Auto 17700 de diciembre 19 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

HOMICIDIO CON FINES TERRORISTAS

LOS MEDIOS UTILIZADOS DEBEN PRODUCIR UN PELIGRO GENERAL

EXTRACTOS: «El artículo 30 de la Ley 40 de 1993, que modificó el artículo 324 del Código Penal, prevé como circunstancias de agravación del delito de homicidio, entre otras, cuando el hecho se cometiere “Con fines terroristas, en desarrollo de actividades terroristas o en persona que sea o hubiere sido servidor público, periodista, candidato a cargo de elección popular, dirigente comunitario, sindical, político o religioso; miembro de la fuerza pública; profesor universitario, agente diplomático o consular al servicio de la Nación o acreditado ante ella, por causa o por motivo de sus cargos o dignidades o por razón del ejercicio de sus funciones, o en cualquier habitante del territorio nacional por sus creencias u opiniones políticas; o en sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil” (num. 8º).

La expresión “fines terroristas” ha de interpretarse a partir de una referencia al delito que describe el artículo 187 del Código Penal, modificado por el 1º del Decreto 180 de 1988, convertido en legislación permanente por el 4º del decreto 2266 de 1991:

“Terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de medios capaces de causar estragos...”.

El delito de terrorismo se configura por la conjunción de conductas, medios y resultados, de manera que no basta con la sola obtención de un resultado consistente en provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o a una parte de ella, sino que es necesario que ello se logre a través de actos que amenacen “la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices”, y valiéndose de medios aptos para ocasionar estragos.

La adecuación de la circunstancia de agravación en el homicidio por los “fines terroristas”, no se logra por el sólo miedo acentuado que sienta la población o un sector de ella, como consecuencia de las aisladas o frecuentes acciones de individuos, bandas o grupos armados; es necesario que ese resultado se consiga, en razón de conductas y medios idóneos para causar estragos (por ejemplo utilización de bombas, granadas, cohetes, etc.), siempre que dicho uso produzca un peligro común o general para las personas, toda vez que además de la ofensa al bien supremo de la vida, se trata de amenazar otros bienes jurídicos tutelados, como la seguridad y la tranquilidad públicas.

Esa finalidad “terrorista” en el homicidio investigado, no emerge de la simple pertenencia del procesado al “frente 39” de las Farc, ni del estado de indefensión o inferioridad en que fuera colocada la víctima, que tiene previsión específica en el numeral 7º del artículo 324 del Código Penal, ni del simple hecho de haber admitido que no era simpatizante de esa organización. Si bien el hecho pudo suscitar intranquilidad en un sector de la población, no se realizó por formas comportamentales y medios dirigidos a ese resultado; por el contrario, la clase de arma utilizada (pistola —fl. 85, c. 1º—), el lugar escogido para la agresión (paraje entre dos fincas), y sin ninguna reivindicación antecedente o consecuente de grupo o de individuo, que tuviere repercusión contra la seguridad y la tranquilidad públicas, son aspectos que en lugar de acreditar la finalidad terrorista, la descartan.

Por consiguiente, el homicidio de que trata este asunto no se halla agravado por la circunstancia establecida en el numeral 8º del artículo 324 del Código Penal».

(Auto de diciembre 19 de 2000. Radicación 17.700. Magistrado Ponente: Dr. Nilson E. Pinilla Pinilla).

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