Auto 6601 de diciembre 7 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ACTOS DICTADOS POR EL DIRECTOR DEL CENTRO DE ARBITRAJE

TIENEN CARÁCTER JURISDICCIONAL

EXTRACTOS: «En el caso sub examine la controversia gira en torno de establecer qué clase de funciones cumplen los directores del centro de conciliación y arbitraje, ya que, según el apoderado de la actora, los únicos que están revestidos de función jurisdiccional son los árbitros y los conciliadores.

Sobre el particular, cabe tener en cuenta lo siguiente:

En materia de arbitramento existe un trámite prearbitral y uno arbitral.

El trámite prearbitral está a cargo del director del centro de arbitraje, según se deduce del texto de los artículos 127, 128 y 141 del Decreto 1818 de 1998, los cuales exigen que la solicitud de convocatoria del tribunal reúna los mismos requisitos que la ley prevé para la demanda; que una vez admitida se corra traslado de la misma a la otra parte a fin de que la conteste; y que vencido el término de traslado se señale fecha para la audiencia de conciliación.

Fracasada la conciliación, con la cual termina la etapa prearbitral, se entra a la arbitral, que se inicia con la instalación del tribunal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 142 del citado decreto 1818 y “El director del centro entregará a los árbitros la actuación surtida hasta ese momento” (numeral 3º del citado artículo).

En las normas siguientes (arts. 143 a 157), referentes al trámite arbitral, no se evidencia actuación alguna relativa a la admisión de la solicitud de convocatoria, lo cual hace concluir que la misma corresponde única y exclusivamente al centro de arbitraje y conciliación.

Ahora, las providencias relacionadas anteriormente, encaminadas bien sea a que se produzca una conciliación o a que se dirima la controversia a través del fallo arbitral, no pueden tener una naturaleza diferente de los actos definitivos que se producen en dichas etapas. Si éstos son de contenido jurisdiccional, pues los conciliadores y árbitros están investidos transitoriamente de la facultad de administrar justicia, los actos de trámite, previos a aquellos, también tienen tal connotación, pues, no sólo cumplen con la finalidad de dar impulso al proceso arbitral, sino que en su forma y fondo están sometidas a lo previsto en el código de procedimiento civil para los procesos judiciales.

Cabe resaltar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-600 de 18 de agosto de 1999 (Exp. T-186814, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), precisó lo siguiente en relación con la etapa prearbitral:

“...En particular, la etapa prearbitral aunque sea conducida por los directores de los centros de arbitraje, es objeto de estricta regulación por parte de la ley, que como se ha visto proyecta en ella un conjunto de normas imperativas que no pueden dejar de ser aplicadas por aquellos. Esta fase inicial está compuesta por una serie de actos de carácter procesal, a los que se adicionan otros de naturaleza puramente material u operativa, necesarios unos y otros para la conformación ulterior del tribunal. En este tramo tienen lugar actos tan significativos como el de la admisión o rechazo de la solicitud de convocatoria al tribunal de arbitramento, el traslado y la contestación de la demanda arbitral...”. (La negrilla fuera de texto).

“... Igualmente en este estadio al director del centro de arbitraje incumbe ejercer poderes procesales que traslucen una clara e indubitable función pública como son los relacionados con las diligencias de notificación, admisión y rechazo de la solicitud de convocatoria, decisión de los recursos de reposición, conducción de la audiencia de conciliación, etc...”.

Estima pues, la Sala, que el director del centro de arbitraje y conciliación, cuando admite o rechaza la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento; corre traslado del auto admisorio; señala fecha para la audiencia de conciliación; y aprueba ésta o la declara fracasada, dicta actos de trámite que por estar afectos a una controversia de carácter jurisdiccional (la conciliación o el fallo arbitral) deben tener su misma naturaleza, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, no pueden ser objeto de control ante esta jurisdicción».

(Auto de diciembre 7 de 2000. Expediente 6601. Consejero Ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

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