INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 41 DE 1993 

(Diciembre 29)

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 153 de 1887 y 21 del Código Civil Colombiano, esta superintendencia modifica la Instrucción Administrativa Nº 15 de 1993, en el sentido de señalar que es procedente inscribir en el registro civil de los consulados colombianos y por ende en el de la Notaría Primera del Círculo de Santafé de Bogotá, todo tipo de matrimonio religioso, independientemente de que expida o no la reglamentación a que aluden los artículos 1º y 2º de la Ley 25 de 1992.

En efecto, en matertia de derecho internacional privado rige el principio contenido en el aforismo latino “Lex locus regit actum”, los actos se rigen por la ley del lugar, principio éste concordante con el texto del artículo 21 del Código Civil que reza: “La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados.

La forma se refiere a las solemnidades externas, a la autencidad, al hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en tales instrumentos se exprese”.

En igual sentido, tampoco hay lugar a exigir la certificación de que habla la Ley 25 de 1992, en relación con la inscripción de los matrimonios católicos, a menos que la legislación del país receptor haya establecido también dicha exigencia.

Dentro de la innovación aquí dispuesta es igualmente aplicable la Ley 17 de 1971, aprobatoria de la Convención de Viena en materia de relaciones consulares, al prescribir que pueden “actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil y en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se oponga a las leyes y reglamentos del estado receptor”.

Ahora bien, inscrito el matrimonio religioso ante el funcionario competente del respectivo país, si posteriormente no se registra dicho matrimonio en el consulado colombiano, para inscribirlo en la Notaría Primera del Círculo de Santafé de Bogotá, es indispensable que tal registro esté debidamente legalizado, conforme a las exigencias previstas en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, esto es, autenticado por el cónsul de Colombia respectivo y abonada la firma de este funcionario en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además se acompañará la correspondiente traducción oficial cuando no esté en idioma castellano.

En vía de ilustración me permito citar dos ejemplos, a saber: el matrimonio del rito evangélico celebrado en Venezuela, podrá registrarse en el respectivo consulado colombiano con base en copia o certificado por la autoridad o funcionario competente de Venezuela, ante quien previamente debió registrarse ese acto jurídico.

En igual sentido, si el matrimonio se celebró por el rito musulmán en otro país y se pretende su registro en el consulado colombiano, tal inscripción será procedente si la autoridad o funcionario del país de celebración lo habían registrado como matrimonio, pues se presume que han cumplido con las disposiciones y exigencias establecidas en la legislación del respectivo país.

En síntesis, la modificación introducida en este documento está encaminada a resaltar que el contenido de la Instrucción Administrativa 15 de 1993, ha de aplicarse por los funcionarios encargados de llevar el registro del estado civil dentro del territorio nacional, no así por los cónsules colombianos, quienes deben acatar la normatividad del país receptor, esto es, de donde se desempeñan como tales.

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