponde, conforme al contrato respectivo, por lo cual incumbe precisar los términos y condiciones de este.

En la póliza 18.610, firmada el 21 de diciembre de 1966 por la Compañía Colombiana de Seguros como asegurador y el Instituto de Fomento Algodonero como asegurado, se establecen las siguientes estipulaciones que trascienden definitivamente en la solución del presente juicio:

a) En la introducción se hace constar que dichas partes “han celebrado el contrato de seguro de transporte regulado por medio de las siguientes “condiciones particulares”, quedando entendido y aceptado que toda otra condición agregada a la presente póliza o que se haga constar en cualquiera de los certificados de seguro que con aplicación a ella se expidan, estando autorizada por la compañía, tendrá preferencia sobre las “condiciones generales” y sobre las “condiciones particulares” impresas en caso de discrepancia”;

b) El literal a) de las “condiciones particulares” dice: “El término de duración de esta póliza será indefinido, pero la compañía o el asegurado podrán cancelarla en cualquier tiempo mediante aviso escrito dado con 30 días de anticipación, y podrán modificar sus condiciones de mutuo acuerdo”;

c) El literal e) de ellas manifiesta que la póliza cubre riesgo de pérdida total, falta de entrega, avería particular y saqueo, pudiéndose modificar tales riesgos por acuerdo efectuado antes de la fecha de los respectivos despachos;

d) La 1ª condición general de la póliza estipula que la compañía toma sobre sí los daños y pérdidas que puedan sufrir las cosas aseguradas durante su transporte, “según las condiciones generales que se establecen en la presente póliza y de acuerdo con “el alcance de los amparos” estipulados por el certificado de seguro expedido en aplicación a ella”. Y añade: La prueba legal del seguro contratado con la compañía es el certificado de seguro expedido con aplicación a la presente póliza”;

e) La condición general 1ª(sic) es del siguiente tenor: “La revalidación es un nuevo contrato de seguros prorrogable y sujeto a las mismas condiciones del original y que la compañía a voluntad suya y a solicitud del asegurado expide mediante el pago de la sobre prima correspondiente cuando las mercancías sufren demora mayor de 30 días de acuerdo con lo dispuesto en la condición 5ª, punto b) sobre rescisión del seguro. La revalidación tiene vigencia por un mes o fracción contado desde la fecha de la expiración del seguro anterior... La revalidación... queda sujeta a las condiciones generales de la presente póliza”;

f) La condición general 18ª, varias, literal c), reza: “ Toda modificación, alteración o adición que se haga a las presentes condiciones generales , debe constar por escrito debidamente refrendada por la compañía y previa aprobación de la (*)Superintendencia Bancaria” (negrilla del tribunal); y,

g) El literal d) de la misma cláusula expresa: “Las condiciones particulares impresas, manuscritas o a máquina y las cláusulas adicionales adheridas a la póliza o al certificado de seguro, prevalecerán sobre las condiciones generales en todo y por todo y las derogan en lo pertinente”.

De las cláusulas anteriores el tribunal infiere:

i) Que la póliza contiene “condiciones generales”, “condiciones particulares” e “introducción”, en la cual se acordó por las partes que era posible agregarle otras condiciones separadamente o en los certificados de seguro que se expidieran con aplicación a ella, o sea los documentos necesarios para identificar cada despacho;

ii) Que las condiciones adicionales tendrían preferencia sobre las “condiciones generales” y las “condiciones particulares” si estaban autorizadas por la compañía aseguradora;

iii) Que fue “condición particular” que las partes primarias, es decir, la colombiana y el IFA, podrían modificar las condiciones de la póliza, de común acuerdo;

iv) Que si bien se incluyó como “condición general” que la prueba legal del seguro es el certificado que se expidiera con aplicación a la póliza y que cualquier modificación o adición que hicieran los contratantes primarios a las “condiciones generales” debía constar por escrito y ser aprobada por la (*)Superintendencia Bancaria, regía también el principio especialísimo consagrado en la introducción, de que toda condición adicional tendría preferencia a las “condiciones generales” y a las “condiciones particulares” en caso de discrepancia; y que, por otra parte, según el literal d) de la condición general 18ª, las cláusulas adicionales a la póliza o a los certificados, cualquiera que fuere su forma, prevalecen sobre las condiciones generales y las derogan en lo pertinente.

v) Que por convenio de las partes, solo las cláusulas adicionales que modificaran o alteraran las “condiciones generales”, necesitaban de la aprobación de la superintendencia;

vi) Que aceptado en gracia de discusión que prevaleciera la 1ª condición general en cuanto dispone que la prueba legal del contrato de seguro es el certificado, por sobre el literal a) de las “condiciones particulares” que permite cualquier modificación de ellas por el solo consenso de las aludidas partes, y por sobre la condición especialísima que obra en la introducción, que expresamente asigna preferencia a las cláusulas adicionales respecto a las generales y particulares, la póliza, los certificados y sus anexos constituyen una unidad jurídica que debe tomarse en su integridad y a la cual deben sujetarse todos los extremos y efectos del contrato.

Hasta aquí se puede concluir que regían las cláusulas adicionales a la póliza 18.610, firmadas por la Colombiana de Seguros y el IFA el 11 de enero y el 10 de febrero de 1967, con efecto aquella a partir del 3 de enero, transcritas en el documento de compromiso y a través de este en el presente fallo, mediante las cuales:

1. Según la cláusula de 11 de enero, el amparo automático asegura lo despachado dentro del territorio nacional, “lo mismo que la permanencia a que hubiere lugar en las bodegas de los asegurados y en los Almacenes Generales de Depósito”, y el límite máximo de existencias en cada bodega sería hasta por $ 5.000.000.

2. Conforme a la cláusula de 10 de febrero, y en cuanto a las permanencias de los bienes asegurados, la responsabilidad del asegurador se limitó a un máximo de $ 5.000.000. “En cada bodega o lugar de almacenamiento”. “El límite de $ 5.000.000 no se modificará al estipular en los certificados que se expidan en aplicación de esta póliza valores asegurados superiores a “$ 5.000.000”. “El almacenamiento se efectuará de acuerdo con las disposiciones que sobre la materia ha aprobado para las compañías de seguros de la (*)Superintendencia Bancaria, disposiciones conocidas por el asegurado”.

En suma, se afirma que regían dichas cláusulas porque el artículo 7º de la Ley 27 de 1888 preceptúa que las condiciones generales que para los contratos establezcan las compañías de seguros se considerarán obligatorias aunque no figuren en la póliza, “lo que no obsta para que en las condiciones particulares de dichas pólizas puedan alterarse, modificarse o derogarse alguna o algunas de las condiciones generales”; porque la condición especialísima contenida en la introducción de la póliza dio preferencia a toda condición agregada a ella o incluida en los certificados por sobre las “condiciones generales” y las “condiciones particulares”; porque las condiciones particulares podían modificarse por mutuo acuerdo de las partes que suscribieron la póliza (lit. c) de las “condiciones particulares”) y la determinación del riesgo y el valor del objeto son “consideraciones particulares” ya que concretan en cada caso cuantitativa y cualitativamente el alcance del seguro; porque solo las alteraciones, modificaciones o adiciones a las “condiciones generales”, requerían la aprobación de la (*)Superintendencia Bancaria, lo que implica ...(sic) que las particulares y las especiales no estaban sujetas a dicho requisito, de modo que el no haberse cumplido no resta eficacia a las cláusulas, máxime cuando por disposición legal tampoco lo requerían.

11. En efecto, la Ley 105 de 1927 que sometió a la vigilancia de dicha agencia gubernamental las compañías de seguros, en su artículo 20, consagró el siguiente principio: “Las pólizas contendrán todas las condiciones del contrato que deben conformarse a todas las disposiciones legales y los modelos deberán someterse previamente a la aprobación de la Superintendencia Bancaria” (negrilla).

Por ello solo los modelos o formatos necesitan de dicha aprobación, lo cual confirma el criterio de la Superintendencia Bancaria expresado en las siguientes doctrinas (cdno. pbas. del actor, fls. 86 y 86 vto.): “De conformidad con el artículo 20 de la Ley 105 de 1927, las compañías de seguros están en la obligación de someter a la aprobación de este despacho toda oferta que hagan al público, ya se trate de pólizas nuevas o de modificaciones de los modelos aprobados. Las modificaciones de carácter particular que, por solicitud del asegurado, introduzcan las compañías, en un caso dado, a las condiciones del contrato, no necesitan llenar el requisito en referencia”. “El artículo 20 de la Ley 105 de 1927 prohíbe expresamente a las compañías de seguros el ofrecer condiciones que no estén incluidas en las respectivas pólizas aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y la violación de esta norma constituye una infracción de las contempladas por el artículo 26 de la misma ley”.

No puede olvidarse, por fin, que la condición general 18ª que da preferencia a las cláusulas adicionales sobre las generales mismas, fue aprobada por la superintendencia en los formatos respectivos, como lo certifica dicha entidad (cdno. pbas. del demandado, fl. 271), y que si bien allí se expresa que se aprueban también las “condiciones particulares”, se afirma igualmente que las especiales de cada contrato no requieren aprobación.

Para terminar, se recuerda que el artículo 26 de la Ley 105 de 1927 dispone que en caso de incumplimiento a las normas de ella, el Superintendente Bancario puede apremiar a la compañía con sanciones que allí se indican, lo que permite vislumbrar el principio de que la omisión de los prerequisitos sobre control administrativo determina aquel tipo de sanciones, pero no repercute en el régimen interno de la convención misma, que entre las partes se rige por el derecho privado.

Pero aceptando, en gracia de discusión, la tesis contraria, no se puede perder de vista que legalmente la aprobación no se requiere y que lo acordado por las partes versa sobre condiciones concretas y no generales, materia que la superintendencia no tenía por qué aprobar o improbar, pues como ella lo dice, “las modificaciones de carácter particular que, por solicitud del asegurado introduzcan las compañías, en un caso dado, a las condiciones del contrato, no necesitan el requisito en referencia” (cdno. 24, fl .274).

12. No procede cerrar este análisis sin examinar las demás objeciones del demandante a las cláusulas adicionales, principiando por precisar que, como lo reconoce el mismo, el contenido de ellas es modificativo de los riesgos y reductivo por ende de la indemnización en caso de siniestro, de modo que deben descartarse los argumentos que buscan interpretarlas como generantes de figuras jurídicas diferentes y autónomas, cuales son “deducibles o franquicias” y reaseguros, que tienen naturaleza y proyecciones de otro orden y se reglan por disposiciones legales diferentes.

La circunstancia de que las cláusulas no hubieran sido solicitadas por el asegurado es jurídicamente irrelevante, frente a la firma de ellas por este sin que mediara ni se haya planteado específicamente vicio del consentimiento de su parte. Los antecedentes de las convenciones pueden determinar consecuencias jurídicas entre las partes, mas no de carácter contractual, sino a través de la culpa in contrahendo y de la responsabilidad extracontrato, a no ser que se trate del precontrato.

Las cláusulas no se hicieron constar en los certificados, pues según el texto del punto d) de la 18ª condición general de la póliza, aprobada por la (*)Superintendencia Bancaria, las cláusulas adicionales podían ir adheridas a la póliza o al certificado, de modo que no era imperativo que lo fueran al último. Además, se repite, que la prestación que se ha hecho valer en este asunto es del asegurado y no del beneficiario, de modo que las cláusulas son oponibles al IFA, y los certificados son posteriores a aquellas como se deduce de sus fechas.

Tampoco sería admisible desconocer las cláusulas por no haberlas notificado la Compañía de Seguros a los Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S.A., pues dicha obligación no se pactó; pero si esta omisión engendrara reclamo, este no podría sino del acreedor prendario, Almagrán, contra el IFA. Ni tratándose de un contrato solemne como es el de seguro, podrían prevalecer declaraciones de testigos sobre el contenido de los documentos contractuales.

Para terminar, debe regresarse al tema inicialmente definido acerca de que la acción intentada es la del asegurado frente al asegurador, para que le indemnice los perjuicios que asumió el segundo.

Por consiguiente, la posición de Almagrán como beneficiario no incide jurídicamente, como ya se vio. Tampoco incide la disposición legal de que las mercancías en depósito debían estar aseguradas a satisfacción de Almagrán, como pasa a determinarse.

El artículo 7º del Decreto-Ley 356 de 1957 previene que los almacenes pueden expedir certificados de depósito y bonos de prenda sobre mercancías y productos en tránsito, pero que “las mercancías deberán ser aseguradas a satisfacción de los mismos almacenes y los documentos de porte deberán ser expedidos o endosados a favor del almacén que hace la operación”.

La Resolución 3 de 1958 de la superintendencia reiteró este principio legal y agregó que el seguro debía tomarse por un valor igual al fijado por los almacenes a la misma mercancía y que debía cubrir todos los riesgos que acordaran el depositario y el acreedor prendario, los que no podrían ser inferiores a los previsibles como propios del medio de transporte escogido.

Lo anterior no implica que el depositario hubiera sido el asegurado, aún en la hipótesis de que este le hubiera cedido el seguro. Lo único que quiere decir es que los almacenes no puedan expedir bonos de prenda o certificados de depósito sobre productos en tránsito sin que medie seguro de ellos tomado a satisfacción de los mismos, lo que ya indica que no son estos los que deben tomar directamente el seguro, pues resulta obvio que si sobre ellos recayera dicha obligación, sobraba expresa que el seguro debía ser a su satisfacción, ya que todo seguro se contrata a satisfacción del asegurado, dentro de las limitaciones del asegurador.

Lo que ocurre es que el dueño de las mercancías o productos que da en prenda para responder de un préstamo o financiación de un negocio, debe asegurar tales bienes a satisfacción del depositario, o sean los Almacenes Generales de Depósito, a fin de que estos estén en capacidad legal de emitir los bonos de prenda y los certificados de depósito respectivos. Además, se recuerda que los riesgos que debe cubrir el seguro han de acordarlos el depositante, o sea el dueño de las mercancías, y el acreedor prendario, de modo que lejos de excluirse al primero como asegurado, se subraya su decisiva intervención al respecto.

En resumen: El IFA como dueño del algodón en tránsito debía asegurar este bajo los riesgos que acordara con el acreedor prendario, es decir, el Banco Comercial Antioqueño. Se presume que así lo hizo y por ello tomo el seguro de transporte en la Compañía Colombiana de Seguros, lo cual hizo saber a Almagrán como declara Otto López (cdno. 1, fl. 116). Y en los certificados señaló como beneficiario a Almagrán, que fue el depositario y quien debía expedir los bonos de prenda y los certificados de depósito conforme a la ley.

Es claro que la solicitud de los certificados de seguro, y por ello la relación de sus datos al agente de Colseguros o a uno de sus dependientes, competía directamente al depositario a cuyo cargo estaba el desarrollo del contrato, como lo ratifica Luis Ricardo Valderrama (cdno. 1, fl. 129) y, consiguientemente, la custodia de los productos transportados, por la cual así expresaba su satisfacción con el seguro en cada caso, cumpliéndose la ley y la resolución de la (*)Superintendencia Bancaria de que se ha hecho mérito.

Si por virtud de las cláusulas adicionales de que se viene tratando, se variaban o limitaban los riesgos, y por ello el depositante y dueño de las mercancías incumplía con la obligación de mantenerlas aseguradas a satisfacción del depositario, o los acordados con el acreedor se disminuían, en la cuestión no desempeña ningún papel el asegurador, y esta debía ventilarse entre el depositante y el depositario o el acreedor prendario, según el caso. Pero en el supuesto de que sí así no fuera, se observa que el depositario libro al IFA de responsabilidades al respecto, como se lee en las cartas antes transcritas que comunican a la compañía de seguros la finalización del depósito y le expresan que quien tenía derecho exclusivo a la indemnización era el asegurado. Luego, lo preceptuado en el artículo 642 del Código de Comercio en cuanto a que hubo un interés asegurable independiente por parte del depositario carece de relevancia jurídica, lo mismo que el argumento de que IFA estaba privado de la facultad de señalar las condiciones especiales de los certificados de seguro de transporte por haberlas cedido a Almagrán, ya que no hubo tal cesión. Ni el depositario tomó por su cuenta el seguro, lo que descarta la incompatibilidad de las cláusulas con un seguro diverso; ni en la hipótesis de que lo hubiera tomado aparece la cesión de sus derechos al demandante, quien acciona como asegurado en la póliza.

De todo lo expuesto se deduce que las cláusulas adicionales produjeron efectos en cuanto limitaron el riesgo y por ello la indemnización a $ 5.000.000, respecto a cada bodega o lugar de almacenamiento que correspondía al valor máximo de almacenamiento permitido por el seguro, cifra que no era modificable por los certificados que se expidieran, en el caso de que sobrepasaran tal cantidad. Esto es, que durante el trayecto el seguro amparaba las mercancías por el monto de cada certificado, pero al llegar a un sitio de almacenamiento, el riesgo en cada lugar de almacenamiento no podía pasar de $ 5.000.000; y cuando el movimiento se reanudaba, el amparo correspondía al valor del certificado respectivo.

Que las cláusulas no obraban porque la de 11 de enero de 1967 habla de bodegas, lo que implica depósito cubierto y no sitios a la intemperie que fue el caso de Patios de Coral donde ocurrió el siniestro, carece de fundamento, pues la cláusula de 10 de febrero habla de lugares de almacenamiento, sin distinguir si eran o no cubiertos.

13. Los más conocidos tratadistas están de acuerdo en atribuirle al seguro de transporte características especiales. Las diferencias que ofrece con las demás clases de amparo se refieren principalmente a los distintos factores que en el de transporte configuran e identifican el riesgo.

En efecto, la causa de este se encuentra formada por una gama heterogénea de eventos: naufragio, incendio, avería, saqueo, descarrilamiento, volcamiento, choque, etc. en los demás el riesgo es específico. La fijación del término del seguro puede pactarse, pero en la práctica, por lo que concierne a los amparos automáticos, la duración se torna indefinida, pues su término se condiciona a la voluntad de las partes mediante preaviso de 30 días (póliza, C.P. a). Además, ya que observó cómo, según lo visto y según autorizadas palabras: “el seguro automático no es más que un conjunto de condiciones generales y particulares con sujeción a las cuales han de operar los seguros específicos que acceden a él. Cada uno de estos tiene sus elementos propios: el interés, el riesgo, la prima, la vigencia, el valor asegurado, etc.” (Ossa, Op. cit., pág. 297). De este surge la noción del trayecto asegurado, como medida de su vigencia, consistente en un punto inicial y un punto final de desplazamiento, sobre el cual obra el amparo respecto de las mercancías desplazadas “sin solución de continuidad” aun en el caso de paradas, transbordos, espera de turno o almacenamiento transitorio para la reexpedición. Si embargo, la demora en un sitio durante un lapso determinado puede causar la extinción del seguro. La revalidación constituye un nuevo contrato sujeto a las mismas condiciones del original (cláusula 12 de la póliza).

El movimiento de las cosas aseguradas cambia el concepto de vinculación local fija, que es propio de otros seguros. El de transporte no se vincula a un lugar estable, sino móvil: dicho lugar es el derrotero que ha de seguir el bien asegurado, incluidas las permanencias intermedias por las causas antedichas.

En la práctica del seguro de transporte el valor asegurable es el valor de la cosa en su lugar de destino más un porcentaje adicional por concepto lucro cesante. Advierten los especialistas que el valor asegurable es la base de la indemnización, y que aún en el evento de que el valor de la cosa sea superior o inferior al valor asegurable no se quebranta el principio de que el seguro es meramente indemnizatorio y no motivo de ganancia para el asegurado. El amparo global del riesgo-efecto, el abandono de la cosa después del siniestro, las cláusulas de extensión, etc., son otras tantas propiedades exclusivas del seguro de transporte que lo distinguen de los demás.

En la técnica jurídica y económica del seguro no se discuten los principios de la conservación del estado del riesgo, y de la modificación del amparo por la agravación o atenuación de aquel. Las modificaciones o “avenants” (que equivalen a los anexos, cláusulas adicionales, etc.) son, por regla general, jurídicamente válidos. Los artículos 662, 680, 1º, 709 del Código de Comercio y 13 de la Ley 27 de 1888 consagran dichos principios.

Empero, como en todo los contratos, en el de seguro es posible que las modificaciones de la primitiva declaración de voluntad adolezcan de anomalías sustanciales o formales que pueden aparejar la invalidez o la ineficacia de los pactos adicionales. Es escasa y superficial la doctrina que, en el campo del seguro, aborda este tema. La mayoría de los tratadistas suelen remitirse a la teoría general del derecho civil para considerar el seguro como ente susceptible de las mismas irregularidades perturbadoras de los demás contratos, lo cual, por obvio, nada agrega ni resta al tema. Otros lo profundizan, no sin vacilación, para sentar que por lo menos la eficacia de las modificaciones debe dimanar de su ajuste a la sustancia esencial y natural del contrato. Esto significa que las adiciones modificatorias en ningún caso pueden llegar a desvirtuar la esencia ni la naturaleza del contrato primitivo, ni mudar las características de la clase de seguro que originalmente hayan pactado los contratantes, ni hacer, por ende, que el contrato derive hacia otra forma particular o específica de seguro. El principio de la “uberrima fidei” que denomina las relaciones del seguro y el postulado de la concreción material del contrato inspiran esta tendencia doctrinal. Son las mismas nociones estatuidas por nuestro derecho positivo en los artículos 1603 y 1619 del Código Civil.

Esta corriente sostiene, pues, que las modificaciones en ningún caso pueden llegar a efectuar la estructura esencial o natural del contrato original tornándolo en otra especie o clase de seguro. Empero, la voluntad de los contratantes podría, sin duda, sustituir el primer seguro por otro, pero esta modificación esencial o sustancial haría desaparecer el primero, luego la pretendida modificación no sería tal cosa sino que constituiría un nuevo seguro completamente distinto del anterior. Desde luego, no todas las modificaciones sustanciales derivan hacia un cambio del seguro. Tal así las modificaciones del “quantum” puro y simple del interés asegurado y la correlativa variación de la prima en caso de agravación o atenuación del riesgo o la fijación de condiciones especiales para conjurar la siniestralidad inminente, o el cambio del trayecto asegurado, o la ampliación o reducción cualitativa de los riesgos primitivamente pactados, etc.

14. Es evidente, como ya se dijo, que las pólizas de seguros contiene un contrato de adhesión; pero esto no impide que las partes, en uso de la libertad de contratación, puedan pactar estipulaciones distintas de las contenidas en las pólizas, siempre que aquellas no atenten contra la moral y el orden público. Además, estas estipulaciones, de acuerdo con la ley y la doctrina, solo requieren la aprobación de la superintendencia cuando afecten o modifiquen las condiciones generales de la póliza, pero no cuando afectan solo condiciones particulares, como también se ha expresado.

Según se dijo, las cláusulas adicionales de 11 de enero y 10 de febrero de 1967, se refieren a condiciones particulares, pues se redujeron a fijar un límite a la responsabilidad de la compañía en caso de siniestro y a someter al asegurado a la observancia de las normas y requisitos contenidos en el reglamento sobre almacenamiento de algodón probado por la citada Superintendencia y vigente en la última fecha citada (feb. 10/67).

Aunque en concepto de la mayoría del tribunal, está demostrada la legalidad y validez de las referidas cláusulas adicionales, es preciso entrar a analizarlas cuidadosamente para interpretarlas en forma adecuada y poder descubrir con certeza qué fue lo que las partes entendieron pactar y por consiguiente cómo deben aplicarse dichas cláusulas.

Al entrar en este punto, debe repetirse que no se trata de saber si hubo vicios del consentimiento, pues ello está descartado, sino de precisar sobre qué versó el consentimiento de las partes al estipularlas.

A este respecto deben tenerse en cuenta los siguientes elementos de juicio:

a) Al suscribir la cláusula adicional de 10 de febrero, el asegurador y el asegurado se remitieron en un todo al susodicho reglamento de almacenamiento de algodón como norma única y obligatoria a la cual debía sujetarse el almacenamiento. A este respecto la mayoría del tribunal encuentra eficaz la remisión que hicieron los contratantes al referido reglamento para regular uno de los extremos de la convención (permanencias), pues la autonomía de la voluntad les permitía deferir a él, como crear una regulación particular y específica, o someterse a cualquier otro ordenamiento que, sin ser contrario al orden público, graduara la restricción de la libertad en presencia de una agravación del riesgo. Se hace, pues, indispensable entrar a analizar e interpretar el citado reglamento;

b) Este contempla, ya sea para algodón en fibra: o en semilla, dos clases de almacenamiento: “a la intemperie” y “en bodegas”, y aplica a cada una de ellas determinadas reglas, como se verá más adelante;

c) El mismo reglamento empieza por definir lo que es unidad de almacenamiento, así: “Es la cantidad máxima que se permite almacenar en un solo riesgo, según los límites y normas de separación siguientes: ...” (resalta el tribunal).

En seguida establece que si el almacenamiento de algodón en fibra (pacas prensadas) se hace a la intemperie, no puede haber en cada unidad de almacenamiento más de 300 toneladas o 1.200 pacas, con un máximo de tres metros de altura, y que si el almacenamiento se hace en bodegas, no puede haber en cada unidad de almacenamiento más de 600, toneladas o 2.400 pacas (negrilla).

Más adelante, en capítulo o parágrafo denominado “separaciones”, establece para el almacenamiento a la intemperie las siguientes normas: “Cada unidad de almacenamiento debe estar separada por un espacio libre, completamente limpio, no inferior a 10 metros, o por un muro sólido de tres metros de altura, siempre que las pacas (en este último caso) estén a una distancia de 1.50 metros de él y de sus extremos (negrilla). Finalmente establece el reglamento la obligación del asegurado de tomar algunas medidas de prevención y de instalar en cada lugar de almacenamiento determinados elementos que permitan, en caso de siniestro, impedir o disminuir los efectos de un incendio, y

d) Examinando detenidamente las normas del reglamento, y de manera especial las frases que se han subrayado, se llaga a la conclusión de que por unidad de almacenamiento es preciso entender cada arrume de algodón en particular, y no cada bodega o lugar en general. Y ello por las siguientes razones:

1. Porque el reglamento, al definir unidad de almacenamiento, dice que “es la cantidad máxima que se permite almacenar en un solo riesgo, según los límites y normas de separación siguientes:...” (negrilla). Es decir, que la define en función de los límites y de las normas de separación; y ya se sabe cuáles son estas normas (10 m por cada lado);

2. Porque al fijar estas medidas o distancias no podía referirse a lugar o bodega, pues será ilógico y casi imposible suponer que sean tan pequeños que en los primeros no quepan sino 300 toneladas o 1.200 pacas y en las segundas 600 toneladas o 2.400 pacas, y que cada lugar o bodega globales esté separado de otro u otros por solo 10 metros;

3. Porque si se sostiene que la cantidad máxima de almacenamiento permitida se refiere a la bodega o al lugar de almacenamiento total, no habría habido razón para fijar cantidades distintas si se trata de almacenamiento en bodega o a la intemperie. En este caso habría bastado decir, en la citada norma, que en ningún caso podría almacenarse más de un total de tantas pacas o toneladas en un solo sitio, ya que sea este una bodega, un patio, o un lote de terreno;

4. Porque al establecer una cantidad inferior para el almacenamiento a la intemperie, debe pensarse que se partió, de la base de que allí los arrumes deben ser más pequeños que los de las bodegas, por la sencilla razón de que en el primer piso los riesgos son mayores que en el segundo, debido a la acción del viento, o de otros factores de deterioro, o a la mayor facilidad para la propagación de un incendio, y

5. Porque esta interpretación de las cláusulas, basada en el reglamento en cuestión, coincide en un todo con las que dieron a las mismas el doctor Valderrama Andrade, alto funcionario del IFA, el doctor Suárez Glasser, gerente del mismo, y el señor Jesús González Duque, agente de la compañía de seguros encargado por esta de entregar y explicar al IFA el sentido y alcance de dichas cláusulas. En las declaraciones rendidas por el citado doctor Valderrama, no contradichas por el agente del asegurador en su testimonio, se da cuenta de lo que este manifestó a aquel al representarle las cláusulas, de las visitas que ambos hicieron al doctor Suárez Glasser de las cuentas y cálculos que este hizo en presencia de los nombrados señores y de la conclusión a que todas llegaron en el sentido de que los límites de responsabilidad fijados en las referidas cláusulas no operarían en cuanto se cumplieran las aludidas condiciones de volumen, es decir, en cuanto no se almacenara en cada arrume una cantidad de algodón que valiera más de $ 5.000.000. Como consecuencia de esta interpretación o entendimiento, el IFA aceptó y firmó dichas cláusulas.

En efecto, el agente González Duque declara: “Es cierto que yo presenté al señor Luis Ricardo Valderrama la cláusula adicional aludida para su suscripción por parte del Instituto de Fomento Algodonero. Al preguntárseme el motivo y el alcance de dicha cláusula, por ilustración que yo recibí del departamento de incendio de la compañía, verbalmente le manifesté que esa limitación obedecía a una reglamentación de la (*)Superintendencia Bancaria, contenida en la tarifa de incendio para el almacenamiento de algodón. Dentro del contenido de tal reglamentación se estipulaba la limitación por unidad de almacenamiento. En virtud de lo anterior, si le dije que se trataba de una limitación de unidades de almacenamiento de algodón en bodegas” (cdno. 1, fl. 95). Explica luego que “para evitar cualquier mala interpretación” procedió a “llevarles la reglamentación correspondiente” que consistía en “un folleto apéndice de la tarifa de incendio con el contenido total de la reglamentación que sobre almacenamiento de algodón emitió la Superintendencia Bancaria” (cdno. 1, fl. 95 vto.).

Por su parte, el doctor Valderrama Andrade expresa: “... el señor Jesús González Duque, agente de la Compañía Colombiana de Seguros se presentó a mi oficina con la cláusula de fecha 11 de enero de 1697 y me explicó que se trataba de unas normas contenidas en la tarifa de incendio aprobada por Asecolda y de forzoso cumplimiento para los asegurados. Indicó, además que estas normas eran aplicables para las unidades de almacenamiento en bodega bajo techo, limitado dichas unidades a dos mil cuatrocientas pacas, o seiscientas toneladas, con calles de cinco metros, pudiéndose almacenar tantas unidades de estas o que llenasen estas condiciones, como cupiesen en cada bodega...”; “... me trasladé en compañía del agente González Duque al despacho del doctor Eduardo Suárez y le exhibí la cláusula que me había presentado para la suscripción el señor González Duque. En el despacho del doctor Eduardo Suárez el agente González le reiteró que se trataba de una norma de almacenamiento contemplada en la tarifa de incendio aprobada por Asecolda y de forzoso cumplimiento para los asegurados y para almacenamiento en bodega bajo techo. Hechas las operaciones aritméticas, el doctor Suárez corroboró que seiscientas toneladas a $ 8.18 el kilo daban aproximadamente cuatro millones novecientos mil pesos, y por lo tanto estaban por debajo de los cinco millones fijados como límite... y me autorizó la suscripción de esta cláusula, puesto que no estaba contra los intereses asegurados” (cdno. 1, fl. 133 vto.).

Con relación a la cláusula de 10 de febrero, el mismo Valderrama dice: “... el agente González Duque... se presentó nuevamente a mi oficina y me exhibió para la suscripción... la cláusula de 10 febrero de 1967 firmada por el señor Raúl Montejo... y me explicó que se trataba de una aclaración a la cláusula suscrita en enero 11 de 1967, la cual consignaba expresamente la obligación de almacenamiento aprobada para las compañías de seguros por la (*)Superintendencia Bancaria y que contemplaba los límites de almacenamiento en destino final a la intemperie del almacenaje de algodón en mil doscientas pacas por unidad de almacenamiento, con separaciones o calles de diez metros por su cuatros costados... Nuevamente me traslade en compañía del señor González Duque a la gerencia del instituto y le exhibí la nueva cláusula extendida por la Compañía Colombiana de Seguros, y ante la reiterada explicación del señor González Duque a que me referí anteriormente, el doctor Suárez hizo los cálculos aritméticos y comprobó que la limitación de cada unidad de almacenamiento de mil doscientas pacas llegaba a dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos, suma esta que estaba muy por debajo del límite fijado por la Compañía Colombiana de Seguros para cada riesgo o unidad de almacenamiento a la intemperie” (cdno. 1., fls. 133 vto. y 134).

15. Por último, la mayoría del tribunal considera que las cláusulas, ni aislada ni conjuntamente, adolecen de imprecisión y oscuridad, aunque es cierto que la segunda modificó a la primera en lo referente a la inclusión del reglamento del seguro de incendio, que por cierto define, como se ha visto, lo que es “lugar de almacenamiento”.

En efecto, la cláusula de 11 de enero estableció: a) Que bajo el amparo automático de la póliza se aseguraban los despachos dentro del territorio nacional; b) Que también se aseguraban las permanencias en las bodegas de los asegurados y en los almacenes generales de depósito; y, c) Que el límite máximo de existencias en cada bodega sería de $ 5.000.000.

La cláusula de 10 de febrero estableció: a) Que en cuanto a las permanencias de los bienes asegurados se refiere, la responsabilidad del asegurador se limita a un máximo de $ 5.000.000, en cada bodega o lugar de almacenamiento ; b) Que dicha cantidad corresponde al valor máximo de almacenamiento permitido por el seguro; c) Que este límite no se modificaría al estipular en los certificados de seguros valores asegurados superiores a tal cifra; d) Que el almacenamiento se efectuaría de acuerdo con el reglamento que sobre la materia ha aprobado la (*)Superintendencia Bancaria, que era del conocimiento del asegurado.

... La circunstancia de que la cláusula de 10 de febrero se refiera al reglamento de seguro de incendio, no le resta claridad, pues ya se dijo que aquel se incluyó no porque se tratara de tal clase de seguro, ni porque fuera obligatorio para el caso, sino porque las partes dentro de la autonomía de la voluntad acordaron que sus reglas de almacenamiento operaban, fuera de que no habiéndose presentado siniestro diverso al incendio, no es el caso de precisar su operancia en el supuesto de que aquel hubiera consistido en robo, hurto, pérdida por inundación, etc., como tampoco en la hipótesis de que los bienes perdidos no hubieran sido algodón sino otros de los asegurados, como maquinaria o mercancías similares del interés del asegurado.

Además, no debe perderse de vista que aun en el supuesto de oscuridad o contradicción de las cláusulas en sí mismas consideradas o respecto de la póliza, dos normas legales determinan su aplicación, una vez interpretadas; los artículos 1.602 y 1.620 del Código Civil, el primero de los cuales dice que el contrato es ley de las partes, y el segundo que el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno.

16. Si la interpretación que se ha dado a las cláusulas adicionales es la razonable y la que corresponde a la que le dieron las partes en el momento de suscribirlas, no puede fallarse el litigio con una absolución de la compañía, basada en la sola validez de dichas cláusulas interpretadas en el sentido de que el límite se refería a la bodega o lugar de almacenamiento totales, ni tampoco condenándola a pagar la indemnización solicitada por el actor, como si no existieran o no fueran válidas las referidas cláusulas.

Para llegar a una solución jurídica es preciso establecer la siguientes premisas:

a) La compañía no estaría obligada a pagar, por las pacas quemadas en cada arrume, más de $ 5.000.000 aunque en él hubiera habido una cantidad cuyo valor sobrepasara a esa cifra, pues es claro que en tal caso se aplicaría la cláusula válida sobre limitación de responsabilidad a ese valor, y

b) Si se establece que en los arrumes había menos cantidad de la equivalente al valor indicado en las referidas cláusulas, la compañía aseguradora, en principio, debe pagar el valor de las pacas quemadas en ellos, pues en tal evento no cabría aplicar las cláusulas en cuanto limitan el valor de la responsabilidad. Sin embargo, la compañía podría descargarse si el asegurado no prueba que todos los arrumes incendiados cumplían las condiciones del reglamento, impuestas por virtud de aquellas cláusulas. Y ello no precisamente porque el incumplimiento de esta obligación contractual del asegurado dé lugar a invocar la “exceptio non adimpleti contractus” de que trata el artículo 1609 del Código Civil, sino porque la pretensión del demandante resulta defectuosa, en virtud de deficiencia parcial en su derecho. Más adelante el tribunal explica la improcedencia de las excepciones “non adimpleti contractus” y “non rite adimpleti contractus” en aquellos casos en que la obligación del demandante se hace imposible de cumplir.

17. Planteadas así las cosas, el litigio se desplaza hacia la cuestión de hecho o premisa menor.

Entrando en el examen de esta, y por consiguiente de las pruebas allegadas al expediente, se debe tener en cuenta los siguientes factores:

a) La mayoría de los celadores de “Patios de Coral”, al ser interrogados por el juez en la diligencia de inspección ocular practicada en ese sitio en los días 17 de mayo y siguientes, rindieron declaraciones que, en general, favorecen al IFA, en cuanto de ellas no resulta plenamente probado un incumplimiento de las obligaciones de este. En efecto: todos esos testigos concuerdan en explicar cómo se produjo el incendio, qué hicieron ellos para impedir su propagación, la no existencia de fuego o de cocinas en el lugar de almacenamiento, la prohibición de fumar, (que se cumplía estrictamente), el empleo de focos de mano para alumbrarse, y la afirmación —corroborada por testigos extraños al asegurado y al depositario— de que los celadores no estaban ebrios.

En cuanto a los elementos de prevención, los celadores coinciden en la existencia de la mayor parte de ellos (extinguidores, canecas de agua, palas, zapapicas, etc.), pero no en cuanto a los montones de arena. Mientras Abelardo Velásquez, Felipe Noriega y Jaime Herrera afirman que no lo había, Juan Roberto Cardona asegura que allí había varias carretadas.

En lo que respecta a la forma de almacenamiento del algodón y a la distancia entre los arrumes, la mayoría de tales testigos dice que aquellos tenían una altura que fluctuaba entre 2.40 y 3.20 metros, y guarda silencio sobre las distancias entre arrumes. Solo el señor Cardona afirma que estaban separados por calles de 10 metros;

b) El señor Leopoldo Díaz Granados, gerente o representante de la Compañía Colombiana de Seguros en Santa Marta, en declaración rendida ante el juez primero municipal de esa ciudad, el 20 de mayo de 1967, manifestó que en diferentes oportunidades había ordenado que se practicaran inspecciones en “Patios de Coral” para ver que se cumplieran las normas especiales de almacenamiento de algodón a la intemperie, que esa función de vigilancia le correspondía a su oficina; que dichas normas fueron observadas en lo que se refiere a celadores, colocación de extinguidores de incendio, canecas de agua con su respectivo balde, montones de arena con sus palas, etc.; y que, en lo que respecta a separaciones de los arrumes, el IFA no estaba observando en algunos sectores el espacio libre de 10 metros entre cada uno de ellos, con lo cual se contravenía la reglamentación en referencia. Agregó luego que así se había hecho constar en carta número 1372 enviada al IFA el 24 de abril anterior por el asistente comercial de la misma compañía en Santa Marta. A este respecto el tribunal observa que dicha carta no aparece en autos, y que los testigos Faustino Gutiérrez Arcón, Lourdes Leonor Cuello y Carlos Restrepo Jaramillo afirman que no se recibió (cdno. 4, fls. 11 a 16);

c) El señor Álvaro Rodríguez, también empleado de la Compañía Colombiana de Seguros en Santa Marta, en declaración rendida ante el mismo juez y en la misma fecha que el anterior, manifestó que por orden del gerente de la sucursal había inspeccionado en varias ocasiones el algodón depositado en “Patios de Coral”; que tanto él como el encargado de la sección de incendio habían observando al IFA, verbalmente y por escrito, que la distancia mínima exigida por el reglamento de almacenamiento de algodón a la intemperie no se estaba cumpliendo; y que, en cambio, sí se cumplía en cuanto a canecas de agua, personal, vigilancia de celadores y arrumes de arena con sus picas;

d) El señor Isaac del Real, empleado también de la citada compañía, en declaración rendida ante el mismo juez el 22 de mayo, manifestó que en repetidas ocasiones inspeccionó las existencias de algodón en Patios de Coral, “encontrando que el algodón en depósito se encontraba almacenado en forma ordenada a excepción del 24 de abril, en el cual se les indicó a los camioneros auxiliares el peligro que les representaba no guardar las distancias convenidas de 10 metros entre lote y lote. La observación se realizó sobre existencias de algodón que estaban siendo depositadas en la parte nororiental. Los encarradores u obreros obedecieron las instrucciones y comenzaron la labor de reacondicionamiento. Sin embargo, creí prudente pasar una carta a la gerencia del IFA, la cual fue firmada por el asistente comercial de la Colombiana de Seguros, quien reemplazaba al gerente oficial, en la cual anotaba la irregularidad que por primera vez había palpado” (se resalta). Más adelante agrega que él “estuvo en esas dependencias en la fecha 24 de abril del sesenta y siete, al igual que en días anteriores cuando yo estuve confirmando datos sobre existencia de algodón” (negrilla);

e) De los testimonios anteriores se desprende que, en cuanto a los elementos de prevención, las declaraciones desfavorables al asegurado de tres celadores de “Patios de Coral”, están contradichas por otro celador (Cardona), y por tres funcionarios de la compañía aseguradora (los sres. Díaz Granados, Rodríguez y del Real); y que, en lo que respecta a la distancia o separación entre los arrumes, los tres primeros celadores guardan silencio; el cuarto declara que sí había calles de 10 metros de anchura; dos de los funcionarios de la compañía (Díaz Granados y Rodríguez) afirman que en algunos sectores no había esa distancia, y el tercero (del Real) manifiesta que “el algodón en depósito se encontraba almacenado en forma ordenada, a excepción del día 24 de abril (de 1967), en el cual se le hizo esa observación a los empleados del IFA y ellos obedecieron esas instrucciones” y comenzaron la labor de reacondicionamiento (negrilla).

Examinando con detenimiento los anteriores testimonios se llega a la conclusión de que, en cuanto a los elementos de previsión, no se ha probado incumplimiento del asegurado, ya que a él lo favorecen, en todo caso, las declaraciones de los tres nombrados funcionarios de la compañía aseguradora. Y en lo que respecta al segundo punto, o sea al de las separaciones entre los arrumes, las declaraciones desfavorables de los señores Díaz-Granados y Rodríguez quedan desvirtuadas en parte por la del celador Cardona, y en forma amplia y explícita por la de señor del Real. Los testigos en referencia no son contestes en este punto de las separaciones o distancias entre los arrumes, pues dos son favorables y dos son desfavorables al asegurado. Sin embargo, existe un elemento de juicio que puede inclinar la balanza a favor de este. Se trata de la declaración del señor del Real, que es significativa no solo por provenir de un empleado de la compañía, aseguradora sino porque se trata de un testimonio muy preciso —y por tanto responsable y consciente ya que fija con gran exactitud en qué fecha el IFA no estaba cumpliendo a cabalidad las obligaciones que el impuso la reglamentación de almacenamiento y que en tal “momento (anterior al incendio), empezó a corregir las deficiencias anotadas por el asegurador y a ajustarse a las exigencias del aludido reglamento.

Por su parte los testigos Carlos Restrepo Jaramillo y Mario Rojas Bueno (cdno. 1, fls. 119 vto. a 128 vto.), que en su orden eran empleados destacados por Almagran y el IFA para dirigir en Santa Marta las operaciones de exportación de algodón, declaran rotundamente que siempre se cumplieron las condiciones exigidas por el aludido reglamento de almacenaje de algodón.

En efecto, Restrepo Jaramillo dice: “La disposición que desde un principio se tomó para disponer el arrumaje y distribución del algodón, fue la siguiente:

Previas medidas se seleccionaron dentro del denominado Patio de Coral, así como también dentro del terminal marítimo, lugares de almacenamiento o sitios de almacenamiento, o unidades de almacenamiento, separadas entre sí y por sus cuatros costados por calles de diez metros de ancho; en estos lugares o unidades de almacenamiento se colocaron doce arrumes de cien pacas cada uno separados entre si por calles de un metro. Es de anotar que para hacer distribución del algodón que se iba a arrumar, se colocaron primero las estivas correspondientes, consistentes en bloques de concreto, y al hacerlo se tuvo muy en cuenta las separaciones anotadas” (cdno. 1, fl. 120 vto.).

Y Rojas Bueno expresa: “Se establecieron las unidades de arrume de mil doscientas pacas, dejando diez metros por cada lado de cada unidad de estacionamiento, pero nosotros en previsión, dejamos un metro por cada lote de cien pacas como distancia de separación entre estos; fuera de esto conseguimos las cantidades indispensables en extinguidores, en picas y palas, arrumes de arena, canecas con agua, baldes que estaban pegados a las canecas; avisos preventivos de no fumar, en más de cuarenta puntos. En esta forma creemos que nos excedimos en todas las prevenciones exigidas por los seguros” (cdno. 1, fl. 127 vto.);

f) Las declaraciones de los testigos de las partes pueden complementarse con el dictamen de los peritos, que por haber sido nombrados por el juez, y no por las partes como lo ordenan los artículos 705 y 731 del C.J., tiene apenas fuerza indiciaria.

En efecto, el perito Ricardo Fuentes Noguera, al contestar el punto 4 del interrogatorio, dice “... con relación a las distancias y forma de almacenamiento de la fibra, me permito informar al señor juez que de acuerdo con las medidas tomadas sobre el terreno observé que las pacas que salvaron y por los escombros (sic), zunchos, etc. de las pérdidas totalmente, se encontraban estibas sobre bloques de cemento blanco, que su forma de arrume consistía en tres hileras principales con dirección norte sur separadas por una distancia aproximada de diez metros y en forma secundaria por arrumes de aproximadamente 120 pacas separadas por distancias oriente occidente de 1 m hasta 3 m máximo” (se resalta) (cdno. 2, fl. 97 vto.).

El otro perito, Rubén Campo López, empieza por afirmar que buena parte de Patios de Coral el día de la inspección, “ofrecía la situación de tierra arrasada, pues el incendio acaecido en la madrugada del 14 de mayo en curso, no dejó sino reductos de algodón completamente chamuscados. Y en otra parte del terreno donde no pudo llegar el fuego, aún existen pacas de algodón depositadas, formando hileras del 1.200 pacas, separadas en bultos de 100 pacas aproximadamente por espacios de dos tres metros; y las hileras de 1.200 pacas a su vez se encontraban separadas por calles de una anchura mayor de 10 metros” (negrilla). Y más adelante agrega: “Repetimos que en esta faja del terreno inspeccionado (donde no alcanzó a llegar el fuego) pudimos observar que el algodón almacenado se encontraba colocado en lotes de 100 pacas, separadas por calles de 2 a 3 metros, y las hileras de lotes se encontraban separadas entre sí por calles de 10 metros y hasta más metros” (negrilla). A continuación entra el perito a referirse a los elementos de prevención que encontraron en el terreno (inclusive dos pilas de arena) y a las declaraciones de los celadores sobre las circunstancias del incendio; y finalmente, en relación con el origen de esta, dice; “... debió comenzar en el sitio donde pudimos observar la existencia de algodón depositado, es decir, en la parte norte, y por la acción de la brisa corrió entonces con dirección hacia el sur, con intención de atravesar la carretera y prender las casas de enfrente” (cdno. 2, fls. 95 vto. a 96 vto.).

El dictamen de este perito es más explícito que el del anterior, no solo en lo relativo a los elementos de prevención sino también, y especialmente, al punto más importante de la forma de almacenamiento y de las distancias entre los arrumes, como se pasa a explicar.

Mientras el señor Fuentes Noguera dictamina solamente sobre la separación de las hileras o arrumes quemados, basándose en las huellas y cimientos de ellos, el señor Campo López hace especial hincapié en los arrumes que no se quemaron, dando una explicación detallada sobre, su ubicación, altura, cantidad de pacas que cada uno contenía, distancias entre cada arrume (10 m o más), y distancias internas entre los bloques de 100 pacas en que se dividían aquellos (2 a 3 m). Es decir, que este perito suministra una apreciación sobre lo salvado, la cual pudo establecerse sobre cosas existente, el mismo día del siniestro.

Aunque algunos de los testimonios y los dictámenes analizados (en especial la inferencia que puede sacarse del informe del perito Campo López), permiten afirmar en principio que no se ha probado el incumplimiento o culpa del asegurado, otros testimonios y el informe de los ajustadores indican que hubo incumplimiento parcial del reglamento por la circunstancia de que algunos arrumes no llenaban los requisitos de separación o distancia en él previstos.

En efecto, el informe de la firma W. Moller & Compañía, encargada por el asegurador de establecer o avaluar el monto de las pérdidas del siniestro, que constituye un documento testimonial y que representa un análisis razonado y objetivo de las circunstancias que rodearon el incendio, suministra algunos elementos de juicio que llevan a las siguientes conclusiones;

1. Que la causa del incendio fue un corto circuito en uno de los postes del alumbrado y que aquel se propagó rápidamente por la fuerte brisa.

2. Que los arrumes no tenían una altura mayor de 2.80 metros.

3. Que había nueve arrumes principales, marcados en el croquis elaborado por la misma firma con los números 1 a 9.

4. Que los “arrumes 1, 4, 5, 7, 8 y 9 se encontraban separados entre sí por callejones de 10 y más metros y formaban por lo tanto cada uno una unidad de almacenamiento; no así, sin embargo, los arrumes 1, 2, 3 y 6”.

5. Que la distancia entre los arrumes 1 y 2 oscilaban entre 8 y 9 metros.

6. Que la distancia entre los arrumes 2 y 3 era inferior a 10 metros, y en algunos sectores de solo 5 metros.

7. Que la distancia entre los arrumes 3 y 6 —tomando como medio de confrontación la estatura de la persona que figura en una de las fotos allegadas al expediente— es muy inferior a 10 metros y posiblemente de solo 2 metros.

8. Que los arrumes 1, 2, 3 y 6 deben —considerarse para efectos de liquidación de las pérdidas— como una sola unidad de almacenamiento, ya que las distancias entre cada dos arrumes contiguos de ellos era inferior a la separación mínima requerida.

9. Que “los arrumes 4 y 5 a su vez formaban unidades independientes de almacenamiento, ya que se encontraban separados de la caseta y de los arrumes 1 y 6, como también entre sí, por espacios de más de 10 metros” (negrilla) (cdno. 1, fls, 74 a 89).

La prueba referida es, sin duda, más científica que las otras, pues los ajustadores designados por el asegurador son técnicos en su ramo.

18. Está demostrado en autos (cdno. 2, fls. 5 a 28), que todas las remesas de algodón despachadas de desmotadoras de la zona del Magdalena al puerto de Santa Marta (cdnos. 13 a 24) fueron amparados por certificados de seguro emitidos por la aseguradora con aplicación a la póliza 18.610.

El algodón en tránsito, movilizado hasta Patios de Coral por la época del siniestro, correspondía a los certificados de depósito de Almagran 11518, 11521, 11536 y 11546, los cuales a su vez fueron amparados por los certificados de seguro 105126, 105132, 106483 y 107646 y por sus revalidaciones sucesivas, las últimas de las cuales comprendían la fecha del 14 de mayo de 1967, cuando ocurrió el siniestro, según se aprecia en la relación siguiente:

Certificado originalVigenciaRevalidaciónVigenciaRevalidaciónVigencia
105128febrero 20 - marzo 22100101marzo 22 - abril 22109009abril 22 - mayo 22
105132febrero 20 - marzo 22100070marzo 22 - abril 22109003abril 22 - mayo 22
106483marzo 3 – abril 3108102abril 3 – mayo 3111572mayo 3 - junio 3
107646marzo 15 – abril 15109019abril 15 - mayo 15112962mayo 15 - junio15

Como se puede apreciar, para la fecha del siniestro, que lo fue el 14 de mayo de 1967, el algodón que se hallaba en patios de coral, se encontraba bajo el amparo del seguro. Según se ha demostrado en autos, el lote del algodón incendiado llegó a la cantidad de 7.992 pacas, con un peso de 1.998.000 kilos y por un valor de $ 16.343.640, suma resultante del valor admitido del seguro que fue de $ 8.18 por kilo, multiplicado por la cantidad de kilogramos perdidos en el siniestro (cdno. 2, fls. 5 a 28 y cdno. 9, fl. 8).

Establecido lo anterior, resulta indiferente determinar si los certificados de seguro amparaban trayecto FOB o permanencias iniciales, intermedias o finales. Expresamente se especifica en aquellas permanencias de treinta días, y se liquida la tarifa de 0.22% por tal concepto, adicional a la del transporte de 0.56%, lo cual totaliza una tasa de 0.78%. Por otra parte, de acuerdo con la “tarifa para el seguro de transportes” de Asecolda (véanse disposiciones pertinentes en las págs. 114 y ss.), la tasa para el trayecto FOB en el caso de depósitos exclusivos del asegurado —como aquí ocurría— registraría un recargo básico de 0.04% por cada mes o fracción sobre la tarifa del transporte de 0.56%, lo que equivale a 0.22%. En resumen, para el amparo del trayecto de la mercancía de exportación puesta a bordo (FOB), la tarifa también sería de 0.56% más 0.22%, o sea de 0.78%.

Del informe de los ajustadores, como ya se dijo, se desprende la conclusión que de los arrumes que parecieron, los señalados con los números 1, 2, 3 y 6 deben considerarse como una sola unidad de almacenamiento, y los arrumes 4 y 5 constituyen unidades independientes. En consecuencia, el tribunal estima que la indemnización que corresponde pagar al asegurador, es la equivalente al valor de tres unidades de almacenamiento, de acuerdo con las cantidades señaladas en el reglamento, o sea de 300 toneladas o 300.000 kilos cada unidad, lo que arroja un total de 900 toneladas o sea 900.000 kilos, más un 10% por lucro cesante, y los intereses respectivos.

Por otra parte, el tribunal observa que los ajustadores, al hacer la liquidación, tomaron como base un precio de $ 8.096 por kilo, que equivale al valor al costo del seguro. Empero, como se deduce de los certificados de seguro, el amparo fue tomado a un valor admitido de $ 8.18 el kilo, que por lo demás era el fijado por el Banco de la República para el algodón de exportación, y es el que el tribunal debe tener en cuenta.

19. El demandado propuso la excepción de contrato no cumplido, por cuanto el actor dejó de cumplir total o parcialmente el reglamento sobre almacenamiento de algodón incluido en la cláusula adicional de 10 de febrero de 1967, ya que no tomó las precauciones para evitar el siniestro, por dos aspectos, a saber: almacenó mayor cantidad de algodón de la que el reglamento le permitía y no guardó las precauciones que le eran obligatorias, pues sostiene que el incendio se originó en una estufa eléctrica de una celadora que daba alimentación a otras personas que desempeñaban el mismo cargo, la que estaba instalada en una caseta dentro del solar donde la fibra permanecía, y no se observaban las distancias de los arrumes entre sí y respecto a la citada caseta, además de que no se encontraron todos los dispositivos que conforme al reglamento debían existir allí.

Al analizar la pretensión del demandante el punto fue examinado desde el aspecto probatorio y el tribunal llegó a la conclusión de que no había en cada lugar de almacenamiento, o se en cada arrume, mayor cantidad de algodón del señalado en el reglamento, y la parte actora demostró que el incendio obedeció a caso fortuito no proveniente de culpa suya ni del depositario, así como también que se ciñó a las normas sobre dispositivos para conjurar el peligro en caso de incendio.

En cambio quedó igualmente establecido, principalmente por el informe de los ajustadores designados por la compañía de seguros, que tres arrumes de algodón de aquellos que perecieron, por no ceñirse a las distancias que el reglamento indica, deben tomarse como una sola unidad de almacenamiento, y que otros dos de los destruidos sí mantenían tales distancias, por lo cual se consideró que la demandada debía indemnizar solo el valor de tres unidades de almacenamiento.

A esta conclusión se llegó en virtud de encontrarse fundada en parte la pretensión y en parte no, por no haberse cumplido las disposiciones del reglamento referido, es decir, que el tribunal estima que este caso solo se puede proveer de conformidad con la demanda, en cuanto el asegurado demuestre haber cumplido las obligaciones derivadas del citado reglamento.

Como bien se ve, la cuestión no depende de la exceptio non adimpleti contractus o non rite adimpleti contractus, propuesta por el demandado, sino de deficiencia parcial en el derecho del demandante, que es un elemento de la pretensión, ya que las prenombradas excepciones no existen después de que la obligación del actor en que se basan no es posible que se cumpla, por lo cual en el presente caso se declararán infundadas.

En efecto, el artículo 1609 del Código Civil dice que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos.

Consagra así nuestra ley las mencionadas excepciones, o sea que el acreedor demandante no haya cumplido en absoluto con la obligación a su cargo o la haya cumplido imperfectamente, siempre que la negativa o el defectuoso cumplimiento fueren suficientemente importantes para autorizar al deudor demandado a incumplir con la suya, o sea para purgar su mora, ya que la buena fe debe inspirar tales excepciones, por lo cual dicen Planiol y Ripert “que el cumplimiento no puede negarse cuando el incumplimiento de la otra parte se contrae a una porción mínima de las obligaciones, en relación al total de ellas” (Tratado práctico de derecho civil francés, T. 6, ed. 1946).

Por tanto la una como la otra, consagran “un verdadero derecho de retención a favor de uno de los contratantes, hasta que el otro ejecute o se allane a ejecutar su prestación” (Ennecerus, Kipp, Wolf, Tratado de derecho civil, T. II, vol. 1, pág. 134).

Por ello la corte expresa que con la excepción de contrato no cumplido el resultado que precisamente se busca es el de que “cada uno de los contratantes puede negarse a ejecutar su prestación mientras no reciba la respectiva contraprestación, para llegar de esa suerte a obtener que la convención se ejecute dando y dando”, y concluye: “La defensa fundada en contrato no cumplido pertenece indudablemente a la categoría de las excepciones dilatorias, puesto que con ella no se persigue la exoneración de la deuda, sino suspender o retardar temporalmente la pretensión del demandante, para obtener la ejecución completa y recíproca de las obligaciones bilaterales, como lo anotan Enneccerus y Von Thur. Equivale por su estructuración y funcionamiento a la excepción de petición antes de tiempo” (LV, 71).

Con estos antecedentes se entiende que si la excepción no busca enervar la pretensión, sino suspender la ejecución del contrato hasta cuando el demandante cumpla con lo suyo, pues es de carácter temporal, solo procede mientras esta posibilidad subsista y es improcedente cuando existe imposibilidad para que dicho cumplimiento se produzca.

Confirma este aserto el siguiente pasaje de Enneccerus: “Como quiera que la excepción presupone la existencia de un contracrédito, aquella desaparece naturalmente cuando este se extingue y en la medida en que se extinga por hacerse imposible la prestación. Por tanto el demandante (por ejemplo el vendedor que demanda el precio), puede defenderse de la exceptio non rite adimpleti contractus, probando que la parte no cumplida de su prestación se ha hecho imposible sin su culpa” (op. cit., pág. 166). Dicha opinión la comparten Planiol, Ripert y Esmein cuando dicen: “La excepción destinada a garantizar el cumplimiento del crédito de aquel que la alega, carece de razón de ser cuando este queda extinguido” (op. cit. pág. 659).

Es así que el IFA ya no podría cumplir su obligación de arrumar el algodón de acuerdo con el reglamento que le obligaba en aquella parte que lo incumplió, pues el incendio destruyó la fibra respectiva, de modo que ya no sería posible observarlo, luego la excepción no podría buscar su finalidad o sea el cumplimiento “dando y dando” y por ello se extinguió.

20. Analizada, como ha quedado en los párrafos anteriores, la primera excepción del demandado sobre contrato no cumplido, procede hacer sobre las restantes unas breves consideraciones no obstante la circunstancias de que la mayoría de ellas tiene íntima relación con la primera, hasta el punto de que pueden estimarse como ampliaciones de aquella o como reiteración del mismo tema, pero enfocado desde otro ángulo.

En efecto: la segunda excepción plantea la extinción de las obligaciones del asegurador como consecuencia de la resolución o terminación del contrato producida por incumplimiento de las obligaciones que esta impuso al IFA. Es decir, que se invoca la resolución o terminación como consecuencia del mismo incumplimiento y con apoyo en los artículos 1546 y 1625, 9º del Código Civil. En otras palabras, el hecho de que la causa de la resolución alegada sea el incumplimiento de aquellas obligaciones no desplaza el problema del terreno en que lo colocaba la primera excepción, ya analizada por el tribunal. Aún más: la resolución no opera automáticamente, pues tiene que ser decretada por sentencia judicial (C.C., art. 1546), y en el caso de autos esta no se pidió ni decretó. Solo la condición resolutoria expresa obra de pleno derecho (C.C., art. 1937).

La tercera excepción consiste en la rescisión o terminación del contrato de seguro de transporte, causada por incumplimiento de las aludidas obligaciones por parte del demandante y se apoya en lo dispuesto por el ordinal 2º del artículo 681 del Código de Comercio. Aparte de la impropiedad —anotada por el mismo demandado— de la palabra rescisión empleada por el citado código, ya que no se trata de una nulidad relativa y que lo que procede en los contratos de tracto sucesivo, cuando una de las partes incumple, es la terminación, el tribunal anota que al invocar esta como consecuencia del susodicho incumplimiento, se sigue colocando el problema en el mismo terreno en que lo situaron las excepciones primera y segunda, y por tanto no puede estimarse que se haya agregado ningún nuevo elemento de juicio.

La cuarta excepción está encaminada a sostener que las obligaciones del asegurador se extinguieron como consecuencia de la violación, por el asegurado, de una expresa obligación legal. Como fundamento de ella sostiene el demandado que el artículo 680 del Código de Comercio obliga al asegurado “a emplear todo el cuidado de un diligente padre de familia para prevenir el siniestro”, y agrega que este se produjo por falta en el IFA de ese “cuidado y celo”. A este respecto al tribunal le basta recordar que en el análisis que de las pruebas allegadas al expediente se hizo en el presente fallo, se pudo establecer, inclusive con las declaraciones de los funcionarios de la compañía aseguradora, que el IFA cumplió sus obligaciones en cuanto a los elementos de prevención del incendio, que este no se produjo por culpa o descuido suyo sino consecuencia de un caso fortuito y que en lo único en que el cumplimiento del demandante no fue completo sino parcial fue en lo relacionado con la separación o distancias entre algunos arrumes de algodón. Pero este punto ya fue tratado ampliamente por el tribunal.

La quinta excepción plantea la extinción de las obligaciones del demandado como consecuencia de la rescisión proveniente de la variación que hizo el IFA de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para estimar el riesgo, e invoca como fundamento la disposición contenida en el artículo 662 del Código de Comercio. Esta excepción no difiere de las tres primeras. La pretendida variación del riesgo por el asegurado implica incumplimiento de la reglamentación de almacenamiento de algodón, y por ende del contrato de seguro, y ya se vio hasta que punto se produjo dicho incumplimiento y que consecuencias tuvo.

Las sexta excepción radica en la inexistencia de las obligaciones del asegurador “porque este nada debe ni podía deber por encima de la suma máxima a que limitó su responsabilidad y que ya fue pagada”. Esta excepción la plantea el asegurador como subsidiaria de las cinco anteriores, que pretenden demostrar la inexistencia de cualquier obligación, “incluyendo la relativa a la suma que voluntariamente pagó”. A este respecto el tribunal se limita a anotar, por una parte, que esta mal llamada excepción no lo es, ya que donde no existe obligación no cabe excepción, y por la otra, que ellas se funda en la validez de las cláusulas adicionales de 11 de enero y 10 de febrero de 1967, que el tribunal ya analizó y reconoció válidas pero con la interpretación y alcance que les ha dado.

Finalmente, la séptima excepción, también subsidiaria de las anteriores, se denomina petición de más de lo debido y se encamina a limitar la condena al valor de las pacas de algodón que se hallaban almacenadas en la forma prevista por el reglamento tantas veces citado, que el IFA se obligó a cumplir. Sobre este particular el tribunal observa, en primer término, que esta petición no constituye propiamente una excepción y, en segundo lugar, que el fondo del fallo está fundado precisamente en la distinción entre los arrumes de algodón que cumplían y los que no cumplían las prescripciones del referido reglamento. O, como se dijo atrás, en la deficiencia parcial del derecho o de las pretensiones del demandante.

21. Habiéndose establecido que el IFA cumplió solamente en partes las obligaciones que le imponía el reglamento citado, y que por razón de ese cumplimieno parcial la compañía aseguradora solo debe reconocer el valor equivalente a tres arrumes de algodón, más el porcentaje correspondiente al lucro cesante y los intereses respectivos, procede fijar la cuantía exacta de la indemnización a favor del asegurado, tomando como base los siguientes elementos:

A) a) Valor de cada kilo de algodón en fibra para exportación, $ 8.18;

b) Valor de cada arrume de 300 toneladas o 300.000 kilos,$ 2.454.000;

c) Valor de los tres arrumes a que se contrae la indemnización, $ 7.362.000, y

d) Valor del diez por ciento (10%) por concepto de lucro cesante, $ 736.200.

O sea un total a cargo del asegurador, de ocho millones noventa y ocho mil doscientos pesos ($ 8.098.200);

B) Pero como de la suma anterior es preciso restar los cinco millones quinientos mil pesos ($ 5.500.000) que ya la compañía aseguradora pagó al IFA, la indemnización pendiente queda reducida a dos millones quinientos noventa y ocho mil doscientos pesos ($ 2.598. 200), y

C) Al saldo insoluto que acaba de indicarse es preciso agregar el valor de los intereses corrientes más el 5% de que tratan las leyes 105 de 1927 y 89 de 1928. Según infiere el tribunal, las partes fijaron en el compromiso arbitral un interés corriente del 12.4% anual —lo que implica prueba de confesión de ellas al respecto— que corren hasta la fecha del documento compromisorio, según la cláusula novena de este. Agregado el 5% anual que establecen las leyes mencionadas, se totaliza un interés del 17.4% por un año, que es el que toma el tribunal para graduar el rendimiento del saldo insoluto. En cuanto a la fecha inicial del plazo, el tribunal observa que la reclamación se presentó por el asegurado el 18 de mayo de 1967 y que no fue objetada dentro de los noventa días siguientes, porque las objeciones de la compañía se presentaron extemporáneamente (sep. 27/67), ya que con anterioridad se limitó a discutir la noción del tiempo hábil para formularlas, sin que concretamente adujera un reparo de fondo a los comprobantes respectivos. En consecuencia, de acuerdo con dichas leyes el plazo se cuenta desde el 18 de mayo de 1967 hasta el día del documento compromisorio (nov. 27/68).

Tal lapso es de 559 días y el valor de los respectivos intereses, a la tasa indicada, es de $ 701.990,33.

La suma de los factores expresados en los literales A, B y C, da un total de tres millones trescientos mil ciento noventa pesos con treinta y tres centavos ($ 3.300.190,33), que es la cantidad que en definitiva debe pagar el asegurador al asegurado en el presente litigio.

22. El pago irrevocable de la suma de $ 6.812. 000 efectuado por el asegurador al asegurado en virtud de lo acordado en el compromiso, lleva al tribunal a examinar la pertinencia del punto noveno del citado documento, que estipula que aquel pago “no implica en forma alguna que la compañía renuncie a alegar dentro del juicio arbitral, las razones por las cuales se considera totalmente exenta de responsabilidad (negrilla) y, por consiguiente, se entiende que aquella se reserva en forma expresa, el derecho de presentar todas las defensas y excepciones tendientes a demostrar que no se encuentra obligada al pago de la indemnización que ha dado origen al presente litigio”.

La decisión aludida implica definir si el demandado tenía las defensas y excepciones alegadas no solo respecto a la suma que en el juicio arbitral persigue el actor, sino también a la que fue pagada en forma irrevocable.

En primer lugar se observa que la demanda no contiene solicitud concreta al respecto y que no hubo contrademanda; mas también se advierte que en el compromiso las partes deben hacer constar “el pleito, asunto o diferencia que someten a la decisión de los arbitradores” (C.J., art. 1216) de modo que si la sentencia ha de acomodarse en lo posible a las que dictan los jueces en juicio ordinario (art. 1223), a ella es aplicable el artículo 471 ibídem que establece que deben dictarse “en consonancia con las demandas y demás pretensiones oportunamente deducidas por las partes”.

Como casi todas las excepciones propuestas comprenden la exoneración total de responsabilidades de la parte demanda y en este fallo se estiman infundadas, el pago hecho, a más de su carácter irrevocable, es procedente de acuerdo con las conclusiones a que ha llegado el tribunal en el presente juicio. Tal es la razón para deducir su valor del monto de la indemnización a cargo del demandado.

23. En cuanto a las costas del juicio ejecutivo transigido, el tribunal considera:

Las costas son un derecho accesorio al sustancial que se declara en el proceso. Por otra parte, constituye parte del proceso mismo en que se causaron y solo en el juicio respectivo por intermedio del juez del conocimiento procede cualquier proveimiento sobre el particular, el que, por tanto, no compete a juez diferente, ni es pertinente dictarlo en proceso diverso, precisamente porque no es admisible que un sector de un proceso pueda trasladarse válidamente a otro. Al respecto basta citar el texto del Decreto 243 de 1951 y los artículos 577 y 580 del C.J. que se refiere al juez y secretario del juicio en que las costas se originaron, y no a otros. Existe, pues, clara incompetencia de jurisdicción al respecto.

Por último, aun cuando pudiere decirse que dentro de la transacción del juicio ejecutivo no se incluyó lo relativo a costas, pues el punto se defirió al tribunal de arbitramento, las partes no pueden derogar las normas sobre competencia funcional y estructura del proceso porque pertenecen al orden público.

La Corte dice: “De este enlace resulta igualmente que la ley procesal en cuanto regula las formas de los juicios y los efectos jurídicos de los actos procedimentales, siempre es de orden público y por consiguiente tiene un carácter absoluto, inmediato y obligatorio” (G.J. XLII, pág. 626).

24. En lo que respecta a las costas del presente juicio, la mayoría del tribunal observa: que ninguna de las partes obtuvo la totalidad de sus pretensiones; que el acogimiento parcial de la demanda se produjo por una razón jurídica diferente de las sustentadas por las partes, y que no se advierte motivo de error en la posición de estas, puesto que el punto litigioso era ostensiblemente complejo como puede colegirse de la disidencia que se ha presentado en el seno del tribunal. Las anteriores consideraciones llevan a la mayoría del tribunal a la conclusión de que procede condenar en costas a ambas partes, de conformidad con los artículos 2º del Decreto-Ley 243 de 1951 y 210 del C.J., que a la letra dicen, en su orden:

Decreto 243 de 1951, artículo 2º: “El artículo 575 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

“Se condena en costas, salvo las excepciones legales, en los casos siguientes:

“1. Al litigante vencido. En caso de acogimiento parcial de la demanda el juez podrá no hacer condenación en costas o hacerla parcialmente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 210 y dando en la sentencia las razones de su decisión”.

C.J., artículo 210: “Si el demandante pide más de lo que se debe, el juez solo le declara el derecho a lo que pruebe que se le adeuda; y lo condena a pagar al demandado las costas que este haya tenido que hacer por razón del exceso en la demanda, a menos que acredite el demandante un justo motivo de error”.

Las costas del presente juicio no incluyen la cantidad de dinero que se estimó necesaria para los gastos de la actuación del tribunal, ya que las partes estipularon en el compromiso arbitral que esta sería “pagada por la compañía y el asegurado por partes iguales, en la forma prevista en el artículo 1218 del C.J.”.

RESOLUCIÓN:

En mérito de lo expuesto, el tribunal de arbitramento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:

1. Declárense infundadas las excepciones propuestas respecto a la pretensión que prospera.

2. Condénase a la Compañía Colombiana de Seguros S.A., de este domicilio, representada por su presidente, a pagar al Instituto de Fomento Algodonero, IFA, o a quien legalmente lo sustituya dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, la cantidad de tres millones trescientos mil ciento noventa pesos con treinta y tres centavos ($ 3.300.190.33) moneda legal, que se descompone así: Dos millones quinientos noventa y ocho mil doscientos pesos ($ 2.598.200) como saldo de la indemnización y lucro cesante causados por el incendio del algodón de propiedad del demandante, acaecido en la ciudad de Santa Marta el catorce (14) de mayo de mil novecientos sesenta y siete (1967); y setecientos un mil novecientos noventa pesos con treinta y tres centavos ($ 701.990.33) por concepto de intereses sobre la suma anterior.

3. Absuélvase a la parte demandada del pago del resto de la indemnización pedida en la demanda.

4. No es el caso de proveer sobre las costas del juicio ejecutivo seguido entre las partes en el Juzgado Décimo (10) Civil Municipal de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

5. Las costas del presente juicio a cargo de ambas partes. Tásense.

Publíquese, notifíquese en la forma prevista en el artículo 1224 de C.J., devuélvase al Juzgado Décimo Civil Municipal de Bogotá el expediente que entregó al tribunal, junto con copia de esta sentencia, y cúmplase lo dispuesto en el artículo 1225 de la misma obra.

Publicación. La anterior fue publicada en la forma y términos del artículo 479 del C.J., hoy veintinueve (29) de mayo de mil novecientos setenta (1970).

SALVAMENTO DE VOTO

Bogotá, D.E., mayo veintinueve de mil novecientos setenta.

La mayoría del tribunal ha concluido en que son válidas y deben producir efectos las cláusulas adicionales de la póliza 18.610 suscritas el 11 de enero y el 10 de febrero de 1967, cuyos textos, en gracia de brevedad, se distinguirán dentro de este salvamento con los números (1) y (2) respectivamente.

Adoptada tal conclusión mayoritaria debo destacar que, partiendo de ella el fallo es completamente jurídico(1). Así mismo, me veo en el deber de rendir homenaje a la rectitud, diligencia y penetración que —desde su punto de vista— desplegaron los árbitros de la mayoría doctores Hernando Morales Molina y Luis Córdoba Mariño en el examen, tramitación y decisión de esta controversia.

Empero, mi voto disidente respecto de la sentencia que pone término a la litis entre el Instituto de Fomento Algodonero, IFA, y la Compañía Colombiana de Seguros S.A., versa sobre el fondo mismo del debate. En efecto: la disidencia que sustento obedece a que estimo jurídicamente ineficaces, y por tanto desposeídas de todo efecto, las susodichas cláusulas (1) y (2), de lo cual colijo que la Compañía Colombiana de Seguros, como demandada, debió ser condenada a pagar al IFA, como demandante, o a la entidad que hiciere sus veces, la totalidad de la indemnización resultante del siniestro que en materia de la presente contención arbitral, y, desde luego, las costas del juicio.

Los fundamentos de este salvamento de voto, que virtualmente equivale a la adopción de la tesis sobre la ineficacia y ningún efecto jurídicos de las referidas cláusulas, se apoyan en las consideraciones siguientes:

1. El seguro, como contrato de adhesión

El tribunal en forma unánime sienta la tesis de que el seguro es un contrato de adhesión, y de que, por ostentar dicho carácter, la ley colombiana “ordena el control de los patrones de pólizas y establece el requisito de su antelada aprobación administrativa a fin de proteger al asegurado” (Sent., parte motiva 9º). Pero la mayoría deduce las consecuencias que dicha tesis se derivan para el caso en cuestión.

En efecto: la prevención con que la doctrina universal del derecho ha mirado el contrato de adhesión (por la ostensible inferioridad económica y psíquica que en él asume el adherente), ha determinado que todas las legislaciones provean de control y aprobación previos de la póliza. En esta forma el Estado está protegiendo anticipadamente los intereses del asegurado como parte débil del seguro, razón por la cual el último podría calificarse de contrato de adhesión controlada.

Dicha función le es atribuida en Colombia a la Superintendecia Bancaria, según lo preceptuado por el artículo 20 de la Ley 105 de 1927. “Las pólizas contendrán todas las condiciones del contrato, que deben conformarse a las disposiciones legales, y los modelos deberán someterse previamente a la aprobación de la (*)Superintendencia Bancaria” dice la norma.

Si la póliza exige la aprobación previa de dicho organismo, es apenas lógico que también la exijan las modificaciones de aquella, puesto que el imperativo legal de la aprobación administrativa resultaría vulnerado, y el control superintendencial se haría írrito, en el evento de que las compañías de seguros, después de una primera aprobación, pudieran adicionar o modificar a su árbitro el contenido de la póliza. Este criterio es el adoptado por la doctrina de dicha entidad: “Toda modificación sustancial a las cláusulas impresas de la póliza ya sea en forma de cláusulas o anexos debe ser aprobada previamente por la (*)Superintendencia Bancaria” (“Doctrinas y Conceptos, etc.” 115, pág. 71). Tampoco pueden introducirse modificaciones limitativas de las condiciones que componen el texto modelo aprobado, según pronunciamiento de esa superintendencia (Ibíd. 117 pág. 72). En cambio, si la modificación versa sobre las condiciones particulares y es solicitada por el asegurado, no exige la aprobación de la superintendencia referida, según antiguo texto doctrinal de esta que a la letra: “De conformidad con el artículo 20 de la Ley 105 de 1927, las compañías de seguros están en la obligación de someter a la aprobación de este documento toda oferta que hagan al público, ya se trate de pólizas nuevas o de modificaciones de modelos aprobados. Las modificaciones de carácter particular, que, a solicitud del asegurado, introduzcan las compañías en un caso dado, a las condiciones del contrato, no necesita llenar el requisito en referencia” (“Legislación y doctrina sobre control de compañías de seguros” 92 pág. 32, oct. 31/40).

Ello relieva el carácter precautelativo que ofrece el previo control oficial de la póliza o de sus modificaciones respecto de la posición del asegurado dentro del contrato a que adhiere; aquella tutela es innecesaria cuando la modificación es particular y solicitada por el mismo asegurado, pues se supone que este solo la solicita porque le conviene ya que el buen sentido enseña que ninguna persona está interesada en agravar su carga obligacional dentro de un contrato.

2.Control de las modificaciones

Como se ha visto, la ley y la doctrina administrativa prevén el control superintendencial previo respecto de las pólizas y sus modificaciones sustanciales; de otra parte, la doctrina excluye de dicho control las modificaciones particulares que sean introducidas a solicitud del asegurado.

Cuáles sean los efectos de una modificación sustancial sin la previa aprobación de la (*)Superintendencia Bancaria es materia que en el sub judice tiene que remitirse más que a las soluciones de las normas generales a las que dan las propias estipulaciones contractuales, puesto que la póliza misma en su cláusula 18, literal c), contempla dicha situación:

“c) Toda modificación, alteración o adición que se haga a las presentes condiciones generales, deben constar por escrito debidamente refrendadas por la compañía y previa aprobación de la Superintendencia Bancaria”.

El literal siguiente de la misma cláusula hace prevalecer plenamente, (y aun con aptitud derogatoria de las generales) a las condiciones particulares y a los “avenants” adicionales, en los siguientes términos:

“d) Las condiciones particulares impresas, manuscritas o a máquina y las cláusulas adicionales adheridas a la póliza o al certificado de seguro, prevalecen sobre las condiciones generales en todo y por todo y las derogan en lo pertinente”.

Teniendo en cuenta el control administrativo previo ordenando por la ley sobre el contenido de la póliza y sus modificaciones sustanciales (control que también está estipulado para las últimas en el propio contrato por el lit. c preinserto), la aptitud derogatoria que el literal d) in fine , les confiere a las condiciones particulares respecto de las condiciones generales, solo puede admitir en áreas de la congruencia atribuirles a los textos confrontados, una interpretación lógica; la condición particular derogatoria prevalecerá sobre las condición general derogada siempre que tal derogación o alteración supresiva de la última haya obtenido la previa aprobación de la (*)Superintendencia Bancaria. De lo contrario se violaría el mandato legal del control administrativo previo. Aún más: como para tales alteraciones se halla estipulado dicho control dentro del propio contrato, suponer que este adopte positiva y negativamente, en dos literales sucesivos, el requisito de la aprobación superintendencial, es un ilogismo que destruye en su propia entraña la estructura del contrato. Sería inocuo aducir que tales mutaciones, mediante condiciones particulares, son autorizadas por el artículo 7º de la Ley 27 de 1888 sin la previa aprobación superintendencial. Dicha ley, que no exigía la aprobación previa de las pólizas por la superintendencia, fue tácticamente derogada por el artículo 20 de la Ley 105 de 1927, que es posterior y si la exige, de la cual emana la doctrina administrativa que precisamente para preservar el seguro como contrato de adhesión controlada, precisa que toda modificación sustancial de las condiciones generales requiere de la previa aprobación superintedencial; y que solo se excluyen de este control las modificaciones de carácter particular, que, a solicitud del interesado, se introduzcan en el contrato. En resumen, toda modificación o alteración de las condiciones generales de la póliza, causada por otra condición general o particular, exige la previa aprobación de la (*)Superintendencia Bancaria; no así las particulares, modificatorias de otras que también lo sean o que dejen intactas las condiciones generales, siempre y cuando sean introducidas a solicitud del asegurado.

La solicitud del asegurado es conditio sine qua non para fijar el límite del valor asegurable en algunas pólizas de incendio, de carácter obligatorio para las compañías aseguradoras según las disposiciones de las tarifas para incendio que se han traído a colación en esta litis. En el propio reglamento de “tarifas para seguros contra incendio”, que se invoca en el sub judice, adoptado por Asecolda y aprobado por la superintendencia, se puede observar que respecto de las llamadas “pólizas de declaraciones”, las aseguradoras estiman que “se entiende por límite la suma máxima que esta garantizando la compañía en cada riesgo con valor separado” (Libreto, art. 2º, pág. 35), y se obliga por dicho reglamento a que “los cambios de los límites solo serán efectivos si ha mediado la solicitud previa y escrita del asegurado y la compañía les han impartido su aprobación” (Ibíd. art. 11, pág. 37).

Cabe observar cómo —sin lugar a dudas— el contexto probatorio demuestra plenamente: a) que las cláusulas adicionales o anexos (1) y (2) no fueron pactados a solicitud del asegurado IFA, sino que le fueron presentados a este por la compañía aseguradora, es decir, que fue esta la que tomó la iniciativa sobre el particular; y, b) que ambos anexos, y más concretamente el último, implican alteraciones sustanciales de las condiciones generales de la póliza 18.610; luego, de acuerdo con la ley, doctrina y el mismo contrato de seguros, deberían haberse sometido a la aprobación previa de la (*)Superintendencia Bancaria, y, según está plenamente probado, no medió dicha aprobación antelada. Más adelante se analizará a espacio la tesis que sustento acerca de la alteración o modificación sustancial que, respecto de las condiciones generales de la póliza 18.616, implican las referidas cláusulas adicionales (1) y (2).

3.La ambigüedad del anexo (2)

Los testimonios de González y de Valderrama (agente de la aseguradora y funcionario del IFA, en su orden), concuerdan en que las adiciones fueron extendidas y presentadas por Colseguros al IFA, sin que mediara solicitud de este, tal hecho es aceptado por el tribunal. Pero la declaración de Valderrama agrega un elemento fáctico nuevo e importante: dice que el agente le explicó, al presentar ambas cláusulas, que estas se aplicarían “para aquellos algodones que una vez terminado el trayecto interior y llegados a su punto final, pasasen nuevamente a poder del instituto por haberse extinguido el contrato de depósito” (cdno. 1, fls. 133 vto. y 134). El hecho nuevo consiste en la explicación dada por el agente a los funcionarios del IFA, en el sentido de que las limitaciones de las cláusulas solo versarían sobre el almacenamiento de algodón una vez terminado el trayecto interior, cuando las mercancías quedaran nuevamente en poder del instituto por la extinción de los contratos de depósito.

De ser verídica la aserción de Valderrama (no corroborada pero tampoco controvertida por ningún otro testimonio), las inferencias colegibles serían:

a) Que el IFA suscribió las cláusulas en el entendimiento de que en ningún caso afectarían los intereses del almacén depositario, puesto que solo tendrían efecto después del contrato de depósito;

b) Que, por tanto el IFA entendió circunscribir la validez de las cláusulas a las solas relaciones con la aseguradora, respecto de bienes ya excluidos del depósito;

c) Que, por lo anterior, no le comunicó a Almagran la existencia de las cláusulas adicionales y limitativas de la responsabilidad de Colseguros;

d) Que el IFA, al suscribirlas se vio inducido a suponer la vigencia sucesiva de dos clases de valores asegurados sobre el algodón: los valores de los certificados de seguro expedidos para seguridad y beneficio prioritario de Almagran, durante el trayecto de la mercancía y mientras estuvieran en vigor los contratos de depósito; y el valor del seguro limitado a un máximo de 5 millones por cada bodega o lugar de almacenamiento, una vez terminado el trayecto interior y fenecidos los depósitos;

e) Que, como consecuencia de lo anterior, presumiblemente el IFA llegase a considerar lógico el pacto contenido en la cláusula (2), de que el límite de 5 millones no se modificaría al estipular valores asegurados superiores en los certificados de seguro, y

f) Que, por las reiteradas explicaciones del agente, el IFA habría sido inducido a estimar que las cláusulas adicionales se referían especialmente a la reglamentación del almacenamiento de algodones, sustraídas del depósito y la retención, habida cuenta de los cálculos aritméticos que en cada oportunidad efectuó el gerente para comprobar que el riesgo unitario era inferior al límite máximo de 5 millones.

Aun en el caso de que, como aquí se hace, las anteriores deducciones se mantengan en el plano de la simple inferencia lógica, es forzoso concluir que tanto a primera vista como después de su exploración más atenta, las cláusulas examinadas —especialmente la última— ofrecen serios motivos de confusión, originadas precisamente al cotejar su contenido explícito con la naturaleza implícita del contrato de seguro de transporte. El suscrito no puede sustraerse a esta impresión, especialmente respecto de la cláusula (2). La oscuridad de esta proviene, entre otros motivos: i) de que a las permanencias del bien transportado —que emanan de la naturaleza misma del seguro de transporte como emergencias casuales, eventuales o accidentales de índole incompletamente moderable— se les da una regulación estricta, sujetándolas a un patrón reglamentario minucioso y preciso, que es demás extraño a este tipo de seguro desde el punto de vista del riesgo-efecto; ii) De que, aún extendiendo el límite máximo de la responsabilidad o valor asegurado en la cláusula a los certificados de seguro, con prescindencia de los valores también asegurados que constan en los últimos, precisamente por tal extensión de carácter expreso en la primera y tácito en los segundos, brota de la propia entraña contractual una duplicidad en la evaluación del interés asegurado, cuya unidad cuantitativa pertenece a la naturaleza del contrato, que pone en contrapunto el valor fijado en la cláusula como parte del “acuerdo normativo” enfrentado a otros valores fijados en los certificados, los cuales —según la póliza— son la prueba legal del seguro y consiguientemente el título de recaudo indemnizatorio. iii) De que la cláusula se refiere a siniestro, en forma genérica, concepto que así tomando “in genere” corresponde (por la naturaleza del seguro de transporte) al riesgo-efecto (pérdida total, falta de entrega, avería particular, etc.) y no al riesgo-causa (incendio, volcamiento, choque, robo, hurto, etc.) y las reglamentaciones de almacenamiento en permanencias solo podrían aplicarse en caso de incendio. iv. de que, sin mencionar el algodón la cláusula se refiere a “las permanencias de los bienes asegurados” que a más de aquel, según la póliza, también lo son la maquinaria y demás mercancías del interés del asegurado, bienes estos últimos respecto a los locales no podría regir la reglamentación de almacenamiento aplicable al algodón, y v) de que resultan evidentemente incompatibles dos proposiciones seguidas de la cláusula a saber: a) la que, en caso de siniestro, limita la responsabilidad máxima a x por cada bodega o lugar de almacenamiento, y b) la que limita a la misma cantidad x por el almacenamiento (general) permitido por el seguro, de lo cual surge la siguiente disyuntiva: o se debe pagar tantas veces x cuantas bodegas o lugares de almacenamiento padezcan siniestros separados o solo se debe pagar un máximo de x equivalente al valor del almacenamiento general permitido por el seguro, sin atención a los distintos lugares o bodegas en que globalmente se halle distribuido ese almacenamiento.

De análisis precedente se deduce que la ambigüedad de la cláusula (2) resulta manifiesta; y demostrado como está que la cláusula ambigua fue extendida por la aseguradora, es pertinente interpretarla contra ella, en razón de que las explicaciones que debió dar acerca de su alcance fueron insuficientes y aun imprecisas, como puede colegirse de los testimonios cotejados que rinden en este juicio al agente de la aseguradora, señor González, y el funcionario del IFA, doctor Valderrama. El primero dice haber presentado la cláusula, a nombre de la compañía, con la aseveración de que era un reglamento obligatorio que exclusivamente se refería al almacenamiento del bien asegurado. El segundo admite el aserto anterior, pero agrega que igualmente se le hizo el de que la cláusula solo afectaba bienes sobre los cuales ya se hubiera extinguido el depósito. Sea lo que fuere, lo cierto es que la cláusula es ambigua de por sí, y que fue extendida por la aseguradora sin que aparezcan las explicaciones adecuadas que purgaran su ambigüedad. Procede, en consecuencia, la interpretación de la cláusula (2) en contra de la aseguradora, según lo preceptuado por el artículo 1624 del Código Civil.

Si lo anterior surge de las reglas generales del derecho civil, la doctrina del seguro no es menos estricta. Ancey, Lapargneur, Besson y Picard, entre otros, concuerdan en el principio de la interpretación de las cláusulas oscuras en contra de la aseguradora que las extiende. Halperin, concretando la teoría al riesgo asegurado, expresa: “De ahí también que en caso de duda acerca de la extensión del riesgo, debe estarse por la obligación del asegurador, no solo porque el redacta las condiciones del contrato, sino porque está en mejores condiciones que el asegurado para fijar precisamente y de manera indubitada la extensión clara de sus obligaciones, sin poder pretender crear en el espíritu del tomador la falsa creencia de una garantía de inexistente” (Halperin “Contrato de seguro”, pág. 297). El autor Benítez de Lugo, tan reticente en considerar el seguro como un contrato de adhesión rígida, no vacila sin embargo en conceptuar que “cuando la cláusula es ambigua u oscura, se interpreta en contra del asegurador, por ser quien la redactó, por aplicación del principio jurídico interpretatio facienda es contra eum qui clarius qui potuit et debuit” (Benítez de Lugo ”Tratado de Seguros” T. I., pág. 396). Entre los autores nacionales, Ossa opina que por ser el seguro un contrato de adhesión “sus cláusulas ambiguas se interpretan contra la persona o entidad a cuyo cargo estuvo la redacción del documento contractual” (Op. cit. pág. 276).

4. El alcance jurídico de las modificaciones

El tribunal expresa, con indudable acierto, que la validez jurídica de las modificaciones introducidas a un contrato de seguros pueden adolecer de irregularidades análogas a las que afectarían o perturbarían, en su caso, el valor jurídico de adiciones o modificaciones introducidas a cualesquiera otras clases de contratos conforme a la teoría general del derecho civil; pero que, según la doctrina, “por lo menos la eficacia de las modificaciones debe dimanar de su ajuste a la sustancia esencial y natural del contrato. Esto significa que las adiciones y modificaciones en ningún caso pueden llegar a desvirtuar la esencia ni la naturaleza del primitivo contrato, ni mudar las características de la clase de seguro que originalmente hayan pactado los contratantes, ni hacer, por ende, que el contrato derive hacia otra forma particular o específica de seguro” (Sent., parte motiva 13, resalta). Como corolario de lo anterior, y de acuerdo con la doctrina, el tribunal reitera que “las modificaciones en ningún caso pueden llegar a afectar la estructura esencial o natural del contrato original tornándolo en otra especie o clase de seguro” (Ibíd., resáltese).

Espero, de las sólidas premisas anteriores la mayoría del tribunal no dedujo las consecuencias que natural y lógicamente surgían para el caso sub judice, a saber: que los anexos o modificaciones (1) y (2) atacan sustancialmente la esencia y la naturaleza del seguro de transportes originalmente pactado, y que lo hacen derivar hacia otra clase o especie de seguro, o sea hacia uno de incendio.

Habiéndose producido el siniestro durante la vigencia de la cláusula adicional (2), que sustituyó y completó la anterior, y planteada la litis en torno al contenido normativo de dicha modificación, y tal anexo y no al primero deben remitirse el examen del problema según se ha visto, la doctrina administrativa colombiana exige que las modificaciones sustanciales de las condiciones generales de la póliza requieren la aprobación previa de la (*)Superintendencia Bancaria. Presumiblemente el anterior pronunciamiento se inspire en la teoría de la preservación de la esencia y naturaleza primitivas del contrato modificado; pero en todo caso su propósito evidente es evitar que se capa (sic) de tales modificaciones se altere la sustancia de las condiciones generales y se hagan nugatorio el control y previa aprobación superintendencial de la póliza, ordenados por la ley, vulnerando la antelada asistencia oficial prestada a los asegurados en un contrato que, en razón de esa asistencia, se reputa de adhesión controlada. Por otra parte, ya se ha visto cómo el literal c) de la cláusula 18 de la póliza estipula que toda modificación, alteración o adhesión que se haga a las condiciones generales requiere la previa aprobación de la Superintendencia Bancaria.

5. Ineficacia jurídica de la cláusula (2)

El anexo (2) no fue sometido a la aprobación de la (*)Superintendencia Bancaria, según certificación de este organismo que obra en autos (cdno. 9, fls. 88 y vto). Aun haciendo caso omiso de la doctrina superintendencial que consagra el anterior requisito, si el anexo referido entrañare una modificación, alteración o adición de las condiciones generales, la previa aprobación de la Superintendencia Bancaria habría sido una obligación surgida del propio contrato, según aparece en el litera c) de la cláusula 18 de la póliza (véanse 1 y 2). Incumplida la premencionada estipulación contractual, y habida cuenta de que el anexo (2) tiene elementos que modifican, alteran o adicionan las condiciones generales de la póliza, afectando la esencia y la naturaleza del seguro de transportes contratados, cabe predicar la ineficacia jurídica de la susodicha cláusula (2).

No importa que esta cláusula aditiva hubiere sido calificada de condición particular por la aseguradora que la extendió. Más allá de su calificación nominal, interesa establecer su aptitud real como ente jurídicamente capaz de modificar, alterar o adicionar las condiciones generales.

A) La afección de la esencia y de la naturaleza del primitivo contrato. La naturaleza propia del seguro de transportes mantiene el amparo del bien asegurado durante los trasbordos y las permanencias pactadas (C. Co., art. 724, 1º). el aparte inicial de la cláusula 10 de la póliza prevé el primer evento (“trasbordo usual”), y el literal b) de la cláusula 5ª ibídem regula las segundas. Esta condición postula que la póliza se rescinde por “la demora de los intereses asegurados mayor de 30 días en cualquier punto de cargue, descargue o trasbordo, a menos que el asegurado solicite con anterioridad al vencimiento de dicho plazo la revalidación correspondiente y pague la prima adicional” (concordante con la cláusula 12 CGPST).

El anexo (2) hace constar que “en cuanto a permanencia se refiere, la responsabilidad de la compañía aseguradora en caso de siniestro se limita a un máximo de cinco millones ($ 5.000.000) moneda corriente en cada bodega o lugar de almacenamiento”.

Esta noción (bodega o lugar de almacenamiento) corresponde al reglamento para los seguros de incendio sobre algodón que regía en la época del anexo (regla 31), reglamentación presentada por Asecolda y aprobada por la (*)Superintendencia Bancaria mediante oficio 4334 del 26 de diciembre de 1961. Pero en la cláusula adicional (2) no se hace referencia expresa ni a la especie algodón, ni al riesgo de incendio. Ella trata exclusivamente de “los bienes asegurados”, los que, a más de algodón o su semilla, eran la “maquinaria y demás mercancías similares del interés del asegurado”, y los riesgos eran todos los amparados por el seguro de transportes.

Surgen dos situaciones: 1. El reglamento para almacenar algodón era inaplicable a los demás bienes asegurados; 2. La prevención del incendio, al cual podría aplicarse el reglamento, es apenas una de las causas determinantes de la gama de riesgos cuya completa protección ofrece el seguro de transporte.

En primer término, si conforme a las estipulaciones de la póliza el bien asegurado hubiera sido maquinaria (v.gr. desmotadoras de algodón), ciertamente habría resultado físicamente imposible la dispersión de tales elementos en bodegas o lugares de almacenamiento en la forma prevista por el reglamento para la fibra de algodón. En consecuencia para bienes distintos de algodón —pero también amparados— el anexo impone condiciones imposibles y por tanto jurídicamente inválidas. Pero el anexo se refiere a las permanencias de “los bienes asegurados” (es decir de todos los comprendidos por la póliza en el lit. c. C.P.), y no menciona expresamente el algodón. Luego por la inclusión de bienes no susceptibles de la forma de almacenamiento previsto, y por la omisión del único bien que admitía dicho almacenamiento, el anexo incurre en una grave contradicción, inhibitoria de su misma aplicabilidad práctica, que aniquila su validez jurídica.

En segundo término, el seguro que originalmente es de transportes (con la cobertura plena de los riesgos inherentes a los bienes en tránsito) por virtud del anexo, y “en cuanto a las permanencias de los bienes asegurados se refiere”, tórnase perceptiblemente en seguro contra incendio respecto de uno solo de los bienes asegurados: el algodón. Aunque no se declara explícitamente la contracción de los riesgos a uno solo de los amparados, sino que se emplea la expresión genérica “en caso de siniestro”, la reglamentación específica de incendio adoptada por el anexo para las permanencias restringe, en la práctica, durante las últimas, a tal riesgo específico, el primitivo alcance plenamente protector del seguro de transportes pactado. En el trayecto, sometidos a movilidad, los bienes estaban amparados contra todo riesgo efecto; en cambio durante las permanencias (en virtud del reglamento de amparo contra incendio sobre algodón referencialmente incluido por el anexo), el primitivo seguro contra todo riesgo y sobre varios resulta forzosamente constreñido a amparar algodón únicamente contra el riesgo-causa de incendio. De suerte que, durante las permanencias o demoras acaecidas en el curso del trayecto, la esencia propia del seguro de transportes originalmente pactado se afecta y comprime por un reglamento de almacenaje solo aplicable a algodón para prevenir el riesgo de incendio. La afección esencial del contrato inicialmente concluido resulta evidente. La derivación de un seguro de transportes a uno de incendio, al menos en las permanencias del bien, aparece aquí consumada. En consecuencia, la nota de indivisibilidad del seguro en general, y la ausencia de “solución de continuidad” en el amparo pleno ofrecido por el seguro de transportes (C. Co., art. 724, 1º) salen comprometidas por la reglamentación exorbitante a que las somete el anexo comentado. Ya se observó antes cómo, en razón de sus características naturales, el seguro de transportes no admite que en las emergencias de trasbordo o demora el bien asegurado pueda someterse completamente a un almacenaje regular y minucioso. Tal exigencia en la generalidad de los casos resulta físicamente imposible, y, por ello, repugna a la naturaleza propia del amparo. Este, sin atenuarse o reducirse, aunque los riesgos puedan aumentarse, continúa protegiendo la totalidad de los bienes contra la totalidad de los riesgos por un tiempo convencionalmente acordado, aunque prorrogable por las revalidaciones del seguro (véase póliza, cláusula 5ª letra b).

Por lo anterior es apenas lógico deducir que la adición introducida por el anexo (2), a más de efectuar la esencia y la naturaleza del contrato, altera sustancialmente la condición general de la póliza identificada con la letra b, numeral 5º (en concordancia con la 12 CGPST) que no somete a las demoras admitidas o convencionalmente prorrogadas a la estricta reglamentación aplicable para el seguro contra incendio sobre el algodón.

Por ello, la certificación de la (*)Superintendencia Bancaria es terminante, según puede verse a folio 88 y vto. del cuaderno primero: “las disposiciones contenidas en las “tarifas de seguros para incendio” de la Asociación Colombiana de Compañías de Seguros Asecolda aprobadas por este despacho, son aplicables exclusivamente, a los riesgos tomados bajo la “póliza de seguros” contra incendio de las compañías que operan en dicho ramo”. A dichas tarifas pertenece el reglamento para el seguro contra incendio de algodón que se adoptó para el seguro de transporte del sub judice (véase libreto “tarifa, etc.” punto 31, pág. 48 cdno. y ss.).

Lo que en el siguiente literal B) de este mismo aparte se predica de otra alteración es igualmente predicable de la presente.

En razón de la dualidad formal —que no sustancial—, propia del seguro de transportes, dualidad constituida por el “acuerdo normativo” que es la póliza y por el certificado de seguro que es la concreción de este, y dado el hecho de que el valor asegurado, el trayecto específico amparado para cada remesa, la identificación de los bienes, su forma física, su cantidad, su calidad y su precio, las primas causadas y pagadas por cada despacho, y otras condiciones particulares y especiales, constituyen datos que figuran en el certificado de seguro y no en la póliza, resulta apenas obvio que, en caso de acaecer el siniestro, la prueba legal que sirva de título de recaudo del resarcitorio a favor del asegurado y a cargo del asegurador, deba ser el propio certificado de seguro y no la póliza, pues en aquel y no en esta se concentran los elementos de explicitud, claridad y exigibilidad actual que el artículo 982 del C.J. le atribuye a un documento para que sirve formal y materialmente de título “in debendi”. Ocurrido el siniestro, el documento llamado certificado de seguro y no la póliza, es el que reúne los ingredientes formales y materiales generadores en concreto de una “obligación expresa, clara y actualmente exigible ... de pagar una cantidad líquida de dinero” según las voces de dicho texto. La póliza no contiene ninguno de dichos elementos concretos, y, a fortiori, no incluye el principalísimo del valor asegurado, equivalente en este caso al “guarismo determinado” necesario para configurar el título ejecutivo, de conformidad con el precitado mandato. Luego necesariamente, no solo porque así lo establezca el inciso 2º de la primera condición general, sino porque reúne las exigencias requeridas por la ley para constituir título “in devendi” expreso, claro y exigible a posteriori del siniestro, es el certificado de seguro y no la póliza el documento que ineludiblemente asume el carácter de prueba legal para acreditar el derecho a la indemnización.

Por otra parte, si no fuera así, en las pólizas de varios, que a más de no ser conocidas por los asegurados ni siquiera ser físicamente vistas por estos, y que son pólizas mantenidas en depósito y reserva por las propias compañías aseguradoras, resultaría por lo menos problemático que, después del siniestro, y sin el certificado de seguro en su poder, le sirvieran al asegurado para acreditar su derecho a la indemnización. La buena fe que rige las relaciones del seguro procura que, en tales casos, y aun con posterioridad al siniestro amparado por la póliza automática de varios, la compañía expida el certificado de seguro según los resultados del ajuste, para que el asegurado posea el título idóneo que respalde a plenitud y pruebe legalmente su pretensión indemnizatoria.

Lo que realmente ocurre es que la dicotomía póliza-certificado es puramente formal y no sustancial. Se trata de dos documentos integrados correspondientes a la exigencia de regular una convención de tracto sucesivo en dos momentos de su proceso. Por eso en la sentencia se expresa que para cada caso particular definido por el certificado de seguro, rigen automáticamente las condiciones de la póliza, no como simple fuente de referencia de la realidad negocial, sino como parte integrante y esencial de ella. Por ello, en sustancia, el conjunto de ambas piezas es el seguro. Tanto es así, que algunos tratadistas las distinguen, en su orden, con la denominación de póliza primaria y póliza anexa; o bien, de clausulado general de la póliza y de clausulado certificatorio o específico de la póliza. Pero ciertamente este último, o sea el certificado, es la parte integral del seguro, que, por reunir los ingredientes de “probatio in extremis”, viene a justificar como parte sustancial del contrato la obligación definida que resulte del último, y por ende, es dicho certificado la prueba legalmente idónea para demostrar con exactitud, precisión, claridad y actualidad los extremos cuantitativos y cualitativos de dicha obligación. En todo caso, se trata de establecer si, en un seguro automático de transporte, el anexo que desconoce el certificado como medio legalmente idóneo para probar el extremo del valor asegurado envuelve o no una alteración sustancial de la condición general (cláusula 1ª inc. 2º) que le atribuye dicho carácter legalmente probatorio al certificado de seguro, lo cual va a examinarse a continuación.

B) La modificación de la prueba principal del seguro. Obsérvese que la póliza, por constituir un amparo automático, establece dos medios de prueba, a saber: uno principal, los certificados de seguro (cláusula 2 inc. 2º CGTPST); y otro supletorio: la misma póliza (letra c, C.P.). Este último es una excepción al primero, y sirve de prueba “siempre que el siniestro que motive la reclamación quede cubierto por el seguro en lo referente a trayecto asegurado y riesgos” pactados en la misma póliza (Ibíd. C.P.).

La adopción de la póliza como medio de prueba supletoria del seguro es una consecuencia emanada de la automaticidad del amparo, cualidad que consiste en la asunción de los riesgos aún sin conocimiento previo de la fecha en que empiezan a correr por cuenta del asegurador. (Sobre las propiedades de la póliza automática véase “Manual de seguro de transportes, y Guía de instructor” cdno. 1 fls. 144 a 160). En tal caso, y si ocurriere el siniestro, la falta se especificación del interés asegurado en el certificado de seguro es suplida con el ajuste posterior, y una vez complementada con el valor de este, la póliza sirve de prueba legal para el reclamo indemnizatorio. Sin embargo, ordinariamente aun después del siniestro suele expedirse el certificado de seguro sobre el bien afectado para la petición resarcitoria.

En todo caso, el valor del interés asegurado es el mismo de la cosa en su lugar de destino (cuando se trata de valor admitido, como en el presente caso), o el valor del costo en el lugar del siniestro (cláusula 8, CGPST), y la prueba principal del seguro es el certificado correspondiente, en el que junto con otros datos consta el valor. Pues bien: en el anexo (2) se introdujo una alteración sustancial de las condiciones generales: la inhabilitación del certificado del seguro como prueba principal en cuanto al dato básico del valor asegurado, contrariando lo previsto por el segundo inciso de la cláusula 2ª de las condiciones generales de la póliza. Esta alteración efectuada sin la previa aprobación de la (*)Superintendencia Bancaria (y pretermitiendo además el antedicho requisito postulado también en el literal c de la cláusula 18 ibíd.) lesiona un punto medular del contrato: tal lesión consiste en la sustitución o supresión del principal medio de prueba establecido por la póliza para el reclamo o la acción de recaudo. Las condiciones generales establecían que como prueba legal del seguro debería estarse a las especificaciones (entre otras el valor del interés asegurado) que constaran en los certificados de seguro; en cambio el anexo altera fundamentalmente esa condición, al establecer, en contra de ella, que el valor asegurado no será el del interés asegurable que conste en los certificados, sino que, cualquiera que este sea, tendrá un límite de 5 millones. Es decir, que la principal prueba (los certificados) podrían presentar, como en efecto presentan, valores asegurados distintos a otro valor máximo, también asegurado, consignado en una adición que buscaba sustituir la eficacia probatoria atribuida a aquellos por las normas básicas de la convención.

Quitarles la fuerza probatoria principal que les daban las condiciones generales a los certificados y atribuírsela a otro instrumento implica la alteración de tales condiciones; y esa alteración, carente de la previa aprobación de la superintendencia exigida por el mismo contrato, acusa la inanidad jurídica del acto enderezado o causarlas. Otra cosa habría ocurrido si la limitación del interés asegurado se hubiera hecho constar expresamente en los certificados de seguro, prueba principal de este según las condiciones generales. En tal evento no se habrían alterado las últimas, y la limitación de la responsabilidad que constara expresamente en aquellos constituiría sin duda alguna el límite máximo del valor asegurado, como elemento expreso, material evidente de la prueba principal para demostrarlo, según las referidas condiciones. Pero desconocer, por un anexo, la condición general que pre-establece el certificado como instrumento legalmente probatorio del seguro (prueba obviamente demostrativa de todos sus elementos, incluido el valor asegurado), para sentar en cambio que el valor límite de dicho anexo constituye el máximo asegurable y no los valores asegurados que pudieran hacerse constar en los certificados, esto es, en la prueba legal idónea para demostrar el valor asegurado, envuelve una alteración sustancial y manifiesta de la condición general que les confiere a dichos certificados el carácter de principales medios demostrativos del seguro. Esta alteración entraña la ineficacia jurídica del anexo.

C) El límite de la cantidad y el límite del valor

El reglamento de almacenamiento contenido por la “Tarifa para seguros contra incendio”, que para este riesgo suele agregarse íntegramente como anexo (y no adoptarse mediante simple citación referencial como acaece en el sub judice), fija las pautas de almacenaje sobre cantidades límites, y no sobre valores límites. En efecto, la disposición pertinente establece la siguiente medida cuantitativa: “Algodón en fibra (pacas prensadas), a la intemperie: 300 toneladas o 1.200 pacas“ (libreto pág. 48 F). En cambio la cláusula (2), al invocar el reglamento simultáneamente lo viola porque establece el almacenaje unitario sobre una pauta de valor: el límite de 5 millones de pesos como almacenamiento permitido por el seguro. El cambio del patrón medida (cantidad) que la compañía trueca en el patrón medida (valor) no solo induce a confusión sino que provoca automáticamente la violación del reglamento que dice aplicar, puesto que determina la posibilidad de acumular en “un solo riesgo” un tonelaje y un número de pacas en cantidad mayor a la que el reglamento ordena. Lo anterior se colige de que, a un precio de $ 8.18 el kilo, una cantidad de almacenamiento de algodón por valor de $ 5.000.000 contendría aproximadamente 611.2 toneladas o sea 2.444 pacas.

En consecuencia, si tal reglamento de almacenaje propio del seguro de incendio se aplica al seguro de transporte del sub lite, la adopción por la aseguradora de una medida de valor desechando la medida de cantidad ordenada por aquel llega a rebasar, según lo visto, los límites cuantitativos de almacenamiento por unidad de riesgo ordenados por el susodicho reglamento, el cual, por ende, resulta objeto de violación en el momento mismo de ser aplicado.

Un reglamento extraño al seguro específico de transportes no puede ser invocado como fuente de obligación o de extinción de esta, menos en el caso de que la parte que lo invoca, a fuer de extraerlo de materia distinta a la propia del contrato, lo ha vulnerado desde el momento mismo de su aplicación.

D) La ausencia de solicitud del valor “límite” por el asegurado

Ni la cláusula (2) lo expresa, ni siquiera se ha insinuado en el juicio, ni las tasas cobradas por concepto de primas permiten colegir que el primitivo seguro de transporte se hubiera hecho derivar por las partes hacia uno de incendio, caso en el cual serían aplicables las disposiciones sobre almacenamiento de algodón correspondientes a la “tarifa de seguros contra incendio” que la demandada ha invocado en el presente seguro de transportes, y que, como se ha visto, la (*)Superintendencia Bancaria certifica que solo son aplicables a los riesgos de incendio. Si embargo, y por lo menos para las “pólizas de aclaración” (véase 2), el propio reglamento tarifario exige que, en los seguros contra incendio contratados bajo dicha modalidad, los cambios de los límites de los valores asegurados solo serán efectivos si ha mediado la solicitud previa y escrita del asegurado, solicitud que en este caso el IFA nunca presentó, como se ha demostrado suficientemente en el proceso.

En el mencionado evento de la sustitución del seguro de transportes por otro de incendio, el reglamento correspondiente debería haberse aplicado en su integridad, y, por tanto, el límite del valor asegurado debería haber sido solicitado por el IFA, y no promovido inicialmente por la compañía, como ocurrió en el sub judice.

Si me aparto de la decisión mayoritaria por cuanto estimo —contra su respetable parecer— que las cláusulas (1) y (2) son jurídicamente ineficaces y que como efecto de tal ineficacia procede condenar a la aseguradora a pagar al asegurado la totalidad de la indemnización reclamada, obviamente considero, como corolario lógico de dicha tesis, que las costas deben correr, total exclusivamente, a cargo de la Compañía Colombiana de Seguros S.A. En virtud de la tesis de fondo que por las razones aducidas he sustentado durante las deliberaciones del tribunal, mi posición resulta disidente también frente al proveimiento accesorio sobre costa. No solo porque mi punto de vista es el de que debería condenarse a la demandada en la totalidad de lo demandado, sino porque —aunque aquí mi posición esté rebasada por la sentencia resultante— no considero que ante el acogimiento parcial de la demanda resulta lógico condenar en costar a ambas partes.

Las consideraciones precedentes fundamentan, en mi sentir, la ineficacia jurídica de las modificaciones tantas veces referidas y la inaplicabilidad de un reglamento de almacenaje ajeno al seguro de transporte que fue el pactado por las partes. Por ello, he salvado mi voto en la sentencia que puso fin al presente litigio. Me hallo dentro del término previsto por el artículo 52 del C.J. para sustentar, por escrito, mi voto disidente.

De los señores árbitros mayoritarios, con todo respeto.

Notificación: Bogotá, mayo veintinueve (29) de mil novecientos setenta (1970). En esta fecha notifiqué personalmente la sentencia anterior al señor apoderado del Instituto de Fomento Algodonero, IFA, doctor Marco Alzate Avendaño. Impuesto firma.

Notificación: Bogotá, mayo veintinueve (29) de mil novecientos setenta (1970). En esta fecha notifiqué personalmente la sentencia anterior al señor apoderado de la Compañía Colombiana de Seguros S.A., doctor Jorge Bazzani. Impuesto firma.

Tribunal de arbitramento – Secretaría. Bogotá, junio tres de mil novecientos setenta. Pasa a los señores árbitros informando que la sentencia en el presente juicio arbitral fue notificado personalmente a los apoderados de las partes con fecha veintinueve (29) de mayo del año en curso, y que el término de ejecutoria venció ayer (2) de junio, sin que las partes hubieran presentado ninguna solicitud.

Bogotá, junio cuatro de mil novecientos setenta.

Por la secretaría practíquese la liquidación de las costas.

El tribunal estima el valor de las agencias en derecho de las partes en ciento veinte mil pesos ($ 120.000) para cada una de ellas. Inclúyanse.

Cúmplase.

Tribunal de arbitramento – Secretaría. Bogotá, junio doce de mil novecientos setenta. En cumplimiento del auto anterior, el suscrito secretario presenta la siguiente liquidación de costas:

A cargo del Instituto de Fomento Algodonero, IFA:

V/. 38 sellos de papel$ 38.00
V/. 2 estampillas de timbre nacional$ 4.00
V/. Agencias de derecho$ 120.000
Total$ 120.042
Son: Ciento veinte mil cuarenta y dos pesos m /cte.

A cargo de la Compañía Colombiana de Seguros S.A.:

V/. 71 sellos de papel$ 71.00
V/. 4 estampillas de timbre nacional$ 6.00
V/. agencias en derecho$ 120.000
Total$ 120.077
Son: Ciento veinte mil setenta y siete pesos m./cte.

Bogotá junio, quince de mil novecientos setenta

De la anterior liquidación de costas practicada por la secretaría córrase traslado a las partes por el término común de tres días.

Notifíquese.

Tribunal de arbitramento – Secretaría. Bogotá, junio dieciséis de mil novecientos setenta. En esta fecha notifiqué personalmente el auto anterior al doctor Marco Alzate Avendaño, apoderado del Instituto de Fomento Algodonero, IFA, y le corrí el traslado allí ordenado, advirtiéndole que lo autos quedan a su disposición en la secretaría para efectos del traslado. Impuesto firma.

Tribunal de arbitramento – Secretaría. Bogotá, junio dieciséis (16) de mil novecientos setenta. En esta fecha notifiqué personalmente el auto anterior al doctor Jorge Bazzani Clavijo, apoderado de la Compañía Colombiana de Seguros S.A., y le corrí el traslado allí ordenado, advirtiéndole que los autos quedan a su disposición en la secretaría para efectos del traslado. Impuesto firma.

Tribunal de arbitramento – Secretaría. Bogotá, junio veinte de mil novecientos setenta. Pasa a la consideración del honorable tribunal de arbitramento informando que el término de traslado venció ayer diez y nueve de los corrientes, sin que las partes hubieran formulado objeción alguna a la liquidación de costas.

Tribunal de arbitramento

Bogotá, junio veintidós de mil novecientos setenta.

Apruébase la anterior liquidación de costas practicadas por la secretaría.

Notifíquese.

SALVAMENTO DE VOTO

Bogotá D.E., junio veintidós de mil novecientos setenta.

Como consecuencia de los puntos de vista en que apoyé mi salvamento de voto respecto de la sentencia que puso término al presente litigio, proferida por la mayoría de lo árbitros el 29 de mayo de 1970, debo apartarme igualmente del auto por el cual se aprueban las costas del mismo. La disidencia sustentada respecto de este extremo accesorio de la litis obedece a que, como ya lo expresé, al estimar jurídicamente ineficaces las cláusulas adicionales (1) y (2) en las cuales se concretó la controversia, estimo así mismo que debió condenarse a la demandada a pagar al demandante la totalidad de la indemnización, y por tanto, a cubrir total y exclusivamente las costas del juicio.

Árbitro Jorge Vélez García 

Tribunal de arbitramento – Secretaría. Bogotá, junio veintitrés de mil novecientos setenta. En esta fecha notifiqué personalmente a los apoderados de las partes el auto de veintidós de los corrientes. Impuestos firman.

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