Sentencia 7961 de diciembre 16 de 1999 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

CONCORDATO DE PERSONAS NATURALES

ESTE TRÁMITE SE APLICA TAMBIÉN A QUIENES NO SON COMERCIANTES

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Ref.: Expediente 7961

Santafé de Bogotá, D.C., dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

Decide la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia la impugnación formulada por el accionante contra el fallo del 9 de noviembre de 1999, pronunciado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, dentro de la acción de tutela promovida por Mariano Alfonso Ramos Giraldo contra la Juez Catorce Civil del Circuito de Cali.

Antecedentes

El señor Mariano Alfonso Ramos Giraldo, por conducto de apoderado judicial, solicitó del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, la protección de sus derechos al debido proceso y acceso a la justicia, reconocidos por la Constitución Política, los cuales considera vulnerados por la funcionaria accionada con ocasión de los hechos que narró y se compendian así:

1. Es mayor de edad, tiene su domicilio en la ciudad de Cali y ejerce actividades particulares como persona natural. No está inscrito como comerciante en ninguna cámara de comercio del país.

2. Afectado por la grave situación financiera que atraviesa el país, se vió en la necesidad de solicitar a los jueces competentes que se le admitiese “... en los trámites de un concordato para llegar a un acuerdo con sus acreedores”, petición de la cual correspondió conocer, por reparto, a la juez accionada, quien en proveído del 27 de julio del año que cursa “... resolvió NEGAR la apertura del trámite concursal solicitado, por considerar que la Ley 222 de 1995, no consagró la figura del concordato para las personas naturales no comerciantes”.

3. Recurrida en reposición dicha decisión, manifestándole que en el sistema uniforme consagrado por la Ley 222 de 1995, el concordato se extendió a todas las personas naturales y jurídicas, comerciantes o no, en apoyo de lo cual se acompañó el concepto rendido por el Dr. Álvaro Isaza Upegui, abogado comercialista de la ciudad de Medellín que participó activamente en la comisión redactora de la normatividad referida, la juez accionada mantuvo su decisión, ratificando la motivación inicialmente expuesta para negarse a dar trámite a la solicitud de concordato que hubo de presentar el actor.

4. El voluntarioso proceder de dicha funcionaria ha violado flagrantemente los derechos fundamentales cuyo amparo solicita, “...quedando como única instancia jurídica residual para la protección de sus derechos, la vía constitucional de la acción de tutela”.

Con fundamento en lo expuesto y previa explicación de la forma como la decisión de la funcionaria accionada quebranta los derechos fundamentales premencionados, solicitó ordenarle “...que en el término de cuarenta y ocho (48) horas proceda a admitir la solicitud del concordato de la persona natural del señor Mariano Alfonso Ramos Giraldo”.

La sentencia del Tribunal

Luego de compendiar la argumentación fáctica expuesta en el libelo de tutela y lo manifestado por la accionada en relación con la conducta que se le imputa, se refiere el tribunal a la naturaleza de la acción instaurada, relievando que resulta expedita “... para afrontar con eficacia y prontitud el desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales sólo cuando el interesado se vea inerme frente a quien se los vulnera, precisamente por ausencia de otros mecanismos legales de defensa”.

Precisa a renglón seguido que la acción se dirige contra las providencias del 27 de julio y 6 de septiembre de 1999, proferidas por la juez accionada, mediante las cuales negó la apertura del trámite concursal solicitado y resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra tal decisión.

Enfatiza la improcedencia de la tutela para discutir providencias judiciales, salvo que constituyan verdaderas vías de hecho y fija el ámbito del derecho constitucional fundamental al debido proceso para ocuparse de la situación planteada por el actor, advirtiendo que su procurador judicial no comparte el criterio esbozado por la juez accionada para fundamentar la decisión mencionada, calificando sus apreciaciones como arbitrarias y caprichosas, circunstancia que a su juicio devela el enfrentamiento de “... dos tesis radicalmente opuestas. Una ofrecida por la juez de conocimiento, conforme a la cual la persona natural no comerciante no cuenta con tal posibilidad dentro de la reglamentación contenida en la Ley 222 de 1995. Y otra expuesta por el accionante explicando cómo al no comerciante también lo ampara el beneficio del concordato”, criterios que considera suficientemente sustentados por cada uno de sus defensores.

Bajo tal perspectiva estima que al no tratarse de una “...determinación simplista ni carente de argumentos”, no estructura una vía de hecho. Observa que no es fruto de una conducta caprichosa de la accionada, ni tiene visos de arbitrariedad, ya que se apoya en una interpretación razonada de los artículos 89, 90 y 96 de la Ley 222 de 1995, apuntalada en argumentos tan atendibles como los del actor. Añade que si el artículo 94 de la Ley 222 de 1995 especifica que el concordato tiene por objeto la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, así como la protección adecuada del crédito, “... atendiendo el concepto de empresa que ofrece el artículo 25 del Código de Comercio no parece posible que una persona natural no comerciante pudiese tener la calidad de empresario para los efectos de la primera disposición”.

Remata expresando que la tesis argumentativa de la accionada, independientemente de poderse compartir o no, “...no pasa de ser efecto inmediato de la autonomía interpretativa que maneja el juez al tomar sus decisiones”, que escapa a la revisión del juez constitucional quien no puede dar al caso una inteligencia, supuestamente mejor, porque ello conllevaría aceptar que “... el juez constitucional es titular de una instancia revisora y obligada de las decisiones de los jueces ordinarios, lo cual vendría a desconocer la autonomía e independencia que le son propias a estos”.

Fundado en las consideraciones precedentes, negó el amparo deprecado.

La impugnación

Inconforme con lo decidido, el accionante impugnó el fallo del tribunal sin manifestar los motivos de su disentimiento con lo allí resuelto.

Consideraciones

1. Como resulta de lo manifestado por el accionante, el menoscabo de los derechos cuya tutela reclama, se deriva de las determinaciones tomadas por la funcionaria judicial accionada en los proveídos del 27 de julio y 6 de septiembre de 1999, mediante los cuales negó la apertura del proceso concursal que le solicitara y desestimó el recurso de reposición interpuesto contra dicha providencia.

2. Para arribar a tal decisión, argumentó la juez accionada en su proveído del 27 de julio de 1999, que si bien el artículo 89 de la Ley 222 de 1995, al determinar “...el sujeto pasivo de cualesquiera de los dos trámites concursales que contiene”, no especifica que el deudor deba tener la calidad de comerciante, al interpretar la ley el juzgador debe fijar su recto sentido y alcance para hacerla actuar en situaciones que el legislador entendió reglamentar, mediante una integración sistemática de las normas que consulten la equidad y la justicia.

Siguiendo tal derrotero expresa que tratándose de una ley especial que hace parte del Código de Comercio, de índole mercantil por cuanto no regla exclusivamente el tema concursal, “...solo puede cobijar la actividad de los comerciantes”. Añade que las personas naturales que no ostentan tal calidad, tienen a su alcance otros instrumentos de protección de sus intereses, como la acumulación, la conciliación judicial o extrajudicial y procesos ordinarios para la revisión de actos jurídicos.

Bajo tal concepción considera improcedente pretender someter a su imperio tanto al deudor comerciante como al civil, porque ello desnaturalizaría su carácter mercantil. Además, observa, “...la especificidad de la misma, hace que de conformidad con la Ley 153 de 1887, se aplique a casos especiales y no generales”.

Al resolver el recurso de reposición formulado contra el proveído anterior, puso de manifiesto la inconveniencia de emplear el criterio histórico de interpretación de la ley propuesto por el recurrente, para fijar el sentido y alcance de la normatividad premencionada, abogando por una interpretación edificada en los pilares enunciados en la providencia recurrida.

Refuta la apreciación del recurrente alusiva a que la atribución de la competencia de los procedimientos concursales de personas naturales, a los jueces especializados, o en su defecto a los jueces del circuito —artículo 90—, comprende a las personas naturales que no ejercen el comercio, porque esta es una competencia residual, acotando que la competencia para el conocimiento de los procesos concursales de las personas naturales a las cuales se refiere el citado precepto, “...no son todas las personas de la sociedad, sino las expresamente señaladas por el artículo 96 de la misma codificación”. Para determinar cuáles son, menciona que en el citado texto legal se consagran unos requisitos sustanciales que deben concurrir en el deudor que solicita la apertura de un concordato, entre ellos, estar cumpliendo sus obligaciones en cuanto al registro mercantil y la contabilidad de sus negocios.

Seguidamente conjuga dicha previsión normativa con lo estatuido por el artículo 26 del Código de Comercio, en cuanto asigna como objeto del registro mercantil, entre otros, llevar la matrícula de los comerciantes. Con el artículo 28-7 ejusdem, que consagra el deber de inscribir, en dicho registro, los libros de contabilidad. Finalmente, con el artículo 19 del mismo estatuto, que obliga al comerciante a matricularse en el registro mercantil y a inscribir en él sus libros de contabilidad, para concluir que al exigir el artículo 96 de la Ley 222 de 1995 que el deudor se halle en las condiciones supracitadas, “...le está exigiendo la obligación de ser comerciante”.

Añade que el criterio de unificación de los procedimientos concursales preconizado por el recurrente, se enerva por las prescripciones del artículo 14 de la Ley 153 de 1887 y concluye exponiendo que “...al no estar reproducida en la Ley 222 de 1995 el concurso de acreedores y el concordato preventivo para las personas naturales no comerciantes, debe afirmarse categóricamente que el deudor a que alude los numerales 1º y 2º del artículo 89 de la Ley 222 de 1995 es al deudor comerciante. Afirmar lo contrario, es caer en una interpretación exegética y pretender que el juez deje de lado la facultad de interpretación originada en una ley ambigua, para comportarse como un esclavo del articulado de la misma”.

3. Antes de entrar en vigencia la Ley 222 de 1995, por la cual se modificó el libro II del Código de Comercio, se expidió un nuevo régimen de procesos concursales y se dictaron otras disposiciones, las legislaciones civil y comercial consagraban distintos procedimientos concursales para el deudor civil y comerciante, así: para el primero, existían el concordato de deudor civil y el concurso de acreedores, reglados en el título XXVIII del Código de Procedimiento Civil. Para el segundo, el concordato preventivo potestativo, el obligatorio y la quiebra, regulados en el Decreto 350 de 1989 y el título II del libro sexto del Código de Comercio, además de la liquidación forzosa administrativa, para las instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria.

Con su expedición, se consagró un único procedimiento concursal, que puede estar ordenado bien al concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor, o a un concurso liquidatorio respecto de los bienes que conforman su patrimonio (art. 89). Su articulado se refiere, en términos generales, al deudor, persona natural o jurídica, sin distinguir si es comerciante, diferencia que sólo juega papel preponderante en la determinación del funcionario competente para aprehender su conocimiento, ya que asigna a la Superintendencia de Sociedades, en forma privativa, la atribución para conocer de los procesos concursales “...de todas las personas jurídicas, llámense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación”, y a los jueces civiles especializados, o en su defecto, a los jueces civiles del circuito, el conocimiento de “...los procedimientos concursales de las personas naturales”, así como el concordato y la liquidación obligatoria de las personas jurídicas diferentes a las sociedades comerciales (arts. 90 y 213).

Excluye del régimen concursal allí establecido a “...las sociedades sujetas al régimen de liquidación forzosa administrativa, así como todas aquellas que tengan un régimen especial de recuperación o liquidación” (art. 210).

4. Como resulta de las previsiones normativas enunciadas, el estatuto que las consagra unifica los procedimientos concursales disgregados en la legislación civil y mercantil, que expresamente deroga, en un proceso único, a cuyos beneficios se puede acoger el deudor en el cual concurran los supuestos de concursalidad que allí se consignan, con independencia de su condición de comerciante o no comerciante, pues esta distinción, como se anticipó, sólo tiene relevancia para efectos de determinar la competencia, más no para calificar al sujeto del proceso concursal, de cuyos beneficios no excluye, en forma expresa, al deudor civil.

La unificación del trámite concursal que viene considerándose, constituyó uno de los principios filosóficos en los cuales se inspiró la reforma introducida, en esta materia, por la Ley 222, e igualmente se erige en pauta orientadora en la labor interpretativa de la misma. Así se consignó en la exposición de motivos que se anexó al proyecto de ley presentado al Congreso por el Gobierno Nacional, documento en el cual manifestaron sus impulsores que “recogiendo la normatividad prevista para el concordato preventivo y potestativo, el obligatorio, la quiebra y el concurso de acreedores”, se “...busca eliminar las diferencias en el tratamiento de los distintos tipos de deudores, y desde luego significa un avance que permite corregir algunas inequidades (sic) que se presentan al tener dualidades de regímenes”.

Al esquematizar el ámbito y alcance de la reforma proyectada fueron explícitos en señalar que en este campo se unificaban “...el régimen civil y el mercantil puesto que se establece un régimen único de concursos que se aplica tanto a quien tiene la calidad de comerciante como a quien carece de ella” (Gaceta del Congreso, Nº 381, págs. 47 y 48).

5. Ahora bien, el fundamento basilar de la resolución adoptada por la juez accionada, estriba en que el procedimiento concursal al cual pretende acogerse el accionante, en su condición de persona natural no comerciante, sólo está instituido para quienes ejercen el comercio, pues a su juicio y por las razones que tuvo a bien exponer, “...el deudor a que alude los numerales 1º y 2º del artículo 89 de la Ley 222 de 1995 es al deudor comerciante”.

Esta interpretación de la normatividad que regula el trámite negado, prima facie resulta desasida de su contexto general, de su espíritu y de la intención del legislador, e infundadamente se apuntala en una distinción entre el deudor comerciante y el que no lo es, que como ya se expuso, no fue considerada por el legislador para instituir como sujeto único del régimen concursal reglamentado al deudor comerciante y por contera, al no haber sido consagrada por aquel, no puede ser establecida por el intérprete.

Por otra parte, con tal entendimiento se priva al deudor no comerciante que se halla en situación de concursalidad, de la herramienta legalmente establecida para sortear las dificultades económicas que encara, quien adicionalmente no puede acogerse al régimen consagrado en el Código de Procedimiento Civil en su título XXVIII para el deudor civil, por haber sido derogado, condiciones en las cuales es claro que en lugar de eliminar el desequilibrio resultante de los diversos regímenes concursales existentes, que se trató de allanar con la unificación implementada en la Ley 222, se la erige en fuente de iniquidad, contrariando el inocultable propósito buscado con su expedición.

Si adicionalmente se tiene en cuenta que el afectado no cuenta con otro mecanismo judicial para obtener la enmienda del desvío judicial que viene considerándose, pues ya agotó infructuosamente el único instrumento puesto a su alcance para lograr tal cometido, circunstancia merced a la cual se encuentre inerme frente a la autoridad que le veda su derecho de acceder a la administración de justicia y al debido proceso, al negarse injustificadamente a tramitar un procedimiento judicial legalmente autorizado, debe concluirse que concurren las condiciones para catalogar como vía de hecho la decisión judicial controvertida, tornándose expedito el amparo constitucional reclamado.

En armonía con lo expuesto, se revocará el fallo impugnado y en su lugar se concederá la tutela pedida.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnación.

En su lugar, dispone:

1. Tutelar los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso del señor Mariano Alfonso Ramos Giraldo.

En consecuencia, se ordena a la Juez Catorce Civil del Circuito de Cali, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación que reciba de esta determinación, resuelva la solicitud de apertura de trámite concursal impetrada por Mariano Alfonso Ramos Giraldo, como legalmente corresponda.

Notifíquese lo decidido, mediante comunicación telegráfica a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado.

Notifíquese y cúmplase.

Jorge Antonio Castillo Rugeles—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno.

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