RESOLUCIÓN 456 DE 1997 

(Septiembre 18)

“Por la cual se adopta el reglamento para la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos sobre las materias de competencia del Departamento Administrativo de la Función Pública, y de la participación ciudadana y comunitaria”.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los artículos 1º de la Ley 58 de 1982, 32 del Código Contencioso Administrativo, y 5º del Decreto-Ley 2169 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que según lo dispuesto por los artículos 23 y 74 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta solución, e igualmente a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley;

Que de conformidad con lo consagrado en los artículos 32 del Código Contencioso Administrativo, 53 y 55 de la Ley 190 de 1995, los organismos de la Rama Ejecutiva del poder público deberán reglamentar la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver y la manera de atender las quejas y reclamos que se formulen por el mal funcionamiento de los servicios a su cargo;

Que mediante el Decreto 2169 del 30 de diciembre de 1992 se reestructuró el Departamento Administrativo del Servicio Civil, y se denominó a partir de la fecha Departamento Administrativo de la Función Pública, siendo su objetivo principal el de formular las políticas, asesorar a los organismos y velar por el cumplimiento de las normas en materia de gerencia de los recursos humanos al servicio del Estado;

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 58 de 1982, la Procuraduría General de la Nación deberá impartir aprobación al reglamento que elabore la respectiva entidad, para el trámite interno de las peticiones;

Que mediante Resolución 0103 del 3 de septiembre de 1997, proferida por el Procurador General de la Nación y notificada al Departamento Administrativo de la Función Pública, fue aprobado el reglamento sobre la tramitación interna de las peticiones que le corresponde resolver a este departamento administrativo;

Que con fundamento en las anteriores consideraciones se procede a adoptar el referido reglamento,

RESUELVE:

TÍTULO I

Derecho de petición

ART. 1º—Reglamento del derecho de petición. Adóptase el siguiente reglamento para la tramitación interna de las peticiones, quejas y reclamos que le corresponde resolver al Departamento Administrativo de la Función Pública, y de la participación ciudadana y comunitaria, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, reglamentos y demás normas que regulan la materia.

CAPÍTULO I

Principios generales

ART. 2º—De los principios. Toda actuación administrativa que adelante el Departamento Administrativo de la Función Pública se desarrollará con arreglo a los siguientes principios:

Principio de economía. Los procedimientos se adelantarán en el menor tiempo posible y con el menor gasto de quienes intervienen en ellos. No se deben exigir más documentos o copias de los estrictamente necesarios, ni autenticaciones, ni notas de presentación personal, salvo que la ley lo ordene en forma expresa.

Principio de celeridad. Este principio busca la iniciativa de los funcionarios para impulsar los procedimientos administrativos, eliminar trámites innecesarios, utilizar formularios que agilicen las actuaciones, considerando siempre todos los argumentos y pruebas aportadas por los interesados. Los retardos injustificados dan lugar a sanción disciplinaria.

Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas deben lograr su finalidad. Por tal motivo, los funcionarios oficiosamente deben remover los obstáculos puramente formales para procurar evitar decisiones inhibitorias. Las nulidades por vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.

Principio de imparcialidad. Todos los ciudadanos merecen el mismo respeto por parte de los funcionarios. Por tal razón, el mencionado principio busca que los funcionarios actúen sin discriminación alguna y le den igual tratamiento a todas las personas.

Principio de publicidad. Establece la obligación de las autoridades de dar a conocer sus decisiones a los interesados mediante comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley.

Principio de contradicción. Consiste en la oportunidad que tienen todos los interesados de conocer y controvertir por los medios legales las decisiones administrativas. En desarrollo de este principio se deben tener en cuenta los aspectos relativos a citaciones, notificaciones, publicaciones y oportunidades para controvertir las decisiones por los medios legales.

ART. 3º—Clases de actuaciones administrativas. Las actuaciones administrativas podrán iniciarse:

1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general.

2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular.

3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal.

4. Por las autoridades, oficiosamente.

CAPÍTULO II

Clasificación de las peticiones

ART. 4º—Las peticiones se clasifican en:

• Petición en interés general.

• Petición en interés particular.

• Petición de información.

• Sobre las actividades del DAFP.

• Consulta de documentos.

• Certificaciones.

• Expedición de copias.

• Formulación de consultas.

ART. 5º—Peticiones en interés general y en interés particular. Toda persona podrá formular peticiones respetuosas al Departamento Administrativo de la Función Pública en interés general o en interés particular.

ART. 6º—Petición de información. En desarrollo de este derecho de petición toda persona podrá solicitar y obtener acceso a la información sobre las actuaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, a consultar los documentos que reposen en sus dependencias, a que se le expidan certificaciones y copias de los documentos, siempre que éstos no tengan carácter de reservados, conforme a la Constitución y a la ley.

ART. 7º—Formulación de consultas. En relación con las funciones y materias propias del Departamento Administrativo de la Función Pública, y sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales, toda persona tendrá derecho a formular consultas.

Las respuestas correspondientes no comprometerán la responsabilidad del departamento, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.

CAPÍTULO III

Forma de presentación de las peticiones

ART. 8º—Peticiones verbales y escritas. El derecho de petición en sus modalidades de: en interés general, en interés particular, petición de información y formulación de consultas podrá ser ejercido en forma verbal o por escrito.

a) Peticiones verbales. Las peticiones verbales se formularán directamente en la oficina de atención al cliente del departamento, y de ser posible se resolverán de manera inmediata y en la misma forma en que fueron presentadas.

El grupo de atención al cliente recepcionará la petición utilizando el formato respectivo de recepción de peticiones verbales de acuerdo con su modalidad. Este formato generará un documento el cual identificará la petición al interior de la entidad. El respectivo formato se identificará con un número de radicación consecutivo que llevará el mencionado grupo.

Sí quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma breve.

Los funcionarios asignados a la oficina de atención al cliente podrán exigir, en forma general, que ciertas peticiones se presenten por escrito para lo cual se elaborarán formatos que deberán ser diligenciados por los interesados, en lo pertinente, pudiendo añadir las informaciones o aclaraciones a que haya lugar

b) Peticiones escritas: Estas serán recibidas por el centro de administración e información documental y correspondencia, encargado de recibir, organizar, numerar, coordinar y llevar un control de todas las comunicaciones escritas de la entidad, las que remitirá a la dependencia competente para el trámite respectivo.

El número de radicación dado por el grupo administración de documentos y correspondencia, será también el número de referencia de la petición y en consecuencia, todas las comunicaciones escritas que se generen en desarrollo de la misma, deben ir referenciadas con éste, lo cual se le comunicará al peticionario, con el fin de que sea utilizado en todo lo relacionado con la petición.

Las peticiones escritas deben contener, por regla general como mínimo la siguiente información:

• Identificación expresa de la autoridad a la cual se dirige: Departamento Administrativo de la Función Pública.

• Nombres, apellidos completos del solicitante con indicación del documento de identidad y dirección.

• Si se actúa mediante representante o apoderado, se debe indicar su nombre, apellido, documento de identidad y dirección. El poder deberá ser otorgado en concordancia con lo previsto en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil o las normas que lo modifiquen.

• Objeto de la petición y razones en que se apoya.

• Relación de los documentos que se acompañan.

• Firma del peticionario.

ART. 9º—Horario de atención al público. El horario de atención al público en el departamento, será de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., el cual será fijado en cartelera ubicada en un sitio visible, preferentemente en la entrada principal del edificio donde funciona el departamento.

PAR.—En adición a la jornada habitual, existirá un horario extendido de atención al público, entre las 5:00 y las 6:00 p.m. de lunes a viernes, para que la ciudadanía pueda cumplir sus obligaciones y adelantar los trámites frente al departamento, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2150 de 1995.

La correspondencia llegada por correo, en días y horas diferentes a las de atención al cliente, deberá ser entregada por quien la hubiere recibido, al centro de administración e información documental y correspondencia, en el primer día y hora hábil siguiente, a fin de que se le dé el trámite correspondiente.

CAPÍTULO IV

Procedimiento para atender las peticiones en interés general y particular

ART. 10.—Requisitos especiales. Cuando la ley o los reglamentos exijan acreditar requisitos especiales para que pueda iniciarse o adelantarse la actuación administrativa, la relación de todos éstos se fijarán en un lugar visible al público en las dependencias del Departamento Administrativo de la Función Pública.

ART. 11.—Peticiones incompletas. El funcionario que recibe la petición deberá revisarla, con fin de constatar que reúne la información o documentos necesarios para decidirla y si constatare la falta de algunos de ellos, en el acto de recibo se le indicará al peticionario los que falten, para que proceda de conformidad. Si el peticionario insiste en que se le radique la petición, se le recibirá dejando constancia escrita de este hecho, constancia que se anexará a la petición.

ART. 12.—Solicitud de informaciones o documentos adicionales. Si al iniciar una actuación administrativa el funcionario, respectivo, encontrare que la información o documento proporcionados no son suficientes para decidir, se requerirá al interesado por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya efectuado la petición, para el aporte de lo faltante.

El anterior requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que la entidad decida y desde el momento en que el interesado aporte los nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, empezarán nuevamente a correr los términos. En adelante la entidad no podrá hacer nuevos requerimientos y decidirá con base en aquellos que disponga.

ART. 13.—Desistimiento. Si el interesado no presenta en oportunidad los documentos, informaciones o requisitos que se le hayan solicitado, dentro de un término de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al del envío de la comunicación, se entenderá que desiste de su petición. En este evento el expediente o los documentos que contiene la petición se archivarán, pero el interesado podrá presentar posteriormente una nueva petición sobre el mismo asunto.

ART. 14.—Falta de competencia. Si el funcionario que recibe la petición no es el competente para decidir, dará traslado de la misma a la autoridad o funcionario o dependencia correspondiente, en los términos y condiciones previstas en el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo.

ART. 15.—Citación de terceros. Cuando de la misma petición o de los registros que lleve el Departamento Administrativo de la Función Pública, resulte que hay terceros determinados que pueden estar directamente interesados en los resultados de la decisión, se les citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La citación se hará por correo si no hay otro medio más eficaz, dándole a conocer el nombre del peticionario y el objeto de la petición.

Si la citación no fuere posible o resultare demasiado costosa o demorada o se tratare de terceros indeterminados, se hará una publicación del texto o extracto de la petición a través de los mecanismos que para el efecto tuviese la entidad, o en un periódico de amplia circulación nacional o local, según el caso.

ART. 16.—De las citaciones y publicaciones. Las citaciones y publicaciones de que trata el artículo anterior, así como las demás que deban hacerse dentro de las actuaciones administrativas correspondientes, serán de cargo del peticionario, quien deberá cancelar su valor, previa liquidación efectuada por el funcionario que adelanta la actuación, en cuenta del Departamento Administrativo de la Función Pública, autorizada por el Tesoro Nacional, debiendo remitir el comprobante de dicho pago a la pagaduría del departamento. Si el peticionario no cancela el valor respectivo, en un término de cinco (5) días, se entenderá que desiste de la petición, conforme al artículo 16 del Código Contencioso Administrativo.

El valor de las citaciones y publicaciones se liquidará de acuerdo con las tarifas que rigen el correo certificado y la prensa, respectivamente.

ART. 17.—Término para resolver las peticiones. El término para resolver las peticiones en interés general o en interés particular es de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su recibo.

ART. 18.—Número de referencia de la respuesta. En las respuestas al interesado se citará como referencia el número de radicación, a fin de que se haga constar en la planilla correspondiente el número y la fecha de respuesta.

ART. 19.—Imposibilidad para resolver o contestar las peticiones. Cuando no sea posible resolver o contestar la petición en el término de quince (15) días, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o se dará respuesta.

ART. 20.—Prohibición de exigir documentos que reposen en la entidad. No podrá exigirse al peticionario copias o fotocopias de documentos que reposen en el departamento, o a los que este organismo tenga facultad legal de acceder.

ART. 21.—Recursos. Contra las decisiones que profiera la administración, respecto de las peticiones en interés particular, proceden los recursos de la vía gubernativa, previstos en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo. Las decisiones del director del departamento sólo son susceptibles del recurso de reposición.

CAPÍTULO V

Petición de información

ART. 22.—En ejercicio del derecho de petición de información, los interesados podrán consultar los documentos que reposan en los archivos del departamento, solicitar copias de los mismos, solicitar certificaciones y obtener información sobre las actuaciones del departamento.

ART. 23.—Información general. La oficina de atención al cliente mantendrá en un sitio de fácil acceso al público los siguientes documentos:

1. Las normas que definen la naturaleza, funciones y estructura del departamento.

2. Organigramas y manual de funciones.

3. Los métodos, procedimientos, sistemas y formularios para el trámite de los diversos asuntos relacionados con el departamento.

4. Información sobre las oficinas para formular consultas, entregar y recibir documentos, bienes y conocer las decisiones.

Cualquier persona tiene derecho a pedir y obtener copia de los anteriores documentos, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos en la presente resolución.

ART. 24.—Consulta de documentos. Toda persona tendrá derecho a consultar los demás documentos oficiales y podrá pedir y obtener copia de ellos. Sin embargo, la petición se negará si la solicitud se refiere a alguno de los documentos que la Constitución Política o las leyes autorizan tratar como reservados.

ART. 25.—Reserva de documentos. Tendrá el carácter de reservados, los documentos definidos como tales por la Constitución Política, las leyes y los referentes a la defensa y seguridad nacional.

ART. 26.—Oponibilidad de la reserva. El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades que lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo prescrito en este artículo.

ART. 27.—Levantamiento de la reserva. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 57 de 1985, la reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta (30) años de su expedición. Cumplidos éstos, el documento adquiere carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir, a quien lo demande, copia o fotocopia del mismo.

ART. 28.—Reserva de las investigaciones. De conformidad con el artículo 33 de la Ley 190 de 1995, harán parte de la reserva las investigaciones preliminares, los pliegos y autos de cargos que formulan la Procuraduría General de la Nación y demás órganos de control dentro de los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal, lo mismo que los respectivos descargos; los fallos serán públicos.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que el investigado tenga acceso a la investigación, desde las preliminares.

En el evento que se conozca la información reservada, la entidad deberá adelantar una investigación interna y explicable a la opinión las posibles razones del hecho.

ART. 29.—De la negativa de las peticiones. Cuando la administración niegue la consulta de los documentos se debe dictar una providencia motivada, señalando el carácter de reservado de la información negada y citando las disposiciones legales pertinentes.

En este evento se le debe notificar tanto al peticionario como al Ministerio Público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 del Código Contencioso Administrativo y 9-d) de la Ley 201 de 1995. Si a pesar de esto el peticionario insiste en tener acceso al documento, el funcionario debe enviar la documentación correspondiente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

Todas estas decisiones estarán sujetas a los recursos y acciones previstos en el Código Contencioso Administrativo.

ART. 30.—Documentos publicados. Cuando la solicitud de consulta o de expedición de copias verse sobre documentos que oportunamente fueron publicados, así se informará, indicando el número y la fecha del periódico, boletín o gaceta en que se hizo la divulgación, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 57 de 1985.

ART. 31.—Examen de documentos. El examen de documentos que se hará en horas de despacho al público y con la autorización concedida por el jefe de la respectiva oficina o el funcionario a quien éste haya delegado dicha facultad. Los documentos que tengan carácter reservado se encontrarán en cuadernos separados dentro del mismo expediente poniéndole la inscripción de “carácter reservado”. A estos documentos reservados no pueden tener acceso los peticionarios.

ART. 32.—Certificaciones. Las certificaciones definidas, en concordancia con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, como aquellos actos por medio de los cuales el director de una oficina pública da fe sobre la existencia o estado de actuaciones o procesos administrativos que se hayan surtido, serán expedidas, a quien las solicite, por los funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública, investidos de autoridad, a quienes se les haya asignado esta función.

ART. 33.—Información que reposa en banco de datos. Toda persona tendrá derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que el departamento haya recogido sobre ellas en sus archivos y bancos de datos.

ART. 34.—Término para resolver las peticiones sobre consulta de documentos. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 57 de 1985, el término máximo para resolver estas peticiones es de diez (10) días hábiles. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario se entenderá, para todos los efectos legales, que la solicitud ha sido aceptada. En consecuencia, el correspondiente documento será entregado dentro de los tres (3) días inmediatamente siguientes.

ART. 35.—Solicitud de copias. La solicitud de copias o fotocopias de documentos que reposen en el departamento se tramitarán ante la oficina de atención al cliente, quien hará las gestiones correspondientes en la dependencia que los posea, a efecto de que las autorice y sean entregadas en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, siempre y cuando tales documentos no tengan el carácter de reservados.

ART. 36.—Valor de las copias. Las fotocopias solicitadas por los peticionarios podrán tomarse en la misma oficina y darán lugar al pago de éstas cuando la cantidad solicitada sea cinco (5) o más fotocopias, siendo su costo de $50.00 moneda corriente, por cada una, el cual se reajustará cada año, de acuerdo con la inflación correspondiente registrada por el DANE, según lo previsto en el artículo 3º de la Ley 242 de 1995. El valor de las fotocopias será consignado en cuenta del Departamento de la Función Pública, autorizada por el tesorero nacional, debiéndose remitir el comprobante respectivo a la pagaduría del departamento.

Cuando las copias no pueden suministrarse por la respectiva dependencia, el funcionario encargado del manejo de los documentos, con el visto bueno del jefe inmediato, podrá acompañar al peticionario a un sitio cercano al departamento, para que a costa de éste se puedan fotocopiar los documentos que sean de su interés.

CAPÍTULO VI

Formulación de consultas

ART. 37.—Del derecho de formulación de consultas. El derecho de petición incluye formular consultas verbales o escritas, las cuales se atenderán de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

ART. 38.—Término para resolver las consultas. Las consultas formuladas por escrito serán absueltas por la dependencia correspondiente, en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de su recibo y radicación en el centro de administración e información documental y correspondencia del departamento.

Las respuestas a las consultas no comprometen la responsabilidad del departamento, como tampoco son de obligatorio cumplimiento y ejecución. A diferencia de lo que ocurre con las peticiones en interés individual, en el caso de las consultas no existe respuesta presunta de la administración en el evento de guardar silencio la entidad.

TÍTULO II

De las quejas y reclamos

ART. 39.—Forma de presentación. Las quejas y reclamos formulados por escrito deberán contener además de los requisitos generales, señalados en el artículo 8º del literal b) de la presente resolución, el nombre de la autoridad o funcionario contra quien se presenta la queja o reclamo y el motivo de ésta.

ART. 40.—Dependencia de quejas y reclamos. La oficina de atención al cliente será la dependencia encargada de recibir las quejas y reclamos que formulen los ciudadanos en contra de la entidad, por mal funcionamiento o incumplimiento de su misión, o en contra de sus funcionarios.

ART. 41.—Funciones que debe cumplir la oficina de atención al cliente frente a las quejas o reclamos.

• Atender a través de una línea telefónica gratuita y permanente las recomendaciones, denuncias o críticas relacionadas con las funciones que desempeña el Departamento Administrativo de la Función Pública.

• Informar periódicamente al subdirector del departamento sobre los servicios que presentan el mayor número de quejas y reclamos y sobre las principales recomendaciones sugeridas por los particulares con el objeto de mejorar el servicio que presta el Departamento Administrativo de la Función Pública.

ART. 42.—Trámite de quejas y reclamos. Una vez recibida una queja o un reclamo, la oficina de atención al cliente la radicará en el libro que deberá abrir para tales efectos, el cual contendrá los siguientes datos: fecha de radicación, número de orden de recibo, nombre del quejoso, anexos, dependencia o funcionario a quien se dirige, número y fecha del oficio de respuesta.

Las quejas y reclamos se distribuirán a más tardar el día hábil siguiente al de su recibo, a las oficinas o funcionarios correspondientes, de acuerdo con la naturaleza de las mismas.

ART. 43.—Término para resolver. Una vez recibida la queja por la oficina o funcionario competente, éste deberá tomar las medidas administrativas necesarias que conduzcan al mejoramiento de la gestión o al buen servicio y contestará al quejoso en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

TÍTULO III

Disposiciones generales

ART. 44.—Peticiones no relacionadas con la entidad. El centro de administración e información documental y correspondencia enviará al organismo o entidad oficial competente, aquellas peticiones escritas no relacionadas con las funciones del departamento, a más tardar el día hábil siguiente al de la fecha de su recibo e informará inmediatamente al peticionario el trámite realizado. En la misma forma procederá la dependencia del departamento que reciba una petición no relacionada con las funciones de la entidad.

ART. 45.—Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones que regulan el derecho de petición será objeto de las sanciones previstas en los artículos 76 del Código Contencioso Administrativo, 29 de la Ley 57 de 1985 y demás normas de carácter disciplinario que así lo consagren.

ART. 46.—Desistimiento. Los interesados podrán desistir expresamente, en cualquier tiempo de sus peticiones, antes de que se adopte la decisión definitiva, pero el departamento podrá continuar de oficio la aclaración si se considera necesaria para el interés público.

ART. 47.—Notificaciones y recursos. Las decisiones que resuelvan peticiones en interés particular y que sean susceptibles de recursos deberán notificarse en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo. Las decisiones sobre peticiones de información deberán notificarse al peticionario y al Ministerio Público si fueren negativas. Las demás se ejecutarán simplemente.

ART. 48.—Procedimientos regulados por normas especiales. Los procedimientos administrativos regulados por normas especiales se regirán por éstas y en lo no previsto en ellas, se aplicarán las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo y en esta resolución, en cuanto resulten compatibles.

ART. 49.—Responsabilidad por la indebida aplicación de los trámites. Los jefes de las respectivas oficinas y los funcionarios a quienes se les haya delegado el trámite de los asuntos aquí determinados, serán responsables por la indebida atención de las peticiones y quejas a su cuidado y además de la aplicación de los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, moralidad, igualdad y contradicción.

ART. 50.—Sanciones. La demora injustificada en absolver las peticiones, informaciones, consultas o quejas, será sancionada disciplinariamente por el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con las normas legales vigentes.

ART. 51.—Prohibiciones. En ningún caso y por ningún motivo podrán los funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública, por vía de consulta, entrar a definir ni a calificar la validez o nulidad de sus actos.

TÍTULO IV

De la participación ciudadana y comunitaria

ART. 52.—Definición. La participación ciudadana y comunitaria en el Departamento Administrativo de la Función Pública es un mecanismo democrático de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión del departamento, sin detrimento de la autonomía que le es propia.

La participación ciudadana y comunitaria podrá ejercerse por medio de asociaciones y por cualquier particular.

ART. 53.—Participación en la contratación. Las asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, podrán denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores públicos o de los particulares, que constituyan delitos, contravenciones o faltas en materia de contratación estatal. Para tal efecto, podrán solicitar a la dependencia que corresponda el suministro oportuno de la documentación e información que requieran, excepto cuando se trate de documentos amparados por la reserva legal.

Cuando en un proceso de licitación haya lugar a la celebración de audiencia pública para la adjudicación de la misma, los particulares y los representantes de las mencionadas asociaciones tendrán derecho a expresar sus inquietudes y opiniones sobre el objeto a contratar y en general sobre todos los aspectos de la posible contratación, teniendo en cuenta que sus opiniones deben ser pertinentes, orientadas al bien común y estar enmarcadas dentro del respeto a la ley y los derechos ajenos.

La participación ciudadana y comunitaria no podrá adelantar, suspender, retrasar o entorpecer la ejecución de los contratos, convenios y/o proyectos que fiscalice o en que intervenga.

ART. 54.—De la contratación. Cuando se trate de proyectos de decisiones de carácter general que por razón de sus implicaciones sea conveniente colocar en conocimiento de los ciudadanos y grupos interesados, para escuchar previamente sus opiniones al respecto, el departamento podrá disponer que se informe públicamente a los eventuales interesados, por los medios que estime adecuados, sobre el contenido básico, el propósito y los alcances de los mismos. En el respectivo informe deberá señalarse el plazo dentro del cual se podrán presentar sus observaciones.

En todo caso, el departamento adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general.

ART. 55.—De la participación en el control y vigilancia de la gestión administrativa. Todos los particulares y las asociaciones civiles tienen derecho a participar en el control y vigilancia de la gestión administrativa, mediante la conformación de veedurías, la presentación de propuestas y la denuncia de las anomalías detectadas.

En ejercicio de este derecho, la participación ciudadana y comunitaria no podrá adelantar, suspender, retrasar o entorpecer la expedición de ningún acto administrativo.

ART. 56.—Representación. Quien pretenda actuar ante el departamento a nombre de una asociación cívica, comunitaria, de profesionales, benéficas o de utilidad común, deberá acreditar previamente la existencia y representación de la asociación por medio de la documentación respectiva.

ART. 57.—Procedimientos especiales. Las previsiones contenidas en la presente resolución, no cobijan trámites y actuaciones administrativas que estén reguladas por normas especiales y en las que deba intervenir el departamento por mandato de la misma ley.

ART. 58.—Aplicación subsidiaria. Las situaciones no previstas en el presente reglamento se regirán por las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo y en las demás disposiciones que lo modifiquen o reformen.

ART. 59.—Modificaciones. Las modificaciones al presente reglamento requerirán de la revisión y aprobación previa de la Procuraduría General de la Nación.

ART. 60.—Vigencia. La presente resolución deroga en todas sus partes la Resolución 6386 del 11 de diciembre de 1990 emanada del Departamento Administrativo del Servicio Civil hoy Departamento Administrativo de la Función Pública y rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 18 septiembre de 1997

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