Concepto 417 de noviembre 28 de 1991 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

DEMANDAS CONTRA ELECCION DE GOBERNADORES

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO

Consejero Ponente:

Dr. Humberto Mora Osejo

Referencia: Consulta del Ministerio de Gobierno relacionada con demandas sobre elecciones de gobernadores. Radicación No 417.

Bogotá, D. C., veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

Se absuelve la consulta que el señor Ministro de Gobierno, doctor Humberto de la Calle Lombana, hace a la Sala en los siguientes términos textuales:

``El Ministro de Gobierno tiene especial interés en consultar a esa H. Sala en relación con las demandas sobre elecciones de gobernadores.

Cuando se instituyó la elección popular de alcaldes mediante el Acto Legislativo No 1 de 1986, se dejó a la ley la competencia para fijar la fecha de elección, junto con las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los alcaldes, faltas absolutas y temporales y formas de llenarlas, lo mismo que las demás disposiciones necesarias para el desempeño de sus cargos. En desarrollo de esta atribución se dictaron la Ley 78 de 1986 y la 49 de 1987 que modifica y adiciona la primera.

En la Ley 78 de 1986 se determina en sus artículos 29 y 30 la competencia de los Tribunales Administrativos para conocer en primera instancia de las demandas de nulidad sobre elección de alcaldes y del Consejo de Estado para conocer en segunda instancia. Así mismo, establece las causales de nulidad y determina que el procedimiento será el mismo que se aplica en los juicios electorales.

En la Constitución de 1991, se instituyó la elección popular de gobernadores y la misma Constitución determinó la fecha de elección y las inhabilidades transitorias para las personas que aspiraban a ser elegidas el pasado 27 de octubre (artículo 303 y transitorios 17 y 18 de la Constitución Política).

En estas condiciones, se eligieron gobernadores pero no se alcanzó a expedir la ley determinando la competencia, ni el procedimiento para conocer de las demandas de nulidad sobre elección de gobernadores, como sí se previó para el caso de los alcaldes.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se consulta:

1. Ante la falta de norma especial sobre competencia y procedimiento para conocer de las demandas que impugnen elecciones de los gobernadores, ¿se podría acudir a normas generales de competencia para que los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado conozcan en primera y segunda instancia, respectivamente, de dichas demandas, aplicando el procedimiento que rige para los juicios electorales, cuando se hayan violado las disposiciones sobre calidades e inhabilidades para ser elegidos gobernadores y demás normas legales vigentes sobre elecciones?

2. ¿Cuál sería el término para interponer la acción de nulidad?''''.

La Sala considera

1. El artículo 2o, número 4, del Decreto-Ley 597 de 1988, que subrogó el artículo 124 del Decreto-Ley 01 de 1987, atribuyó al Consejo de Estado el conocimiento, en única instancia, entre otros, de los procesos ``de nulidad de las elecciones de Presidente de la República, designado a la Presidencia, senadores y representantes a la Cámara, así como de los que se susciten con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por el Congreso, las cámaras, la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno o por cualquiera autoridad, funcionario, corporación o entidad descentralizada del orden nacional''''.

Según la transcrita disposición, el Consejo de Estado, mediante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, conoce de los procesos de nulidad que se promuevan contra los actos de nombramiento que expida el Gobierno Nacional. Entre ellos se cuentan los nombramientos que haga de gobernadores, ``a más tardar'''', hasta 1997, para los departamentos que, antes de la expedición de la Constitución de 1991, eran comisarías (art. 17, transitorio, de la Constitución).

2. Los gobernadores de los demás departamentos son elegidos popularmente y el artículo 16, transitorio, de la nueva Constitución dispuso, como sucedió, que ``la primera elección popular de gobernadores'''' se celebre el 27 de octubre de 1991.

3. Como el artículo 2o, número 4, del Decreto-Ley 597 de 1988 no es aplicable para establecer la competencia para conocer de los juicios que se adelanten contra las elecciones populares de gobernadores, la Sala considera que, a falta de una disposición específica, ella se determina por el artículo 2o, número 16, ibídem, que atribuye al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia, además de los procesos que menciona, ``todos los demás, de carácter administrativo, para los cuales no exista regla especial de competenciá''. De este modo el Consejo de Estado es en Colombia, de acuerdo con la doctrina, juez de derecho común de lo contencioso administrativo.

4. Además, según el artículo 7o, inciso primero, del Decreto-Ley 2288 de 1989, que sustituyó el artículo 97 del Decreto-Ley 01 de 1984, cada una de las Secciones que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ``ejercerá separadamente las funciones que le asignen la ley o este códigó''. Y el artículo 6o de la Ley 14 de 1988 --que subrogó el artículo 67 de la Ley 96 de 1985 y reemplazó, por ende, el artículo 231 del Decreto-Ley 01 de 1984--, reiterado, a este respecto, por el artículo 1o del Acuerdo No 39, de 14 de noviembre de 1991, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, atribuye a esta Corporación tramitar y decidir ``todos los procesos electorales de su competencia a través de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativó''.

En conclusión: el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, es competente para conocer, en única instancia, de los procesos que se promuevan contra las elecciones populares de gobernadores.

5. Según el artículo 7o de la Ley 14 de 1988, que sustituyó el artículo 28 de la Ley 78 de 1986, ``la acción electoral caducará en veinte (20) días, contados a partir del siguiente a aquel en el cual se notifique personalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de cuya nulidad se tratá''. En consecuencia, la transcrita disposición prescribe el término para promover los procesos contra las elecciones populares de gobernadores.

Transcríbase, en sendas copias auténticas, a los señores Ministro de Gobierno y Secretario Jurídico de la Presidencia de la República.

Javier Henao Hidrón, Presidente de la Sala--Jaime Betancur Cuartas--Humberto Mora Osejo--Jaime Paredes Tamayo.

Elizabeth Castro R., Secretaria.

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