•Auto 15407 de diciembre 10 de 1998

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO

NO TIENE COMPETENCIA PARA ADELANTAR PROCESOS EJECUTIVOS

EXTRACTOS: «La naturaleza misma del arbitramento, impide que un tribunal arbitral conozca del proceso ejecutivo. Son varias las razones:

— El juez de la ejecución tiene poderes coactivos que no son propios de los árbitros. El arbitramento es una figura de conocimiento a la cual acuden las partes de una relación negocial para dirimir controversias de suyo transigibles, por voluntad propia, con el fin de sustraer del conocimiento de la jurisdicción (ordinaria o administrativa) los conflictos que entre ellas se presenten. Si la figura tiene como finalidad permitir que las partes sustraigan la solución de sus conflictos de la jurisdicción estatal, no se compadece con su naturaleza, que los árbitros asuman funciones propias de las autoridades que ejercen poderes coercitivos.

— Los terceros interesados o afectados por el proceso ejecutivo, en especial por las medidas cautelares (piénsese en quien se opone al embargo y secuestro), no suscriben la cláusula compromisoria y, por tanto, no tienen por qué someter sus litigios a la competencia de los árbitros. No hay que olvidar que éstos sólo tienen la calidad de jueces para el caso concreto, por disposición de la ley unida a la voluntad de las partes que suscribieron el pacto arbitral.

— Los árbitros no ejercen jurisdicción amplia, total y de manera permanente, no tienen superior jerárquico que revise sus decisiones con facultades para conocer del fondo del asunto litigioso, puesto que los recursos de anulación y revisión que se ejercen contra los laudos arbitrales, no permiten toda clase de decisiones jurídicas sobre las cuales se funda la decisión arbitral. Inclusive el juez de la anulación, tan solo de manera excepcional tiene competencia para entrar a modificar el laudo, cuando se encuentra equivocada la decisión arbitral.

Esto implica que las partes y los terceros afectados se quedarían sin la posibilidad inmediata de que en instancia superior, se conozcan y decidan las objeciones que surjan respecto de las decisiones que se adopten por los árbitros en el proceso ejecutivo.

— Frente a un título ejecutivo, del cual se deriva una obligación clara, expresa y exigible, no hay controversia alguna respecto de la existencia o no de la prestación a cargo del deudor, que deba someterse al conocimiento de los árbitros. Por ello se habla de obligación indiscutida, como despegue del trámite de ejecución.

— Finalmente, el proceso ejecutivo termina de manera normal con el pago voluntario o compulsivo, situación que no puede enmarcarse en un término o plazo previamente establecido por la ley ni por las partes.

Se concluye entonces, que en el caso sub iudice esta sí es la jurisdicción competente ante la cual se puede adelantar el cobro ejecutivo de las obligaciones derivadas del contrato estatal suscrito entre las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, a pesar de que en el contrato estatal se hubiese pactado cláusula compromisoria.

Todo lo anterior lleva a la Sala(1) a precisar que se separa de la orientación que, sobre el arbitramento y el proceso ejecutivo, ha expresado la Corte Constitucional en la sentencia C-294 del 6 de julio de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía, que ha sido recogida en otros fallos de la misma corporación(2)».

(1) Esta fue también la posición adoptada en el auto 13.703 del 9 de octubre de 1997. M.P. Juan de Dios Montes Hernández.

(2) Veáse por ejemplo la sentencia T-299 del 8 de julio de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(Auto de diciembre 10 de 1998. Expediente 15.407. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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