Sentencia 1304 de diciembre 14 de 1990 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SOFTWARE

PROTECCIÓN POR LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR

EXTRACTOS: «La acción pública incoada en esta demanda pretende la declaratoria de nulidad del Decreto Reglamentario número 1360 del 23 de julio de 1989 del Gobierno Nacional, mediante el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor.

- Es pertinente, sin embargo, dejar establecido como primer grado de comparación el texto del artículo segundo de la Ley 23 de 1982 que demarca, en forma por demás nítida y amplia, todo lo que es susceptible de ser amparado por ella la ley sobre derechos de autor:

“ARTÍCULO 2º—Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias, artísticas las cuales se comprenden (sic) todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones sermones y otras obras de la misma naturaleza, las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, pianos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de expresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer”.

Es oportuno, igualmente, anotar que el Diccionario de la Lengua define así el vocablo “obra (del latín: ópera) Resultado del trabajo o de la acción”. Se hace esta acotación por cuanto el actor trae una primera definición (doctrina generalizada) de la parte importante del soporte lógico o software-, el programa, que en su texto reza: “Es un conjunto de instrucciones para operar una computadora en su análisis de datos y en sus operaciones generales, no es de por sí ni una obra ni una invención”.

Se observa que, además de no citarse en la demanda el origen de tal definición, ésta se encuentra en total desacuerdo con el sentido semántico de la palabra “obra” y así también con el sentido lógico, pues no puede negarse, sin peligro de ir en contravía de una transparente evidencia, que si bien las informaciones sueltas podrían no constituir una invención, su sistematización, su organización secuencial dentro de un programa informático específico, es el resultado de un trabajo, es “una creación del espíritu en el campo científico”, una “producción del dominio científico” que podría reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer.

Hacia ese concepto se enfoca la definición que trae la Ley Española de Propiedad Intelectual, aportada por el demandante: El soporte lógico o software “Es toda secuencia de instrucciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación”. Es más completa y más acorde con la relación pensamiento-resultado la definición del artículo tercero, literal a) del decreto demandado: Es “La expresión de un conjunto organizado de instrucciones, en lenguaje natural o codificado, independiente del medio en que se encuentre almacenado, cuyo fin es el de hacer que una máquina capaz de procesar información, indique, realice u obtenga una función, una tarea o un resultado específico”.

La obvia conclusión de que un trabajo así realizado, con la voluntad teleológica de obtener una función, una tarea o un resultado específico, es un trabajo intelectual, tiene la misma fuerza de la gravedad. De ahí que resulte no sólo simplista sino equivocado el denominador común que saca el demandante:

“El programa de computador es un conjunto de instrucciones para realizar una serie de funciones en un computador. Estas instrucciones están contenidas en una envoltura mecánica; es decir, están almacenadas; motivo por el cual el programa de computador, como tal, no puede ser una creación propia del dominio literario, ni someterse para su protección, en principio, a la legislación autoral, como se pretende en el decreto al clasificarlo de esta manera en el artículo 1º”.

Si hubiera de acogerse la singular teoría del accionante, podría decirse que están almacenadas las películas de “video-tape”, las canciones en la cinta que aprisiona un cassette y que cada quien, a su libre albedrío, podría apoderarse de dichas producciones sin reconocer los derechos que corresponden a sus autores.

Colofón de las anteriores aserciones es la natural deducción de que el soporte lógico o software, sí es una creación del espíritu en el campo científico y es por lo tanto objeto protegible por la ley sobre derechos de autor.

Bien puede pues pensarse en que, siendo así que la Ley 23 de 1982 ampara, según la expresión y el espíritu de su artículo segundo, las obras del campo científico comprendidas bajo el nombre de soporte lógico o software, era imprescindible que, para que su aplicación fuera viable se hicieran las aclaraciones y definiciones que la complementaran; sólo la reglamentación aseguraría su cumplimiento siendo el gobierno, en uso de la potestad reglamentaria el encargado de hacer las precisiones de rigor.

Es por ello que resulta desafortunada e inexacta la apreciación del demandante cuando, a folio 3º de su escrito manifiesta que

“...con este decreto se pretendió interpretar la ley autoral (L. 23/82), al regular por medio de un decreto sin esta categoría, lo relativo al soporte lógico, cuando afirma en el artículo 1º que: “De conformidad con lo previsto en la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, el soporte lógico (software) se considera como una creación propia del dominio privado””.

La inexactitud comienza con la misma transcripción pues, realmente, el decreto en ninguna de sus partes habla de dominio privado; y es inexacta en su verdadera significación ya que un decreto reglamentario no se hace para pretender interpretar una ley sino para desarrollarla y hacerla funcional y aplicable en sus objetivos. Con secuencia de este proemio es la imposibilidad jurídica de que el decreto cuestionado cause agresión a los artículos 26 y 28 del Código Civil, normas que regulan la interpretación de la ley al igual que todo el articulado del Capítulo IV de dicha codificación. Habla el artículo 26 de la interpretación por vía de doctrina y prescribe el 28 que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio. No se ve cómo pueda existir contradicción entre dos mandamientos que tratan de ayudar al juzgador en la dilucidación de normas que puedan carecer de claridad en su sentido y alcance y los ordenamientos del decreto sub-júdice que, en seguimiento de la filosofía propia de los decretos reglamentarios, hace la complementación de la misma para hacerla ejecutable y formando con ella una integración que las convierte, en la práctica. en una sola disposición.

En forma reiterada el Consejo de Estado ha dicho que la facultad reglamentaria contenida en el artículo 120 numeral 3º de la Constitución hace parte esencial de la misma función administrativa, pieza fundamental en el desarrollo de la ley y de la administración. En sentencia de esta misma Sala (noviembre 23 de 1984 con ponencia del Dr. Samuel Buitrago Hurtado), se afirmó:

“Es imposible que la ley contemple o contenga todos los requisitos o reglas en detalle que son indispensables para su debida aplicación. No es posible que la ley tome en consideración los diversos casos particulares que se pueden prever en determinada materia; ese sería el casuismo legal indicativo realmente de una falta de técnica legislativa, como lo ha dicho el Consejo en no pocas ocasiones. Consecuencialmente, la función de hacer operante la norma legal en cuanto a ciertos aspectos y detalles, la cumple el reglamento. La ley sienta los principios generales y el decreto reglamentario los desenvuelve en todos sus pormenores” .

Esta labor de complementación cumplida por un decreto reglamentario no es, como en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, no puede serlo, confundible ni con la labor de interpretación que contemplan los artículos 26 y 28 del Código Civil, ni con la atribuida al Congreso mediante el numeral 1º del artículo 76 de la Carta que, por ende, no resulta tampoco violado con el Decreto 1360 de 1989. Tampoco lo es, por lo explicado, el artículo 120 numeral 3º que se ve en él lealmente interpretado y aplicado. Con menos razón lo es el numeral 12 del mismo artículo constitucional cuya mera mención, sin ninguna explicación valedera, resulta extraña al ser invocada en el libelo.

Es de concluirse, que el estatuto demandado es jurídicamente procedente, que no hay en él bajo el supuesto pretexto del ejercicio de la potestad reglamentaria, ni intención de interpretar una ley de por sí clara, ni exceso en el ejercicio de dicha potestad, teniendo más bien como objetivo indiscutible el hacer eficaz, efectivo y plenamente operante el derecho consagrado en la norma superior.

El decreto acusado, tiene en su contexto, preceptos que se derivan en un todo de las disposiciones legales que reglamenta, no habiendo en el ni nuevas obligaciones ni tampoco prohibiciones que extralimiten los patrones de la ley generatriz de esos derechos; no hay usurpaciones a la voluntad legislativa sino el desenvolvimiento claro y preciso de un principio consagrado en la ley cumpliéndose la finalidad de complementarla sin entrar a hacer interpretaciones ni sustituciones sino precisiones sobre lo que en ella estaba implícito .

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, después de atender el concepto del Ministerio Público y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase no probada la excepción de Ineptitud sustancial de la demanda”.

2. NIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(Sentencia de diciembre 14 de 1990. Expediente 1304 Consejero Ponente: Dr. Rodrigo Vieira).

_______________________________