Auto 8691 de octubre 27 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

AMNISTIA A DELITOS POLITICOS

HOMICIDIOS EN COMBATE

EXTRACTOS: «1. Dice el artículo 1º del varias veces mencionado Decreto 213 de 1991:

“Conságrase la extinción de la acción penal y de la pena en favor de los nacionales colombianos autores o cómplices de hechos constitutivos de delitos políticos cometidos antes de la vigencia del presente decreto, siempre que se cumplan las condiciones, exigencias y requisitos establecidos en el mismo”.

A su turno, el artículo 2º ibídem establece:

“Entiéndese por delitos políticos los tipificados en el Código Penal como rebelión, asonada y sedición y los delitos conexos con los anteriores.

Lo dispuesto en este decreto no se aplicará con relación a los genocidios, a los homicidios cometidos fuera de combate, con sevicia o colocando a la víctima en estado de indefensión, ni a los actos de ferocidad o barbarie”.

2. Aquí no se ha discutido —porque está claro— que la referida “toma guerrillera” se produjo en desarrollo de un delito de rebelión (art. 127 C.P.), y que se llevó a cabo antes de la vigencia del mencionado decreto, ni que los otros delitos (homicidio, secuestro y hurto) son conexos con la rebelión, aparte que se cuenta con las listas y documentación que demanda el dicho decreto (arts. 3º y ss.).

3. Lo primero que debe examinarse es la tesis que el Tribunal Nacional expone en el sentido de que los homicidios de los policiales fueron cometidos fuera de combate.

Al respecto debe decirse de entrada que el concepto de “combate” que aplicó el Tribunal Nacional para negar la amnistía consagrada en dicho Decreto 213, debe considerarse anacrónico, por aparecer anclado en criterios ya superados en la guerra de guerrillas que adelantan los grupos de insurgentes.

El Ejército Popular de Liberación (E.P.L.), se “tomó” el municipio antioqueño de Valparaíso. En desarrollo de ese asalto es obvio que los blancos primeros y sustanciales eran los miembros de la fuerza pública, en este caso los policías.

Además, los dos policías que resultaron muertos estaban parados en la entrada del Banco Cafetero, el cual también fue atacado y hurtado por la guerrilla. Dentro de los objetivos de los guerrilleros al asaltar la población (tomársela, obtener provecho económico y hacerse a las armas, para todo lo cual necesitaban reducir la fuerza pública), las dos muertes de los uniformados no aparecen ajenas al combate, sino inherentes a éste.

Dice el Tribunal, como argumento para sostener que esos homicidios se cometieron fuera de combate, que el guerrillero que los ejecutó iba vestido de civil y no “abiertamente” armado, queriendo decir con esto último que sólo sacó el arma cuando se decidió a disparar.

Esta Sala considera al respecto, que las circunstancias referidas son justamente propias de la guerra de guerrillas que sirve de contexto al presente caso. Que ya no se uniformen los guerrilleros es apenas obvio y se acostumbra hacer como medida de cuidado y protección: se debe estar muy bien mimetizado para conseguir no ser descubierto.

Es que deviene apenas obvio que si una población va a ser “tomada”, antes de que ello se produzca habrá guerrilleros mezclados con los habitantes del lugar en plan de colaboración. Ahora bien, como el mismo Tribunal Nacional lo reconoce, la “sorpresa” es una de las más exitosas y corrientes herramientas usadas por los combatientes. El hecho, pues, de que el guerrillero homicida sólo haya dejado ver el arma cuando la esgrimió para disparar y matar, y que por su indumentaria no pudiera identificarse como rebelde, en nada se opone al beneficio reclamado, pues este actuar es propio de la guerra que libran las guerrillas.

4. Ahora bien: en cuanto al estado de indefensión de los dos agentes de la policía víctimas del homicidio, lo primero que resulta necesario observar es que la ley, como ya se vio al copiar el artículo, exige que las víctimas sean colocadas en dicho estado de indefensión, lo cual no ocurrió en este caso, como pasa a verse.

El testigo J..., gerente del mencionado Banco Cafetero, y quien estaba con las víctimas al momento de los hechos, dijo en declaración rendida el mismo día del asalto guerrillero, que inmediatamente antes de que los subversivos procedieran a asaltar el banco, vio que “venía un indio, un neme, con un revólver en la mano y pasó por un lado mío y al primero que le disparó fue al sargento que estaba conmigo y el sargento se quejó y se recostó contra un palo y ahí lo acabó de rematar el mismo tipo, en seguida voltió (sic) y le disparó al agente y ese sí cayó ahí mismo. Yo del susto me caí y como mi Dios me ayudó me entré a la iglesia y ya no recuerdo más” (fls. 6-1).

Posteriormente, en declaración rendida el 20 de junio de ese año de 1988 (fls. 28 y 29-1), el nombrado testigo concretó su relato aclarando que “inmediatamente se cuadró detrás de mí (se refiere al guerrillero) y con un revólver le disparaba al uno (sic), mejor, con una mano le disparaba al uno y con la otra al otro, yo le servía de escudo, en ambas manos tenía un arma de fuego...” (fls. 28-1).

Ocurre entonces que el victimario se protegió con el cuerpo de J..., medida ésta de protección propia del combate y que junto con la sorpresa seguramente facilitó los homicidios: no se puede pretender exigir a quien disparó “avisar” su propósito anticipadamente y colocarse desprotegido enfrente de los policiales, como si se tratara de un duelo.

Se ha visto claro, entonces, que en modo alguno los policiales aludidos fueron colocados en estado de indefensión, segundo argumento aducido por el Tribunal Nacional para negar el referido beneficio.

5. Así las cosas, se revocará la providencia apelada para cesar procedimiento también por los homicidios».

(Auto de octubre 27 de 1993. Radicación 8691. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz).

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