LEY 33 DE 1992 

(Diciembre 30)

“Por medio de la cual se aprueba el “Tratado de derecho civil internacional y el Tratado de derecho comercial internacional”, firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1989”.

El Congreso de Colombia,

Vistos los textos del “Tratado de derecho civil internacional” y el “Tratado de derecho comercial internacional”, firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1889, que a la letra dicen:

“Tratado de derecho civil internacional

Firmado el 12 de febrero de 1889

Su excelencia el Presidente de la República Argentina; Su excelencia el Presidente de la República de Bolivia; Su excelencia el Presidente de la República del Paraguay; Su excelencia el Presidente de la República del Perú y Su excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay, han convenido en celebrar un Tratado sobre derecho civil internacional, por medio de sus respectivos plenipotenciarios, reunidos en congreso en la Ciudad de Montevideo, por iniciativa de los gobiernos de las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay, estando representados:

Su excelencia el Presidente de la República Argentina, por:

El señor doctor don Roque Sáenz Peña, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en la República Oriental del Uruguay; y por

El señor doctor don Manuel Quintana, Académico de la facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Su excelencia el Presidente de la República de Bolivia, por:

El señor doctor don Santiago Vaca-Guzmán, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en la República Argentina.

Su excelencia el Presidente de la República del Paraguay, por:

El señor doctor don Benjamín Aceval; y por

El señor doctor don José Z. Caminos.

Su excelencia el Presidente de la República del Perú, por:

El señor doctor don Cesáreo Chacaltana, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay; y por

El señor doctor don Manuel María Gálvez, fiscal de la excelentísima Corte Suprema de Justicia.

Su excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay, por:

El señor doctor don Ildefonso García Lagos, ministro secretario de Estado en el departamento de relaciones exteriores; y por

El señor doctor don Gonzalo Ramírez, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en la República Argentina.

Quienes, previa exhibición de sus plenos poderes, que hallaron en debida forma y después de las conferencias y discusiones del caso, han acordado las estipulaciones siguientes:

TÍTULO I

De las personas

ART. 1º—La capacidad de las personas se rige por las leyes de su domicilio.

ART. 2º—El cambio de domicilio no altera la capacidad adquirida por emancipación, mayor edad o habilitación judicial.

ART. 3º—El Estado en el carácter de persona jurídica tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en el territorio de otro Estado, de conformidad a las leyes de este último.

ART. 4º—La existencia y capacidad de las personas jurídicas de carácter privado se rige por las leyes del país en el cual han sido reconocidas como tales.

El carácter que revisten las habilita plenamente para ejercitar fuera del lugar de su institución todas las acciones y derechos que les correspondan. Mas, para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto especial de su institución, se sujetarán a las prescripciones establecidas por el Estado en el cual intenten realizar dichos actos.

TÍTULO II

Del domicilio

ART. 5º—La ley del lugar en el cual reside la persona determina las condiciones requeridas para que la residencia constituya domicilio.

ART. 6º—Los padres, tutores y curadores tienen su domicilio en el territorio del Estado por cuyas leyes se rigen las funciones que desempeñan.

ART. 7º—Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes legales.

ART. 8º—El domicilio de los cónyuges es el que tiene constituido el matrimonio y en defecto de este, se reputa por tal el del marido. La mujer separada judicialmente conserva el domicilio del marido, mientras no constituya otro.

ART. 9º—Las personas que no tuvieren domicilio conocido lo tienen en el lugar de su residencia.

TÍTULO III

De la ausencia

ART. 10.—Los efectos jurídicos de la declaración de ausencia respecto a los bienes del ausente, se determinan por la ley del lugar en que esos bienes se hallan situados.

Las demás relaciones jurídicas del ausente seguirán gobernándose por la ley que anteriormente las regía.

TÍTULO IV

Del matrimonio

ART. 11.—La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto y la existencia y validez del mismo, se rigen por la ley del lugar en que se celebra.

Sin embargo, los Estados signatarios no quedan obligados a reconocer el matrimonio que se hubiere celebrado en uno de ellos cuando se halle afectado de alguno de los siguientes impedimentos:

a) Falta de edad de alguno de los contrayentes, requiriéndose como mínimum 14 años cumplidos en el varón y 12 en la mujer;

b) Parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad, sea legítimo o ilegítimo;

c) Parentesco entre hermanos legítimos o ilegítimos;

d) Haber dado muerte a uno de los cónyuges, ya sea como autor principal o como cómplice, para casarse con el cónyuge supérstite;

e) El matrimonio anterior no disuelto legalmente.

ART. 12.—Los derechos y deberes de los cónyuges en todo cuanto afecta sus relaciones personales, se rigen por las leyes del domicilio matrimonial.

Si los cónyuges mudaren de domicilio, dichos derechos y deberes se regirán por las leyes del nuevo domicilio.

ART. 13.—La ley del domicilio matrimonial rige:

a) La separación conyugal;

b) La disolubilidad del matrimonio, siempre que la causa alegada sea admitida por la ley del lugar en el cual se celebró.

TÍTULO V

De la patria potestad

ART. 14.—La patria potestad, en lo referente a los derechos y deberes personales, se rige por la ley del lugar en que se ejercita.

ART. 15.—Los derechos que la patria potestad confiere a los padres sobre los bienes de los hijos, así como su enajenación y demás actos que los afecten, se rigen por la ley del Estado en que dichos bienes se hallan situados.

TÍTULO VI

De la filiación

ART. 16.—La ley que rige la celebración del matrimonio determina la filiación legítima y la legitimación por subsiguiente matrimonio.

ART. 17.—Las cuestiones sobre legitimidad de la filiación, ajenas a la validez o nulidad del matrimonio, se rigen por la ley del domicilio conyugal en el momento del nacimiento del hijo.

ART. 18.—Los derechos y obligaciones concernientes a la filiación ilegítima se rigen por la ley del Estado en el cual hayan de hacerse efectivos.

TÍTULO VII

De la tutela y curatela

ART. 19.—El discernimiento de la tutela y curatela se rige por la ley del lugar del domicilio de los incapaces.

ART. 20.—El cargo de tutor o curador discernido en alguno de los Estados signatarios, será reconocido en todos los demás.

ART. 21.—La tutela y curatela, en cuanto a los derechos y obligaciones que imponen, se rigen por la ley del lugar en que fue discernido el cargo.

ART. 22.—Las facultades de los tutores y curadores de los bienes que los incapaces tuvieren fuera del lugar de su domicilio, se ejercitarán conforme a la ley del lugar en que dichos bienes se hallan situados.

ART. 23.—La hipoteca legal que las leyes acuerdan a los incapaces sólo tendrá efecto cuando la ley del Estado en el se ejerce el cargo de tutor o curador concuerde con la de aquel en que se hallan situados los bienes afectados por ella.

TÍTULO VIII

Disposiciones comunes a los títulos IV, V y VII

ART. 24.—Las medidas urgentes que conciernen a las relaciones personales entre cónyuges, al ejercicio de la patria potestad y a la tutela y curatela, se rigen por la ley del lugar en que residen los cónyuges, padres de familia, tutores y curadores.

ART. 25.—La remuneración que las leyes acuerdan a los padres, tutores y curadores y la forma de la misma, se rige y determina por la ley del Estado en el cual fueron discernidos tales cargos.

TÍTULO IX

De los bienes

ART. 26.—Los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, a su posesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles.

ART. 27.—Los buques, en aguas no jurisdiccionales, se reputan situados en el lugar de su matrícula.

ART. 28.—Los cargamentos de los buques, en aguas no jurisdiccionales, se reputan situados en el lugar del destino definitivo de las mercaderías.

ART. 29.—Los derechos creditorios se reputan situados en el lugar en que la obligación de su referencia debe cumplirse.

ART. 30.—El cambio de situación de los bienes muebles no afecta los derechos adquiridos con arreglo a la ley del lugar donde existían al tiempo de su adquisición.

Sin embargo, los interesados están obligados a llenar los requisitos de fondo o de forma exigidos por la ley del lugar de la nueva situación para la adquisición o conservación de los derechos mencionados.

ART. 31.—Los derechos adquiridos por terceros sobre los mismos bienes, de conformidad a la ley del lugar de su nueva situación, después del cambio operado y antes de llenarse los requisitos referidos, priman sobre los del primer adquirente.

TÍTULO X

De los actos jurídicos

ART. 32.—La ley del lugar donde los contratos deben cumplirse decide si es necesario que se hagan por escrito y la calidad del documento correspondiente.

ART. 33.—La misma ley rige:

a) Su existencia;

b) Su naturaleza;

c) Su validez;

d) Sus efectos;

e) Sus consecuencias;

f) Su ejecución;

g) En suma, todo cuanto concierne a los contratos, bajo cualquier aspecto que sea.

ART. 34.—En consecuencia, los contratos sobre cosas ciertas e individualizadas se rigen por la ley del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración.

Los que recaigan sobre cosas determinadas por su género, por la del lugar del domicilio del deudor, al tiempo en que fueron celebrados.

Los referentes a cosas fungibles, por la del lugar del domicilio del deudor al tiempo de su celebración.

Los que versen sobre prestación de servicios:

a) Si recaen sobre cosas, por la del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración;

b) Si su eficacia se relaciona con algún lugar especial, por la de aquel donde hayan de producir sus efectos;

c) Fuera de estos casos por la del lugar del domicilio del deudor al tiempo de la celebración del contrato.

ART. 35.—El contrato de permuta sobre cosas situadas en distintos lugares, sujetos a leyes disconformes, se rige por la del domicilio de los contrayentes si fuese común al tiempo de celebrarse la permuta y por la del lugar en que la permuta se celebró si el domicilio fuese distinto.

ART. 36.—Los contratos accesorios se rigen por la ley de la obligación principal de su referencia.

ART. 37.—La perfección de los contratos celebrados por correspondencia o mandatario se rige por la ley del lugar del cual partió la oferta.

ART. 38.—Las obligaciones que nacen sin convención se rigen por la ley del lugar donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden.

ART. 39.—Las formas de los instrumentos públicos se rigen por la ley del lugar en que se otorgan.

Los instrumentos privados por la ley del lugar del cumplimiento del contrato respectivo.

TÍTULO XI

De las capitulaciones matrimoniales

ART. 40.—Las capitulaciones matrimoniales rigen las relaciones de los esposos respecto de los bienes que tengan al tiempo de celebrarlas y de los que adquieran posteriormente, en todo lo que no esté prohibido por la ley del lugar de su situación.

ART. 41.—En defecto de capitulaciones especiales, en todo lo que ellas no hayan previsto y en todo lo que no esté prohibido por la ley del lugar de la situación de los bienes, las relaciones de los esposos sobre dichos bienes se rigen por la ley del domicilio conyugal que hubieren fijado, de común acuerdo, antes de la celebración del matrimonio.

ART. 42.—Si no hubiesen fijado de antemano un domicilio conyugal, las mencionadas relaciones se rigen por la ley del domicilio del marido al tiempo de la celebración del matrimonio.

ART. 43.—El cambio de domicilio no altera las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes, ya sean adquiridos antes o después del cambio.

TÍTULO XII

De las sucesiones

ART. 44.—La ley del lugar de la situación de los bienes hereditarios, al tiempo de la muerte de la persona de cuya sucesión se trate, rige la forma del testamento.

Esto no obstante, el testamento otorgado por acto público con cualquiera de los Estados contratantes será admitido en todos los demás.

ART. 45.—La misma ley de la situación rige:

a) La capacidad de la persona para testar;

b) La del heredero o legatario para suceder;

c) La validez y efectos del testamento;

d) Los títulos y derechos hereditarios de los parientes y del cónyuge supérstite;

e) La existencia y proporción de las legítimas;

f) La existencia y monto de los bienes reservables;

g) En suma, todo lo relativo a la sucesión legítima o testamentaria.

ART. 46.—Las deudas que deban ser satisfechas en alguno de los Estados contratantes gozarán de preferencia sobre los bienes allí existentes al tiempo de la muerte del causante.

ART. 47.—Si dichos bienes no alcanzaren para la cancelación de las deudas mencionadas, los acreedores cobrarán sus saldos proporcionalmente sobre los bienes dejados en otros lugares, sin perjuicio del preferente derecho de los acreedores locales.

ART. 48.—Cuando las deudas deben ser canceladas en algún lugar en que el causante no haya dejado bienes, los acreedores exigirán su pago proporcionalmente sobre los bienes dejados en otros lugares, con la misma salvedad establecida en el artículo precedente.

ART. 49.—Los legados de bienes determinados por su género y que no tuvieren lugar designado para su pago se rigen por la ley del lugar del domicilio del testador al tiempo de su muerte, se harán efectivos sobre los bienes que deje en dicho domicilio y, en defecto de ellos o por su saldo, se pagarán proporcionalmente de todos los demás bienes del causante.

ART. 50.—La obligación de colacionar se rige por la ley de la sucesión en que ella sea exigida.

Si la colación consiste en algún bien raíz o mueble, se limitará a la sucesión de que ese bien dependa.

Cuando consista en alguna suma de dinero, se repartirá entre todas las sucesiones a que concurra el heredero que deba la colación proporcionalmente a su haber en cada una de ellas.

TÍTULO XIII

De la prescripción

ART. 51.—La prescripción extintiva de las acciones personales se rige por la ley a que las obligaciones correlativas están sujetas.

ART. 52.—La prescripción extintiva de acciones reales se rige por la ley del lugar de la situación del bien gravado.

ART. 53.—Si el bien gravado fuese mueble y hubiese cambiado de situación, la prescripción se rige por la ley del lugar en que se haya completado el tiempo necesario para prescribir.

ART. 54.—La prescripción adquisitiva de bienes muebles o inmuebles se rige por la ley del lugar en que están situados.

ART. 55.—Si el bien fuese mueble y hubiese cambiado de situación, la prescripción se rige por la ley del lugar en que se haya completado el tiempo necesario para prescribir.

TÍTULO XIV

De la jurisdicción

ART. 56.—Las acciones personales deben entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia del juicio.

Podrán entablarse igualmente ante los jueces del domicilio del demandado.

ART. 57.—La declaración de ausencia debe solicitarse ante el juez del último domicilio del presunto ausente.

ART. 58.—El juicio sobre capacidad o incapacidad de las personas para el ejercicio de los derechos civiles debe seguirse ante el juez de su domicilio.

ART. 59.—Las acciones que procedan del ejercicio de la patria potestad y de la tutela y curatela sobre la persona de los menores e incapaces y de éstos contra aquéllos, se ventilarán, en todo lo que se les afecte personalmente, ante los tribunales del país en que estén domiciliados los padres, tutores o curadores.

ART. 60.—Las acciones que versen sobre la propiedad, enajenación o actos que afecten los bienes de los incapaces, deben ser deducidas ante los jueces del lugar en que esos bienes se hallan situados.

ART. 61.—Los jueces del lugar en el cual fue discernido el cargo de tutor o curador son competentes para conocer del juicio de rendición de cuentas.

ART. 62.—El juicio sobre nulidad del matrimonio, divorcio, disolución y en general todas las cuestiones que afecten las relaciones personales de los esposos se iniciarán ante los jueces del domicilio conyugal.

ART. 63.—Serán competentes para resolver las cuestiones que surjan entre esposos sobre enajenación u otros actos que afecten los bienes matrimoniales los jueces del lugar en que estén ubicados esos bienes.

ART. 64.—Los jueces del lugar de la residencia de las personas son competentes para conocer de las medidas a que se refiere el artículo 24.

ART. 65.—Los juicios relativos a la existencia y disolución de cualquier sociedad civil deben seguirse ante los jueces del lugar de su domicilio.

ART. 66.—Los juicios a que dé lugar la sucesión por causa de muerte se seguirán ante los jueces de los lugares en que se hallen situados los bienes hereditarios.

ART. 67.—Las acciones reales y las denominadas mixtas deben ser deducidas ante los jueces del lugar en el cual existe la cosa sobre que la acción recaiga. Si comprendieren cosas situadas en distintos lugares, el juicio debe ser promovido ante los jueces del lugar de cada una de ellas.

Disposiciones generales

ART. 68.—No es indispensable para la vigencia de este tratado su ratificación simultánea por todas las Naciones signatarias. La que lo apruebe, lo comunicará a los gobiernos de la Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay para que lo hagan saber a las demás Naciones contratantes. Este procedimiento hará las veces de canje.

ART. 69.—Hecho el canje en la forma del artículo anterior este tratado quedará en vigor desde ese acto por tiempo indefinido.

ART. 70.—Si alguna de las Naciones signatarias creyese conveniente desligarse del tratado o introducir modificaciones en él, lo enviará a las demás; pero no quedará desligada sino dos años después de la denuncia, término en que se procurará llegar a un nuevo acuerdo.

ART. 71.—El artículo 68 es extensivo a las Naciones que, no habiendo concurrido a este congreso, quisieran adherirse al presente tratado.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios de las Naciones mencionadas lo firman y lo sellan en el número de cinco ejemplares, en Montevideo, a los doce días del mes de febrero del año de mil ochocientos ochenta y nueve.

Roque Sáenz Peña, Manuel Quintana, Santiago Vaca-Guzmán, Benjamín Aceval, José Z. Caminos, Cesáreo Chacaltana, Manuel María Gálvez, Ildefonso García Lagos, Gonzalo Ramírez”.

La suscrita subsecretaria 044 grado 11 de la subsecretaría jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,

Hace constar:

Que la presente reproducción es fotocopia fiel e íntegra del texto certificado del “Tratado de derecho civil internacional”, firmado en Montevideo, el 12 de febrero de 1889 que reposa en archivos de la subsecretaría jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 22 de noviembre de 1991.

La subsecretaria jurídica, Clara Inés Vargas de Losada.

Tratado de derecho comercial internacional

Firmado el 12 de febrero de 1889

Su excelencia el Presidente de la República Argentina; Su excelencia el Presidente de la República de Bolivia; Su Majestad el Emperador del Brasil; Su excelencia el Presidente de la República de Chile; Su excelencia el Presidente de la República del Paraguay; Su excelencia el Presidente de la República del Perú y Su excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay, han convenido en celebrar un Tratado sobre derecho comercial internacional, por medio de sus respectivos plenipotenciarios, reunidos en Congreso en la Ciudad de Montevideo, por iniciativa de los gobiernos de las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay, estando representados:

Su excelencia el Presidente de la República Argentina, por:

El señor doctor don Roque Sáenz Peña, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en la República Oriental del Uruguay; y por

El señor doctor don Manuel Quintana, académico de la facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Su excelencia el Presidente de la República de Bolivia, por:

El señor doctor don Santiago Vaca-Guzmán, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en la República Argentina.

Su Majestad el Emperador del Brasil, por:

El señor doctor don Domingos de Andrade Figueira, Consejero de Estado y Diputado a la Asamblea Legislativa.

Su excelencia el Presidente de la República de Chile, por:

El señor don Guillermo Matta, Enviado Extraordinario y Ministro plenipotenciario en las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay; y por

El señor don Belisario Prats, Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

Su excelencia el Presidente de la República del Paraguay, por:

El señor doctor don Benjamín Aceval; y por

El señor doctor don José Z. Caminos.

Su excelencia el Presidente de la República del Perú, por:

El señor doctor don Cesáreo Chacaltana, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay; y por

El señor doctor don Manuel María Gálvez, fiscal de la excelentísima Corte Suprema de Justicia.

Su excelencia el Presidente de la República Oriental del Uruguay, por:

El señor doctor don Ildefonso García Lagos, ministro secretario de Estado en el departamento de relaciones exteriores; y por

El señor doctor don Gonzalo Ramírez, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en la República Argentina.

Quienes, previa exhibición de sus plenos poderes, que hallaron en debida forma y después de las conferencias y discusiones del caso, han acordado las estipulaciones siguientes:

TÍTULO I

De los actos de comercio y de los comerciantes

ART. 1º—Los actos jurídicos serán considerados civiles o comerciales con arreglo a la ley del país en que se efectúan.

ART. 2º—El carácter de comerciante de las personas se determina por la ley del país en el cual tienen el asiento de sus negocios.

ART. 3º—Los comerciantes y agentes auxiliares del comercio están sujetos a las leyes comerciales del país en que ejercen su profesión.

TÍTULO II

De las sociedades

ART. 4º—El contrato social se rige tanto en su forma, como respecto a las relaciones jurídicas entre los socios y entre la sociedad y los terceros, por la ley del país en que ésta tiene su domicilio comercial.

ART. 5º—Las sociedades o asociaciones que tengan carácter de persona jurídica se regirán por las leyes del país de su domicilio; serán reconocidas de pleno derecho como tales en los Estados y hábiles para ejercitar en ellos derechos civiles y gestionar su reconocimiento ante los tribunales.

Mas, para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto de su institución, se sujetarán a las prescripciones establecidas en el Estado en el cual intentan realizarlos.

ART. 6º—Las sucursales o agencias constituidas en un Estado por una sociedad radicada en otro, se considerarán domiciliadas en el lugar en que funcionan y sujetas a la jurisdicción de las autoridades locales, en lo concerniente a las operaciones que practiquen.

ART. 7º—Los jueces del país en que la sociedad tiene su domicilio legal, son competentes para conocer de los litigios que surjan entre los socios o que inicien los terceros contra la sociedad.

Sin embargo, si una sociedad domiciliada en un Estado realiza operaciones en otro, que den mérito a controversias judiciales, podrá ser demandada ante los tribunales del último.

TÍTULO III

De los seguros terrestres marítimos y sobre la vida

ART. 8º—Los contratos de seguros terrestres y de transporte por ríos o aguas interiores, se rigen por la ley del país en que está situado el bien objeto del seguro, en la época de su celebración.

ART. 9º—Los seguros marítimos y sobre la vida se rigen por las leyes del país en que está domiciliada la sociedad aseguradora o sus sucursales y agencias en el caso previsto en el artículo 6º.

ART. 10.—Son competentes para conocer de las reclamaciones que se deduzcan contra las sociedades de seguros, los tribunales del país en que dichas sociedades tienen su domicilio legal.

Si esas sociedades tienen constituidas sucursales en otros Estados, regirá lo dispuesto en el artículo 6º.

TÍTULO IV

De los choques, abordajes y naufragios

ART. 11.—Los choques y abordajes de buques se rigen por la ley del país en cuyas aguas se producen y quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales del mismo.

ART. 12.—Si los choques y abordajes tienen lugar en aguas no jurisdiccionales, la ley aplicable será la de la Nación de su matrícula.

Si los buques estuviesen matriculados en distintas Naciones, regirá la ley del Estado más favorable al demandado.

En el caso previsto en el inciso anterior, el conocimiento de la causa corresponderá a los tribunales del país a que primero arriben.

Si los buques arriban a puertos situados en distintos países, prevalecerá la competencia de las autoridades que prevengan en el conocimiento del asunto.

ART. 13.—En los casos de naufragio serán competentes las autoridades del territorio marítimo en que tiene lugar el siniestro.

Si el naufragio ocurre en aguas no jurisdiccionales, conocerán los tribunales del país del pabellón del buque o los de domicilio del demandado, en el momento de la iniciación del juicio, a elección del demandante.

TÍTULO V

Del fletamento

ART. 14.—El contrato de fletamento se rige y juzga por las leyes y tribunales del país en que está domiciliada la agencia marítima con la cual ha contratado el fletador. Si el contrato de fletamento tiene por objeto la conducción de mercaderías o pasajeros entre puertos de un mismo Estado, será regido por las leyes de este.

ART. 15.—Si la agencia marítima no existiere en la época en que se inicie el litigio, el fletador podrá deducir sus acciones ante los tribunales del domicilio de cualquiera de los interesados o representantes de aquella.

Si el actor fuese el fletante, podrá entablar su demanda ante los tribunales del Estado en que se encuentre domiciliado el fletador.

TÍTULO VI

De los préstamos a la gruesa o a riesgo marítimo

ART. 16.—El contrato de préstamo a la gruesa se rige por la ley del país en que se hace el préstamo.

ART. 17.—Las sumas tomadas a la gruesa por las necesidades del último viaje, tienen preferencia en el pago a las deudas contraídas para la construcción o compra del buque y al dinero tomado a la gruesa en un viaje anterior.

Los préstamos hechos durante el viaje, serán preferidos a los que se hicieren antes de la salida del buque y si fuesen muchos los préstamos tomados en el curso del mismo, se graduará entre ellos la preferencia por el orden contrario de sus fechas, prefiriéndose el que sigue al que precede.

Los préstamos contraídos en el mismo puerto de arribada forzosa y durante la misma estancia, entrarán en concurso y serán pagados a prorrata.

ART. 18.—Las cuestiones que se susciten entre el dador y el tomador serán sometidas a la jurisdicción de los tribunales donde se encuentren los bienes sobre los cuales se ha realizado el préstamo.

En el caso en que el prestamista no pudiese hacer efectivo el cobro de las cantidades prestadas en los bienes afectos al pago, podrá ejercitar su acción ante los tribunales del lugar del contrato o del domicilio del demandado.

TÍTULO VII

De la gente de mar

ART. 19.—Los contratos de ajuste de los oficiales y de la gente de mar se rigen por la ley del país en que el contrato se celebra.

ART. 20.—Todo lo concerniente al orden interno del buque y a las obligaciones de los oficiales y gente de mar se rige por las leyes del país de su matrícula.

TÍTULO VIII

De las averías

ART. 21.—Las averías gruesas o comunes se rigen por la ley del país de la matrícula del buque en que han ocurrido.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si esas averías se han producido en el territorio marítimo de un solo Estado, se regirán por sus leyes.

ART. 22.—Las averías particulares se rigen por la ley aplicable al contrato de fletamento de las mercaderías que las sufren.

ART. 23.—Son competentes para conocer en los juicios de averías comunes, los jueces del país del puerto en que termina el viaje.

ART. 24.—Los juicios de averías se radicarán ante los tribunales del país en que se entregue la carga.

ART. 25.—Si el viaje se revoca antes de la partida del buque, o si después de su salida se viere obligado a volver al puerto de la carga, conocerán del juicio de averías los jueces del país a que dicho puerto pertenece.

TÍTULO IX

De las letras de cambio

ART. 26.—La forma del giro, del endoso, de la aceptación y del protesto de una letra de cambio, se sujetará a la ley del lugar en que respectivamente se realicen dichos actos.

ART. 27.—Las relaciones jurídicas que resultan del giro de una letra entre el girador y el beneficiario, se regirán por la ley del lugar en que la letra ha sido girada: Las que resultan entre el girador y aquel a cuyo cargo se ha hecho el giro, lo serán por la ley del domicilio de este último.

ART. 28.—Las obligaciones del aceptante con respecto al portador y las excepciones que puedan favorecerle, se regularán por la ley del lugar en que se ha efectuado la aceptación.

ART. 29.—Los efectos jurídicos que el endoso produce entre el endosante y el cesionario, dependerán de la ley del lugar en que la letra ha sido negociada o endosada.

ART. 30.—La mayor o menor extensión de las obligaciones de los respectivos endosantes no altera los derechos que primitivamente han adquirido el girador y el aceptante.

ART. 31.—El aval se rige por la ley aplicable a la obligación garantida.

ART. 32.—Los efectos jurídicos de la aceptación por intervención se regirán por la ley del lugar en que el tercero interviene.

ART. 33.—Las disposiciones de este título rigen para los vales, billetes o pagarés de comercio, en cuanto les sean aplicables.

ART. 34.—Las cuestiones que surjan entre las personas que han intervenido en la negociación de una letra de cambio, se ventilarán ante los jueces del domicilio de los demandados en la fecha en que se obligaron o del que tengan en el momento de la demanda.

TÍTULO X

De las falencias

ART. 35.—Son jueces competentes para conocer de los juicios de quiebra, los del domicilio comercial del fallido, aun cuando la persona declarada en quiebra, practique accidentalmente actos de comercio en otra Nación, o mantenga en ella agencias o sucursales que obren por cuenta y responsabilidad de la casa principal.

ART. 36.—Si el fallido tiene dos o más casas comerciales independientes en distintos territorios, serán competentes para conocer del juicio de quiebra de cada una de ellas, los tribunales de sus respectivos domicilios.

ART. 37.—Declarada la quiebra en un país, en el caso del artículo anterior, las medidas preventivas dictadas en ese juicio, se harán también efectivas sobre los bienes que el fallido tenga en otros Estados, sin perjuicio del derecho que los artículos siguientes conceden a los acreedores locales.

ART. 38.—Una vez cumplidas las medidas preventivas por medio de las respectivas cartas rogatorias, el juez exhortado hará publicar por el término de sesenta días avisos en que dé a conocer el hecho de la declaración de quiebra y las medidas preventivas que se han dictado.

ART. 39.—Los acreedores locales podrán, dentro del plazo fijado en el artículo anterior, a contar desde el día siguiente a la publicación de los avisos, promover un nuevo juicio de quiebra contra el fallido en otro Estado, o concursado civilmente, si no procediese la declaración de quiebra. En tal caso, los diversos juicios de quiebra se seguirán con entera separación y se aplicarán respectivamente en cada uno de ellos las leyes del país en que radican.

ART. 40.—Entiéndese por acreedores locales, que corresponden el concurso abierto en un país, aquellos cuyos créditos deben satisfacerse en el mismo.

ART. 41.—Cuando proceda la pluralidad de juicios de quiebras o concursos, según lo establecido en este título, el sobrante que resultare a favor del fallido en un Estado será puesto a disposición de los acreedores del otro, debiendo entenderse con tal objeto los jueces respectivos.

ART. 42.—En el caso en que siga un solo juicio de quiebra, porque así corresponda, según lo dispuesto en el artículo 35, o porque los dueños de los créditos locales no hayan hecho uso del derecho que les concede el artículo 39, todos los acreedores del fallido presentarán sus títulos y harán uso de sus derechos ante el juez o tribunal que ha declarado la quiebra.

ART. 43.—Aun cuando exista un solo juicio de quiebra, los acreedores hipotecarios anteriores a la declaración de la misma, podrán ejercer sus derechos ante los tribunales del país en que están radicados los bienes hipotecados o dados en prenda.

ART. 44.—Los privilegios de los créditos localizados en el país de la quiebra y adquiridos antes de la declaración de ésta, se respetarán, aun en el caso en que los bienes sobre que recaiga el privilegio se transporten a otro territorio y exista en él, contra el mismo fallido, un juicio de quiebra o formación de concurso civil.

Lo dispuesto en el inciso anterior sólo tendrá efecto cuando la traslación de los bienes se haya realizado dentro del plazo de la retroacción de la quiebra.

ART. 45.—La autoridad de los síndicos o representantes legales de la quiebra será reconocida en todos los Estados, si lo fuese por la ley del país en cuyo territorio radica el concurso al cual representan, debiendo ser admitidos en todas partes a ejercer las funciones que les sean concedidas por dicha ley y por el presente tratado.

ART. 46.—En el caso de pluralidad de concursos, el tribunal en cuya jurisdicción reside el fallido será competente para dictar todas las medidas de carácter civil que lo afecten personalmente.

ART. 47.—La rehabilitación del fallido sólo tendrá lugar cuando haya sido pronunciada en todos los concursos que se le sigan.

ART. 48.—Las estipulaciones de este tratado en materia de quiebras se aplicarán a las sociedades anónimas, cualquiera que sea la forma de liquidación que para dichas sociedades establezcan los Estados contratantes, en el caso de suspensión de pagos.

Disposiciones generales

ART. 49.—No es indispensable para la vigencia de este tratado su ratificación simultánea por todas las Naciones signatarias. La que lo aprueba, lo comunicará a los gobiernos de las Repúblicas Argentina y Oriental del Uruguay, para que lo hagan saber a las demás Naciones contratantes. Este procedimiento hará las veces de canje.

ART. 50.—Hecho el canje en la forma del artículo anterior, este tratado quedará en vigor desde ese acto por tiempo indefinido.

ART. 51.—Si alguna de las Naciones signatarias creyere conveniente desligarse del tratado o introducir modificaciones en él, lo avisará a las demás, pero no quedará desligada sino dos años después de la denuncia, término en que se procurará llegar en un nuevo acuerdo.

ART. 52.—El artículo 49 es extensivo a las Naciones que, no habiendo concurrido a este Congreso, quisieran adherirse al presente tratado.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios de las Naciones mencionadas, lo firman y sellan en el número de siete ejemplares, en Montevideo, a los doce días del mes de febrero del año de mil ochocientos ochenta y nueve.

Roque Sáenz Peña, Manuel Quintana, Santiago Vaca-Guzmán, Domingos de Andrade Figueira, Guillermo Matta, Belisario Prats, Benjamín Aceval, José Z. Caminos, Cesáreo Chacaltana, Manuel María Gálvez, Ildefonso García Lagos, Gonzalo Ramírez”.

La suscrita subsecretaria 044 grado 11 de la subsecretaría jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,

Hace constar:

Que la presente reproducción es fotocopia fiel e íntegra del texto certificado del “Tratado de derecho comercial internacional”, firmado en Montevideo, el 12 de febrero de 1889 que reposa en los archivos de la subsecretaría jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 22 de noviembre de 1991.

La subsecretaria jurídica, Clara Inés Vargas de Losada.

Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República 

Santafé de Bogotá, D.C., 19 de diciembre de 1991.

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) César Gaviria Trujillo.

La Ministra de Relaciones Exteriores (Fdo.) Noemí Sanín de Rubio.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébanse el “Tratado de derecho civil internacional” y el “Tratado de derecho comercial internacional”, firmados en Montevideo el 12 de febrero de 1889.

ART. 2º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Comuníquese, publíquese y ejecútese.

Previa su revisión por parte de la Corte Constitucional conforme a lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 30 de diciembre de 1992.

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