Consejo Superior de la Judicatura

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. Nº 285 A.

Magistrado Sustanciador:

Rómulo González Trujillo

Aprobado según acta número cincuenta y tres (53) de octubre veintidós de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Santafé de Bogotá, D.C., veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

Se procede a resolver en derecho respecto de la consulta elevada de la sentencia del 30 de junio de 1998, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del consejo seccional de la judicatura del Cesar, sancionó con SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo por el término de noventa (90) días a la doctora P. Á. P., en su calidad de juez promiscuo del circuito de Chiriguaná, por encontrarla responsable de la falta descrita en el artículo 153 numeral 2 de la Ley 270 de 1996.

Antecedentes procesales

El plenario se inició por queja ordenada de oficio por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del consejo seccional de la judicatura del Cesar, en proveído del 14 de septiembre de 1994, mediante el cual se inhibió de iniciar proceso disciplinario contra el doctor Héctor Hernández Ayazo por queja formulada en su contra por el doctor Fernando Gutiérrez Montes, gerente del distrito de oleoductos de la Empresa Colombiana de Petróleos “Ecopetrol” y, en su defecto se dispuso compulsar copias para investigar disciplinariamente a la doctora P. Á. P. en su condición de juez promiscuo del circuito de Chiriguaná.

(...).

Consideraciones:

La doctora P. Á. P., en su calidad de juez promiscuo del circuito de Chiriguaná, ha sido llamada a responder disciplinariamente por la comisión de la falta de sus deberes tipificada en el numeral 2 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, consistente en “desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo”.

Revisado el asunto sub lite, se encuentra que se han respetado las normas sobre competencia, que obedecen al principio general de juez natural, atribución que para los asuntos disciplinarios está regulada en el artículo 256.3 de la Constitución Nacional, norma superior desarrollada por la Ley 270 de 1996, en sus artículos 112.4 y 114.2, respecto a la función de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de conocer en segunda instancia, por vía de consulta de las providencias desfavorables y apelación y de hecho de los procesos contra jueces, que en primera instancia se surten ante los consejos seccionales.

Los aspectos sustantivos contenidos en los artículos 4.14 20, 24 y 38 de la Ley 200 de 1995, informan que los funcionarios judiciales son destinatarios de la ley disciplinaria, cuando en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, en forma dolosa o culposa, en orden al incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses, comportamientos que, por las circunstancias anotadas, pueden ser gravísimas o calificadas como graves o leves.

A través de la Carta Política en su artículo 124, se dispuso que la ley determinaría la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva, lo cual se plasmó, como se dijo en acápite anterior, con la expedición de la ley estatutaria de la administración de justicia (L. 270/96) y el Código Disciplinario Único (L. 200/95), normas vigentes que deben ser aplicadas en todo su rigor por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que tienden a garantizar el cumplimiento de las funciones del Estado en relación con los funcionarios encargados de administrar justicia, como sancionar a quienes no las acaten.

En cuanto a la adecuación típica de los comportamientos disciplinarios de los funcionarios que administran justicia al interior de la rama judicial, como se dijo anteriormente, frente a las normas supuestamente infringidas, se debe realizar la remisión a la ley estatutaria de la administración de justicia, por ser posterior, modificando así en lo pertinente la Ley 200 de 1995.

Por tanto, la adecuación típica de la conducta disciplinaria endilgada a la implicada en el proceso sub lite, se estructuró en el siguiente precepto de la Ley 270 de 1996, que a la letra dice:

“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

“2. Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo”.

Pues bien, en la providencia del 14 de septiembre de 1995, dictada en el disciplinario seguido contra el doctor Héctor Hernández Ayazo por queja presentada por el doctor Fernando Gutiérrez Montes como gerente del distrito de oleoductos de la Empresa Colombiana de Petróleos “Ecopetrol”. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del consejo seccional de la judicatura del Cesar, ordenó de oficio compulsar copias para la correspondiente investigación disciplinaria contra la doctora P. Á. P. en su calidad en cita. Por cuanto, según los testimonios recibidos en el mismo, daban cuenta que en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual de Glenis Pertuz Ternera y otros contra la citada empresa estatal, la señora juez ocultó subrepticiamente la decisión definitiva tomada, mediante la cual accedió a las súplicas del libelo demandatorio, impidiendo en esa forma que la parte pasiva impetrara el recurso de apelación contra la misma.

Por su parte la funcionaria aduce que no son ciertos los cargos formulados en su contra, porque el proceso ordinario en referencia se ventiló conforme a lo previsto en la ley procedimental, sin que en ningún momento le haya coartado el derecho de defensa a la parte demandada, máxime que ésta no contestó el libelo demandatorio, sin embargo, decretó de oficio los medios de convicción que ésta aducía. Que una vez dictada la providencia definitiva, siguió su trámite respectivo en la secretaría para su notificación y ejecutoria, procedimiento que compete y es responsabilidad de dicha dependencia, a más que el abogado de la parte pasiva, quien por obvias razones, estaba bien remunerado, no frecuentaba el despacho judicial, si no que se dedicó a tramitar el asunto a distancia. Que tanto el abogado como los testigos mienten en un todo, confabulándose contra ella.

De los medios de convicción del disciplinario seguido contra el abogado Hernández Ayazo, se remitieron, solamente, con la providencia que decidió en asunto en comento, la declaración rendida por la señora Regina de Jesús Quiroz Peinado secretaria del juzgado en comento y varias piezas del proceso ordinario base del mismo (fls. 2 a 76 cuad. principal), así como la totalidad de este último, cuyas copias fueron remitidas por la Sala Civil - familia del Tribunal Superior de Valledupar, constante de 20 cuadernos.

Sin embargo, es del caso resaltar que la prueba trasladada del proceso disciplinario contra el abogado Hernández Ayazo a este diligenciamiento, no reúne los requisitos de tal medio de convicción para el caso que no ocupa, dado que, en dicho asunto no se practicó a petición de la funcionaria querellada ni con su audiencia —requisito que exige perentoriamente para tenerse como tal el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil—, pues ésta, simple y llanamente, en el mismo, no fue sujeto procesal, de ahí que no tuvo oportunidad de controvertir dicho medio probacional y menos contrainterrogar.

Mas sin embargo, la versión en cita fue desmentida rotundamente por los testigos Diógenes Alex Rovira Silva (fls. 132 a 134 cuad. principal) y Cástulo Van-Stralhen Royero (fls. 135 y 136 ídem).

El primero de los citados dijo en su declaración que tuvo conocimiento de la existencia del proceso ordinario hacía unos dos o tres años porque siempre que iba de Cartagena a Chiriguaná la doctora Rose Mery García Arévalo le encomendaba que estuviera atento del curso del proceso, hasta cuando ella le sustituyó el poder, habiendo asumido en esa forma los intereses allí reclamados por los demandantes, se profirió la sentencia favorable a los mismos, y después de haberse notificado y encontrarse ejecutoriada, seguidamente propuso la ejecución correspondiente por la suma a que había sido condenada Ecopetrol, sin embargo más tarde la doctora García Arévalo le revocó el poder; que nada le consta ni tuvo conocimiento sobre la transacción entre los demandantes y la juez P. Á. P., y la afirmación de la condenada Regina Quiroz Peinado, miente de que haya elaborado la sentencia, pues no existió ninguna componenda entre él y la juez, más bien todo se debe a que en el proceso ejecutivo que él seguía como apoderado de Amado de Jesús Garrot y otros contra Minera Ibérico S.A., sustrajeron treinta y dos millones y pico de pesos entre la secretaria y la juez, por lo que fue condenada la secretaria y se sigue proceso penal contra la segunda, de ahí que ve muy sospechosa la declaración de Quiroz Peinado, debido a su perversa confabulación para sustraer no sólo los dineros de sus clientes sino también de otros procesos; que existió un contrato de prestación de servicios con la doctora García Arévalo, por cuanto estaba ejerciendo su profesión y debía por ello cobrar honorarios en forma lícita.

El segundo testigo expresó que jamás la doctora P. Á. P. le dijo algo de lo que afirmó la señora Quiroz Peinado, pues nunca trataban asuntos relacionados con su trabajo, desconoce los procesos que se ventilaban en el juzgado, de ahí que las afirmaciones de dicha señora sean totalmente falsas.

A más de lo anterior, revisado el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual de Glenis Pertuz Ternera y otros contra la Empresa Colombiana de Petróleos “Ecopetrol”, desde el momento en que obró como apoderado de la parte pasiva el doctor Héctor Hernández Ayazo, cuya personería fue reconocida por auto del 1º de diciembre de 1992, hasta cuando fue designado nuevo apoderado para representar a dicha entidad, esto es, el doctor Rafael Gilberto Manrique V. el 14 de septiembre de 1994, en ningún momento procesal el doctor Hernández Ayazo designó como dependiente, menos le sustituyó el mandato conferido, al doctor Pedro Castillo.

Por tanto, la versión dada por la secretaria del despacho judicial en cita, señora Quiroz Peinado, en relación con el autor intelectual del fallo que decidió en asunto de la referencia, así como el querer de la implicada de que el señor alcalde de la localidad no diera posesión a la funcionaria reemplazante hasta tanto no dictara el mandamiento ejecutivo, carece de veracidad, toda vez que fue desmentida por las declaraciones de los testigos antedichos, así también, de que el doctor Castillo estaba autorizado por el apoderado de la parte pasiva para recibir información del proceso, lo que no fue cierto.

Ahora bien, no existe en el presente diligenciamiento ningún medio probacional que demuestre la posible falta endilgada a la funcionaria investigada querer ocultar al extremo pasivo la sentencia pronunciada en el proceso ordinario tantas veces citado, con fecha del 15 de febrero de 1994 que accedió a las súplicas del libelo demandatorio, condenado a la parte demandada a la suma de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) como lucro cesante, entre otras, dado que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, situación que no se da en el caso sub lite.

Así mismo, según se extrae del proceso en referencia, una vez dictada la sentencia antedicha, en vista de que no se notificó personalmente dentro de los tres (3) días siguientes a su fecha, pues no es obligatorio hacerlo en tal sentido, se hizo saber por medio de edicto, notificación que se entendió surtida al vencimiento de su desfijación, esto es, el 24 de febrero de 1994. A partir del día siguiente siguieron corriendo los tres (3) días para su ejecutoria, sin que se hubiese impetrado el recurso de alzada en oportunidad, como se decidió por auto del 4 de abril del mismo año. De ahí que, a simple vista no se vislumbra ninguna irregularidad cometida por la inculpada en el asunto de la referencia.

Situación diferente sea que, por falta de eficiencia del a quo, se haya dejado de decretar y practicar pruebas de oficio, tales como: haber ordenado los mismos medios probatorios obrantes en el proceso disciplinario seguido contra el doctor Hernández Ayazo por denuncia formulada por el gerente del distrito de oleoductos de la Empresa Colombiana de Petróleos “Ecopetrol”; haber ordenado trasladar la prueba recaudada en el proceso penal seguido contra la implicada ante la fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar y Santafé de Bogotá, y que, por el cual, según se deduce de este proceso disciplinario, fue condenada; haber recepcionado las declaraciones de los demás empleados del juzgado en referencia, para así haber dilucidado y, por ende, llegado a la verdad real del asunto; como también haber recepcionado las declaraciones de las jueces Ángela Diana Fuminaya y Yadira Solórzano. Medios probacionales que brillan por su ausencia, que demuestra una actitud pasiva llevada al extremo por el consejo seccional en tal sentido.

Con la advertencia, que la labor del juzgador, no solamente es recaudar el acervo probatorio que perjudique al investigado si no también los que lo beneficien, dado sus deberes de imparcialidad, celeridad, honorabilidad y lealtad que debe cumplir, para así obtener una pronta y debida administración de justicia. De ahí que, sea del caso, REVOCAR la providencia motivo del grado jurisdiccional de consulta, la que, dicho sea de paso, se basó en pruebas supuestamente recaudadas en este asunto y en lo afirmado en el proveído por el cual se siguió este diligenciamiento. Por lo que, existen serías dudas de que la querellada haya cometido la falta que se le endilga, lo cual la favorece según el principio jurídico denominado in dubio pro reo.

Por último, es de aclarar que asiste razón jurídica a la implicada de que las decisiones que se tomen en un determinado proceso, solamente se deben notificar y por ende, comunicar en secretaría, bien por estado o personalmente, en los términos previstos en los artículos 314 a 330 del Código de Procedimiento Civil. En ningún momento prevé que deba realizarse por teléfono u otro medio según las normas procedimentales en comento, como erradamente pretendía el apoderado de la parte pasiva, al pretender litigar a larga distancia, quien por su desidia y negligencia dejó ejecutoriar el fallo que decidió la gestión encomendada, al no estar pendiente del mismo e impetrar en oportunidad el recurso de alzada.

Sin dejar de advertir que, según el artículo 127 ejusdem, mientras el expediente se encuentre en secretaría, solamente lo pueden examinar: las partes, los abogados inscritos; los dependientes de éstos, debidamente autorizados pero sólo en los asuntos en que intervengan aquéllos; los auxiliares de la justicia; los funcionarios públicos en razón de su cargo y las personas autorizadas por el juez, con fines de docencia o de investigación científica. Por lo que, fácil es concluir, al realizarse la comunicación por vía telefónica, se podría vulnerar la norma en mención, pues una persona extraña a las enunciadas se pueden pasar por las legítimas a intervenir o examinar los expedientes. Menos darle información al doctor Pedro Castillo, que, como vimos no era dependiente del apoderado de la parte demandada, menos apoderado sustituto de la misma.

Por último, no se explica la Sala que una vez notificada la funcionaria implicada del pliego de cargos el 16 de junio de 1997, por estar recluida en la cárcel judicial de Valledupar, solicitó para poder presentar el escrito contentivo de los descargos, se mantuviera el expediente en la oficina jurídica de dicha institución, derecho que inexplicablemente le fue negado, aduciendo el a quo que la Ley 200 de 1995, sólo autoriza dejar el expediente en secretaría de esa dependencia. Mas sin embargo, ésta en oportunidad allegó el escrito respectivo (cuad. 224 a 234 cuad. principal).

Por consiguiente, esta SUPERIORIDAD concluye que, dadas las circunstancias anotadas al no existir prueba plena que lleve a inferir que la funcionaria investigada cometió la falta a su deber de obrar con imparcialidad las funciones de su cargo en el proceso de la referencia, razón por la cual amerita REVOCAR la providencia consultada, para en su defecto, ABSOLVER a la doctora P. Á. P. en su calidad de juez promiscuo del circuito de Chiriguaná.

A virtud de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la providencia fechada el 30 de junio del año que avanza, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del consejo seccional de la judicatura del Cesar, sancionó SUSPENSIÓN por el término de noventa (90) días en el ejercicio del cargo a la doctora P. Á. P., en su condición de juez promiscuo del circuito de Chiriguaná, por encontrarla responsable de la falta a su deber tipificada en el artículo 153.2 de la Ley 270 de 1996, para en su lugar ABSOLVERLA de los cargos formulados en su contra, por las razones expuestas en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente a la corporación de origen.

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