Laudo Arbitral

Marco Aurelio Ortiz Ruiz

v.

Julio Humberto Guevara Herrera

Diciembre 1º de 1982

(6466) —Número seis mil cuatrocientos sesenta y seis.

En la ciudad de Bogotá, Distrito Especial, departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a primero (1º) de diciembre de mil novecientos ochenta y dos (1982), ante mí Luis Carrera, notario séptimo del Círculo de Bogotá, comparecieron: Hernán Altuzarra del Campo, identificado con la cédula de ciudadanía 2.898.171 expedida en Bogotá dijo que es mayor de edad, vecino y domiciliado en esta ciudad, que en el otorgamiento del presente instrumento público obra en el carácter de presidente del tribunal de arbitramento Marco Aurelio Ortiz Ruiz y Julio Humberto Guevara Herrera, constituido para dirimir en derecho las diferencias surgidas entre Julio Humberto Guevara Herrera y Marco Aurelio Ortiz Ruiz y cumplidas sus funciones mediante el laudo que puso término al proceso arbitral proferido por dicho tribunal el día veintisiete (27) de julio de mil novecientos ochenta y dos (1982), notificado a las partes en estrados; y Álvaro Enrique Niño Izquierdo, identificado con la cédula de ciudadanía 19.065.958, expedida en Bogotá, y dijo que es mayor de edad, vecino y domiciliado en esta vecindad, que en el presente acto escriturario obra en calidad de secretario del susodicho tribunal; y manifestaron:

Estipulaciones

Primero: Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 671-12 del Código de Procedimiento Civil y en cumplimiento a lo ordenado en el laudo arbitral en firme, presentan al suscrito notario para su protocolización y guarda en esta notaría y bajo el mismo número que a este instrumento corresponda, el expediente contentivo del proceso arbitral que consta de los cuadernos, legajos, folletos, etc. que da cuenta el laudo arbitral del tribunal de arbitramento de Marco Aurelio Ortiz Ruiz y Julio Humberto Guevara Herrera, cuyo tenor es: Audiencia de juzgamiento

En Bogotá, a la hora de las cinco (5) de la tarde del veintisiete (27) de julio de mil novecientos ochenta y dos (1982) día y hora señalados en auto anterior para sentencia, se reunieron en la sede del tribunal, los tres magistrados y el secretario, con la asistencia del señor Humberto Guevara y de su apoderado doctor Felipe Pérez Cabrera. Acto seguido fue leída por la secretaria, el acta de la sesión anterior la cual fue aprobada. A continuación el señor presidente solicita al doctor Álvaro Niño, se sirva leer el laudo que ha sido aprobado unánimemente por los señores magistrados, cuyo tenor es el siguiente: Laudo del tribunal de arbitramento según compromiso pactado entre Marco Aurelio Ortiz R. y Julio Humberto Guevara Herrera.

Hechos

Los señores Marco Aurelio Ortiz R., y Julio Humberto Guevara H., mayores de edad y vecinos de la ciudad, constituyeron una sociedad de hecho para la compra y explotación en servicio público, del bus de pasajeros marca Dodge modelo 1973 placas SN-0414 el cual afiliaron a la Compañía de Transporte Omega, de esta ciudad, donde fue distinguido con el número interno 847 vehículo cuya conducción fue encomendada al socio Ortiz. Por contrato del siete (7) de abril de mil novecientos setenta y ocho (1978) convinieron los consocios una rendición recíproca de cuentas y previeron la constitución de un tribunal de arbitramento para resolver las diferencias irreconciliables o de imposible solución entre las partes. En efecto, ambas partes rindieron las cuentas las que fueron mutuamente objetadas. Al tramitar las objeciones, las partes llegaron a la conclusión que no podían resolver amigablemente algunas diferencias, por lo que aceptaron la vía arbitral.

Orígenes y actuaciones del tribunal

Como no existiera acuerdo entre las partes para la designación de árbitros, el señor Guevara adelantó proceso de designación de los mismos, ante al Juzgado Veintiséis Civil de este Circuito, el cual concluyó con la designación de los doctores Jaime Bogotá Agudelo y Hernán Altuzarra del Campo, según certificación del nueve (9) de diciembre de mil novecientos ochenta (1980). Quienes se posesionaron en el mismo juzgado. Posteriormente y en ejercicio de las facultades que les concedió el contrato de compromiso, procedieron los dos árbitros citados a designar como árbitro tercero al doctor Jaime Abella Zárate, quien aceptó y fue posesionado del mismo. Instalado el tribunal reconoció su competencia en el acta número siete (7) del diez y nueve (19) de febrero de mil novecientos ochenta y dos (1982), así: “Luego de observar el documento de compromiso, se concluye que el fin perseguido se divide en dos partes a saber: Primero: Tomar como base las cuentas rendidas y que presentaron las partes, en el lapso comprendido entre el mes de febrero de mil novecientos setenta y siete (1977), y el mes de febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978) y con ellas, en forma comparativa establecer los rendimientos entre el primero de octubre de mil novecientos setenta y cinco (1975) y el último día del mes de marzo de mil novecientos setenta y ocho (1978). Segundo: Aprobar o improbar las cuentas que presentaron las partes, sobre gastos y producido del vehículo en el lapso señalado, esto es, entre febrero de mil novecientos setenta y siete (1977) y febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978), así en los retiros, préstamos y avances que les ha dado la empresa. En esta misma sesión se decretaron las siguientes pruebas:

“Primero: Téngase como pruebas en cuanto sean conducentes en derecho las siguientes:

1. Los documentos contentivos en el fólder llamado “Rendición de cuentas presentadas por Marco Aurelio Ortiz en el lapso comprendido entre febrero de mil novecientos setenta y siete (1977) a febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978), presentado por el peticionario (“punto primero del memorial de pruebas”).

2. Certificado del superintendente bancario por el apoderado del señor Humberto Guevara (punto segundo en el memorial de pruebas).

3. Solicitar las copias y las certificaciones aludidas en el punto tercero del memorial de pruebas presentado por el doctor Felipe Pérez, a la Cooperativa de Transporte Omega Limitada de esta ciudad.

4. En cuanto a la inspección judicial solicitada en el punto cuarto del memorial de pruebas se aplaza la decisión sobre si decretarla hasta cuando se hayan practicado las pruebas que versen sobre los mismos hechos, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso tercero (3º) del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil.

5. Téngase en la oportunidad debida, pruebas respecto de los ingresos llamados de ambulancias, los documentos aludidos en el punto quinto del memorial de pruebas.

6. Los documentos contentivos del fólder llamado “rendición de cuentas de Humberto Guevara H., octubre de mil novecientos setenta y cinco (1975), marzo de mil novecientos setenta y ocho (1978)”.

7. En cuanto a la sociedad de hecho, los documentos aportados sobre esta materia en la fecha (carta de sep. 25 de 1974 dirigida a la Cooperativa de Transporte Omega, sobre el bus de placas SN-0414 847, firmado por Marcos Ortiz y Julio Guevara, se aclara Julio Humberto Guevara).

8. De oficio y de acuerdo al artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, se decreta que las certificaciones y constancias que ha de expedir la Cooperativa de Transporte Omega Limitada, deben venir autorizadas por el contador o revisor fiscal de la respectiva empresa, con su anotación de matrículas.

De las pruebas ordenadas de practicaron las indicadas en los puntos números 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. No se practicaron las pruebas indicadas en el punto 4, y la petición de prueba parcial solicitada por el doctor Pérez en memorial de fecha mayo veintiuno (21) del mil novecientos ochenta y dos (1982) por las siguientes razones:

a) En cuanto a la inspección judicial que se había programado en forma condicional se prescindió por cuanto al tribunal fueron allegadas pruebas documentales sobre los mismos hechos y en relación con las planillas de viaje la Cooperativa de Transportadores Omega Limitada, informó que estas habían sido incineradas lo que hacía inconducente la práctica de esta inspección; y,

b) En lo relacionado con la solicitud del doctor Pérez apoderado del señor Guevara, en el sentido de que se decretara una peritación para constatar los ingresos por concepto de “ambulancia”, se le negó ya que la competencia del tribunal como quedó establecido en el acta siete (7) del diez y nueve (19) de febrero de mil novecientos ochenta y dos (1982), se contrae a aprobar o improbar las cuentas que recíprocamente rindieron las partes, dentro de las cuales se previeron ingresos por “ambulancia” punto este que se estudia más delante de estas consideraciones.

El apoderado del señor Ortiz no alegó de conclusión. El apoderado del señor Guevara alegó en la correspondiente audiencia en la cual presentó el siguiente resumen: “Felipe Pérez Cabrera, apoderado de Julio Humberto Guevara Herrera presentó a título de conclusión por y ante ese honorable tribunal dos liquidaciones sobre las cuentas objeto de análisis, en las cuales se establecen saldos a cargo de Marco A. Ortiz y a favor de Julio Humberto Guevara Herrera. Las diferencias numéricas entre la presentación A y la presentación B, según identificación respectiva, radica en dos conceptos:

a) El anexo nueve (9) de la rendición de cuentas arroja un total a cargo del señor Marco A. Ortiz por doscientos veinticuatro mil doscientos once pesos cuarenta y un centavos ($ 224.211.41). En la presentación A se excluyen diecisiete mil seiscientos cincuenta y siete pesos treinta y dos centavos ($ 17.657.32), correspondientes a cuantas cruzadas, en tanto que en la presentación B, la cifra de doscientos veinticuatro mil doscientos once pesos cuarenta y un centavo ($ 224.211.41) permanece sin modificación alguna; y,

b) En la presentación A el cálculo de intereses sobre las sumas a cargo de Marco A. Ortiz se realiza a partir de la fecha de la causación del respectivo saldo por capital a favor de mi poderdante, en tanto que en la presentación B el estimativo de los intereses se efectúa sobre la suma total debida por Marcos A. Ortiz, a partir del primero (1º) de abril de mil novecientos setenta y ocho (1978), ya que el extremo final de la relación contable objeto tribunal es la del día treinta (30) de marzo de mil novecientos setenta y ocho (1978). Así las cosas solicito al tribunal acoger el resultado que acate las normas sustantivas y comerciales aplicables a la rendición de cuentas.

Las referencias que se citan en las dos presentaciones corresponden a la rendición de cuentas aportadas por Julio Humberto Guevara Herrera al informativo”. El tribunal actuando en derecho, según la cláusula compromisoria,

CONSIDERA:

1. Adolece el informativo de pruebas sobre lo convenido entre las partes para la administración, operación y distribución de utilidades de su sociedad de hecho. Empero, se deduce de varios documentos aportados por ellas, que se distribuían las cargas y beneficios por partes iguales.

La cuentas se tienen por admitidas en los rubros en que no se suscitaron controversias entre los socios. Por ende, el tribunal únicamente tiene competencia para dirimir las objeciones que mutuamente fueron formuladas, y en las cuales las partes no lograron un entendimiento, circunstancia esta, que precisamente los llevó a acudir al procedimiento arbitral. Como se transcribió atrás, la competencia del tribunal por su aspecto cronológico es muy determinada y concreta: aprobar o improbar las cuentas del primero (1º) de enero de mil novecientos setenta y siete (1977) al veintiocho (28) de febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978). Y reconstruir, sobre esa base, el período del primero (1º) de octubre de mil novecientos setenta y cinco (1975) al treinta (30) de marzo de mil novecientos setenta y ocho (1978). La primera consecuencia de lo anterior es la de que no puede ser considerada la pretensión del socio Guevara de obtener una condena de intereses a su favor y a cargo de Ortiz, precisamente en un período que no se encuentra dentro de los dos lapsos que se acaban de determinar. Por lo tanto, no podrá prosperar la solicitud de condena de intereses por la suma de un millón ciento ochenta y siete mil cuatrocientos un pesos con 02/100 ($ 1.187.401.02.) a que aspire el señor Guevara, por el período comprendido desde noviembre de mil novecientos setenta y ocho (1978) a mayo treinta (30) de mil novecientos ochenta y dos (1982). 2. El señor Guevara objeta gastos por la suma de setenta y seis mil doscientos pesos ochenta centavos ($ 76.270.80) de valores pagados a terceros porque “No cumplen con los requisitos establecidos por la ley y que fueron incluidos dentro de los egresos y deducidos de los producidos”. Gran parte de la compra de bienes y servicios que se objeta, se refiere al pago de combustibles, aceites y pequeñas reparaciones al vehículo. Al respecto de esta objeción, el tribunal precisa que las normas tribunales para efectos fiscales, no podrían ser aplicadas en detrimento de normas especiales aplicables al caso controvertido, como son las disposiciones del Código de Comercio. En efecto, el artículo 944 de esa obra dice: “El comprador tiene derecho a exigir del vendedor la formación y entrega de una factura de las mercancías vendidas con indicación del precio y de su pago total que hubiere sido cancelada.

No reclamándose contra el contenido de la factura, dentro de los tres días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada”. Se trata de la factura comercial corriente, la cual según la norma transcrita, únicamente tiene dos requisitos: a) Descripción de la mercancía vendida; y, b) precio o valor. Y mal podrá ser de otra forma, tratándose de actividades entre comerciantes, las cuales requieren rapidez en su ejecución y brevedad en su prueba. Nótese que se trata generalmente, de compras al pormenor; y en materias de transportes, tales compras efectuadas en horas nocturnas y de urgencia, no debe entrabar el buen servicio ofrecido a los usuarios. Además, exige la norma que la factura sea entregada al comprador, quien podrá objetarla dentro de los tres días siguientes.

En el caso sub lite consta las entrega por parte del vendedor y la aceptación del comprador, teniendo en cuenta que las facturas fueron aportadas al proceso por este último. Además gran parte de las cuentas aceptadas por Guevara tiene como base facturas de las mismas características de las objetadas, pues también carecen de los requisitos que exige la ley para efectos fiscales. “No debe confundirse la factura comercial corriente con la factura cambiaria contemplada en el artículo 772 del mismo código. Esta última es un título valor con indicación de su clase; numerado, con indicación del domicilio del comprador. Y cuyos efectos se asimilan a la letra de cambio. Hernando Morales en “Teoría general de la prueba judicial”, tomo II, página 597 (Zabala Editor) afirma: “La necesaria protección a la buena fe y a las relaciones del comercio jurídico exige que contra y en favor de los terceros se acepte el sentido natural y lógico que el texto del documento (privado) presenta. 3. En cuanto a intereses se debe distinguir si se trata de préstamos hechos por los socios a la sociedad o si trata de intereses por las sumas aportadas para la constitución del capital social. En el primer caso los intereses se causan legalmente, pero en el segundo la ley permite percibir intereses sobre las sumas de aportes a sociedades solamente por el tiempo para la preparación de la empresa, según el artículo ciento cuarenta y nueve (149) del Código de Comercio que dice: “Sobre el capital social solamente podrán pactarse intereses por el tiempo necesario para la preparación de la empresa y hasta el comienzo de la explotación de la misma”. Naturalmente fluye el texto legal que las pretensiones del señor Guevara en este aspecto de la cuestión, no tienen asidero legal y deberán de negarse. 4. Por otro aspecto, esto es, si se causarían intereses por las utilidades causadas y no entregadas por el obligado a hacerlo en sociedad de hecho, tenemos que, precisamente el procedimiento de rendición de cuentas tiene por objeto determinar el quantum de las mismas para poder cobrar un crédito a favor de uno de los socios. Si ni siquiera se conoce la cuantía de una obligación, mal podrían generarse intereses sobre sumas desconocidas. Distinto si se hubieran fijado fechas para la rendición de cuentas y de pago correspondiente. En esta eventualidad se hubieran generado intereses. Los intereses empiezan a causarse, en una rendición, cuando hayan sido aprobadas definitivamente las cuentas presentadas, lo que indica la decisión previa sobre las objeciones que se hayan presentado. Obviamente que sobre crédito de los socios a cargo de la sociedad sí se causan intereses de plazo y de mora porque en esta obligación, el socio viene a tener la calidad de tercero, respecto de la sociedad que es una persona jurídica distinta a los socios individualmente considerados. En consecuencia, se procede a analizar a continuación si los ciento veintiséis mil ciento sesenta y un pesos ($ 126.161) de capital e intereses a que aspira Guevara, se refieren a préstamos de esta segunda clase, en efecto, el señor Guevara con el fin de no perder el vehículo tuvo que cancelar las letras de la compra de este, en fechas posteriores a las pactadas en las letras lo que obligatoriamente generaba intereses. Siendo así las cosas, la suma anterior debe aceptarse implica un préstamo hecho a la sociedad, en cuanto que los dineros que recibía de esta, para atender gastos concretos, eran insuficientes, por lo cual tuvo que financiárselos a la sociedad en el faltante. 5. Y para concluir esta parte del fallo, también deberá hacerse distinción entre los préstamos que como personas naturales se hicieron los señores Ortiz Guevara sin obligar a la sociedad. Caso en que como es apenas natural, por no existir causación con la explotación social, deberán ser desechadas en este laudo. 6. En lo relativo a los ingresos de pasajeros sin tiquete mal llamados de ambulancia o sea, el valor pagado por los pasajeros que abordan el vehículo durante el trayecto y no en las estaciones terminales o intermedias, se considera lo siguiente: a) Es un hecho notorio que los buses intermunicipales a través de su recorrido recogen pasajeros que no han sido tiqueteados, el recaudo de estos pasajes se denomina “ambulancia”. Con esas sumas que se recaudan el conductor del vehículo se obliga a pagar gasolina, ayudante y otros gastos menores; b) El señor Ortiz y el señor Guevara en su cruce de cartas sobre este punto llegan a acordar que efectivamente existe entrada de dinero por ese concepto, esto es, que el señor Ortiz aceptó expresamente la existencia de la “ambulancia”; y, c) El señor Humberto Guevara en su rendición de cuentas y además por intermedio de su apoderado en el alegato de conclusiones hace relación al ingreso de “ambulancia”, ingreso este que asciende a la suma de ciento sesenta y nueve mil pesos ($ 169.000); durante el período comprendido de febrero de mil novecientos setenta y siete (1977) a febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978) esto es, que nos da un promedio mensual de trece mil pesos ($ 13.000), que al multiplicarlos por los treinta (30) meses de que es objeto la reconstrucción nos da una suma de trescientos noventa mil pesos ($ 390.000).

Los anteriores ingresos, a pesar de que el señor Ortiz nombró su apoderado, no fueron objetados ni discutidos ya que como se dijo anteriormente este no presentó alegato —de conclusión—. Como se resumen de todo lo anterior y teniendo en cuenta que para los trece (13) meses del primer período (primero (1º) de feb. de mil novecientos setenta y siete (1977) a último de febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978) computando todos los meses de treinta (30) días por ser así contablemente) desechadas las objeciones y haciendo un análisis de los aceptado y rechazado por las partes arroja un total de trescientos setenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con nueve centavos ($ 375.554.09) para un promedio mensual de veintiocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos con setenta y seis centavos (28.888.76) cifra esta última que aplicada al segundo período primero de octubre de mil novecientos setenta y cinco (1975) al treinta (30) de marzo de mil novecientos setenta y ocho (1978) arroja un saldo total a favor del señor Humberto Guevara por la suma de ochocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos ($ 866.663) suma esta que se debe incrementar con los ciento veintiséis mil ciento sesenta y un peso ($ 126.161) de capital e intereses que se analizarán en el punto cuarto de estas consideraciones, lo que nos da un total de novecientos noventa y dos mil ochocientos veinticuatro pesos ($ 992.824) a favor de Humberto Guevara. En mérito de lo expuesto el tribunal de arbitramento administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley y no observándose nulidades:

FALLA:

1. Aprobar las cuentas que recíprocamente se rindieron los señores Marco Aurelio Ortiz y Humberto Guevara, por la explotación del bus de servicio público de placas SN-0414 por el período comprendido del primero (1º) de febrero de mil novecientos setenta y siete (1977) al último día de febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978), con incidencia en el período comprendido del primero (1º) de octubre de mil novecientos setenta y cinco (1975) al treinta (30) de marzo de mil novecientos setenta y ocho (1978), deduciendo o aumentando el valor de las objeciones aceptadas en la parte motiva de esta laudo.

2. En consecuencia Marco Aurelio Ortiz mayor de edad y conocido de autos deberá pagar a Humberto Guevara, de condiciones civiles detalladas atrás dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta provincia la suma de novecientos noventa y dos mil ochocientos veinticuatro pesos ($ 992.824) moneda corriente.

3. Marco Aurelio Ortiz, deberá pagar dentro del término indicado en el anterior punto segundo, a Humberto Guevara la suma de ciento doce mil quinientos pesos moneda corriente ($ 112.500 mcte.) valor de la cuenta de gastos de este tribunal que Guevara consignó a nombre del primero, más un interés del dieciocho por ciento (18%) anual desde el día dieciseis (16) de febrero de mil novecientos ochenta y dos (1982) fecha en que venció el término del requerimiento concedido a Ortiz para reembolsar dicho valor.

4. Devuélvase al señor Humberto Guevara la suma de diez mil pesos moneda corriente ($ 10.000 mcte.) suma esta que fue consignada por el mismo para gastos y no habiéndose causando gastos la suma anterior queda a disposición del señor Humberto Guevara, a partir de la ejecutoria del fallo en poder del señor presidente del tribunal.

5. Notifíquese y una vez ejecutoriado el fallo protocolícese el expediente a costa de las partes, por el presidente y secretario del tribunal, en la Notaría Séptima (7ª) del Círculo Notarial de Bogotá.

Notifíquese y cúmplase.

Firmados Hernán Altuzarra del Campo, presidente. Jaime Enrique Bogotá Agudelo, magistrado. Jaime Abella Zárate, magistrado. Felipe Pérez Cabrera, apoderado. Julio Humberto Guevara Herrera, compromisario. Álvaro E. Niño Izquierdo, secretario.

Segundo: Que la presente protocolización tiene por objeto el de que los interesados pueden obtener copia o copias de los documentos por ellos allegados y para que el acto surta los efectos legales.

Tercero: El suscrito notario declara legalmente incorporado al protocolo del año en curso y bajo el mismo número que a este instrumento corresponden los documentos de la referencia en y para los fines anteriormente indicados.

Advertí a los comparecientes las formalidades legales del presente instrumento en cuya elaboración se emplearon las hojas de papel sellado número: AF09857453 - AF09857454 - AF09857455 - AF09589466 - AF09589944 AF09589945 - AF09589946.

Leído este instrumento en legal forma, los comparecientes manifestaron su conformidad con el contenido, lo aprobaron en todas sus partes y en testimonio de asentamiento lo firman al suscrito notario que lo autorizó con firma. Derechos: Decreto 1772 de 1979.