CIRCULAR MINISTERIAL 25 DE 1997 

(Abril 16)

Como resultado del interés y las acciones de los Gobiernos Nacional, Departamentales y Distritales en cumplimiento de las políticas y normas sobre incrementos de los valores de matrículas y pensiones para 1997, se logró por primera vez en nueve años una reducción en el IPC de instrucción y enseñanza a nivel nacional durante el mes de marzo pasado.

Los avances logrados deben consolidarse y profundizarse durante el mes de abril y los meses siguientes. En efecto, todavía se presentan desajustes entre los índices de incremento y los parámetros establecidos en las normas legales.

1. El IPC de instrucción y enseñanza acumulado del primer trimestre del año (26.18%) es superior al tope máximo señalado que es del 24.5%. En el caso de las matrículas el desfase es especialmente mayor, 43.75%.

2. Varios departamentos y ciudades presentan índices acumulados del trimestre superiores al promedio nacional. Aún más, algunos muestran incrementos en marzo que no han debido darse así como tampoco se deben presentar en lo que resta del año para el caso de calendario A.

3. Todos los establecimientos que presentaron su solicitud de incremento deben tener ya expedida y notificada la correspondiente resolución, pues ha transcurrido tiempo suficiente para ello. Solicito encarecidamente a las autoridades educativas territoriales dar instrucciones para que los establecimientos educativos ajusten sus cobros al valor anual autorizado, en caso de que hayan determinado previamente valores superiores, e incentivar la participación de la comunidad educativa y el gobierno escolar en el cumplimiento de las normas y resoluciones respectivas.

4. En ningún caso han debido autorizarse reajustes superiores al 24.5% de acuerdo con el Decreto 2064 de 1996, ratificado por el Decreto 2223 de 1996, la Circular Ministerial 50 de 1996 y la Directiva Ministerial 001 de 1997. Como en algunas entidades territoriales se autorizaron algunos incrementos superiores, hago un llamado a los señores gobernadores, alcaldes y secretarios de educación para que apliquen los correctivos correspondientes para subsanar esta situación ilegal.

5. Los establecimientos que no presentaron solicitud de incremento de matrícula y pensiones deben contar con la correspondiente resolución de congelación de matrículas y pensiones. En estos casos solicito un seguimiento especial para que los cobros de estos planteles se ajusten a la situación de congelamiento y que, en caso de que se esté violando la normatividad, se proceda conforme a la ley.

6. Solicito nuevamente el concurso de los gobiernos departamentales, distritales y municipales para dispensar especial atención al seguimiento del comportamiento de los cobros de matrículas y pensiones, definiendo un plan de inspección a los establecimientos educativos de su correspondiente jurisdicción, con el propósito de garantizar a los usuarios de la educación sus derechos. El Ministerio de Educación Nacional ofrece su concurso cuando lo consideren pertinente para colaborar en esta tarea.

7. Como se han presentado varias consultas sobre si los establecimientos educativos oficiales se deben acoger "al pacto social, en cuanto al 18% en el incremento de costos educativos" para el usuario, me permito afirmar enfáticamente que ellos deben cumplir la meta trazada del 18% en el incremento de los derechos académicos que tengan autorizados, de acuerdo con las normas vigentes.

8. El cumplimiento de las normas vigentes sobre este tema debe garantizar que en los meses siguientes se produzca el ajuste de los niveles de cobros a los autorizados legalmente y, por tanto, una reducción del índice acumulado de incremento del IPC de instrucción y enseñanza en el caso del calendario A que aún muestra un comportamiento superior al máximo establecido.

Finalmente, agradezco a los señores gobernadores, alcaldes y secretarios de educación el celo y las acciones que pongan en marcha para garantizar el cumplimiento estricto de las normas y procedimientos legales, en el convencimiento de que estamos contribuyendo a garantizar el derecho del pueblo colombiano a la educación en condiciones de justicia y equidad.

N. del D.: Esta circular va dirigida a gobernadores, alcaldes distritales y secretarios de educación departamentales y distritales.

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