RESOLUCIÓN 73 DE 1997 

(Julio 7)

“Por medio de la cual se designa el coordinador del Ministerio Público ante la jurisdicción contencioso-administrativa, se desarrollan las funciones previstas en el artículo 83 de la Ley 201 de 1995, se establecen los criterios de intervención procesal de los procuradores judiciales y delegados que actúan ante los tribunales administrativos y el Consejo de Estado respectivamente, y se dictan otras disposiciones”.

(Nota: Modificada en lo pertinente por la Resolución 48 de 2009 artículo 4° de la Procuraduría General de la Nación)

El Procurador General de la Nación,

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 277 de la Constitución Política, especialmente en sus numerales 3º y 7º y el artículo 127 del Decreto 1 de 1984, corresponde al Ministerio Público defender los intereses de la sociedad e intervenir en los procesos judiciales, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales;

Que la Ley 201 de 1995, en su artículo 83 dispone que el Procurador General de la Nación designará un procurador delegado en lo contencioso administrativo quien ejercerá la coordinación del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, además de las funciones enlistadas en dicho precepto;

Que resulta fundamental definir claramente los criterios de intervención procesal de los agentes del Ministerio Público que actúan ante la jurisdicción contencioso administrativa, definición que según lo ordena el inciso 2º del artículo 78 de la Ley 201 de 1995, compete al Procurador General de la Nación;

Que a términos del literal i) del artículo 8º de la Ley 201 de 1995, el Procurador General está autorizado para delegar funciones en otros funcionarios de la Procuraduría,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

De la coordinación

ART. 1º—Designar al procurador primero delegado en lo contencioso administrativo ante el Consejo de Estado como coordinador del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con las atribuciones previstas en el artículo 83 de la Ley 201 de 1995 y las que en esta resolución se delegan.

ART. 2º—El Procurador General, en su condición de supremo director del Ministerio Público prevista en el artículo 275 de la Constitución Nacional, establecerá las directrices y dará las instrucciones, a través del procurador primero delegado, necesarias para el buen suceso del Ministerio Público ante la jurisdicción administrativa.

ART. 3º—En desarrollo de la función establecida en el literal a) del artículo 83 de la Ley 201 de 1995, el procurador primero delegado en lo contencioso administrativo intervendrá, cuando lo estime necesario, ante cualquiera de las secciones y en cualquier proceso, desplazando al agente del Ministerio Público que sea parte en el mismo. Como coordinador del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo estará exento hasta en un 50% del reparto de los asuntos propios de su competencia.

ART. 4º—Las demás procuradurías delegadas en lo contencioso actuarán ante las diversas secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo conforme a la siguiente distribución:

Ante la Sección Primera actuará la Procuraduría Novena Delegada; ante la Sección Segunda, las Procuradurías Delegadas Tercera y Cuarta; ante la Sección Tercera las Procuradurías Delegadas Segunda, Quinta y Sexta, ante la Sección Cuarta la Séptima y Octava y ante la Sección Quinta la Procuraduría Delegada Décima.

PAR.—La anterior distribución se hace sin perjuicio de que el procurador primero delegado en lo contencioso redistribuya las funciones o designe un agente del Ministerio Público cuando las necesidades así lo indiquen de acuerdo con el literal b) del artículo 83 de la Ley 201 de 1995.

CAPÍTULO II

De la intervención de los procuradores delegados en lo contencioso ante el Consejo de Estado

ART. 5º—Los procuradores delegados en lo contencioso ante el Consejo de Estado deberán intervenir en los siguientes casos:

a) En única instancia

1. Llamado en garantía a los servidores o ex servidores públicos y a los particulares que cumplan o hayan cumplido funciones públicas en la oportunidad procesal correspondiente, cuando quiera que estimen cumplidos los requisitos establecidos en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Nacional o cuando lo permita la ley, en situaciones diferentes a la descrita.

Si en el curso del proceso, se advirtiere que tales requisitos no se configuran, promoverán la desvinculación de la persona que ha sido llamada en garantía.

2. Cuando los pronunciamientos habituales de la sección correspondiente del Consejo de Estado o de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo difieran de las tesis sostenidas por el Ministerio Público; la posición doctrinaria, en este caso, será coordinada por el procurador primero delegado ante el Consejo de Estado y definida por el comité asesor del Ministerio Público (L. 201/95, art. 39).

3. En los procesos en que se controviertan materias agrarias, mineras, petroleras y de extinción del dominio, así como los relativos a las políticas monetarias, cambiarias y de crédito.

4. En los procesos electorales.

5. En las audiencias de conciliación cuando lo decida el procurador primero delegado ante el Consejo de Estado.

6. En los procesos de nulidad a que se refiere el ordinal 1º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo.

7. En los incidentes de excepciones de que trata el ordinal 13 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo.

8. En los procesos en que se cumplan la hipótesis del ordinal 3º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo.

9. En los procesos relativos a la propiedad industrial siempre y cuando no se haya solicitado la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

10. En los demás casos en que así lo establezca la ley o lo determine el Procurador General de la Nación;

b) En segunda instancia

1. Cuando en la primera instancia no haya intervenido la entidad demandada ni el Ministerio Público.

PAR.—También podrá intervenir si la sentencia de primera instancia resulta contraria a la tesis sostenida por el procurador judicial o cuando sea conveniente robustecer la sustentación de la misma o no comparta sus planteamientos.

2. Cuando la condena, en primera instancia, alcance un monto igual o superior a 2.000 salarios mínimos legales mensuales.

3. En los procesos que se originen en acciones de repetición, entre ellas las previstas en el artículo 72 de la Ley 270 de 1996, y en el artículo 54 de la Ley 80 de 1993.

4. En procesos de nulidad contra actos generales relativos a impuestos, tasas y contribuciones del orden local, en los términos del parágrafo del numeral primero anterior.

5. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho relativos a impuestos y contribuciones, cuando la cuantía sea igual o superior a 2.000 salarios mínimos legales mensuales.

6. En las apelaciones y recursos de queja que se interpongan en los procesos de jurisdicción coactiva, cuando la cuantía sea igual o superior a 2.000 salarios mínimos legales mensuales.

7. Cuando en el proceso laboral la condena de primera instancia alcance un monto igual o superior a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales, y con sujeción a la cuantía señalada, cuando en el proceso laboral se estudie la legalidad de los procesos disciplinarios, salvo en aquellos casos en los cuales la Procuraduría General de la Nación haya intervenido en el correspondiente proceso.

8. En aquellos en que así lo disponga el Procurador General de la Nación, y

c) En asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

1. En el trámite del recurso extraordinario de revisión y en los asuntos de única instancia de conocimiento de la Sala Plena del Consejo de Estado.

En el recurso extraordinario de revisión actuará la Procuraduría Delegada que haya intervenido en el trámite del proceso o la que esté asignada a la sección competente del Consejo de Estado.

2. En los asuntos que remitan las secciones por su importancia jurídica o trascendencia social, cuando la Sala Plena del Consejo de Estado resuelva asumir competencia. En este evento le corresponde intervenir al Procurador Delegado que haya conocido del trámite en la respectiva sección.

3. En las acciones de pérdida de investidura de los congresistas.

4. En las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, cuyo conocimiento no esté atribuido a la Corte Constitucional.

CAPÍTULO III

De la intervención de los procuradores judiciales en lo contencioso ante los tribunales administrativos

ART. 6º—Los procuradores judiciales en lo contencioso ante los tribunales administrativos deberán intervenir en única o primera instancia en los siguientes casos:

1. Llamando en garantía a los servidores o ex servidores públicos y a los particulares que cumplan o hayan cumplido funciones públicas, en la oportunidad procesal correspondiente si la administración no hubiere cumplido con la obligación de hacerlo, cuando quiera que estimen cumplidos los requisitos establecidos en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Nacional o cuando lo permita la ley, en situaciones diferentes a la descrita.

Si, en el curso del proceso, se advirtiere que tales requisitos no se configuran, promoverán la desvinculación de la persona que ha sido llamada en garantía.

2. En los que se controviertan materias agrarias y ambientales, con el apoyo y asesoría que debe prestar la procuraduría delegada y los procuradores judiciales para asuntos ambientales y agrarios.

3. En los procesos electorales.

4. En las conciliaciones prejudiciales, en los términos del Decreto 173 de 1993, proponiendo fórmulas razonables, con miras a propiciar un arreglo acorde con el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales.

5. En las conciliaciones previstas en la Ley 288 de 1996.

PAR.—De los trámites conciliatorios adelantados deberá informar detalladamente a la procuraduría primera delegada, y remitirá copia del acuerdo conciliatorio, si a éste hubo lugar, indicando si fue aprobado por el tribunal administrativo correspondiente.

6. En las acciones de pérdida de investidura de los concejales.

7. En los procesos que se originen en acciones de repetición, entre ellas las previstas en el artículo 72 de la Ley 270 de 1996, y en el artículo 54 de la Ley 80 de 1993.

8. Cuando en el proceso laboral se cuestione la legalidad de las actuaciones disciplinarias, salvo que la Procuraduría General de la Nación haya intervenido en el correspondiente proceso; cuando se discuta el reconocimiento, la liquidación y el pago de pensión de jubilación o de vejez, de invalidez, sustituciones pensionales o de sobrevivientes o asignaciones de retiro; cuando se pretenda derecho relativo a la carrera de servidor público, cuando sea parte una asociación sindical y cuando tenga relación con la protección a la maternidad.

9. En los procesos de nulidad de actos generales relativos a impuestos, tasas y contribuciones del orden seccional y local.

10. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho relativos a impuestos y contribuciones.

11. En los casos de referendos previstos en el artículo 44 de la Ley 134 de 1994.

12. En aquellos procesos o diligencias en que así lo determine la ley o lo disponga el Procurador General de la Nación.

ART. 7º—Los procuradores judiciales ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuarán conforme a la siguiente distribución:

Ante la sección primera actuarán las procuradurías segunda y décima judiciales; ante la sección segunda, las procuradurías primera, cuarta, quinta, séptima, octava, doce, cincuenta y uno y cincuenta y cinco judiciales; ante la sección tercera las procuradurías novena, once y cincuenta judiciales y ante la sección cuarta las procuradurías tercera y sexta judiciales.

Sin embargo, las solicitudes de conciliación prejudicial que no versen sobre asuntos laborales se repartirán entre todos los procuradores judiciales, por orden numérico, excluidos quienes están asignados a la sección segunda del tribunal.

(Nota: Véase Resolución 11 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación)

(Nota: Modificado por la Resolución 233 de 2008 artículo 1º de la Procuraduría General de la Nación)

CAPÍTULO IV

Otras disposiciones

ART. 8º—Los procuradores delegados en lo contencioso ante el Consejo de Estado y los procuradores judiciales remitirán, mensualmente y en los formatos previamente elaborados, a la procuraduría primera delegada, la información estadística de sus labores.

Remitirán, también mensualmente copia de dos conceptos que, a su juicio, contengan tesis jurídicas de interés.

ART. 9º—La procuraduría primera delegada con fundamento en los informes de que trata el inciso primero del artículo anterior, alimentará la base de datos existente de modo que permita hacer los estudios y análisis estadísticos de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Las copias de los conceptos remitidos conforme al inciso segundo del mismo artículo se tendrán en cuenta como uno de los criterios de evaluación de cada uno de los despachos y para seleccionar el material que se publicará en el boletín jurídico.

ART. 10.—En la fecha y sitio que señale el Procurador General de la Nación, se realizará un seminario de autoevaluación con la asistencia obligatoria de todos los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción contencioso administrativa.

ART. 11.—En desarrollo del artículo 39 de la Ley 201 de 1995 los procuradores delegados ante el Consejo de Estado se reunirán, cada dos meses, el último miércoles de cada bimestre, para analizar y discutir asuntos previamente establecidos en una agenda o temario que se repartirá con la debida antelación, sin perjuicio de las reuniones con carácter extraordinario.

ART. 12.—Las acciones de pérdida de investidura de congresistas se repartirán entre los diez (10) procuradores delegados en lo contencioso; el procurador delegado encargado de intervenir en el proceso, inmediatamente notificado de la solicitud, según lo previene el artículo 8º de la Ley 144 de 1995, informará del proceso al procurador primero delegado con el objeto de coordinar la intervención.

ART. 13.—Actuación similar se cumplirá en los casos de las acciones de nulidad de que trata el numeral 9º del artículo 37 de la Ley 270 de 1996. En este caso, sin embargo, la intervención corresponderá al procurador delegado que actúe ante la sección que trámite el proceso.

ART. 14.—El comité asesor del Ministerio Público integrado conforme al artículo 39 de la Ley 201 de 1995 programará, en coordinación con el instituto de estudios del Ministerio Público, la capacitación de conciliadores en las entidades que lo requieran, así como de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción contencioso administrativa, incluidos los integrantes del comité, en orden al mejor desempeño de sus funciones.

ART. 15.—Para los efectos de esta resolución se entiende por intervención procesal de los agentes del Ministerio Público toda actuación tendiente a cumplir el cometido constitucional (art. 277 num. 7º) como sería la petición de pruebas, el llamamiento en garantía, la interposición de recursos, el concepto final, entre otras.

ART. 16.—Cada uno de los procuradores delegados remitirá a la Procuraduría Primera Delegada cada seis meses que se empezarán a contar a pedir de la vigencia de esta resolución, una nota explicativa de las novedades jurisprudenciales ocurridas en ese lapso, relativa a las materias de que se ocupa la sección en la cual cumple sus funciones.

La procuraduría primera delegada remitirá copia de este trabajo a cada una de las procuradurías judiciales del país.

ART. 17.—Delégase en el procurador primero delegado la función de conceder permisos a los procuradores delegados y a los procuradores judiciales en los términos de la ley. El procurador primero delegado deberá obtener los permisos del Procurador General de la Nación.

ART. 18.—En las procuradurías judiciales y en las delegadas ante el Consejo de Estado podrán cumplir los egresados de las facultades de derecho el requisito de la judicatura ad honorem, previa designación del procurador delegado o judicial correspondiente, cuando así lo autorice la ley.

ART. 19.—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial los artículos 16 a 20 de la Resolución 016 del 24 de junio de 1992, 014 del 21 de julio de 1993, la Resolución 09 de 15 de marzo de 1994, y 022 del 11 de agosto de 1994.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 7 de julio de 1997.

(Nota: Modificada en lo pertinente por la Resolución 48 de 2009 artículo 4° de la Procuraduría General de la Nación)

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