CIRCULAR EXTERNA D-6 DE 1991 

(Diciembre 12)

El Presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expidió el Decreto 1827 de 1991, por medio del cual se modificaron algunas de las causales que determinan la inspección y vigilancia permanente que ejerce esta entidad sobre las sociedades comerciales.

En efecto, la precitada norma jurídica derogó expresamente los decretos 2059 de 1981 y 584 de 1983, y como consecuencia de ello, han quedado exentas del control las companías mercantiles que se encontraban incursas en alguna de las causales allí contempladas.

Es pertinente anotar, que la denominada causal por activos se modificó, en el sentido de aumentar el monto que determina la inspección de este organismo, a fin de preservar el criterio que atiende a la importancia de las sociedades mercantiles en la economía nacional. El decreto ha fijado un tope mínimo de valor de activos, que asciende a la suma de mil millones de pesos ($ 1.000.000.000), a 31 de diciembre de 1991. Esta causal comenzará a operar a partir del primer día hábil del mes de abril de 1992.

De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del parágrafo del artículo 1º del Decreto 1827 mencionado, las compañías cuyos activos no alcancen el monto aludido, continuarán sujetas a la inspección y vigilancia de esta superintendencia hasta el primero de abril del próximo año, fecha en que cesará el control, a menos que concurra una causal distinta.

Igualmente, es necesario considerar que en desarrollo de la política de internacionalización de la economía trazada por el Gobierno Nacional se expidió la Ley 9ª de 1991, en la que se fijaron las normas generales a las que debe sujetarse el Gobierno Nacional en materia de cambio e inversión internacionales, esta última, ejercida por conducto del Consejo Nacional de Política Económica y Social Conpes.

La citada Ley 9ª en su artículo 35 derogó parcialmente, entre otros, el Decreto Extraordinario 444 de 1967, así como las disposiciones que lo modifican, adicionen o reforman. Es por ello que debe entenderse derogado el artículo 10 del Decreto 688 de 1967, que le asignaba a esta superintendencia la función de ejercer la inspección y vigilancia sobre todas las personas jurídicas de cualquier naturaleza en las que participe inversión extranjera, excepto las que estuviesen sometidas al control de la Superintendencia Bancaria. El Conpes en ejercicio de la función atribuida en la Ley 9ª, citada, profirió la Resolución 51 del 22 de octubre del presente año, por medio de la cual se fijó el régimen general de la inversión de capitales foráneos en Colombia y de las inversiones del país en el exterior, se derogó la Resolución 49 del 28 de enero pasado, y se determinó que se ejercerá por parte de este organismo la inspección y vigilancia de las sociedades en cuyo capital participe inversión extranjera, en los casos que señala la ley (art. 26).

La norma citada permite concluir que esta entidad sólo ejercerá el control sobre aquellas sociedades siempre que se encuentren incursas en alguna de las causales legales que se relacionan más adelante.

En razón de lo anterior y por considerarlo de su interés, es conveniente compendiar las causales legales de vigilancia vigentes, a efecto de facilitar la determinación de su ocurrencia en las compañías mercantiles.

Están sometidas a dicho control:

a) Las sucursales de sociedades extranjeras no sometidas al control de la Superintendencia Bancaria (C. Co., art. 267, ord. 1º, lit. a), modificado por la L. 44 /81, art. 1º);

b) Las empresas multinacionales andinas o sus sucursales (Decis. 292/91, art. 8º, mar. 22 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena);

c) Aquellas sociedades en las que una o varias compañías vigiladas tengan el veinte por ciento o más de su capital social (E.M., art. 267, lit. b), modificado por la L. 44/81, art. 2º);

d) Cualquier sociedad mercantil, cuando lo solicite un número plural de asociados que posea el veinte por ciento o más de su capital social (C. de Co., art. 267, lit. c), ord. 1º);

e) Aquellas sociedades en comandita por acciones cuyas partes alícuotas se negocien en bolsas de valores (art. 267, ord. 1º, lit. d));

f) Aquellas sociedades comerciales cuyos valores se encuentren inscritos en bolsas de valores, salvo que estén sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria (art. 267, ord. 1º, lit. e));

g) Las sociedades administradoras de consorcios comerciales (D. 1941/86, art. 1º lit. c));

h) Las bolsas de productos agropecuarios y los comisionistas de tales bolsas (D. 1941/86, art. 1º, lit. b));

i) Los fondos ganaderos (L. 7ª/91, art. 16 (sic));

j) Las sociedades de servicios técnicos o administrativos no sometidas al control de la Superintendencia Bancaria (L. 45/91, art. 5º, par. 1º (sic));

k) Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la enajenación de inmuebles destinados a vivienda o a desarrollar planes o programas de vivienda por el sistema de autoconstrucción (D. 497/87);

l) Aquellas sociedades comerciales cualquiera que sea su firma, cuyos activos totales a 31 de diciembre de 1991, fueren iguales o superiores a la suma de mil millones de pesos ($ 1.000.000.000), D. 1827/91, L. 7ª/91, art. 1º, lit. a));

m) Aquellas sociedades comerciales cualquiera que sea su naturaleza, que a 31 de diciembre de 1992 y en sus posteriores cortes de cuentas de fin de año calendario, registren activos iguales o superiores a una cuantía igual a la suma resultante de aplicar el índice de inflación certificado por el DANE, el monto límite para efectos de control del año inmediatamente anterior, (D. 1827/91, art. 1º lit. b)), y

n) Las instituciones de utilidad común constituidas con arreglo a una ley distinta de la nacional, a las cuales el Estado haya reconocido personería jurídica en el desarrollo de la ley y tratados internacionales (D. 362/87, art. 1º).

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