DECRETO 2564 DE 1999 

(Diciembre 23)

“Por el cual se establece el término en el cual pueden operar en el espacio aéreo colombiano las aeronaves que no cumplan con los niveles de ruido previstos en el capítulo III del anexo 16 al Convenio de la Aviación Civil Internacional”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y, en especial de lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 y los artículos 333 y 344(sic) de la Constitución Política, así como también los literales b) y d) del artículo 2º, el numeral 1º literal c), los numerales 5º y 6º del artículo 3º y en especial el inciso 3º del artículo 4º de la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993, y los artículos 5º, 53, 54 y 68 de la Ley 336 del 20 de diciembre de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en el artículo 333 y 334 de la Constitución Política;

Que de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 105 del 30 de diciembre de 1993 constituyen algunos de los principios rectores del sector transporte:

“El de intervención del Estado” en virtud del cual le corresponde a éste la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas y el de “integración nacional e internacional” que consiste en que el transporte es el elemento básico para la unidad nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano y para la expansión de los intercambios internacionales;

Que así mismo, el numeral 1º literal c) del artículo 3º de la Ley 105 de 1993 establece como uno de los principios del transporte público el acceso al transporte el cual entre otros aspectos implica que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo, así como también, el de el carácter de servicio público del transporte que consiste en que el transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad;

Que los numerales 5º y 6º del artículo 3º de la Ley 105 de 1993, establecen lo relacionado con las rutas para el servicio público de transporte de pasajeros y la libertad de empresa, determinándose que “las autoridades sólo podrán aplicar las restricciones a la iniciativa privada establecidas en la ley, que tiendan a evitar la competencia desleal, el abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado, para garantizar la eficiencia del sistema y el principio de seguridad”;

Que el inciso 3º del artículo 4º ibídem, contempla que “La autoridad del sector transporte competente, en concordancia con la autoridad ambiental, establecerá los niveles máximos de emisión de sustancias, ruidos y gases contaminantes de los motores de distintos tipos de naves y vehículos. El control sobre el cumplimiento de estas disposiciones, será ejercido por las autoridades competentes”;

Que de acuerdo con el artículo 5º de la Ley 336 del 20 de diciembre de 1996 el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo;

Que igualmente los artículos 53 y 54 de la Ley 336 citada, determinan que las autoridades competentes deberán, tener en cuenta que el transporte es elemento básico para la unidad nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano y para la expansión de los intercambios internacionales, y que el servicio público de transporte fronterizo e internacional se regirá por las leyes especiales, los tratados y convenios celebrados por el país que de acuerdo con las disposiciones correspondientes, hayan sido incorporados al ordenamiento jurídico;

Que el modo de transporte aéreo de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 336 de 1996 además de ser un servicio público esencial, continuará rigiéndose exclusivamente por las normas del Código de Comercio (libro quinto, capítulo preliminar y segunda parte), por el manual de reglamentos aeronáuticos que dicte la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y por los tratados, convenios, acuerdos, prácticas internacionales debidamente adoptados o aplicadas por Colombia;

Que la Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI, en calidad de máximo ente rector de la aviación civil en el mundo mediante el anexo 16 al convenio de la aviación civil internacional efectuó algunas recomendaciones para la protección del medio ambiente en cuanto a la producción de ruido y emisiones de gases de las aeronaves;

Que mediante la Resolución 0721 del 31 de enero de 1995, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil con fundamento en las recomendaciones efectuadas por la Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI, dispuso que las aeronaves de etapas 1 y 2 de ruido, no podrán operar en el espacio aéreo colombiano a partir del 1º de enero del año 2003;

Que la asamblea general de la Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI, ha venido formulando recomendaciones sobre el tema ambiental, las últimas de ellas contenidas en la Resolución A32-8 de 1995, las cuales deben tenerse en cuenta al adoptar políticas y normas de transporte aéreo;

Que igualmente, en las recomendaciones formuladas por la OACI se contempla que para efectos de adoptar dichas medidas, las Partes deberán tener en cuenta las repercusiones que implicaría este tipo de restricción para otros Estados interesados;

Que respecto de los países latinoamericanos y del Caribe aún no existen normas nacionales semejantes que reglamenten la operación de aeronaves que no cumplan con los niveles de ruido previstos en el capítulo III del anexo 16 al Convenio de la aviación civil internacional;

Que conforme a lo anterior, se hace necesario establecer el término en el cual podrán seguir operando en Colombia, las aeronaves que no cumplan con los niveles de ruido previstos en el capítulo III del anexo 16 al Convenio de la aviación civil internacional;

Que de acuerdo a lo expuesto, se hace necesario adecuar las resoluciones 1330 del 07 de noviembre de 1995, 0534 del 16 de junio de 1998 y 1168 del 31 de octubre de 1996 emanadas del Ministerio del Medio Ambiente, a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 4º de la Ley 105 de 1993,

DECRETA:

ART. 1º—A partir del 1º de enero del año 2003, los explotadores aéreos solamente podrán operar en el país, si la totalidad de sus aeronaves cumplen con los niveles de ruido previstos en el capítulo III del anexo 16 al convenio de la aviación civil internacional.

ART. 2º—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica el artículo 5º de la Resolución 721 del 31 de enero de 1995 de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, deroga el numeral 3.1 del artículo 3º de la Resolución 1330 del 7 de noviembre de 1995 y el artículo 2º de la Resolución 534 del 16 de junio de 1998, así como también el numeral 5.1 del artículo 5º de la Resolución 1168 del 31 de octubre de 1996 emanadas del Ministerio del Medio Ambiente y todas las normas que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 23 de diciembre de 1999.

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