CIRCULAR EXTERNA 30 DE 1998 

(Junio 19)

Ref.: Responsabilidades de los profesionales de la Contaduría Pública frente a los estados financieros certificados y dictaminados.

(Nota: Modificada por la Circular Externa 47 de 2006 de la Junta Central de Contadores)

En virtud de la reforma introducida por la Ley 222 de 1995 en relación con los estados financieros, al establecer las modalidades de estados financieros certificados y estados financieros dictaminados, surge para la Junta Central de Contadores el deber de hacer claridad sobre los alcances de las obligaciones de los profesionales de la Contaduría Pública respecto de unos y otros.

En los términos del artículo 37 de la ley en cita, el representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubieren preparado los estados financieros, deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. En este sentido, es de anotar que la certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones que sobre existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación presentación y revelación se encuentran contenidas en los estados financieros, en cumplimiento cabal del mandato contenido en el artículo 57 del Decreto 2649 de 1993, esto es, que la administración del ente económico, incluido el contador público responsable de la preparación de los estados financieros, se ha cerciorado que se encuentran cumplidas las afirmaciones implícitas y explícitas contenidas en cada uno de los elementos que conforman dichos estados financieros.

En este orden de ideas y de acuerdo con la referida norma, la certificación se entiende surtida con la firma de los estados financieros por parte del representante legal y del contador público responsable de los mismos, con los alcances del artículo 57 del Decreto 2649 de 1993.

El artículo 38 de la Ley 222 de 1995, por su parte, define los estados financieros dictaminados como los estados financieros certificados que se acompañan de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Se infiere, entonces, que no se pueden producir estados financieros con la firma del representante legal y del revisor fiscal, por cuanto, por expreso mandato legal, debe el revisor fiscal que dictamina, cerciorarse de la certificación de los mismos por parte de las personas obligadas, en los términos del artículo 37 ibídem.

Así las cosas, cuando para su difusión, con propósitos diversos, el contador público y los administradores certifican los estados financieros de un ente económico, garantizan su fidedignidad, el adecuado registro en libros y el acatamiento, en los procesos de preparación y presentación, de los principios o normas de contabilidad de general aceptación. Se excluye, entonces, la firma del revisor fiscal en los estados financieros certificados, dado que dicho profesional no los certifica sino los dictamina, es decir, emite una opinión sustentada en su juicio, la cual debe ir adjunta a los estados financieros materia de su dictamen.

Adquiere especial relievancia el precepto contenido en el artículo 38, antes aludido, en virtud del cual los estados financieros dictaminados deben ser suscritos por el revisor fiscal, anteponiendo la expresión “ver la opinión adjunta u otra similar”, la cual es de carácter obligatorio. Por ello, se debe resaltar que la firma del revisor fiscal en los estados financieros significa y tiene el alcance de lo expresado por él en el respectivo dictamen, sin que se le pueda dar la connotación de una autorización o certificación.

En consonancia con el referido precepto, se dictamina cuando el contador público, en la calidad de revisor fiscal o de auditor independiente, emite su opinión profesional, previo examen de los estados financieros en atención a las normas de auditoría de general aceptación. Así, se concluye que cuando se dictaminan estados financieros por exigirlo así la ley, o con el ánimo de otorgar mayor credibilidad a la información dirigida a terceros, es el profesional de la Contaduría Pública elegido como revisor fiscal, el llamado a emitir su opinión profesional. Si el ente no se encuentra obligado a tener revisor fiscal, será el contador público independiente, no el contador que tuvo a su cargo la labor de su preparación, quien deberá dictaminar los estados financieros correspondientes.

Sea esta la oportunidad para destacar la importancia de los estados financieros, como medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los registros contables de un ente económico, los cuales, independientemente de su destinatario, deben ser consistentes, homogéneos, uniformes y reflejar la imagen fiel de la situación financiera, incluida su clasificación y revelación en garantía de credibilidad absoluta. De igual forma, en tratándose de estados financieros de propósito general, se recuerda que la certificación y dictamen deberá emitirse sobre la totalidad de los mismos y sobre cada uno de ellos, esto es, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo, advirtiendo que los mismos deben ir siempre acompañados de las notas respectivas, con las cuales se conforma un todo indisoluble.

En armonía con esta orientación y dada la trascendencia de la fe pública, en su modalidad de certificación o en su carácter de dictamen, no es posible admitir la existencia de estados financieros certificados o dictaminados si no fueron tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad. Así las cosas, los estados financieros deben guardar absoluta concordancia con cada uno de los valores registrados y agrupados en forma homogénea en las cuentas consignadas en los libros oficiales, esto es, los registrados en la cámara de comercio correspondiente, los cuales se deben diligenciar atendiendo las normas legales, la naturaleza, del ente económico y de sus operaciones.

Hechas estas consideraciones, la Junta Central de Contadores recuerda que en desarrollo de la función estatuida en el ordinal 1º del artículo 20 de la Ley 43 de 1990, de “ejercer la inspección y vigilancia, para garantizar que la Contaduría Pública sólo sea ejercida por contadores públicos debidamente inscritos y que quienes ejerzan la profesión de contador público lo hagan de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la ley a quienes violen tales disposiciones”, considera necesario destacar la importancia del compromiso que asumen los profesionales de la disciplina contable al certificar o dictaminar estados financieros, en los términos de la Ley 222 de 1995.

No sobra agregar que es deber de los profesionales de la Contaduría Pública acatar las normas vigentes en materia de preparación y certificación o dictamen de estados financieros, quienes deberán tener siempre presente que en los términos del artículo 39 de la Ley 222 tantas veces aludida, salvo prueba en contrario, los estados financieros por ellos suscritos se presumen auténticos. En cuanto a los entes del sector público que se rigen por el Plan General de Contabilidad Pública, las mismas se encuentran contenidas en la Resolución 152 de 1997 de la Contaduría General de la Nación, y demás reglamentaciones que sobre la materia ha expedido dicho organismo, las que, como se sabe, son de cumplimiento obligatorio para este sector.

Finalmente, y en atención a que el contador público, en su condición de fedatario público, hace presumir con su atestación o firma que los actos revisados se ajustan a las exigencias legales y que los datos consignados en los documentos son tomados fielmente de los libros, reflejando en forma fidedigna la situación financiera del ente económico, según las voces del artículo 10 de la Ley 43 de 1990, advierte esta corporación que en materia de certificación o dictamen de estados financieros, adquiere la confianza pública especiales connotaciones, al incidir en el grado de credibilidad y aceptación que la comunidad otorga al contador público, como consecuencia de que su ejercicio profesional demuestra en la práctica gran utilidad social y se constituye en la respuesta a una necesidad general.

En consecuencia, esta unidad administrativa estará atenta al estricto cumplimiento de la presente circular externa.

N. del D.: Esta circular externa va dirigida a representantes legales, revisores fiscales y contadores públicos de los sectores público y privado.

(Nota: Modificada por la Circular Externa 47 de 2006 de la Junta Central de Contadores)

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