INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 35 DE 1992 

(Octubre 22)

(Nota: Derogada por las Instrucciones Administrativas 22 y 23 de 2001 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

Mediante Instrucción Administrativa 27 de 1992, aclarada por la 29 del mismo año, se fijaron unas directrices en cuanto a la obligación de radicar por ventanilla las solicitudes de certificados de tradición y libertad e inscripción de medidas cautelares y actos administrativos en general por parte de las entidades exentas, así como se determinaron de acuerdo al artículo 6º del Decreto 1708 de 1989, los casos en que haya lugar a exenciones del pago por concepto de derechos registrales.

Sin embargo, es imperioso precisar que ante la creación constitucional y legal de entidades y autoridades públicas como la Fiscalía General de la Nación, perteneciente a la Rama Judicial según lo estatuido en el artículo 249 de la Constitución Política, el Defensor del Pueblo como parte integrante del Ministerio Público, jueces de menores, hoy jueces de familia en virtud del artículo 4º del Decreto 2272 de 1989, y atendiendo la naturaleza y funciones especiales investigativas de los organismos de control como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público con la Procuraduría General de la Nación a la cabeza, con atribuciones de policía judicial establecidas en el artículo 277 de la Constitución Política, en concordancia con el parágrafo 2º del artículo 5º de la Ley 4º de 1990; de otros organismos como la Dirección Nacional de Estupefacientes y las superintendencias, los jueces penales militares, y teniendo en cuenta el interés superior del Estado en el propósito de una justicia e instituciones transparentes, se hace necesario en estos casos aceptar solicitudes de certificaciones y eventualmente de inscripciones por correo, las cuales el mismo registrador de instrumentos públicos se encargará de velar porque sean radicadas en ventanilla de inmediato para su pronto trámite.

Así mismo, y en consideración a lo expuesto, dichas solicitudes efectuadas por las entidades en mención no causarán derechos por concepto del servicio público registral.

(Nota: Derogada por las Instrucciones Administrativas 22 y 23 de 2001 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

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