Auto 7947 de noviembre 18 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

SECUESTRO SIMPLE

COMPETENCIA

EXTRACTOS: «Como se constata en el proceso, en éste no ha surgido discrepancia en cuanto a que el comportamiento atribuido a los procesados configuraría el delito de secuestro simple tipificado en el artículo 269 del Código Penal.

El disenso estriba en si dicho precepto fue “suspendido” o derogado por la normatividad especial (primero temporal —por estado de sitio— y luego permanente, merced a la nueva Carta) expedida con posterioridad.

Pues bien: repásese ese discurrir legislativo:

a) El Decreto 180 de enero de 1988 (vigente entonces para la época de los hechos materia del proceso) dispuso en su artículo 22:

“Secuestro. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos mensuales”.

Dada la redacción de tal precepto, de estructura típica exacta a la del artículo 269 del Código Penal, se pensó inicialmente que este último artículo había sido suspendido por esa norma de excepción.

Empero, luego de reflexionar sobre el punto, esta Sala, mediante sentencia de casación de 6 de junio de 1990 (Mag. Pte. Dr. Saavedra Rojas), precisó que únicamente era encajable en dicho artículo 22 el secuestro que, por fines, objeto o consecuencias, estuviera a tono con los motivos por los cuales fue expedido el Decreto 180, no sin razón llamado estatuto “antiterrorista”, o para la defensa de la democracia.

“Si no se dan las circunstancias sociales y políticas necesarias para que la conducta objeto de juzgamiento sea ubicable dentro de las previsiones del Decreto 180 —dijo la Sala en la mencionada ocasión—, es necesario concluir entonces que la adecuación acertada es el artículo 269 del Código Penal...”.

Gracias a la hermenéutica, pues, se llegó desde entonces a la conclusión de que el referido artículo 269 sobre secuestro simple, no había sido suspendido y estaba, por tanto, vigente.

b) Posteriormente y con base en el mismo artículo 121 de la Carta anterior, se dictó el Decreto 2790 de 20 de noviembre de 1990 (que empezó a regir el 16 de enero subsiguiente), estatuto análogo al Decreto 180 y denominado “para la defensa de la justicia”.

De acuerdo con el numeral 1º del artículo 9º de ese decreto, los jueces de orden público conocen: “De los procesos por los delitos de secuestro en todas sus modalidades, con excepción de los que se atribuyen a los juzgados superiores en el artículo siguiente”, es decir el 10, según el cual los jueces superiores conocen “de los procesos por delitos de secuestro simple definidos por el artículo 269 del citado estatuto (Código Penal), cuando la calidad, cargo o profesión de la víctima, o los fines, propósitos u objetivos sean diferentes a los enunciados en el artículo 6º de este decreto”.

El artículo 6o nombrado calificaba la víctima, y agregaba: “o se ejecute con fines terroristas; u obedezca a los propósitos descritos en el artículo 1º del Decreto 1631 de 1987 o persiga los objetivos enunciados en el artículo 268 del Código Penal...”.

El Decreto 99 de enero 14 de 1991 (mediante el cual se “adiciona, se modifica y complementa” el D. 2790), no varió en nada las citadas disposiciones.

De ahí que con esa normatividad de modo expreso consta que el artículo 269 (o secuestro “simple”) continuaba vigente, sin poderse entonces predicar que había sido suspendido.

c) Esa normatividad de excepción fue sometida a estudio de la Comisión Especial Legislativa a fin de que la aprobara o improbara, de acuerdo con lo mandado por el artículo transitorio 8º de la nueva Constitución. La comisión no improbó esa legislación, procediendo entonces el Gobierno Nacional a convertirla en legislación permanente por medio del Decreto 2266 de 4 de octubre de 1991.

Dicho último Decreto en su artículo 4º adoptó como legislación permanente varias disposiciones del Decreto 180, entre ellas el artículo 22, tipificante del secuestro, primeramente transcrito aquí.

En el artículo 11 adoptó también como legislación permanente varias normas del Decreto 2790, entre ellas el artículo 6º, así mismo copiado en precedencia.

De acuerdo al artículo 71-4 del nuevo Código de Procedimiento Penal, los jueces regionales conocen “de los delitos a que se refiere el Decreto 2266 de 1991”, entre los cuales, como se vio, no se encuentra el secuestro simple tipificado en el artículo 269 del Código Penal. Por su parte, el susodicho Código dispone en su artículo 72-1 que los jueces del circuito conocen, en primera instancia, “de los delitos cuyo juzgamiento no esté atribuido a otra autoridad”, que es el caso, repítese, del mencionado secuestro simple.

No cabe, pues, duda que de un lado, el artículo 269 del Código Penal se encuentra vigente, y, de otro, que dicho secuestro simple tipificado en esa norma es de competencia, en primera instancia, del juez del circuito, sentido en el cual se decidirá el presente conflicto».

(Auto de noviembre 18 de 1992. Radicación 7947. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz).

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