DISPOSICIÓN PROFESIONAL 10 DE 1998

(Noviembre 10)

Actos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Contenido

1. Presentación.

2. Régimen normativo y sustento jurídico.

3. Disposición profesional.

3.1. Actos administrativos de carácter general o particular que no obligan pero orientan.

3.2. Actos administrativos que resuelven conflictos entre contadores.

3.3. Actos administrativos de carácter general de obligatorio cumplimiento.

3.4. Pronunciamientos anteriores.

1. Presentación

El Consejo Técnico de la Contaduría pública ha podido comprobar que tema tan importante para los contadores públicos, como son los pronunciamientos y conceptos que emite este organismo, con la fuerza legal que tienen para los practicantes de dicha profesión, no son interpretados con la claridad y precisión que su importancia reviste.

Con el fin de hacer claridad sobre la calificación de sus actuaciones y evitar la colisión de competencias con otros organismos del Estado, se ha considerado importante tipificar que actos administrativos expedidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública son obligatorios para los contadores públicos y cuales sirven de orientadores de la profesión.

2. Régimen normativo y sustento jurídico

Las disposiciones legales que dan origen a la presente disposición son entre otras las siguientes:

— Constitución Política de Colombia.

— Decreto 1 de 1984 o Código Contencioso Administrativo.

— Ley 57 de 1985 sobre publicitación de los actos administrativos de carácter general.

— Ley 43 de 1990 por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público y se dictan otras disposiciones.

— Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia.

— Ley 446 de 1998, de descongestión, acceso y eficiencia en la justicia.

— Resolución 001 de 1992 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Se resuelve por tanto, con esta disposición profesional, resumir las diferentes circunstancias en que el Consejo Técnico de la Contaduría pública debe producir actos administrativos con el fin de determinar su fuerza vinculante y sus efectos generadores de situaciones individuales.

Los actos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública se resumen en:

— Actos administrativos propios de su funcionamiento.

— Actos administrativos de carácter general o particular que no obligan.

— Actos administrativos de carácter particular que obligan porque dirimen conflictos entre contadores.

— Actos administrativos de carácter general de obligatorio cumplimiento.

Los actos propios del funcionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública tienen que ver con su organización interna como organismo de la administración pública que es, los cuales pueden ser de carácter general o de carácter individual.

Ejemplos de los actos propios de su funcionamiento son:

1. Designación de sus propios empleados (L. 43/90, art. 33, num. 5º).

2. Darse su propio reglamento (num. 6º ib.).

3. Elaborar su presupuesto (CTCP, Res. 001/92, art. 31).

4. Ser perito, cuando sea incluido en la lista de auxiliares de la justicia en los casos que los despachos judiciales así lo determinen, según lo dispuesto en la parte final del parágrafo del artículo 3º de la Ley 446 de julio 7 de 1998 que dice: “Las entidades públicas que cumplan funciones técnicas en el orden nacional o territorial podrán ser designadas como perito sin necesidad de obtener la licencia de que trata este parágrafo”.

5. Elegir presidente y vicepresidente (CTCP, Res. 001/92, art. 14).

Para los demás actos administrativos el Consejo Técnico de la Contaduría Pública expide la siguiente:

3. Disposición profesional

3.1. Actos administrativos de carácter general o particular que no obligan pero orientan. Esta clase de actos tienen que ver con la orientación técnico-científica de la profesión del contador público y con la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en el país, es decir con lo dispuesto en los artículos 29 y 33 numerales 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 43 de 1990.

Por lo tanto, los actos administrativos de carácter general o particular que no obligan pero orientan, son los que se producen como respuesta a una modalidad del derecho de petición de los ciudadanos, cual es la de formular consultas a las autoridades públicas para que éstas produzcan un concepto sobre un aspecto determinado, concepto que por serlo no obliga ni a la administración ni a los particulares (CCA o D. 1/84, art. 25) quienes pueden acogerlo o no.

Estos actos no producen efectos vinculantes por sí mismos, salvo que posteriormente el mismo Consejo Técnico de la Contaduría Pública convierta esos conceptos en obligatorios, a través de la expedición de una disposición profesional; pero mientras tengan la categoría de concepto, no tendrán en contra de ellos los recursos y las acciones respectivas para su modificación.

Los conceptos emitidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública son parte de la interpretación que se hace sobre los temas específicos antes determinados y constituyen doctrina contable.

3.2. Actos administrativos que resuelven conflictos entre contadores. El artículo 56 de la Ley 43 de 1990 ordena: “Todo disentimiento técnico entre contadores públicos deberá ser dirimido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y de otro tipo por la Junta Central de Contadores”.

La norma transcrita obliga al Consejo Técnico de la Contaduría Pública a dirimir disentimientos, en la aplicación de la ciencia contable entre contadores, cuando tengan carácter técnico. Se debe observar que de acuerdo con la Ley 43 de 1990 en el artículo transcrito, los disentimientos entre un contador público y su cliente deben ser resueltos por la Junta Central de Contadores.

La anterior función implica que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública debe adelantar un procedimiento administrativo propio.

a) El procedimiento. El proceso para resolver los asuntos referidos debe garantizar la aplicación de los principios de cualquier proceso en el país, consagrados en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política de Colombia que a la letra dicen:

“ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso…” (subraya fuera de texto).

“ART. 209.—La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

Los efectos de los fallos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, son los mismos que los de cualquier otro proceso; es decir, obligan a los contadores públicos que intervienen y constituyen jurisprudencia contable para terceros. Es importante tener en cuenta que alguna decisión o fallo la puede adoptar el Consejo Técnico de la Contaduría Pública como disposición profesional, si el tema lo amerita, acogiendo la forma y cumpliendo el procedimiento respectivo.

b) Mecanismos alternativos. En este acápite se hace referencia al respaldo constitucional y legal que tiene el proceso propio del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para dirimir asuntos técnicos entre contadores públicos, así:

— El inciso 2º del artículo 116 de la Constitución Política de Colombia establece: “… Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos…”.

— El artículo 8º de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, dispone: “alternatividad. La ley podrá establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados y señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios”.

Este artículo fue demandado y pasó el examen constitucional en sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional, en la que se aclara que el término asociados “... incluye, además de los particulares, también a las entidades públicas...”.

3.3. Actos administrativos de carácter general de obligatorio cumplimiento. La Ley 43 de 1990 en su artículo 37 consagra los principios básicos de ética profesional que debe observar todo contador público y su numeral 6º dispone: “El contador público deberá realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos...” (subrayado fuera de texto).

La norma anterior es de gran trascendencia y le determina al Consejo Técnico de la Contaduría Pública una obligación más, como es la de expedir las disposiciones profesionales, de obligatorio cumplimiento para los contadores públicos.

Las disposiciones profesionales, deben tramitarse como actos administrativos de carácter general y para su obligatorio cumplimiento requieren ser publicadas en el Diario Oficial.

Es importante, recordar las funciones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, de conformidad con la Ley 43 de 1990:

a) La orientación técnico-científica de la profesión de contador público y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en el país (art. 29);

b) Complementar y actualizar las normas de auditoría de aceptación general (par. art. 7º);

c) Adelantar investigaciones técnico-científicas, sobre temas relacionados con los principios de contabilidad y su aplicación y las normas y procedimientos de auditoría (num. 1º, art. 33);

d) Estudiar los trabajos técnicos que le sean presentados con el objeto de decidir sobre su divulgación y presentación en eventos nacionales e internacionales de la profesión (num. 2º ibídem);

e) Servir de órgano asesor y consultor del Estado y de los particulares en todos los aspectos técnicos relacionados con el desarrollo y el ejercicio de la profesión (num. 3º ib.);

f) Pronunciarse sobre la legislación relativa a la aplicación de los principios de contabilidad y el ejercicio de la profesión (num. 4º ib.);

g) Designar sus propios empleados (num. 5º ib.);

h) Darse su propio reglamento (num. 6º ib.);

i) Las demás que le atribuyan las leyes (num. 7º ib.), y

j) Dirimir todo disentimiento técnico entre contadores públicos (art. 56).

El contenido de las disposiciones profesionales tiene relación con los temas citados en los literales a), b), c), d) y f), con la aclaración que para el caso de las investigaciones técnico-científicas y los trabajos técnicos referidos en los literales c) y d) el Consejo Técnico de la Contaduría Pública puede recomendar su publicación y elevar a la categoría de disposición profesional, a aquellos que así lo ameritan, con todas las consecuencias que ello conlleva.

Cuando el Consejo Técnico de la Contaduría Pública actúe como órgano asesor y consultor del Estado y de los particulares, literal e), puede igualmente elevar a la categoría de disposición profesional la respuesta emitida a una consulta.

3.4. Pronunciamientos anteriores. Los actos administrativos expedidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y conocidos como pronunciamiento (1 al 9) se denominarán en adelante disposición profesional y por consiguiente su acatamiento es de obligatorio cumplimiento para los contadores públicos.

La presente disposición rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 10 de noviembre de 1998.

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