DECRETO 900 DE 1996 

(Mayo 22)

“Por el cual se adoptan medidas tendientes a controlar la acción de las organizaciones criminales y terroristas en las zonas especiales de orden público”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, en desarrollo del Decreto 1900 de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto 1900 del 2 de noviembre de 1995 se declaró el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional por el término de noventa días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición;

Que el término del estado de conmoción interior fue prorrogado, en una primera oportunidad por noventa días calendario contados a partir del 31 de enero del año en curso, mediante el Decreto 208 del 29 de ese mes;

Que dicho término fue prorrogado, en una segunda oportunidad por noventa días calendario contados a partir del 30 de abril del año en curso, mediante el Decreto 777 del 29 de ese mes;

Que como se señaló en los considerandos de los tres decretos citados, la ocurrencia reiterada de hechos violentos atribuidos a diversas organizaciones criminales y terroristas son expresión inequívoca de su intención de crear un ambiente de incertidumbre y de zozobra dentro de la población, coaccionar a las autoridades y desestabilizar las instituciones legítimamente constituidas;

Que dentro de los principales soportes de la acción delincuencial de tales organizaciones se encuentra, por una parte, la mimetización de sus integrantes dentro de la población civil y el ocultamiento de sus equipos de telecomunicaciones, armas y municiones en las poblaciones y, por la otra, el sistema de constante abastecimiento que funciona en los lugares en que permanecen;

Que en vista de lo anterior, se hace necesario adoptar medidas especiales para proteger a la población civil, que permitan establecer la identidad de los integrantes de las organizaciones criminales, localizar sus equipos de telecomunicaciones, armas y municiones y controlar el sistema de constante abastecimiento de que dichos integrantes se sirven;

Que para cumplir con los propósitos indicados, resulta indispensable la asignación de determinadas competencias de carácter administrativo—preventivo en cabeza de miembros de la fuerza pública, sin perjuicio de las atribuidas a las distintas autoridades mediante las disposiciones vigentes;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 137 de 1994 durante el estado de conmoción interior el gobierno dispone de las facultades para conjurar las causas que han determinado su declaratoria e impedir la extensión de sus efectos;

Que mediante el Decreto 717 del año en curso se definieron las denominadas zonas especiales de orden público y se autorizó la adopción de medidas concretas para su manejo, con el propósito de establecer un régimen restrictivo especial para aquellos lugares del territorio nacional en los cuales se ha advertido una preocupante concentración del accionar de los diversos grupos criminales y terroristas.

DECRETA:

ART. 1º—El comandante militar de mayor rango que actúe en un área geográfica que se delimite como zona especial de orden público queda facultado para recoger, verificar, conservar y clasificar la información acerca del lugar de residencia y de la ocupación habitual de los habitantes y de las personas que transiten o ingresen, de las armas, de las municiones y de los equipos de telecomunicaciones que se encuentren dentro de dichas áreas, así como de los vehículos y los medios de transporte terrestre, fluvial y aéreo que circulen o presten sus servicios por ellas en forma regular u ocasional.

Cumplido lo anterior, el comandante militar solicitará a la primera autoridad administrativa del lugar la expedición de salvoconductos y el correspondiente registro. Ante esta última autoridad se surtirá lo concerniente a la comunicación anticipada de cualquier desplazamiento.

En ningún caso la fuerza pública podrá retener el salvoconducto.

ART. 2º—Cualquier miembro de la fuerza pública que opere en un área geográfica que se delimite como zona especial de orden público, queda facultado para revisar toda carga que haya sido, sea o vaya a ser transportada por vía terrestre, fluvial o aérea.

ART. 3º—Para los efectos previstos en este decreto, asígnase la competencia señalada en el artículo 28 de la Constitución Política en materia de detención preventiva, a todos los miembros de la fuerza pública.

ART. 4º— El que se encuentre dentro de un área específica de una zona especial de orden público en la cual se hubiere recogido la información a que se refiere el artículo primero del presente decreto y cuyo nombre aparezca registrado y no porte su salvoconducto, o no resida en dicha área y no hubiere comunicado anticipadamente su desplazamiento a la autoridad competente, será sancionado conforme a lo dispuesto por el artículo 8º del Decreto 717 del 18 de abril de 1996.

En el evento en que existan motivos fundados y objetivos que lo hagan necesario y que permitan concluir que una persona está vinculada a actividades criminales, ella podrá ser detenida preventivamente por cualquier miembro de la fuerza pública y deberá ser puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

ART. 5º—El que se encuentre dentro de una de las áreas específicas de una zona especial de orden público en que se hubiere recogido la información a que se refiere el artículo primero del presente decreto y tenga, porte o utilice cualesquiera armas, municiones o equipos de telecomunicaciones no denunciados ante las autoridades militares o cuya tenencia, porte o utilización no se encuentre autorizada, podrá ser detenido preventivamente por cualquier miembro de la fuerza pública y deberá ser puesto a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

Además, en tales eventos el comandante militar de mayor rango en la zona, queda facultado para adoptar todas las medidas preventivas de carácter administrativo previstas en las normas vigentes sobre las respectivas materias.

ART. 6º—Para los efectos contemplados por el artículo anterior, el abstenerse de denunciar equipos de telecomunicaciones, armas o municiones ante las autoridades militares o el suministro de información falsa, se equiparará a la tenencia, porte o utilización sin autorización.

ART. 7º—El que se encuentre dentro de una de las áreas específicas de una zona especial de orden público en que se hubiere recogido la información a que se refiere el artículo primero del presente decreto y transporte o vaya a transportar carga, siempre que existan motivos fundados, objetivos y necesarios para inferir que con dicha carga se pretende auxiliar a miembros de cualquier grupo u organización al margen de la ley, podrá ser detenido preventivamente por cualquier miembro de la fuerza pública y deberá ser puesto a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

En cualquiera de tales eventos, tanto los elementos utilizados para el transporte como la carga, deberán ser puestos a disposición del juez competente.

ART. 8º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 22 de mayo de 1996.

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