Sentencia 2242 de julio 21 de 1988

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 2242

Acta 25

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Bogotá, D.E., veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y ocho.

Despacha la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Cristalería Peldar S.A., frente a la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín el día veintidós de octubre de mil novecientos ochenta y siete dentro del juicio ordinario laboral que a la mencionada empresa le promoviera el señor José Ángel Henao Jaramillo.

Las aspiraciones de la parte demandante fueron estas:

“a) Pagarme el valor completo de mi pensión de jubilación equivalente al 100% del promedio de sueldos devengados por mí durante el último año;

“b) Pagarme los perjuicios materiales derivados de enfermedad profesional adquirida en la compañía, así como los perjuicios morales;

“c) La indexación y los intereses respectivos sobre las sumas de la condena;

“d) Los gastos y costas del presente proceso.

Tales pretensiones fueron apoyadas en los siguientes hechos:

“Primero: Me vinculé al servicio de la entidad accionada el día 5 de febrero de 1954 y permanecí en forma ininterrumpida hasta el día 16 de febrero de 1985.

“Segundo: Me inicié como operario de materias primas en la cual permanecí por espacio de diez años y debido al medio ambiente en que me tocaba desempeñarme, adquirí una enfermedad profesional pulmonar, más concretamente silicosis.

“Tercero: Esta enfermedad terminó por acabar con mi salud y producirme una invalidez permanente total, razón por la cual el Instituto de Seguros Sociales me reconoce una pensión de tal naturaleza.

“Cuarto: La enfermedad se produjo como consecuencia de la falta de elementos de protección contra el polvo, en la sección en que laboraba y por lo mismo por culpa de la demandada, razón por la cual debe responderme por los perjuicios de orden material y moral derivados de la misma.

“Quinta: El parágrafo 1º del artículo 64 de la Convención Colectiva de Trabajo actualmente vigente en la empresa establece el derecho al 100 por ciento de la pensión de jubilación con base en el promedio de salarios devengados durante el último año, al cumplirse los requisitos de ley. En mi caso concreto se cumplieron y la empresa me comunicó que para el 17 de febrero de 1985 entraría a gozar de este beneficio.

“Sexto: No obstante la claridad de tal precepto convencional, la pensión de jubilación se me viene pagando deficitariamente, pues se me descuenta el pago que me hace el Instituto de Seguros Sociales, sin existir legal ni convencional, razón para ello”.

Del prealudido juicio conoció el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado que, por medio de sentencia proferida el primero de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, dispuso:

“1. Condénase a la empresa Cristalería Peldar S.A., representada por el doctor Gilberto Restrepo a pagar al señor José Ángel Henao Jaramillo de condiciones civiles conocidas, las siguientes cantidades de dinero:

“A) Cuatro millones ciento noventa y ocho mil doscientos cincuenta y nueve pesos ($ 4.198.259) como indemnización por perjuicios materiales;

“B) Cien mil pesos ($ 100.000) por perjuicios morales y

“C) Las costas causadas en esta instancia.

“2. Absuélvese de los restantes cargos formulados”.

Impugnada esta determinación por el apoderado de la parte demandada, el Tribunal Superior de Medellín, a través de la sentencia extraordinariamente recurrida, la confirmó modificando sólo lo relativo a las costas.

El recurso

Se apoya en la primera de las causales de casación laboral prevista por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964 y le hace cinco cargos a la sentencia impugnada.

No hubo oposición a la demanda de casación.

El alcance de la impugnación

Así se plantea:

“Pretende el recurso que la honorable Corte Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto confirmó las condenaciones contenidas en los literales A) y B) del ordinal 1º del fallo del a quo y modificó el literal C) del dicho ordinal 1º limitando las costas a un 70%, para que, en función de instancia, revoque el aludido ordinal 1º del proveído del juzgado, en sus literales A), B) y C), condenatorios por perjuicios materiales y morales y por costas, y, en su lugar, absuelva a la demandada por esos mismos conceptos e imponga las costas de las instancias y del recurso al promotor del litigio. Subsidiariamente, aspira a que la case en cuanto confirmó el literal A) y modificó el C) del ordinal 1º del fallo del juzgado y a que, en instancia, revoque el cuestionado literal 1º del dicho fallo en sus literales A) y C), y, en su lugar, absuelva a Cristalería Peldar S.A. de indemnización por lucro cesante y costas, imponiendo éstas al demandante”.

Cargo primero

Se propone en los siguientes términos:

“La sentencia materia de la impugnación viola indirectamente, en el concepto de aplicación indebida, los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 63, 1494, 1604, 1609, 1610, 1613, 1614, 2341, 2343, 2349, 2356, 2357 y 1757 del Código Civil, en relación con los artículos 56, 57, ordinales 1º, 2º y 7º, ordinal 58, 8º, 193, numeral 200, 201, 202, 204, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, y con los artículos 1º del Decreto 2355 de 1972; 1º del Decreto 778 de 1987; 23 y 83 del Decreto 3170 de 1964; 63 del Decreto 433 de 1971; 2º del Decreto 1935 de 1973; 56 y 72 de la Ley 90 de 1946 y 1º de la Ley 95 de 1980. Esas infracciones se cometieron a consecuencia de evidentes u ostensibles errores de hecho en que incurrió el sentenciador por haber apreciado equivocadamente las pruebas que adelante singularizaré.

“Los evidentes errores de hecho consistieron en:

“1. Dar por demostrado, cuando las pruebas acreditan lo contrario, que la enfermedad profesional de “Silicosis” padecida por el trabajador fue adquirida por culpa, suficientemente comprobada, de la empleadora “Cristalería Peldar S.A.”.

“2. No haber tenido como probado, estándolo debidamente, que la empresa suministró al trabajador los elementos de protección adecuados, por ser los comúnmente utilizados y únicos conocidos en la época en que estuvo expuesto a adquirir la enfermedad de “silicosis”, para prevenir o evitar que fuera afectado por dicha enfermedad.

“3. No haber tenido como probado, estándolo, que el trabajador se enfermó de “silicosis” por su propia culpa, por no haber usado permanentemente y en la forma recomendada los elementos de protección que le fueron suministrados por la empresa.

“Las pruebas erróneamente apreciadas fueron las siguientes:

“A) La demanda y su respuesta; los documentos de folios 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 48, 54, 55 a 150, 166 y 176;

“B) Los testimonios de Lázaro Antonio Valencia Ospina (fls. 34 y 36); Pedro Nolasco Castañeda Rendón (fls. 35 a 36); Édgar Alfonso Berrío Granados (fls. 49 y vto.); Juan de Jesús Fernández (fls. 49 a 50) y Baudilio (u Ovidio) Hurtado Castaño (fls. 50 vto. y 51).

“Demostración del cargo. Se procede a ello con la advertencia previa de que la acusación involucra medios probatorios no calificados (dictámenes periciales) y testimonios por cuanto constituyen también soportes de la decisión, pero que, en acatamiento de reiterada jurisprudencia de la Sala, no se ocupará de ellos sino después de que se haya examinado la prueba calificada— documentos privados provenientes de las partes y presentados por ellas, acerca de los cuales se operó reconocimiento ficto por no haber sido desconocidos ni redargüidos de falsos, y documentos públicos emanados del Instituto de Seguros Sociales, del Ministerio del Trabajo, del Banco de la República y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y demostrado error evidente generado en ella.

Lo escrito entre paréntesis no vale.

“A) La sentencia gravada, después de referirse a las declaraciones de algunos testigos (fls. 222 a 224), concluye de esta guisa:

““Es que no fue a través de la prueba testimonial como se demostró la enfermedad del señor Hurtado (sic). Fueron los exámenes médicos y científicos los que permitieron conocer la enfermedad y su origen. Con la prueba testimonial más la prueba documental que existe en el proceso se demostró la culpabilidad de la empresa en la adquisición de la enfermedad por parte del actor” (mayúsculas y resaltado no son del texto).

“Las conclusiones contenidas en el anterior acápite dejan debidamente aclarado: a) que fue con base en la prueba testimonial y en la documental, exclusivamente, que el juzgador tuvo como demostrada la culpa suficientemente comprobada del patrono; y b) que el análisis que hizo de la prueba documental, para esos efectos, es el global o genérico que se desprende de las frases “más la prueba documental que existe en el proceso”. Lo dicho explica la exclusión de la prueba pericial en la censura y la singularización e imputación de haber sido equivocadamente estimada la totalidad de la prueba documental allegada al expediente.

“Pues bien, la referida prueba está conformada así: Folio 4, comunicación dirigida por la empresa al trabajador el 3 de mayo de 1985 informándole que, en cumplimiento de la convención colectiva de trabajo, le ha reconocido pensión de jubilación por valor equivalente al 100% del salario promedio del último año de servicios, o sea de $ 45.775.50 suma de la cual le descuenta la de $ 19.923 que le paga el Instituto de Seguros Sociales por concepto de pensión de invalidez. Folio 5, aviso sobre terminación del contrato de trabajo por reconocimiento de la pensión de jubilación a partir del 17 de febrero de 1985 y orden para examen médico de retiro. Folio 6, resumen de la historia clínica del trabajador, fechado el 8 de enero de 1985, en el cual se hacen anotaciones sobre la evolución de la enfermedad (silicosis) que padece desde hace más de 20 años y se hace constar que está en trámite de pensión de invalidez. Folio 7 examen de retiro practicado por el médico de la empresa, con indicación de la sintomatología que presenta como consecuencia de la enfermedad profesional de silicosis que lo aqueja. Folios 8 y 9 y 29 y 30. Resolución del Instituto de Seguros Sociales 6826 de 10 diciembre de 1984, por el cual reconoce a Henao Jaramillo pensión de invalidez por valor de $ 19.923 con retroactividad al 2 de abril de 1984. Folio 10, examen radiológico practicado por el hospital General de Medellín el 25 de febrero de 1986. Folio 26, oficio del Banco de la República al juzgado informándole sobre el valor de la cotización del gramo de oro el 2 de abril de 1984 y sobre índice de precios al consumidor en Medellín para 1985, 1986. Folio 28, oficio fechado el 9 de julio de 1986 del Instituto de Seguros Sociales para el juzgado, en el cual informa sobre la pensión de invalidez que le está reconociendo a Henao y su actual afiliación como jubilado por Cristalería Peldar S.A. con el número patronal 02029200068. Folio 32, respuesta de Peldar al oficio 064 de 14 de mayo de 1986 del juzgado, en el cual informa sobre el tiempo de servicios del trabajador, su condición de jubilado, último salario devengado, valor de lo que le paga por concepto de pensión de jubilación después de compensar o descontar lo que paga el Instituto de Seguros Sociales por pensión de invalidez y sobre el valor de la pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales. Folio 33, oficio de respuesta del Departamento Administrativo Nacional de Estadística al juzgado sobre índice de precios al consumidor en Medellín. Folios 37 y 38, oficios del Instituto de Seguros Sociales para la empresa, datados el 5 de febrero de 1971 y 19 de septiembre de 1967, respectivamente, observando en este último que la enfermedad profesional de silicosis que sufre el trabajador fue declarada antes de que el Instituto de Seguros Sociales asumiera el riesgo respectivo (ene. 1º/67) y que el paciente está en condiciones favorables para laborar en sitios no contaminados por el sílice, pues la enfermedad no ha progresado, y, en el primero, que “Dicha incapacidad como usted bien lo sabe, ha sido y será como enfermedad común por tratarse de un problema con más de 10 años de evolución, padecida por el paciente mucho antes de asumir el Seguro Social los nuevos riesgos de enfermedad profesional, 1º de enero de 1967”. Por lo tanto, la responsabilidad de la enfermedad profesional adquirida en el trabajo, corresponde a la empresa”. Folio 42, oficio del Instituto de Seguros Sociales al juzgado solicitando datos para poder contestar oficio anterior. Folio 43, fotocopia de comprobante de incapacidad fijada al trabajador. Folio 48, comunicación del sindicato informando sobre la condición de socio de Henao y sobre cotizaciones a la institución. Folio 54, respuesta del Instituto de Seguro Social al juzgado en la que manifiesta que, conforme a la historia clínica, Henao Jaramillo, en el período 1958-1960, presentaba la enfermedad profesional del silicosis y que “La historia natural de la enfermedad es progresiva, crónica e irreversible, es variable el grado de deterioro clínico de los pacientes, es decir en cada caso”. Que en 1971 aún no era inválido y que “Al ser evaluado en abril 2 de 1984 ya el paciente se encontraba con una merma de capacidad del 50%, lo que implica una incapacidad permanente total”. Folios 55 a 150, constituyen fotocopias de la historia clínica remitida por el Instituto de Seguro Social al juzgado; en ella se registran las distintas enfermedades padecidas por el trabajador durante el tiempo de su vinculación a la empresa, entre ellas la de silicosis, diagnosticada el 25 de enero de 1958 (fl. 96), evolución y su condición de fumador hasta el año de 1973 (10 años antes de 1983, fl. 91). A folios 65 y 66 obra, haciendo parte de la historia clínica, el resultado de una investigación del ambiente laboral en que trabajó Henao Jaramillo, practicada el 20 de marzo de 1984, documento en el cual se hace referencia a la “investigación realizada por funcionarios de esta División en enero de 1967” para afirmar que “para la época en que el operario se desempeñó en esta sección el suministro de equipos de protección respiratoria se hacía en forma irregular y su mantenimiento era muy precario”. Folio 166, oficio de respuesta del Instituto de Seguro Social al juzgado informando sobre los diferentes valores que ha tenido la pensión de invalidez que paga a Henao, siendo de $ 27.517, el alcanzado a partir de enero de 1987, y folio 176, comprobante de depósito que hizo la parte demandada de los honorarios que le correspondió pagar al perito.

“Es claro, pues, que ninguna de esas probanzas permite llegar a la conclusión de que la enfermedad profesional de silicosis fue adquirida por el trabajador por culpa de la empresa. Ellas tan sólo demuestran que laboró en un ambiente propicio para la adquisición de la aludida enfermedad, por lo cual fue legalmente calificada como profesional, y que el trabajador efectivamente la adquirió por haber trabajado en esas condiciones ambientales.

“No obstante, como la apreciación de algunas de ellas pudo ser la principal causa del primer error que se está imputando, se procede a hacer especial análisis de las siguientes:

“a) Documento de folio 37. La afirmación que en él hace el Instituto de Seguros Sociales, en el sentido de que “por tanto, la responsabilidad de la enfermedad profesional adquirida en el trabajo, corresponde a la empresa”, no contiene una imputación de culpabilidad al patrono en el acaecimiento de la enfermedad padecida por el trabajador, pues dicha frase es apenas una consecuencia de lo que se ha manifestado en líneas anteriores y en el oficio de folio 38, es decir, que por haber sido adquirida la enfermedad antes del 1º de enero de 1967, fecha en la que el Instituto de Seguros Sociales comenzó a asumir el riesgo por enfermedad profesional, el dicho riesgo no sería de su responsabilidad, sino a cargo de la empresa. Lejos está, de consiguiente, la referida frase de atribuir culpa a Cristalería Peldar S.A., en la adquisición de la enfermedad por el trabajador;

“b) Documento de folio 54. Acredita que para el año de 1958 ya el trabajador había adquirido la enfermedad de silicosis y que ésta es progresiva, crónica e irreversible y que el grado de deterioro que ella produce en el organismo que la padece varía en cada caso, o sea que su agravamiento —que culminó en la incapacidad total del trabajador— no puede atribuirse necesariamente a hecho o comportamiento alguno de la empresa, pues la propia naturaleza de la enfermedad y las condiciones orgánicas y fisiológicas del trabajador bien pudieron, por sí solas, ser la causa de él. En el año de 1967, cuando el trabajador hacía mucho tiempo había dejado de laborar en ambiente contaminado por las materias primas, se encontraba “en condiciones favorables para laborar”, según lo expresa el documento de folio 37, y sólo en el año de 1984 —26 años después de diagnosticada la enfermedad y de haber continuado laborando— fue declarado inválido;

“c) Historia clínica, documento de folio 96. Ratifica que la enfermedad de silicosis le fue diagnosticada al trabajador el 25 de enero de 1958; y el de folio 91 hace patente la culpa del trabajador en la evolución desfavorable y agravamiento de la enfermedad al continuar fumando después de haberle sido diagnosticada y por el prolongado período de, por lo menos, 15 años más;

“d) Historia clínica, documento de folios 65 y 66. Contiene el resultado de una investigación de ambiente laboral que dice haber practicado el Instituto de Seguros Sociales, Seccional de Antioquia, el 20 de marzo de 1984, y hace referencia a la “investigación realizada por funcionario de esta División en enero de 1967 para conocer las condiciones generales de higiene industrial”. Las dos fechas indicadas se distancian 26 y 9 años, respectivamente, de la época en que el trabajador adquirió la enfermedad (1958) y, en consecuencia, las comprobaciones que entonces se hicieron no son idóneas para establecer el ambiente laboral o las condiciones de higiene industrial que existían en la empresa entre los años de 1954 y 1958, ni estas pueden determinarse por presunción. Esas investigaciones prueban a lo sumo, las condiciones existentes en el tiempo en que fueron practicadas, pero no las que existieron antes ni las que pudieron existir después. Tampoco resulta atendible esa prueba para tener como establecido con ella que “para la época en que el operario se desempeñó en esta sección el suministro de equipos de protección respiratoria se hacía en forma irregular y su mantenimiento era muy precario”, porque eso, por razones obvias, no lo pudieron apreciar o percibir directamente, en forma real y objetiva, los funcionarios que se dice practicaron la investigación, y el conocimiento que pudieron llegar a tener de esas circunstancias fue de oídas o por simples referencias; además, ni siquiera se indica cuáles fueron los medios o fuentes por los cuales obtuvieron información fidedigna de hechos acontecidos con tanta antigüedad.

“Aún teniendo como ciertas las deficiencias anotadas, de ellas no es posible deducir la culpa patronal, pues la misma “investigación” se abstuvo de comprobar si la empresa estuvo en condiciones de hacer el suministro en forma regular y un mejor mantenimiento en los equipos que suministraba y si dejó de hacerlo por negligencia o descuido de su parte, que es en lo que consiste la culpa. Recuérdese que se está frente a una culpa que debe demostrarse y no presumirse.

“Como queda visto, de las pruebas examinadas en el cargo y apreciadas en conjunto, como lo hizo el fallador, ni de ninguna de ellas individualmente consideradas, cabe inferir que el trabajador demandante adquirió la enfermedad profesional de silicosis por culpa del patrono. Al derivarse la conclusión contraria, se las apreció en forma equivocada, y, a consecuencia de ello, se incurrió en el ostensible error de hecho primeramente imputado en la censura.

“B) La demostración que se deja hecha de error proveniente de prueba calificada, franquea las puertas para que la acusación pueda extenderse a la prueba testimonial, por cuanto también constituye soporte de la decisión.

“De los cinco declarantes de autos, la sentencia solamente menciona tres, saber: Lázaro Antonio Valencia Ospina, Juan de Jesús Fernández y Baudilio Hurtado. Mas como en ella se concluye que “con la prueba testimonial, más la prueba documental que existe en el proceso se demostró la culpabilidad de la empresa en la adquisición de la enfermedad por parte del trabajador”, con lo cual todos los testimonios resultaron erigidos en fundamento del fallo, el cargo se ha visto precisado a imputar errónea apreciación de todos ellos, los cuales se pasan a examinar:

“Lázaro Antonio Valencia Ospina: Trabajó en la empresa, en la sección de materias primas y en oficios varios, desde 1953 a 1973: También adquirió la enfermedad de silicosis y salió pensionado por invalidez por el Instituto de Seguros Sociales y por jubilación por la empresa. Expresa que en esa época los implementos de seguridad industrial eran pocos, pues “lo único que le daban a uno era un dulce-abrigo para taparse la nariz” y que “en la actualidad la empresa está muy automatizada y esas malas condiciones se han reducido en mucha parte, pues me comentan los compañeros que ya suministran buenos elementos de seguridad y esta modernización ha sido progresiva”. Que el demandante también trabajó en materias primas y que luego pasó a la sección de empacadero por notificación del Seguro Social que dio orden de cambiarlo de sección y así lo hizo la empresa. El Reglamento de Higiene y Seguridad estaba publicado en carteleras, pero yo no lo leía. Es cierto que la empresa daba caretas de caucho a medida que se fue modernizando.

“Nada contiene este testimonio que dé pie para imputar culpa a la empresa. El trabajo en la sección de materias primas, la adquisición de la enfermedad de silicosis y la calificación de ésta como profesional, no han sido materia de discusión en el juicio. El suministro de dulceabrigo y de caretas para protegerse del polvo son demostración de que el patrono sí se preocupaba por dotar al trabajador de elementos de protección, pero no de que a la sazón existieran mejores o más adecuados elementos que los que suministraba, ni que, existiendo, no los hubiera suministrado voluntariamente, por negligencia o descuido. El testigo dice textualmente: “Uno no sabe si por la época en que la empresa no suministraba elementos adecuados de protección y seguridad, si era por descuido de ella o porque tales elementos no estaban en el mercado”. Por el contrario, el dicho del testigo acerca de que “en la actualidad la empresa está muy modernizada y esas malas condiciones se han reducido y ya suministran buenos elementos de seguridad y esta modernización ha sido progresiva” y de que cuando se detectó la enfermedad del demandante y el Instituto de Seguros Sociales aconsejó el cambio de oficio la empresa lo trasladó, hacen resaltar la preocupación empresarial por dotar al trabajador de mejores elementos de protección, en la medida en que se fueron descubriendo y apareciendo en el mercado y se fue modernizando la respectiva actividad industrial, así como su celo y diligencia en acatar las recomendaciones médicas enderezadas a proteger la salud del trabajador a través de una nueva ocupación.

“Pedro Nolasco Castañeda Rendón: Trabaja en la sección de selección y cartonería desde 1958; Henao Jaramillo trabajó allí con él desde 1960 y durante 4 o 5 años, luego pasó a laborar como celador y más tarde en las cafeterías de la empresa. En el área donde el testigo trabajaba nadie podía laborar sin los elementos de seguridad, como guantes, gafas y tapones para los oídos; además estaba la enfermería donde auxilian al personal.

“Con mayor razón, tampoco puede encontrarse en este testimonio base para deducir culpa a la empresa; antes bien, su dicho saca a relucir el rigor patronal en el cumplimiento de su deber de dar al trabajador seguridad y protección y confirma los diferentes cargos ocupados por el trabajador demandante a partir, por lo menos, de 1960.

“Édgar Alfonso Berrío Granados; ignora todo lo relativo a la enfermedad del actor, pero destaca el cumplimiento de la empresa en lo relacionado con la seguridad de los trabajadores y con el suministro de adecuados elementos de protección. Nada dice que pueda servir de respaldo a la decisión del Tribunal.

“Juan de Jesús Fernández: Trabaja en la empresa desde 1957; laboró en “materias primas” 13 años; describe el ambiente propicio para la silicosis. Afirma que por esa época les daban como elemento de protección un trapo rojo y nada más. “No me doy cuenta si por esa época se vendían en el mercado elementos de protección más modernos y en este momento la empresa los suministra, pero no sé de qué clase porque yo ya no trabajo allá”. “Cuando yo trabajaba en materias primas no recuerdo si daban a los trabajadores máscaras de caucho”. Laboró 8 años en materias primas pero no adquirió la enfermedad de silicosis.

“Este testigo tampoco atribuye a la empresa hecho u omisión alguna de los cuales se le puede deducir culpa, ni sabe si en el mercado se vendían mejores elementos de protección que los que ella suministraba. Es significativo el hecho de que habiendo laborado más tiempo que el actor (8 años) en el ambiente contaminado de la sección de materias primeras no hubiese adquirido la enfermedad de silicosis.

“Baudilio Hurtado Castaño: Trabajó 25 años en materias primas y salió enfermo y jubilado. Llama la atención la circunstancia de que habiendo adquirido la enfermedad de silicosis, como él lo afirma, no haya sido pensionado por invalidez por el Instituto de Seguros Sociales. “Para favorecerse uno de ese polvo le suministraban un dulce-abrigo y eso no servía sino para una media precaución porque eso se le iba pasando a uno a las mucosas. En esos tiempos también nos daban unos guantes de trapo...” “Últimamente sí hay más protección en materias primas, como aspiradoras de polvo que son unos aparatos con unos motores para recoger el polvo y esto fue que digamos desde hace unos 4 o 5 años. Yo no sé si estos aparatos existían en el mercado anteriormente. Hoy están dando unas narigueras de caucho, más o menos desde hace unos 4 o 5 años”.

“También se destaca en esta declaración que la empresa suministraba a los trabajadores que laboran en materias primas los elementos de protección que entonces se conocían para disminuir la aspiración de polvo, así no fueran 100% eficaces, y que a medida que se fue modernizando y se conocieron otros elementos “que ofrecieran mayor protección los fue suministrando, hasta llegar a utilizar en el presente máquinas extractoras del polvo.

“El que se deja hecho es el correcto análisis de la prueba testimonial, del cual, antes que inferirse culpa de la empresa, se desprende su permanente voluntad de dar cumplimiento a su deber de rodear de seguridad y protección a los trabajadores y, concretamente, a los que, como el demandante, laboraba en la sección de materias primas; seguridad y protección que progresaron y mejoraron cuando se fueron inventando y fabricando elementos más modernos y más idóneos para evitar la contaminación con el polvo que expelían las materias con que se trabajaba. En contraste, el Tribunal no hace ningún análisis, sino que se limita a polemizar con el apoderado de la demandada para criticarle que ponga en boca del testigo Valencia la afirmación de que la contaminación era del 100%, cuando lo afirmado por éste es que era “casi en un 100% por la producción de polvo”; o que afirme que el testigo Fernández, y no Hernández, haya dicho que las materias primas que producían el polvo eran 18, siendo que lo dicho por él fue que “eran aproximadamente unos 18 materiales”; o para soslayar los reparos que formuló al testimonio de Hurtado, expresando “que no fue a través de la prueba testimonial como se demostró la enfermedad de Hurtado (sic), sino por medio de exámenes médicos y científicos.

“De esa originalísima forma del ad quem de analizar una prueba en derecho —que lo llevó a tener como demostrado que el demandante Henao Jaramillo laboró en ambiente contaminado por el polvo de sílice y que debido a ello adquirió la enfermedad profesional de silicosis, con lo cual ningún avance de importancia hizo para la definición de la litis, por cuanto esos hechos fueron aceptados por la parte demandada y excluidos por ella de toda discusión en el juicio— sorpresivamente concluyó que “con la prueba testimonial, más la prueba documental que existe en el proceso se demostró la culpabilidad de la empresa en la adquisición de la enfermedad por parte del actor”. Vaya! Vaya!

“En ninguna parte del fallo explica el Tribunal cómo y porqué de las probanzas que dice haber examinado —documentos y testimonios— deduce la culpa de la empresa. Tales pruebas, como se ha visto, acreditan que ella suministró al trabajador demandante y, en general, a todos sus trabajadores, los elementos de protección que en cada momento o época solían usarse por ser los únicos conocidos y que a medida que se fueron conociendo otros con mayor eficacia fue mejorando la correspondiente dotación; que siempre mostró celo y preocupación por la salud del trabajador demandante y estuvo pronta a cumplir las recomendaciones médicas y a efectuar los cambios o traslados que se le sugirieron; que la enfermedad de silicosis puede ser adquirida por unos trabajadores y por otros no, a pesar de que laboren en el mismo ambiente de contaminación y con idénticos elementos de protección, por lo que una de las causas que contribuye a su adquisición es la predisposición orgánica de la persona; y que la empresa actuó, en punto a seguridad y protección del trabajador, con la diligencia y cuidado requeridos.

“Los manifiestos errores fácticos imputados a la sentencia y que quedan debidamente demostrados, se tornan más protuberantes bajo la consideración de que no es cualquier culpa patronal la que genera la indemnización plena de perjuicios, como acontecía en la anterior legislación, sino la que aparezca suficientemente comprobada, es decir, sobradamente demostrada, de modo plenísimo, sin el menor asomo de duda, con la más absoluta y deslumbrante claridad. La carga de la prueba de esa culpa manifiesta, como es obvio y como lo ha exigido siempre la jurisprudencia, corre a cargo de la parte que la imputa, pues no cabe presumirla, como prácticamente se hace cuando se trata de los resarcimientos que el Código consagra de manera especial a cargo de los patronos con base en la teoría del riesgo creado (Tribunal Supremo del Trabajo, sent. abr. 22/52, Gaceta del Trabajo, Tomo VIII, pág. 157 y CSJ, S. de Cas. Laboral, sent. abr. 10/75. Gaceta Judicial, Tomo CLI, pág. 428).

“En el caso de autos, las pruebas de las cuales se está predicando errónea apreciación, no solamente no contienen la suficiente comprobación de la culpa de la empresa en la adquisición de la enfermedad por parte del trabajador, sino que ni siquiera exhiben la más leve o remota posibilidad de que hubiera existido culpa suya en ese acaecimiento. Sin embargo, de esas piezas probatorias la derivó el ad quem, y, para hacerlo, le bastó con afirmar que “con la prueba testimonial, más la prueba documental que existe en el proceso se demostró la culpabilidad de la empresa en la adquisición de la enfermedad por parte del actor”, como si para que la culpa resulte suficientemente comprobada bastara la simple afirmación del juez de que lo está.

“Conclúyese de lo expuesto, que el Tribunal Superior de Medellín, al tener como “suficientemente comprobada la culpa del patrono”, hizo una equivocada apreciación de las pruebas que el cargo singulariza y analiza, e incurrió en los consiguientes y ostensibles errores de hecho que la censura le imputa. Tales errores lo condujeron a aplicar en forma indebida, violándolos en consecuencia, los ordenamientos legales que integran la proposición jurídica, de modo principal los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 63, 1613 y 1614 del Código Civil. Esas infracciones de ley trascendieron en la parte resolutiva del fallo, pues sin ellas, y en correcta aplicación de los mencionados preceptos, no habría confirmado la decisión condenatoria del juzgado por indemnización plena u ordinaria de perjuicios y costas, sino que la habría absuelto por esos extremos, previa revocatoria de las condenaciones impuestas por el a quo.

“En consecuencia, estando debidamente fundada y demostrada la acusación, la honorable Corte, atendiendo la aspiración principal del recurso, deberá casar la sentencia recurrida en la forma como se solicita en el alcance de la impugnación y proceder, para la correspondiente decisión de instancia, como allí se indica”.

Se considera

No se discute en el presente que el trabajador demandante presentaba en el lapso 1958-1960 la enfermedad profesional denominada silicosis (CST, art. 201, num. 6º), la que según lo expresado en el documento de folio 54 es “progresiva, crónica e irreversible y al ser evaluado el 2 de abril de 1984 el paciente se encontraba ya con una merma de capacidad del 50% lo que derivaba en una incapacidad permanente total”.

“Al contrario de lo que ocurre con el accidente de trabajo; según se extrae del artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo que por ser un acaecer súbito, su ubicación en el tiempo no presenta dificultad alguna, la enfermedad profesional es el resultado de un proceso paulatino, según las circunstancias orgánicas de cada trabajador y esa fue la sintomatología presentada por Henao Jaramillo (art. 200 ibíd.). El recurrente reafirma lo anterior al expresar:

“De esa originalísima forma del ad quem de analizar una prueba en derecho que lo llevó a tener como demostrado que el demandante Henao Jaramillo laboró en ambiente contaminado por el polvo de sílice y que debido a ello adquirió la enfermedad profesional de silicosis, con lo cual ningún avance de importancia hizo para la definición de la litis, por cuanto esos hechos fueron aceptados por la parte demandada y excluidos por ella de toda discusión en el juicio...” (fl. 22, cdno. 2; resaltado no es del texto).

Realizadas las precedentes consideraciones esta Sala de la Corte entrará a analizar el fondo de la controversia. A través del cargo pretende el casacionista demostrar que la enfermedad profesional de “silicosis” padecida por el demandante no fue adquirida por culpa de la empresa demandada —error primero—; que Peldar suministró al trabajador los elementos de protección adecuados, que eran los utilizados en la época —error segundo—; y que el trabajador se enfermó de “silicosis” por su propia culpa, al no haber usado permanentemente y en la forma recomendada los elementos de protección que le suministró la empresa —error tercero—. A fin de demostrar los mismos, concluye:

“Los manifiestos errores fácticos imputados a la sentencia y que quedan debidamente demostrados, se tornan más protuberantes bajo la consideración de que no es cualquier culpa patronal la que genera la indemnización plena de perjuicios, como acontecía en la anterior legislación, sino la que aparezca suficientemente comprobada, es decir, sobradamente demostrada, de modo plenísimo, sin el menor asomo de duda, con la más absoluta y deslumbrante claridad. La carga de la prueba de esa culpa manifiesta, como es obvio y como lo ha exigido siempre la jurisprudencia, corre a cargo de la parte que la imputa, pues no cabe presumirla, como prácticamente se hace cuando se trata de los resarcimientos que el Código consagra de manera especial a cargo de los patronos con base en la teoría del riesgo creado (Tribunal Supremo del Trabajo, sent. abr. 22/52, Gaceta del Trabajo, Tomo VIII, pág. 157 y CSJ, S. de Cas. Laboral, sent. abr. 10/75, Gaceta Judicial, Tomo CLI, pág. 428).

“En el caso de autos, las pruebas de las cuales se está predicando errónea apreciación, no solamente no contienen la suficiente comprobación de la culpa de la empresa en la adquisición de la enfermedad por parte del trabajador sin que ni siquiera exhiban la más leve o remota posibilidad de que hubiera existido culpa suya en ese acaecimiento. Sin embargo, de estas piezas probatorias la derivó el ad quem, y, para hacerlo, le bastó con afirmar que “con la prueba testimonial, más la prueba documental que existe en el proceso se demostró la culpabilidad de la empresa en la adquisición de la enfermedad por parte del actor”, como si para que la culpa resulte suficientemente comprobada bastara la simple afirmación del juez de que lo está.

“Conclúyese, de lo expuesto, que el Tribunal Superior de Medellín, al tener como “suficientemente comprobada la culpa del patrono”, hizo una equivocada apreciación de las pruebas que el cargo singulariza y analiza, e incurrió en los consiguientes y ostensibles errores de hecho que la censura le imputa. Tales errores lo condujeron a aplicar en forma indebida, violándolos en consecuencia, los ordenamientos legales que integran la proposición jurídica, de modo principal los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 63, 1613 y 1614 del Código Civil. Esas infracciones de ley trascendieron en la parte resolutiva del fallo, pues sin ellas, y en correcta aplicación de los mencionados preceptos, no habría confirmado la decisión condenatoria del juzgado por indemnización plena u ordinaria de perjuicios y costas, sino que la habría absuelto por esos extremos, previa revocatoria de las condenaciones impuestas por el a quo” (fl. 23, cdno. 2).

El artículo 200 del Código Sustantivo del Trabajo define la enfermedad profesional como “todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. Las enfermedades endémicas y epidémicas de la región sólo se consideran como profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatirlas por razón de su oficio”. El artículo 216 del mismo ordenamiento, dispone: “Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”.

Las indemnizaciones previstas en el Código Sustantivo del Trabajo para los perjuicios provenientes de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, tienen fundamento en el riesgo creado; no se originan de la culpa sino de la responsabilidad objetiva. Pero la indemnización consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, exige la demostración de la culpa patronal, que se establece cuando los hechos muestran que faltó “aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”, según la definición de culpa leve que corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes.

Cuando se pretende reclamar la indemnización común, al asalariado le basta demostrar el accidente y sus consecuencias. En cambio, cuando se pretenda la indemnización ordinaria (CST, art. 216), debe el trabajador demostrar la culpa del patrono y éste estará exento de responsabilidad si demuestra que tuvo la diligencia y cuidados requeridos.

El Tribunal al pronunciarse sobre las medidas adoptadas por la empresa para evitar la enfermedad, en forma por demás lacónica, dijo:

“Se afirma en la sustentación a la apelación que la empresa demandada ha realizado desde el año de 1958 algunas actividades tendientes a evitar la ocurrencia de la enfermedad. Sin embargo, la prueba testimonial y documental nos indican que, por el contrario, tales medidas no existieron, y cuando se tomaron algunas fueron ineficaces, como fue el de haber dotado a los trabajadores de un dulceabrigo para que se taparan la nariz.

“Sería suficiente argumento, en contra de la afirmación patronal observar el estudio que obra a folios 65 para que se llegue a la convicción de que en el caso del señor Henao éste estuvo expuesto muchos años a la contaminación del sílice libre (SiO2) que le causó la enfermedad”.

El Instituto de Seguros Sociales —Seccional Antioquia—, División de Salud Ocupacional realizó el 20 de marzo de 1984 una investigación de ambiente laboral a Cristalería Peldar en torno al caso de José Ángel Henao Jaramillo. Tal informe consagra las siguientes observaciones:

“1. Durante su permanencia en la sección materias primas (8 años) el operario se vio expuesto a inhalar material particulado proveniente de los procesos de trituración y manejo de las siguientes materias primas: Feldespato, caliza, arena y soda.

“2. De investigación realizada por funcionario de esta División en enero de 1967 para conocer las condiciones generales de higiene industrial. Se observó para esta sección contaminación del ambiente por polvo proveniente de escapes del equipo o descargue de transportadores sin sistema de control. Lo mismo que en la pesada de materias primas y mezcla de las mismas.

“3. Los contenidos de sílice libre SiO2 para las materias primas que allí se manejan varían desde un 50 a 100% y cuando se realiza la mezcla pueden alcanzarse porcentajes hasta del 50%.

“4. Para la época en que el operario se desempeñó en esta sección el suministro de equipos de protección respiratoria se hacía en forma irregular y su mantenimiento era muy precario.

“5. El operario se vio nuevamente expuesto a contaminación por polvo cuando fue trasladado al bar como administrador de los silos de almacenamiento de materias primas. A raíz de visita practicada por funcionarios de esta División la cafetería fue trasladada a un lugar donde no existe este factor de riesgo debido a que queda retirada de las plantas de producción.

“Conclusión:

“De los 30 años que ha laborado en Cristalería Peldar, 12 de ellos transcurrieron en áreas contaminadas por material particulado con alto porcentaje de sílice libre S.02(sic); por lo tanto el diagnóstico de neumoconiosis con el cual lo remitió a Salud Ocupacional el doctor Elkin Estrada Gómez Código 05-003 queda plenamente justificado”.

Infiere la Sala, del informe transcrito, que al demandante lo tuvo Cristalería Peldar laborando durante doce años en áreas contaminadas por material particulado con alto porcentaje de sílice libre SiO2. Allí no existían sistemas de control para combatir la contaminación del ambiente por polvo proveniente de escapes del equipo de protección o descargue de transformadores. Los equipos de protección respiratoria eran suministrados en forma irregular y su mantenimiento era precario. El aludido informe tuvo como sustento una investigación realizada a la demandada por funcionarios de salud ocupacional del Instituto de Seguros Sociales en enero de 1967, pues en época un poco anterior a la precedentemente señalada fue que Henao Jaramillo estuvo trabajando en áreas de la demandada altamente contaminadas; por consiguiente, la investigación del 20 de marzo de 1984 se halla cimentada en prueba que tuvo en cuenta factores de lugar, modo y tiempo, es decir, hubo inmediatez entre el trabajo efectuado en tales condiciones y la investigación aludida.

Frente a los planteamientos esbozados conviene recordar que corresponde al patrono precisamente, el cumplimiento de las obligaciones de protección y seguridad para con los trabajadores (CST, art. 56) y, además, es obligación especial suya “procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud” (ibíd., art. 57-2).

En el presente caso la empresa incumplía requisitos mínimos de seguridad, pues no les suministraba a sus trabajadores los elementos necesarios para protegerse del intenso polvo y carecía del equipo adecuado para liberar a los asalariados del ambiente contaminado en que laboraban. Tampoco existían en la empresa sistemas de control del ambiente en la sección de materias primas; además, no se daba motivación hacia las condiciones de saneamiento ambiental, higiene y seguridad industrial para la época en que los funcionarios de Salud Ocupacional del Instituto de Seguros Sociales realizaron en Peldar la investigación para conocer las condiciones generales de higiene industrial (ene. /67).

Esta misma Sección de la Sala, en caso análogo dijo: “Es esta una obligación patronal (las consagradas en el CST, arts. 56 y 57, num. 2º) imperativa que corresponde a la esencia tutelar del derecho del trabajo (C.N., art. 17). Es cierto que constituye una obligación de medio y no de resultado, pues en general resulta imposible eliminar totalmente, en la práctica, los riesgos e infortunios del trabajo. Pero el cabal cumplimiento de los reglamentos de higiene y de seguridad, que constituyen el mínimo de protección razonable y exigible, se imponen como obligación absoluta a toda empresa que se constituya, independientemente de su capacidad técnica y financiera.

“Una empresa o patrono que por cualquier motivo resulte incapaz de suministrar efectivamente el mínimo de protección “razonable” dispuesto y prefijado por la ley y por los reglamentos correspondientes, no puede operar lícitamente, por razones de ética social, y por la obligatoriedad compulsiva que debe tener la seguridad industrial” (G. J. Nº 2410, cas. sep. 28/82).

En conclusión, hecha la confrontación del haz probatorio analizado no se encuentran acreditados los tres errores de hecho que el cargo le endilga a la sentencia del ad quem y menos que estos ostenten la característica de “ostensible”. Ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral que “para los fines de la casación es indispensable que el error de hecho sea de tal modo evidente que por sí solo surja sin mayor elucubración del análisis de la prueba singularizada, porque de lo contrario, se torna dudoso y la presunción de acierto con que llega la sentencia a la casación hace que aquella sea intocable. Como bien lo tiene aceptado la jurisprudencia, se trataría en tal caso de una simple diversidad de criterio al estimar el valor de una prueba, y en ello es obvio, podría caber error, si se quiere, pero no en los términos que la ley de casación exija para que en razón de él se pueda infirmar una sentencia”.

Consiguientemente con lo expuesto, el sentenciador de segundo grado no incurrió en error de hecho ostensible y trascendente y, por lo tanto, el cargo no prospera.

Cargo segundo

Es propuesto en estos términos:

“Aplicación indebida, de la vía directa, de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 1613, 1614 y 2341 del Código Civil.

“Para efectos de esta acusación, no se discute que el trabajador adquirió al servicio de la empresa una enfermedad profesional por culpa de ésta.

“La Sala falladora, al estudiar los planteamientos del apoderado de la parte demandada acerca de la inexistencia de perjuicios materiales por lucro cesante, por no haber sufrido el trabajador merma en sus ingresos a pesar de la enfermedad que padeció, en la página 11 bis de su providencia, folio 227, expresa:

““Es cierto que cuando el trabajador sufre una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, solamente son indemnizables los perjuicios materiales, en cuanto al lucro cesante se refiere, cuando el trabajador efectivamente se ha visto en imposibilidad de obtener el salario que venía devengando, porque cuando, a pesar del infortunio, el trabajador continuó con ingresos iguales o superiores a los que venía obteniendo con anterioridad al accidente o enfermedad, entonces no se puede pensar en indemnizarlo, ya que en realidad o no sufrió perjuicio alguno” (resaltados no son del texto).

“El párrafo transcrito no deja duda de que el Tribunal entendió correctamente los preceptos que conforman la proposición jurídica, pues si el lucro cesante, a voces del artículo 1614 del Código Civil, es la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardando su cumplimiento”, es claro que no se produce daño alguno ni perjuicio indemnizable por ese concepto cuando la ganancia o provecho que se venía recibiendo o los ingresos que la víctima percibía antes del insuceso, no desaparecen ni se disminuyen.

“No obstante esa correcta inteligencia de las normas, el ad quem, al aplicarlas al caso concreto —en el que no fue materia de discusión el hecho de que el trabajador había continuado percibiendo los mismos ingresos que antes tenía, como, además, el actor y la propia sentencia lo admitieron— no les hizo producir todos los efectos queridos por el legislador y en ellas previstos, como son los de que no se produciría daño ni perjuicio indemnizable por lucro cesante cuando el incumplimiento o el hecho culposo no generaba, en la persona que lo padece, pérdida o disminución de la ganancia o provecho que venía obteniendo.

“Al confirmar el Tribunal, en las circunstancias anotadas, la condenación del Juzgado por lucro cesante, les hizo producir a los ordenamientos singularizados efectos contrarios a los contemplados en ellos, aplicándolos en forma indebida y violándolos en consecuencia”.

Se considera

No incurre el Tribunal en las transgresiones legales de que en esta oportunidad se le acusa porque, como bien lo anota en su fallo, la pensión de jubilación que como prestación patronal especial se prevé por el Código Sustantivo del Trabajo en favor del trabajador que cumpla con los requisitos de su artículo 260 tiene origen y cumple función bien distinta de la indemnización plena de perjuicios que consagra el artículo 216 del Código en cita como prestación patronal común cuando el accidente de trabajo o la enfermedad profesional tiene ocurrencia por culpa patronal, circunstancia por la que, razonadamente, se tiene sentado tanto por la jurisprudencia como por la doctrina que, una y otra, son legalmente compatibles sin que por motivo alguno se excluyan en cuanto que, mientras la pensión de jubilación asegura la vejez de quien por largos años y, en llegando a cierta edad, ve afectada la posibilidad de procurarse, por sus propios medios, una cóngrua subsistencia para sí y para aquellos a quienes por ley debe alimentos, la indemnización de perjuicios prevista en el artículo 216 en cita, sanciona al empleador cuando se establece que, en la ocurrencia de los hechos que generan el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, no tuvo aquella diligencia o cuidado que en los negocios propios suelen emplear los hombres.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

Cargo tercero

Así se propone:

“Violación, por interpretación errónea, de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 1613, 1614 y 2341 del Código Civil, en armonía con los artículos 22, 23, 127, 204 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo y con los artículos 1º, 5º, y 11 del Decreto 3041 de 1966; 23 y 83 del Decreto 3170 de 1964; 63 del Decreto 433 de 1971; 2º del Decreto 1935 de 1973; 56 y 72 de la Ley 90 de 1946 y 193-2 del Código Sustantivo del Trabajo.

“Tampoco este cargo discute cuestiones de hecho. Acepta las conclusiones de esta índole contenidas en la sentencia.

“El aparte del fallo transcrito en la censura anterior, no obstante que contiene una acertada interpretación desde el punto de vista que fue examinado, podría ser entendido en el sentido de que cuando por virtud del infortunio el trabajador queda imposibilitado para obtener el salario que venía devengando, el ingreso que a partir de entonces perciba, para que tenga la virtud de excluir la indemnización por lucro cesante, tiene que participar de la misma naturaleza de aquel, esto es, obedecer al concepto de salario. En otras palabras, aunque el ingreso se perciba en la condición de trabajador y en razón de la vinculación contractual laboral que se tuvo con la empresa y de la afiliación como tal al Instituto de Seguros Sociales, y sea, además, igual o superior al que antes se tenía, si reviste un carácter distinto, verbi gratia, pensión de invalidez o pensión de jubilación, o mixto, el perjuicio deberá entenderse causado y será procedente la indemnización por lucro cesante. Si el ingreso anterior era salario, el que se obtenga después del insuceso, para que no se cause tal indemnización, debe ostentar el mismo carácter de salario.

“Tal interpretación no consulta el verdadero sentido o alcance de los preceptos citados en primer lugar, de modo especial del 1614 del Código Civil, en cuanto define el lucro cesante como “la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplida imperfectamente, o retardado su cumplimiento”, pues, su correcto entendimiento proclama, a contrario sensu, que no habrá lucro cesante indemnizable si la ganancia o provecho continúa recibiéndose sin mengua alguna o si, como con mayor claridad lo expresa la sentencia impugnada, “el trabajador continuó con ingresos iguales o superiores a los que venía recibiendo con anterioridad al accidente o enfermedad...”. El legislador no exigió una determinada condición o característica para “la ganancia o provecho”, ni que ésta debería tener siempre la misma fuente u origen; tampoco prohibió que la causa del ingreso, ganancia o provecho pudiera ser sustituida por otra. En el caso de autos, por lo demás, el nuevo ingreso sigue teniendo como causa, en común con el anterior, la calidad de trabajador y el contrato de trabajo.

“Al intérprete no le es permitido distinguir donde el legislador no lo ha hecho. Por ello, la correcta inteligencia de la norma no puede ser distinta de la que permite concluir que si el trabajador incapacitado por enfermedad profesional con culpa del patrono continúa percibiendo de aquél o del Instituto de Seguros Sociales, o de ambos, el mismo ingreso que recibía antes de quedar incapacitado, no sufre merma en su patrimonio ni perjuicio alguno por lucro cesante que deba serle indemnizado. Es que, como tantas veces se ha dicho, la indemnización no busca empobrecer ni enriquecer a la víctima, sino dejarla o colocarlas en el mismo estado que antes tenía.

“De otro lado, resulta imposible que un trabajador que ha perdido totalmente la capacidad laboral pueda continuar obteniendo la misma remuneración o salario. Semejante exigencia comporta una errónea interpretación de los artículos 127 y 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo en cuanto desconoce el sentido retributivo del servicio que esos preceptos otorgan al salario, al estimar posible que un trabajador que no puede laborar por estar incapacitado pueda continuar recibiendo el mismo o superior ingreso por concepto de salario. Tal exigencia del fallo, como fundamento para la exoneración de condena por lucro cesante, es aberrante, absurda e inverosímil.

“En consecuencia, resalta de lo expuesto que la correcta interpretación de las disposiciones legales de que la censura se ha ocupado específicamente y de todas las que integran la proposición jurídica en conjunto, es la que excluye toda posibilidad de condena por lucro cesante cuando el trabajador sigue teniendo el mismo ingreso, cuantitativamente considerado, cualquiera que sea la causa o fuente que lo origine en el ámbito laboral”.

Se considera

Las argumentaciones de la Sala expuestas en el cargo anterior en relación con la diversa naturaleza jurídica de que están provistas la pensión de jubilación y la indemnización plena de perjuicios por accidente de trabajo o enfermedad profesional cuando estos se causan por culpa del patrono, cobran vigencia ahora para estimar que es equivocada la conclusión del recurrente en el sentido de que:

“...que la correcta interpretación de las disposiciones legales de que la censura se ha ocupado específicamente y de todas las que integran la proposición jurídica en conjunto, es la que excluye toda posibilidad de condena por lucro cesante cuando el trabajador sigue teniendo el mismo ingreso, cuantitativamente considerado, cualquiera que sea la causa o fuente que lo origine en el ámbito laboral”.

No debe perderse de vista en el presente caso que el monto de la pensión es equivalente al 100% del sueldo promedio del último año de servicios por el solo hecho de que el trabajador, al momento de entrar a disfrutarla, sufra de silicosis (fl. 4), aunque se haya adquirido sin culpa patronal; por manera que si por esa sola circunstancia el valor de la pensión de jubilación es una cuarta parte más alto —por acuerdo convencional— que el previsto legalmente para la pensión plena (CST, art. 260), no se ve razón alguna para considerar, como lo pretende el censor, que porque esa prestación sea pecuniariamente igual al último promedio anual, no se tenga el derecho a la indemnización prevista por el ya mencionado artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo cuando judicialmente se ameriten sus exigencias.

El cargo, por lo visto, no prospera.

Cargo cuarto

Dice:

“La sentencia acusada viola, en el concepto de infracción directa, como violación medio, el artículo 388, inciso 4º del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 389 y con el 179 ibídem y con los ordenamientos 145, 51, 54 y 61 del Código de Procedimiento del Trabajo y, como consecuencia, en el concepto de aplicación indebida, los artículos 56, 57, ordinales 1º, 2º y 7º, 58, ordinal 8º, 193-2, 200, 201, 202, 204, 216, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 63, 1494, 1604, 1609, 1610, 1613, 1614, 2341, 2343, 2349, 2356, 2357 y 1757 del Código Civil.

“El Juzgado, por medio de auto proferido en la audiencia celebrada el treinta de abril de mil novecientos ochenta y siete, decretó, de oficio, la prueba pericial que obra a folios 172 a 174, para que un perito “calcule los perjuicios materiales que presuntamente pudieron derivarse de la enfermedad profesional” padecida por el actor. Por auto de 26 de junio de 1987 fijó en $ 25.000 los honorarios del perito y dispuso “que serán pagados por ambas partes en cuantía del 50% cada una”.

“En julio 8 de 1987, mediante aplazamiento de la audiencia de juzgamiento prevista para esa fecha, requirió a las partes para que cancelaran los dichos honorarios. En agosto trece (13), habiendo cancelado ya la parte demandada la cuota que le fue asignada, aplazó nuevamente la decisión, porque “hasta el momento la parte demandante no ha pagado los honorarios fijados al perito”. El veinticuatro (24) de agosto, por la misma razón, volvió a abstenerse de proferir el fallo, pero lo dictó, sin que la parte demandante hubiera cumplido con la orden de pagar su cuota de honorarios, el día 1º de septiembre de 1987. La condena que se fulminó, en lo que respecta a la cuantificación de los perjuicios por lucro cesante, tuvo como único fundamento el cuestionado dictamen pericial y el valor en él determinado.

“El Tribunal, por su parte, para confirmar la aludida condenación, también tuvo como demostrado el valor de los perjuicios alegados por el actor con el dictamen pericial, único medio probatorio allegado a los autos a ese propósito.

“Pero la tal probanza no podía ser apreciada por el juzgador por mandato perentorio e ineludible del inciso 4º del artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, que en armonía con los artículos 389, numeral 1º, y 179, 2º inciso, ibídem, y 54 del Código Procesal Laboral, preceptúa:

““No será apreciada la prueba cuya práctica haya causado honorarios; mientras no se constituya dicho propósito (El depósito de su valor —agrego yo— a la orden del Juzgado o Tribunal, conforme al inciso precedente). La parte deudora no será oída —continúa la norma—, sin necesidad de requerimiento, hasta cuando presente el título de depósito, a menos que se trate de interposición de recursos o petición de pruebas” (los resaltados son míos).

“Si el sentenciador de segundo grado apreció el dictamen pericial y le otorgó mérito probatorio y basó en él su decisión condenatoria, fue porque ignoró los mencionados preceptos o porque, conociéndolos, se rebeló contra ellos, dejándolos de aplicar, en consecuencia, e incurriendo en infracción directa de ellos. Esas violaciones lo condujeron, forzosamente, a hacer una indebida aplicación de las normas sustanciales que integran la proposición jurídica, especialmente los ordenamientos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 1494, 1604, 1613, 1614 y 1757 del Código Civil.

“Si el ad quem hubiera aplicado aquel primer grupo de normas habría desechado el dictamen pericial y no habría hecho una indebida aplicación de los preceptos sustanciales singularizados, y en vez de confirmar la decisión condenatoria del Juzgado, la habría revocado y, en su lugar, absuelto a la empresa por perjuicios materiales”.

Se considera

El cargo, como quedó transcrito, viene enderezado por la vía directa; ésta tal como jurisprudencial y doctrinariamente lo tienen aceptado, sólo pueden atender el estudio de asuntos de exclusiva naturaleza jurídica o de derecho.

Para establecer, en este asunto, si el Tribunal ignoró el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil en relación con el no depósito de la parte actora de los honorarios periciales, indiscutiblemente exige el examen de la prueba de tal aspecto fáctico y ello es improcedente por la vía directa escogida.

Quinto cargo

Es del siguiente tenor:

“Violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 388, inciso 4º, 389 y 179 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 145, 51, 54 y 61 del Código de Procedimiento del Trabajo, como violaciones medio, y de los artículos 56, 57, ordinales 1º, 2º y 7º, 58, ordinal 8º, 193-2, 200, 201, 202, 204-216, 348, 349 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 63, 1494, 1604, 1609, 1610, 1613, 1614, 2341, 2343, 2349, 2356, 2357 y 1757 del Código Civil, como violación final. Tales infracciones se produjeron a consecuencia del evidente error de hecho en que incurrió el fallador por haber apreciado en forma equivocada los actos procesales del juez surtidos a partir del auto de 26 de junio de 1987, por el cual se fijaron los honorarios del perito y se asignaron cuotas del 50% a cargo de cada una de las partes (fl. 175) y autos de julio 4, julio 8, agosto 13 y agosto 24; las constancias y certificaciones dejadas por la Secretaría del Juzgado a folios 175 vuelto, 177, 177 vuelto, 196 y vuelto y 197, y por la Secretaría del Tribunal a folios 198 y 215 vuelto; las pruebas allegadas al proceso a partir del primer acto procesal mencionado, concretamente el documento público de folio 176.

“El ostensible error de hecho consistió en haber tenido como probado, sin estarlo, que la parte demandada pagó al perito o depósito a órdenes del Juzgado o del Tribunal, la cuota del 50% que le fue asignada en los honorarios fijados al auxiliar de la justicia.

“En efecto, por auto de 26 de junio de 1987, el Juzgado señaló la suma de $ 25.000 como honorario del perito y dispuso que fuera pagada por las partes en un 50% por cada una. En la providencia del 4 de julio siguiente se vio precisado a aplazar la celebración de la audiencia de juzgamiento porque ninguna de las partes había hecho la cancelación que le correspondía y en las posteriores —de julio 8, agosto 13 y agosto 24— hizo lo propio por cuanto la parte demandante no había cancelado la suya.

“Ninguno de los informes y certificaciones de las Secretarías del Juzgado y del Tribunal singularizados arriba, acredita que la dicha parte hubiese pagado o consignado la cuota de honorarios a su cargo. Tanto los actos procesales atrás mencionados como las constancias secretariales constituyen pruebas contenidas en documentos públicos.

“El único medio probatorio allegado por las partes al expediente con posterioridad al señalamiento de los honorarios del perito y distribución de las cuotas para su pago, es el documento de folio 176 y él tan sólo acredita la consignación hecha por la parte contraria —la demandada— de la cuota a su cargo, a órdenes del Juzgado.

“Si el Tribunal le concedió valor probatorio al dictamen pericial y lo apreció como tal en favor de la parte demandante, fue porque consideró que estaba probado que éste había pagado o depositado en legal forma su cuota de honorarios, y si llegó a esta errónea conclusión fáctica fue porque hizo una equivocada estimación de las probanzas reseñadas.

“Ese protuberante yerro lo condujo a hacer una indebida aplicación de las normas que integran la proposición jurídica y todo ello incidió en la parte resolutiva del fallo, pues, de lo contrario, se habría desechado como prueba el dictamen pericial y no habría impuesto condena por perjuicios materiales”.

Se considera

Dentro de la preceptiva del artículo 7º de la Ley 16 de 1969 y el 60 del Decreto 528 de 1964, los errores de hecho que generan casación en los asuntos laborales, son los que provienen de la no apreciación o de la estimación equivocada de una confesión judicial, una inspección ocular o un documento auténtico mas no, como lo pretende el censor, “por apreciación equivocada de los actos procesales del juez” que en manera alguna pueden ser considerados pruebas calificadas para la casación en los asuntos del trabajo (L. 16/69, art. 7º).

Además, el ad quem para nada tuvo en cuenta el documento de folio 176 y por ello, no pudo apreciarlo en forma equivocada como lo alega la censura.

El cargo no prospera en consecuencia.

En virtud de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley no casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, de veintidós de octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987) en el juicio seguido por José Ángel Henao Jaramillo contra Cristalería Peldar S.A.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Iván Palacio Palacio, Manuel Enrique Daza Alvarez, Ramón Zúñiga Valverde.

Bertha Salazar Velasco, Secretaria.