Sentencia 5923 de septiembre 2 de 1977

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 5923

Acta 33

Magistrado Ponente:

Dr. Alejandro Córdoba Medina

Bogotá, D.E., septiembre dos de mil novecientos setenta y siete.

Carlos Álvarez, Vanegas, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía 8.305.717 expedida en esa ciudad, demandó a la Corporación Universidad Autónoma Latinoamericana para que fuera condenada a pagarle cesantías, primas de servicios, vacaciones, indemnización por terminación a que dio lugar la empleadora, salarios insolutos, indemnización por mora y costas del proceso.

El actor relató los hechos de la demanda así:

“1. Vinculé mi capacidad laboral a Unaula como profesor en las facultades de ingeniería, contaduría y economía, desde el 7 de febrero de 1971 hasta el 13 de junio de 1975.

“2. Igualmente fui Jefe del Área Matemática en la Facultad de Contaduría, a partir del 15 de octubre de 1974.

“3. Durante mi vinculación a la universidad dicté las siguientes cátedras: matemáticas I, II, III y IV; estadística II; algebra lineal; educaciones diferenciales; física III y lógica matemática.

“4. Los servicios fueron prestados en forma continua e ininterrumpida, ya que fuera de la época de clases, permanecía laborando en exámenes finales, de habilitación, de admisión y matrículas; además, de mis funciones como representante de los profesores en los consejos de facultad de economía y contaduría.

“5. Durante el año de 1974 devengué la suma de $ 4.267 mensuales, como contraprestación por mis servicios, y únicamente se me cancelaron $ 30.200 en todo el año por tal concepto, por lo cual se me adeuda la diferencia.

“6. En el primer semestre de 1975 firmé contrato de trabajo con la universidad, a término indefinido, como profesor de tiempo completo, can un salario base de $ 5.000 mensuales, de los cuales se me adeudan $ 733 mensuales, del 19 de enero último al 13 de junio, fecha de mi retiro.

“7. Debido al no pago oportuno de mis salarios, ya que únicamente se me pagó el 30 de abril parte de mis sueldos y de esta fecha hasta la del retiro, aún no se me había cubierto suma alguna por los sueldos causados posteriormente, tuve que presentar renuncia de mis cargos por el incumplimiento del contrato y de las obligaciones legales de la empleadora.

“8. En febrero de 1975 recibí la suma de $ 2.955 como abono a las prestaciones sociales correspondientes a 1974, y el 26 de junio de 1975, la suma de $ 3.910 como abono a las prestaciones del primer semestre de este año.

“9. La universidad liquidó las prestaciones sociales el 26 de junio último, con base en el contrato o remuneración de 1974 y solo desde enero 1 º de 1975 a junio 13 del mismo, desconociéndose mi vinculación a partir del 7 de febrero de 1971.

“10. Las directivas de la universidad fueron notificadas por escrito sobre los motivos de mi retiro (incumplimiento de las obligaciones contractuales y legales: No pago de salarios), el 16 de junio de 1975”.

El apoderado de la demandada propuso excepciones de contrato incumplido, retiro o abandono de algunas cátedras, abandono de ellas, paro ilegal, suspensión del contrato de trabajo, durante el paro, cobro en parte de lo no debido, pago en parte de lo que se reclama, falta de causa en parte de lo pedido, mala fe al cobrar por tiempo no trabajado, dolo, prescripción e inidoneidad para servir al cargo, y contestó los hechos así:

 “Al 1. Cierto que prestó algunos servicios como profesor de cátedra, en algunas facultades de la universidad. En Contaduría desde enero 24 de 1972. Presentó a dicha facultad una renuncia.

“Al 2. Que lo pruebe.

“Al 3. Es parcialmente cierto, hasta donde van mis informes. En contaduría tuvo cátedras de 5 horas semanales en el primer semestre de 1972. De Matemática III en el segundo semestre del mismo año. En el segundo de 1973, tuvo cátedras de matemáticas IV y de algebra lineal. En el primer semestre de 1975 estadística II y algebra. En ingeniería, en el segundo semestre de 1974, química II, y en el primer semestre de 1975, en parte, química I. Estas en tal facultad eran de 4 horas semanales. De estas cátedras, en esta última facultad, se retiró intempestivamente. Abandonó la cátedra. Formó parte del llamado comité conjunto, que decretó un paro de actividades, y no volvió, con perjuicio para la universidad y de los estudiantes. De dicha facultad de ingeniería solo él y otro profesor pararon y abandonaron sus cátedras.

“Al 4. Que lo pruebe. No me consta que fuera de las horas de clase, hiciera otros trabajos para la universidad. Las funciones en el consejo de facultad son ad honoren.

“Al 5. Me atengo a lo que resulte de la prueba. Como profesor, devengaba por hora cátedra. Que prueba su asistencia, y se hagan las cuentas de lo que debió devengar. Si se le pagó mal o se le pagó demás.

“Al 6. Que lo pruebe. Y que pruebe que quien firmó el contrato fuera el representante legal de la universidad. Si había partida presupuestal para tal pago. Es decir, si se obró conforme a los estatutos de la universidad.

“7. Cuando se decreta un paro, hay suspensión de los contratos de trabajo. Eso dice la ley. La remuneración es contra prestación por trabajo. En ningún caso, por no trabajar. Si incumplió su contrato, la universidad no tenía porqué cumplirle.

“Al 8. Me atengo a la confesión que hace. Y nunca reclamó, que yo sepa.

“Al 9. Que lo pruebe.

“Al 10. Apenas ahora, por lo que dice, tengo conocimiento de tal hecho. Nunca recibí, como presidente de la universidad, ni como director ejecutivo de ella, carta alguna del demandante”.

El Juez Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia de 15 de junio de 1976, condenó a la Corporación Universidad Autónoma Latinoamericana a pagar al actor $ 3.982.73 como reajuste de sueldo, $ 18.635.21 como reajuste de cesantía, $ 358.88 como reajuste de prima de servicios y el 50% de las costas. Absolvió a la entidad de las restantes peticiones y declaró parcialmente configurada la excepción de pago. Ambas partes apelaron de la sentencia.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en fallo de 21 de octubre de 1976, condenó a la Corporación Universidad Autónoma Latinoamericana —Unaula— a pagar a Carlos Álvarez Vanegas $ 3.3982.73(sic) por reajuste de sueldo, $ 10.935.96 como reajuste de cesantía, $ 1.167.33, como reajuste de prima de servicios y $ 495 como reajuste de vacaciones, declaró probada en parte la excepción de pago, absolvió de los cargos restantes y no condenó en las costas de la instancia. El apoderado del trabajador interpuso contra el fallo del ad quem, recurso de casación que fue concedido por el tribunal y está admitido por la Corte.

El recurso

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, se formula un cargo que se estudiará junto con el escrito de oposición.

Alcance de la impugnación

Fue expresado así:

“Aspiro a que la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto sólo condenó a la demandada a pagar a mi procurado $ 10.935.96 por reajuste de cesantía, $ 1.167.33 por reajuste de prima de servicios y $ 495 por reajuste de vacaciones, y la absolvió de las indemnizaciones por terminación del contrato y por mora, para que, en su lugar, como ad quem, previa revocación del proveído de primera instancia, aumente aquellas condenas en las proporciones que legalmente correspondan y profiera las atinentes a estas indemnizaciones, proveyendo sobre costas como es de rigor”.

El cargo

Fue presentado de la siguiente manera:

“Acuso el fallo impugnado de haber infringido indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 22, 23, 24, 57, obligación 4ª, 62 y 63 (art. 7º, lit. B), num. 8º, del D. 2351/65), 64 (art. 8º nums. 2º y 4º del D. 2351/65), 127, 134, 186, 189 (D. 2351/65, art. 14), 192 (D. 617/54, art. 8º), 249, 253 (D. 2351/65, art. 17), 306 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

“Esta infracción se produjo a consecuencia de los siguientes errores evidentes de hecho en que incurrió el ad quem:

“1) Haber dado por demostrado, sin estarlo, que entre las partes hubo dos contratos de trabajo;

“2) Haber dado por demostrado, sin estarlo, que las vacaciones y las primas de servicios correspondientes al lapso laborado entre febrero de 1971 y diciembre de 1973 fueron solucionadas por la demandada;

“3) No haber dado por demostrado, estándolo, que mi procurado tuvo razón para finalizar el contrato que lo ataba con la demandada por el incumplimiento grave, en que éste incurrió, de su obligación de pagarle el salario; y

“4) Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la demandada procedió de buena fe al dejar de pagarle a mi asistido los salarios y prestaciones en la cuantía a que legalmente se hizo acreedor.

“Tales errores, a su vez, provinieron de su equivocada apreciación de la contestación de la demanda (fls. 17 a 19), de los documentos de folios 1, 2, 4, 5 (reproducido al folio 37), 6, 7 (reproducido al folio 36), 8 reproducido al folio 39), 9 a 10 y 11, de la inspección judicial de folios 47 a 48 vto., con los documentos anexos a ella, especialmente a los de folios 42 a 43, 44 a 46, 50 a 51 y 52 a 61, y de las declaraciones de Fabio Alonso Ceballos (fls. 22 y 22 vto.) y Ovidio Moreno Gómez (fls. 22 vto. a 23 vto.): así como de su falta de apreciación del documento de folio 3 y del testimonio de Juvenal Herrera (fl. 25 a 26), en relación con el artículo 1º de la Ley 95 de 1890”.

En la demostración del cargo, el recurrente asevera que la contestación de la demanda admite la vinculación mediante un solo contrato, las pruebas de los folios 2, 3, y 44 a 45 indica la existencia de una vinculación continua, y las declaraciones de Fabio Alonso Ceballos, Ovidio Moreno Gómez y Juvenal Herrera también confirman esa continuidad.

Analiza el impugnador la comunicación de folios 42 y 43 para encontrar que corresponde al contrato del folio 1, por lo cual este resulta una mera modificación y no un contrato nuevo, y advierte que el acta visible a folios 50 y 51 contiene la intención de anular esas condiciones favorables a los profesores, pero sin facultades para hacerlo.

El atacante alega que no puede tomarse de la liquidación del folio 7, base para encontrar la existencia de dos contratos, porque esa liquidación no se refiere a todo el tiempo trabajado con anterioridad al 31 de diciembre de 1974, fecha en que se hizo la liquidación, y concluye que debe tenerse la vinculación como una sola y liquidar la cesantía a razón de $ 5.000 mensuales y tomar todo el tiempo servido.

El acusador indica que no existe prueba alguna que demuestre pago de vacaciones y primas de servicios causadas entre el 7 de febrero de 1971 y el 31 de diciembre de 1973, por lo cual no tiene fundamento entender que esos conceptos hubieran sido cubiertos.

Respecto a la indemnización por terminación del contrato, el censor observa que el sentenciador acepta que no hubo pago de salario en la forma estipulada y que ello fue motivo para la terminación, a pesar de lo cual el fallador exonera de la indemnización por despido, aduciendo una difícil situación económica que no aparece en el expediente y menos con las características de imprevista y de irresistible que exige la fuerza mayor, de donde resulta la patente procedencia de la indemnización.

Por último el recurrente advierte que tanto si se estima que hubo dos contratos, como si se aprecia que hubo uno solo, resultan deudas laborales a cargo del patrono, que no fueron solucionadas oportunamente, sin que se hubiera acreditado razón alguna para el no pago, y surge claramente la procedencia de la indemnización moratoria.

El opositor sostiene que hubo dos contratos por las razones que expone el sentenciador y que no existe confesión de que el contrato fue único ni ello se deduce de las demás pruebas, por lo que la censura sólo contiene un punto de vista personal que no puede preferirse al del tribunal.

En el escrito de réplica se advierte que la difícil situación económica que atravesó la universidad fue debidamente demostrada y que además de constituir fuerza mayor para el no pago oportuno de las remuneraciones, el sentenciador absolvió de la indemnización por terminación del contrato, con fundamento en la buena fe patronal, que no fue desvirtuada por el recurrente.

El opositor manifiesta que la demandada sostuvo desde un principio la existencia de dos contratos de trabajo, la ocurrencia de la huelga ilegal, la falta de causa de la remuneración durante el paro y los grandes esfuerzos de la universidad para realizar los pagos, todo lo cual demuestra la buena fe de la demandada, que al no ser desvituada mediante errores evidentes, conduce a la confirmación de la sentencia impugnada.

Se considera

En la sentencia acusada se lee:

“Mas la Sala no comparte el criterio del juzgado en cuanto a que la relación laboral haya estado regida por un solo contrato, pues aunque no hubo solución de continuidad, lo pactado entre los litigantes en el documento de folios 1, no puede entenderse como una modificación del contrato de trabajo existente, según se puntualiza en el fallo que se revisa, sino más bien corno una nueva contratación y debe entenderse que esa fue la intención del Consejo de Dirección, a juzgar por la nota de folios 43 y 42 fechada el 6 de mayo de 1975. Por lo demás, ni en el modelo dado ni en el dicho contrato se hace constar por parte alguna que se trate de una modificación o reforma, lo que resulta claro es que se trata de uno nuevo”.

Aunque el sentenciador admite el servicio continuo, deduce la celebración de nuevo contrato conforme al escrito del folio 1, para lo cual se apoya en la nota de folios 42 y 43, donde encuentra la intención del Consejo de Dirección de celebrar nuevo contrato. Pero la prueba señalada no contiene de manera alguna terminación de los contratos de trabajo existentes, pues se refiere a la aprobación de un modelo de contrato de trabajo con los profesores de la universidad, que contiene cláusulas normales y que no implican cambio en ningún contrato de profesorado, salvo la estipulación de la duración indefinida en vez de la presunción que en relación con tales trabajadores consagra el Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a la duración.

Deducir de la prueba mencionada la existencia de dos contratos es apreciar indebidamente ese medio probatorio, pues evidentemente en él no se cambia la relación jurídica laboral anterior, ya que las modificaciones sobre la duración o sobre el salario no pueden constituir un contrato nuevo sino una modificación del existente.

En la contestación de la demanda no se plantea ninguna interrupción de la relación laboral, ni se alega la existencia dg dos contratos las pruebas sobre tiempo servido, folios 2, 3, 4, 6, 44 a 46, acreditan la relación laboral continua. La presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo aplicada al presente caso, indica que el contrato de trabajo fue continuo, porque las modificaciones al salario, a la duración o a las condiciones del trabajo no cambian la relación laboral ni el vínculo jurídico, pues no se puede hallar de dos contratos mientras no haya diferencias esenciales en el objeto mismo del contrato, o mientras no se haya terminado una relación laboral y se haya iniciado otra.

Aunque la jurisprudencia ha admitido que pueden existir dos contratos de trabajo distintos que se suceden, es necesario que aparezca con toda claridad la terminación de un contrato v el nacimiento del otro, y la causa para el cambio de objeto que haga distinta la vinculación jurídica. Ha dicho la Corte:

“Tampoco desconoce la Sala la posibilidad de que, en algunos casos, la parte patronal, independientemente o en connivencia con los mismos trabajadores, pueda recurrir al sistema de celebrar contratos de trabajo que se dan por terminados luego de un tiempo, aduciéndose motivos solo en apariencia legales, para volver a celebrar otros, que se ejecutan sucesivamente y sin interrupción, todo con el propósito de vulnerar derechos de los trabajadores o de aludir trámites, condiciones o requisitos exigidos por preceptos legales de ineludibles cumplimiento. (G.J., T. XCIX, pág. 553)”.

La indebida apreciación de las pruebas señaladas en el cargo, condujo al evidente error de hecho de considerar que existieron dos contratos de trabajo sin estar demostrado ese hecho y siendo evidente que solamente hubo una relación laboral y un solo vínculo jurídico.

Ese error de hecho produjo la aplicación indebida de los artículos 24 y 249 del Código Sustantivo del Trabajo y 17 del Decreto 2351 de 1965, por cuanto el cálculo de la cesantía se hizo por períodos y no por todo el tiempo trabajado, y habrá de casarse el ordenamiento respectivo para corregir la aplicación de la ley.

En las consideraciones de instancia se toma en cuenta al tiempo servido que fue de cuatro años, cuatro meses y seis días, y el última salario que fue de $ 5.000 mensuales, lo que daría una cesantía de $ 21.750, cantidad a la cual es necesario restar el valor de $1.905 pagados a la terminación del contrato, y queda un saldo de $ 19.845, al que habrá de condenarse. No se descuenta el valor del pago de cesantía efectuado a principios de 1975, folios 34 y 36, porque no habiéndose terminado el contrato ni demostrado el permiso para liquidación parcial de cesantía, no es válido ese pago.

En cuanto a las vacaciones correspondientes a los años 1971 a 1973, el hecho del pago de las correspondientes a 1974, que está demostrado en el juicio, folios 34 y 36, indica que si se otorgaron las correspondientes a ese año, lógicamente se puede pensar que fueron concedidas las de los años anteriores, sin que resulte evidente error el inferir de ese hecho los cumplimientos anteriores, porque lo anormal sería que se dieran las vacaciones de los últimos años sin otorgar las de los anteriores.

Es conveniente recordar que el fallo acusado no tiene como demostrado el pago de las vacaciones y primas correspondientes a los años 1971 a 1973, sino que infiere el cumplimiento de las obligaciones, de donde resulta que el error propuesto no fue cometido en la forma, en que se presenta y respecto a la inferencia debe advertirse que no siendo evidentemente errónea no puede constituir fundamento de la acusación por la vía indirecta, ya que la duda sobre la apreciación probatoria impide el quebrantamiento por error de hecho.

Por lo que hace a las primas de servicios, se observa que aun en el caso de que se hubiera incurrido en error de hecho al no condenar por las de los años 1971 a 1973, no procedería el quebrantamiento del fallo en ese aspecto, porque no existiendo prueba del salario devengado en esos años, no se puede producir la condenación solicitada.

Dentro del error que el recurrente presenta con relación a la terminación del contrato, se afirma que hubo incumplimiento grave de la obligación de pagar el salario.

El sentenciador consideró que no se había suspendido el pago de salarios, sino que había sido “un tanto irregular”, y explicó el hecho con base en la situación económica de la universidad.

Aunque no se hubiera demostrado que la situación económica de la universidad era difícil o que ella constituyera fuerza mayor, lo dispuesto en la sentencia sobre la terminación del contrato, se mantiene el hecho de que no hubo suspensión de pago de salarios sino irregularidades en él, por lo que no se configuró la sistemática inejecución de obligaciones ni fue grave el incumplimiento alegado.

Los documentos de los folios 28, 30 y 32 demuestran pagos y anticipo de salarios en los meses de febrero, marzo y mayo de 1975, con lo cual se establece que la razón alegada en la renuncia, incumplimiento de la obligación de pagar el salario, no se produjo ni de manera sistemática ni en la forma grave como fue propuesto en el cargo, ya que si tuvo anticipos en los meses de febrero y marzo, el pago confesado en el hecho 7 de la demanda, en abril, y el pago demostrado en mayo del mismo año de 1975, la razón de la falta de pago había desaparecido por lo menos en parte, y tendía a regularizarse el cumplimiento, lo que hace que no sea evidente el hecho alegado para solicitar la indemnización. Por ello no prospera este aspecto de la acusación.

Sobre la absolución por la indemnización moratoria, dijo el fallador:

“En cuanto a la indemnización moratoria reclamada, es igualmente improcedente, pues como se anota en el fallo, la universidad cumplió con el mandato del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, al pagarle tan pronto como terminó cada contrato laboral de los que rigieron su relación, lo que de buena fe creyó deber al demandante (fls. 7, 8, 38 y 39)”.

La indemnización por falta de pago que consagra el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, procede cuando a la terminación del contrato se omite la solución de los salarios y prestaciones debidos. La jurisprudencia ha entendido que el patrono queda exonerado de la indemnización si presenta razones atendibles para explicar la falta de pago completo y oportuno de las deudas laborales.

En el presente caso no se cubrieron todos los salarios y prestaciones debidos, como resulta de las mismas condenaciones de la sentencia, y el patrono dejó de presentar razones para explicar los pagos incompletos o los motivos que tuviera para pensar que no debía cantidades mayores de las solucionadas.

La apreciación de la contestación de la demanda y de los documentos que muestran las liquidaciones de prestaciones y salarios, llevan a la conclusión de que no se demostró la buena fe que resulta de presentar los motivos que indujeron al no pago oportuno de lo debido.

Resulta cometido el cuarto error de hecho y violado por aplicación indebida el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo cual también debe casarse la sentencia acusada en cuanto absolvió de la indemnización por mora.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE el fallo de veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y seis, dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio seguido por Carlos Álvarez Vanegas contra la Corporación Universidad Autónoma Latinoamericana, en cuanto condenó a cesantía y absolvió por indemnización moratoria, y obrando como Tribunal de instancia, MODIFICA el literal b) del numeral primero y el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de quince de junio de mil novecientos setenta y seis, dictada en el mismo juicio, por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, en cuanto por el primero condena al pago de cesantía y por el segundo absuelve de la indemnización por falta de pago, y en su lugar, CONDENA a la Corporación Universidad Autónoma Latinoamericana a pagar a Carlos Álvarez Vanegas diez y nueve mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($19.845) por concepto de reajuste de cesantía, y ciento sesenta y seis pesos con sesenta y cinco centavos ($166.65) diarios desde el trece de junio de mil novecientos setenta y cinco y hasta que cancele los salarios y prestaciones debidas, como indemnización por falta de pago.

NO LA CASA EN LO DEMÁS.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Alejandro Córdoba MedinaJuan Manuel Gutiérrez LacoutureHernando Rojas Otálora.

Vicente Mejía Osorio, Secretario.