Sentencia de diciembre 14 de 1976 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

VENTA DEL BIEN EMBARGADO

Es nula por objeto ilícito

Magistrado Ponente:

Dr. Ricardo Uribe Holguín

Bogotá, D.E., catorce de diciembre de mil novecientos setenta y seis.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en este proceso ordinario de Daniel Hernández Olarte contra Luis Alberto, Gilberto, Juvenal, Anastasio, Elicio y Evaristo Cifuentes Peñalosa y los menores María del Carmen, Teresa de Jesús, Susana, Miguel Antonio y Jorge Cifuentes Peñalosa, representados estos por su madre legítima Natividad Peñalosa vda. de Cifuentes.

I. Antecedentes

1. El libelo que dio origen al proceso contiene las siguientes pretensiones:

1. Que se declare absolutamente nulo, “o en su defecto totalmente inexistente”, el contrato de transacción contenido en la Escritura 821, otorgada en la Notaría de La Vega el 29 de septiembre de 1964.

2. Que como consecuencia de la declaración de nulidad o inexistencia anteriormente suplicada, se condene a los demandados a restituir al actor la suma de $ 30.000, con sus intereses corrientes computados desde el mismo 29 de septiembre de 1964 hasta la fecha del pago.

3. Que se declare absolutamente nulo, “por ausencia de causa, por falsa causa u objeto ilícito”, el contrato de arrendamiento de que da razón el documento privado suscrito también el 29 de septiembre de 1964 en cumplimiento de lo estipulado en la cláusula séptima del de transacción.

4. Que como secuela de esta segunda declaración de nulidad, se declare que las partes contratantes deben ser restituidas al estado en que se hallaban antes de celebrar el arrendamiento.

5. Que declare “sin eficacia jurídica de ninguna naturaleza” la confesión presunta del demandante, declarada judicialmente por no haber él concurrido a absolver las posiciones que se le pidieron según consta en actuación que en copia se llevó al proceso ejecutivo instaurado contra él en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá, hoy promiscuo de ese circuito.

6. Que se condene a los demandados a pagar al actor el monto de los perjuicios sufridos por éste a causa del secuestro preventivo de mejoras que le pertenecen, decretado en el proceso ejecutivo antes mencionado.

7. Que se impongan a los demandados las costas del proceso ordinario.

2. Apoya el demandante estas súplicas en hechos que se resumen así:

a) Mediante demanda presentada el 2 de septiembre de 1964 en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá, Natividad Peñalosa vda. de Cifuentes y su hijo Juvenal Cifuentes Peñalosa, obrando como sucesores del causante Juvenal Cifuentes Chaves, pidieron que por los trámites del proceso ejecutivo se librara mandamiento de pago contra Daniel Hernández Olarte, y a favor de la sucesión ilíquida de dicho causante, por la suma de $ 120.000;

b) En el libelo se impetraron medidas cautelares, y como título ejecutivo se adujo copia de la providencia por la cual se declaró confeso a Hernández Olarte respecto de todos los hechos contenidos en el pliego de posiciones formulado por la misma parte ejecutante en actuación previa;

c) Con apoyo en ese título, el juez decretó el embargo y secuestro preventivos de todas las mejoras existentes en la extensa finca rural denominada Altamira, ubicada en el municipio de Nocaima, privando así a Hernández Olarte de la tenencia material de esas mejoras y procediendo contra expreso mandato del artículo 274 del antiguo Código Judicial;

d) A consecuencia de la situación en que esta medida lo colocó, Hernández Olarte se vio obligado a celebrar el contrato de transacción de que da fe la Escritura 821 del 29 de septiembre de 1964 por el cual Anastasio, Juvenal, Elicio y Evaristo Cifuentes Peñalosa, obrando en sus propios nombres, y Natividad Peñalosa vda. de Cifuentes, en el suyo y en el de sus menores hijos Luis Alberto, Gilberto, María del Carmen, Teresa de Jesús, Susana, Miguel Antonio y Jorge, vendieron a Hernández Olarte todas las mejoras plantadas en las parcelas denominadas Santa Isabel, Las Lagunas y Las Colonias, que forman parte de la finca Altamira y cuyas ubicaciones y linderos aparecen allí indicados; mejoras consistentes en casas de habitación, enramadas, plantaciones de caña de azúcar, árboles frutales, etc., que fueron recibidas por Ezequiel Hernández, y luego por Daniel Hernández Olarte, en virtud del contrato de arrendamiento celebrado con el secuestre, quien obró en nombre de la sucesión ilíquida de Luis Bohórquez Ortiz;

e) Como precio de las mejoras se fijó la cantidad de $ 70.000, de los cuales fueron pagados de contado $ 30.000, pactándose que los $ 40.000 restantes se solucionarían al vencimiento del término de seis meses contados a partir del 29 de septiembre de 1964, con garantía de prenda constituida sobre las mejoras vendidas;

f) En la misma escritura de compraventa se hicieron otras declaraciones tendientes a completar la transacción que celebraban las partes para poner fin a las diferencias surgidas con motivo del secuestro y la ejecución;

g) Como quiera que estaba en curso un proceso de venta de bienes hipotecados, promovido en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Facatativá por Aurelio Calderón contra los sucesores de Luis Bohórquez no pudo efectuarse el registro de la Escritura 821, ya que en aquél se decretó el embargo de los terrenos en que están plantadas las mejoras vendidas, embargo que fue registrado el 31 de julio de 1941 en la correspondiente oficina de registro;

h) El mismo día del otorgamiento de la Escritura 821, se celebró entre Natividad Peñalosa vda. de Cifuentes y Juvenal Cifuentes Peñalosa, por una parte, y Daniel Hernández Olarte, por la otra, un contrato de arrendamiento del terreno en que están plantadas las mejoras compradas por este último;

i) Los demandados se atribuyen el dominio de ese terreno invocando la cesión de derechos hereditarios en la sucesión de Luis Bohórquez, que Mercedes Castañeda de Méndez hizo a favor de Juvenal Cifuentes Chaves, según consta en la Escritura 1181 del 12 de agosto de 1958, de la Notaría Novena de Bogotá, y

j) El contrato que contiene la Escritura 821, varias veces citada, es absolutamente nulo, o inexistente, y el de arrendamiento celebrado en la misma fecha en desarrollo del primero es también nulo, por falta de causa, falsa causa u objeto ilícito.

3. Ninguno de los demandados contestó la demanda.

4. El juez del conocimiento negó todas las súplicas de la parte actora, mediante sentencia que fue recurrida en apelación por el demandante y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

II. Motivación del fallo impugnado

1. Después de hacer recuento de los antecedentes hechos e incidencias del proceso, advierte el tribunal que se ha pedido en primer lugar la declaración de ser nulo el contrato contenido en la Escritura 821, invocándose como causales el haber vendido bienes que estaban embargados en el momento de su celebración, hecho que dio lugar a la imposibilidad de efectuar el registro, y el haber vendido en nombre de menores sin el previo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 303 del Código Civil y 1º de la Ley 67 de 1930.

Alude luego el sentenciador a las disposiciones de los artículos 1740 y 1741 del citado código, así como el 2º de la Ley 50 de 1936, para expresar que las nulidades deben ser clasificadas en relativas y absolutas, y éstas, en confirmables e inconfirmables, según se trate de incapacidad absoluta o falta de solemnidades atinentes al acto mismo, o de objeto ilícito o causa ilícita, respectivamente.

2. Admite que en el caso debatido está probado que las mejoras vendidas por los demandados al demandante estaban embargadas en el proceso de venta de cosa hipotecada promovido por Aurelio Chaves representado por su cónyuge y sus hijos, embargo que impidió el registro de la venta de “derechos herenciales”. Pero sostiene que esta circunstancia no genera nulidad de ninguna clase, dado el verdadero sentido del artículo 1521 del Código Civil, que regula la ilicitud del objeto en las enajenaciones. El momento de la celebración del contrato, agrega, no siempre coincide con el de su ejecución. El acuerdo de voluntades puede ser enteramente válido sin perjuicio de que la parte obligada a efectuar la enajenación se vea en la imposibilidad de realizarla, caso en el cual el acreedor tiene derecho a que la prestación debida se ejecute en equivalente.

Trasladando estas ideas al caso del proceso, expresa el juzgador de segundo grado que si los vendedores de las mejoras no pudieron transferirlas al comprador, el contrato los obliga a pagar indemnización de perjuicios, lo cual demuestra que éste no es nulo, sino plenamente válido y eficaz. Y después de citar en su apoyo jurisprudencia de la Corte concluye afirmando que no hay, por este primer aspecto, causa de nulidad del contrato contenido en la Escritura 821. A lo cual agrega que tampoco es éste inexistente, puesto que en los autos no aparece demostrada la falta de ninguno de sus elementos esenciales, cuales son la capacidad, el consentimiento carente de vicios, el objeto lícito y la causa lícita.

3. Por cuanto atañe a la segunda causal de nulidad invocada, sostiene que la falta de licencia judicial y pública subasta no tocan con la naturaleza misma del contrato, sino con el estado o la calidad de las personas que lo celebran, y que la omisión de tales formalidades genera apenas nulidad relativa, con arreglo al artículo 1741 del Código Civil, la que sólo puede alegarse por aquéllos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos, no por otras personas. Y a guisa de argumento complementario, dice que el contrato celebrado por la viuda de Cifuentes puede mirarse como venta de cosa ajena, en lo tocante con los derechos proindiviso de los menores que dijo representar, o sea como contrato válido, atendida la disposición del artículo 1871 del Código Civil.

4. Respecto de la nulidad del contrato de arrendamiento, estima el tribunal que tampoco se configura, habida consideración de que en él se reúnen las condiciones legales de capacidad, consentimiento no viciado, objeto y causa lícitos, agregando que precisamente por haberse celebrado ese contrato y el de transacción contenido en la Escritura 821, los demandados en este proceso, o sean los sucesores de Juvenal Cifuentes Chaves, desistieron del ejecutivo promovido contra Hernández Olarte.

5. En cuanto a la invalidez de las providencias judiciales por los cuales se declaró confeso al demandante, dice que ésta es cuestión que “sólo se puede impugnar dentro del proceso ejecutivo proponiendo excepciones, o se puede por medio de la revisión por la vía ordinaria, de la sentencia de excepciones o de la de pregón y remate, según lo preceptuado por el artículo 1031 del Código Judicial, durante cuya vigencia fue tramitado el presente proceso ordinario. Por consiguiente, no es procedente la declaración de nulidad referente a las decisiones judiciales mencionadas”.

6. Por último, aludiendo a la condenación por perjuicios sufridos por el demandante con motivo del proceso ejecutivo promovido por los sucesores de Juvenal Cifuentes Chaves, dentro del cual se tomaron las medidas de embargo y secuestro preventivos de las mejoras, observa el sentenciador que mientras no se haga la declaración de ser inválidas las providencias constitutivas del título ejecutivo, no puede hablarse de daños causados por el ejercicio normal de un derecho legítimamente adquirido.

III. La demanda de casación

Cuatro cargos propone la parte recurrente, todos ellos por la primera causal.

La Sala se limitará a estudiar y decidir el primero, que encuentra demostrado.

Primer cargo

Está planteado así: violación directa de los artículos 6º, 303, 1502, 1504, 1517, 1518, 1521, 1523, 1740 y 1741 del Código Civil y 1º de la Ley 67 de 1930, por falta de aplicación, y 1871 del citado código, por aplicación indebida.

En desarrollo de su impugnación, el recurrente razona con argumentos que conviene transcribir textualmente:

“El artículo 1521 del Código Civil considera que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial —artículos 39 y 43 de la Ley 57 de 1887—. Y el citado texto legal se encuentra incorporado dentro del título segundo del libro cuarto del Código Civil, que trata de los actos y declaraciones de voluntad. De ello se infiere que es necesario interpretarlo y aplicarlo en función sistemática, y concluir que si habla de objeto ilícito en la enajenación, se está refiriendo a los actos o declaraciones de voluntad que tengan virtualidad para producir o generar la enajenación de un derecho, de un bien, toda vez que este derecho o bien viene a constituir el objeto específico de la obligación que nace de la relación contractual. Es claro que se refiere a los títulos traslaticios del dominio..., a los actos jurídicos que en el momento de celebrarse conllevan un objeto ilícito, y no a la tradición, porque ésta no es el objeto de la enajenación, sino un modo de adquirir el dominio de las cosas, un hecho jurídico (sic) que en el caso específico de la compraventa es generador de una obligación, según se colige del artículo 1880 del Código Civil en concordancia con el 756 ibídem —artículos 745, 746, 747, 749, 752 y 765 del Código Civil.

Si una cosa se halla embargada y ella es materia de una declaración de voluntad, entraña un objeto ilícito, porque el artículo 1502 hace referencia al objeto que es materia de la declaración de voluntad. El artículo 1517 precisa que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se deben de dar, hacer o no hacer. El 1518, al precisar los requisitos del objeto, de las cosas que son materia de la declaración de voluntad, indica que éstas deben ser comerciales. Luego el objeto ilícito está constituido por aquello que es materia de la declaración de voluntad como elemento estructural del contrato. La ilicitud por cons iguiente existe en el momento de la celebración del acto jurídico, y no a posteriori.

Por eso es necesario entender el artículo 1521 en concordancia con los textos legales antes mencionados, y concluir que el objeto ilícito de que habla tiene que existir en el momento en que se suscribe el contrato que genera la obligación de enajenar, de transmitir un derecho de dominio, por cualquiera de los modos idóneos para ello que tengan su fuente en un título —artículo 765—. Las cosas embargadas se encuentran fuera del comercio. Y los textos legales que se vienen examinando, no tratan de invalidez de la tradición, sino de los requisitos para la validez de los actos y declaraciones de voluntad y cuándo hay objeto ilícito en ellos. Los artículos 742 y siguientes dan las reglas para la validez de la tradición”.

Consideraciones de la Corte

En varias sentencias, señaladamente en las de fechas 13 de mayo de 1968, 7 de mayo de 1969 y 7 de noviembre de 1975 (la primera y la última aún no publicadas, la segunda inserta en la G.J. 2310, 2311 y 2312, págs. 91 y ss.), esta Sala había venido sosteniendo la doctrina de que cuando se contrae obligación de enajenar bien inmueble que esté embargado, la tradición de éste es acto nulo, mas no el contrato que a ella obliga, puesto que por el ordinal 3º del artículo 1521 del Código Civil se establece apenas la nulidad de la enajenación del bien trabado, no la del contrato por el cual alguna de las partes se obligó a enajenarlo.

Luego de nuevo estudio detenido y cuidadoso del asunto, la Sala se considera en el deber de rectificar esa doctrina, a lo cual procede con apoyo en las razones que pasa a exponer.

La enajenación de bien embargado

1. Adviértase que la tesis que venía sosteniendo la Sala hace caso omiso de la relación esencial, estrecha e indestructible existente entre el contrato, como título, y la tradición, como modo, desquiciando el régimen contractual concebido por el señor Bello en punto de obligaciones de dar, notablemente distinto del que consagra, el sistema francés.

En efecto: con arreglo al Código Civil colombiano, para que una persona se obligue a otra por acto o contrato, se requiere que éste, a más de reunir otros requisitos, recaiga sobre objeto lícito (art. 1502, ord. 3º). Si el objeto es ilícito, el contrato generador de la obligación es absolutamente nulo, como con toda claridad lo pregonan los artículos 1740 y 1741.

La obligación de dar tiene por objeto hacer tradición de un derecho real, esto es, enajenar. Tal objeto es ilícito si consiste en enajenar cosa que a la sazón esté embargada por decreto judicial, salvo que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello (art. 1521, ord. 3º). Luego es absolutamente nulo el contrato creador de obligación cuyo objeto sea hacer tradición de cosa sujeta a embargo, excepto en los dos casos anteriores.

2. Se ha sostenido, y este argumento forma parte de los esgrimidos en la sentencia impugnada, que lo tocante a estar embargada la cosa a cuya tradición obliga el contrato es asunto que afecta meramente el cumplimiento de la obligación de darla, mas no el contrato mismo, puesto que el no poder hacerse la tradición apenas determina que el contratante acreedor tenga derecho de exigir el pago en equivalente, esto es, en forma de indemnización de perjuicios por la inejecución absoluta en que en tal evento incurre el contratante obligado.

Pero véase a dónde lleva este planteamiento. Conforme al artículo 1521, hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio; de los derechos o privilegios que no pueden transferirse; de las cosas embargadas, a no ser en determinados casos específicos, y de aquéllas sobre cuya propiedad se litiga, excepto en una sola hipótesis. Si fuera nula la enajenación de las cosas embargadas y de las litigiosas, pero no el contrato que obliga a hacerla, con idéntica razón sería válido el que genere obligación de enajenar cosa que por su naturaleza o su destino está fuera del comercio, o derecho o privilegio intransferible. Así, la venta de bienes de uso público sería contrato válido, susceptible de ser cumplido en equivalente; e igualmente lo sería la de derechos de uso o habitación, o la de percibir alimentos a que tiene derecho el vendedor. Conclusiones todas éstas que, como fácilmente se advierte, no resisten el menor análisis.

Y no se diga que los dos primeros casos del artículo 1521 se refieren a nulidad absoluta, en tanto que los dos últimos sólo atañen al interés del demandante en el proceso en que se ha decretado el embargo o se ha registrado la demanda; porque todos cuatro, sin excluir ni uno solo, configuran objeto ilícito, o sea que conciernen al interés público y generan por igual nulidad de aquella especie, no apenas relativa.

Por el derrotero que traza la doctrina que se rectifica, se llega a conclusiones aún más graves. El contrato celebrado directamente por un incapaz sería válido, con tal que al momento del pago de su obligación, ya fuera capaz; y la causa ilícita no generaría nulidad absoluta de la convención, la cual serviría de válido título a la tradición que un contratante debiera hacer a favor del otro si para entonces la ilicitud del motivo determinante hubiera desaparecido. Et sic de costeris.

Valga a este propósito un último ejemplo: quien dona o vende el derecho de suceder a una persona viva, no celebra contrato válido productor de obligación que tendrá que cumplirse en equivalente. Este derecho, conforme al artículo 1520, no puede ser “objeto de una donación o contrato”, lo que vale tanto como decir que es la donación o contrato, y no solamente la enajenación, lo que es absolutamente nulo por objeto ilícito.

3. Por lo que atañe a la compraventa, que es cabalmente el contrato cuya nulidad se pide en primer lugar en la demanda con que se inició este proceso, el punto que se examina no ofrece el menor asomo de duda, en vista del texto del artículo 1866 del código, que reza así: “Pueden venderse todas las cosas corporales, o incorporales, cuya enajenación no esté prohibida por la ley” (resalta la Sala). De consiguiente, habiendo prohibición legal de enajenar “las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello” (art. 1521, ord. 3º), no pueden venderse tales cosas, lo que a la luz de lo dispuesto por el artículo 1523, conforme al cual “hay así mismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes”, permite sentar firmemente la conclusión de que la venta de cosa embargada por decreto judicial tiene objeto ilícito y es absolutamente nula, a más de serlo el pago de la obligación del vendedor.

4. Atendida la estructura que título y modo tienen en nuestro régimen civil, o bien tanto el contrato como la tradición son nulos cuando se trata de bien embargado, o bien el uno y la otra son válidos. No hay más alternativa. Si los contratantes estipulan como pura la obligación de enajenarlo, esto es, si no la sujetan a plazo ni condición, contrato y tradición son actos nulos, como quiera que aquél prevé el pago inmediato de la obligación de dar, esto es, mientras el embargo subsiste; mas si pactan que el pago, o sea la tradición o enajenación, se haga cuando la cosa haya sido desembargada (obligación a plazo indeterminado), o en el evento de que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello (obligación condicional), tanto el contrato como la enajenación constitutiva del pago son actos válidos y eficaces.

5. Se ha argüido también que la prohibición de enajenar cosa embargada fue establecida por el legislador en el solo interés del acreedor en cuyo beneficio se decretó esa medida, a quien en nada perjudica el contrato, sino únicamente la tradición o enajenación del bien trabado. Al sentar esta premisa se olvida, no sobra repetirlo, que la nulidad absoluta es de orden público. Puede ser declarada, no sólo a instancia del acreedor burlado, sino también de toda otra persona que tenga interés en ello. Si la prohibición del ordinal 3º del artículo 1521 mirara apenas al interés particular del acreedor a quien el embargo aprovecha, éste podría renunciar el derecho de pedir la declaración de nulidad cuando el mismo no consintió la enajenación ni la autorizó el juez (art. 15 del código), lo que estaría en abierta pugna con la prohibición contenida en los artículos 2º de la Ley 50 de 1936 y 1526 del código.

Además, aunque desde un punto de vista teleológico fuera suficiente anular la tradición y no el contrato generador de la obligación de hacerla, no se justificaría en manera alguna sacrificar el principio de que la validez del contrato, en lo atinente al elemento objeto, se aprecia en función de la licitud del que tengan la obligación u obligaciones que de él nacen. Con tanto mayor razón si se parte de la base de que quien enajena cosa embargada por haberse obligado contractualmente a darla en este estado, efectúa pago nulo proveniente de contrato nulo. No se puede, por lo tanto, aislar o desarticular estos dos fenómenos so pretexto de que al acreedor ejecutante no le interesa la invalidez del contrato, sino sólo la del pago de la obligación que éste produce.

6. No sobra agregar que, como con razón lo advierte el recurrente, el artículo 1521 no forma parte del título VI del libro segundo del código, relativo a la tradición como modo de enajenar y adquirir derechos, sino del título II del libro cuarto, que trata de la formación de los contratos y de la manera como generan obligaciones. El objeto es principal elemento de la obligación, y sus condiciones —entre ellas la de que la cosa sea comercial— afectan el contrato. Por lo tanto, cuando por el artículo 1521 se expresa que hay objeto ilícito en la enajenación de los bienes embargados, se está haciendo referencia al objeto de la obligación de enajenarlas y, a través de ésta, al contrato que la crea. La tradición no es acto jurídico productor de obligaciones de dar; es el pago de una preexistente de esta clase, y su validez se rige por normas especiales que en su correspondiente lugar el código contiene, una de las cuales atañe a la validez del título (art. 745).

7. Finalmente, el argumento relativo a que los certificados que expide el registrador sólo dan cuenta de los gravámenes, limitaciones y prohibiciones vigentes, mas no de los que habiendo existido en otro tiempo ya fueron cancelados, es inexacto e inconsistente. En los libros de registro de instrumentos públicos figuran no solamente los embargos, con sus correspondientes fechas de iniciación y levantamiento, sino también los diversos contratos celebrados en relación con la propiedad raíz, en forma que permite a quien los consulte confrontar los unos con los otros y concluir si, en razón de los primeros, los últimos son válidos o por el contrario están afectados de nulidad, como ocurrió precisamente en el caso de este proceso.

De todo lo hasta aquí expuesto conclúyese que el tribunal, en la sentencia acusada, incurrió en quebranto directo, por falta de aplicación, no sólo del artículo 1521 del Código Civil, que tenía que aplicar al caso del proceso, sino además en infracción por la vía directa, por igual concepto, de los artículos 6º, 1502, 1518, 1523, 1740 y 1741 de la misma obra, invocados todos por la censura.

El cargo, en consecuencia, prospera.

IV. La sentencia de la instancia

1. Sea lo primero determinar la naturaleza y el contenido del contrato que las partes consignaron en la Escritura 821 (visible a folios 98 a 102 del cuaderno 2), así como la clase de prueba judicial con que la ley permite establecerlo en proceso.

Por él entendieron las partes celebrar una transacción que habría de poner fin extrajudicialmente al proceso ejecutivo seguido por los representantes de la sucesión ilíquida de Juvenal Cifuentes Chaves contra Daniel Hernández (art. 2469 del código). Como fundamento de sus estipulaciones, expusieron los siguientes hechos: que aquéllos son propietarios en común y proindiviso de la finca Altamira, en cuyo perímetro están comprendidas las parcelas denominadas Santa Isabel, Las Lagunas y Las Colonias; que por contrato celebrado en 1955 con el secuestre nombrado en el proceso de sucesión de Luis Bohórquez Ortiz, Ezequiel Hernández tomó en arrendamiento las mencionadas parcelas, en donde hay plantadas mejoras que allí fueron puestas desde antes de la celebración de tal contrato; que esas mejoras habían sido vendidas en 1951, por Ezequiel Hernández a Daniel Hernández, y que el contrato de arrendamiento antes mencionado fue cedido a este último; y que como Daniel Hernández estaba debiendo a la parte arrendadora varios cánones del arrendamiento, más el monto de los perjuicios causados por la destrucción de algunas de las mejoras, se le promovió proceso ejecutivo, en el cual se le embargaron éstas, invocándose como título la confesión presunta del ejecutado declarada en actuación judicial previa.

Atendidos estos hechos, los contratantes manifestaron su voluntad de arreglar de común acuerdo las diferencias surgidas entre ellos con motivo del proceso ejecutivo y la confesión presunta, así como su propósito de poner en orden lo relativo al contrato de arrendamiento. Para ello estipularon: 1. Que los representantes de la sucesión ilíquida de Juvenal Cifuentes Chaves transferían a Daniel Hernández, a título de venta, el dominio de las mejoras plantadas en las referidas tres parcelas, mejoras consistentes en “casas de habitación actuales, plantaciones de caña de azúcar, árboles frutales, enramadas y cuanto se encontrase dentro de las parcelas”. 2. Que “por el valor de las mejoras y de los arrendamientos causados y no pagados”, fijaban la cantidad de $ 70.000, pagaderos así: “treinta mil pesos moneda corriente a la firma de la escritura, y los cuarenta mil pesos restantes, con plazo de seis meses contados a partir de la fecha de esta escritura”, constituyendo el deudor prenda sobre las mejoras vendidas, en garantía del pago del saldo pendiente. 3. Que Daniel Hernández quedaba obligado a celebrar con la otra parte nuevo contrato de arrendamiento del terreno ocupado con las mejoras lo que en efecto hizo el mismo día del otorgamiento de la Escritura 821. 4. Que los representantes de la sucesión de Juvenal se obligaban, por su parte, “a desistir en la fecha incondicionalmente, sin costas para el ejecutado, del juicio ejecutivo y de las medidas preventivas”. 5. Que “los comparecientes declaran sin valor legal alguno, desde ahora y para el futuro, las posiciones no absueltas por Daniel Hernández, base de las medidas preventivas, igual que las presuntas obligaciones que de dichas posiciones pudieran surgir, por manera que en el futuro no podrá ejercitarse acción alguna, con base en dichas posiciones”.

2. De las estipulaciones anteriormente resumidas se desprenden las siguientes consecuencias jurídicas, tocantes con las dos primeras súplicas de la demanda:

a) Como la Escritura pública 821 no fue inscrita en el registro, sólo produce efectos probatorios entre los otorgantes y sus causahabientes (CPC, art. 256). Por consiguiente, la compraventa de las mejoras es contrato existente y está debidamente probado, puesto que el demandante y los demandados fueron partes en ella;

b) Sin embargo, cuando el contrato se celebró estaba inscrito en los libros de registro un embargo de los terrenos en que están plantadas las mejoras vendidas, y en este proceso ordinario no se probó que el juez que conocía del de venta de bienes hipotecados, dentro del cual fue declarada la medida cautelar, hubiera dado permiso para efectuar la venta de tales mejoras, ni que el acreedor demandante hubiera consentido en ello. Y como en la Escritura 821 no se pactó plazo ni condición para el pago de la obligación de dar las mejoras, contraída por la parte vendedora, sino se estipuló que éstas serían entregadas “inmediatamente” por el secuestre al comprador (parte final de la cláusula séptima), todo el contrato de que tal escritura da fe es absolutamente nulo, por objeto ilícito (art. 1521, ord. 3º del código), y

c) Por lo tanto, la primera petición de la demanda habrá de prosperar, como también la segunda, o sea la concerniente a la restitución de los $ 30.000 pagados de contado en razón del contrato que se anula, pues no se probó en el proceso que Daniel Hernández hubiera entregado dicha suma de dinero a sabiendas de que las mejoras que compraba estaban por fuera del comercio (arts. 1525 y 1746 del código). También se decretará a favor de éste el pago de intereses legales, en calidad de frutos civiles de la suma pagada (arts. 717 y 718 ibídem).

3. Por lo que concierne al resto de las súplicas de la demanda se observa:

a) El contrato de arrendamiento celebrado entre las partes el 29 de septiembre de 1964 no tiene vicio alguno de nulidad. Primeramente no se trata, como el demandante lo imagina, del arriendo de cosa perteneciente al arrendatario, pues el objeto del contrato no fueron las mejoras, sino los terrenos en que se hallan plantadas. Por lo cual no resulta conducente el argumento de que el arrendamiento carece de causa, o sea de motivo que lo justifique.

En consecuencia, no pueden prosperar ni la pretensión de que se declare nulo el arriendo, ni la de que se restituyan las cosas al estado que tenían antes de celebrarse ese contrato, y

b) Por último, como acertadamente lo advierte el tribunal en la sentencia acusada al examinar las dos últimas súplicas de la demanda, ninguna de ellas es procedente, por las siguientes razones que conviene transcribir:

1. “En cuanto a la declaración de nulidad o invalidez de las providencias judiciales por medio de las cuales se declaró confeso el señor Daniel Hernández Olarte, decisiones que fueron empleadas como recaudo ejecutivo, conviene observar que la validez de éste sólo se puede impugnar dentro del proceso ejecutivo proponiendo excepciones; o se puede por medio de la revisión, por la vía ordinaria, de la sentencia de excepciones o de la de pregón y remate, según lo preceptuado por el artículo 1030 del Código Judicial (L. 105/31), durante cuya vigencia fue tramitado el presente proceso ordinario. Por consiguiente, no es procedente la declaratoria de nulidad referente a las decisiones judiciales mencionadas”.

2. “En cuanto a la condenación de los perjuicios sufridos por el demandante Hernández Olarte con motivo del proceso ejecutivo instaurado por los herederos del causante Juvenal Cifuentes Chaves, proceso dentro del cual se tomaron las medidas de secuestro y embargo preventivos de las mejoras, se observa que mientras no se haga la declaración judicial de invalidez de las providencias constitutivas del título ejecutivo no puede hablarse de perjuicios causados por el ejercicio normal de un derecho legítimamente adquirido”.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y en su lugar procediendo como juzgador de instancia, REVOCA la de primer grado,

RESOLVIENDO:

1. Declárase absolutamente nulo, por objeto ilícito, el contrato contenido en la Escritura 821, otorgada en la Notaría de La Vega el 29 de septiembre de 1964. Comuníquese esta decisión al notario, para que haga las anotaciones a su cargo.

2. Condénase a los demandados a restituir al demandante la cantidad de treinta mil pesos ($ 30.000) M/cte., más los intereses legales de ésta computados a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda (C.C., arts. 964 y 1746).

3. Niéganse todas las demás súplicas de la demanda.

4. El 50% de las costas de ambas instancias es de cargo de la parte demandada.

5. Sin costas en el recurso extraordinario (ord. 1º ibídem).

Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta Judicial y devuélvase.

Aurelio Camacho Rueda—José María Esguerra Samper (salvó voto)—Germán Giraldo Zuluaga—Humberto Murcia Ballén (salvó voto)—Alberto Ospina Botero (salvó voto)—Ricardo Uribe Holguín—Ernesto Cediel Ángel, conjuez.

Alfonso Guarín Ariza, Secretario general.

__________________________