Sentencia 20009258 T-295 de noviembre 16 de 2000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 20009258 T 295 (Lib. 9)

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Campo Soto

Aprobado según acta de Sala 86 de noviembre 16 de 2000

Ref.: Fallo de tutela impugnado por el señor registrador principal de instrumentos públicos de la zona sur de Bogotá

Bogotá, D.C., noviembre 16 de 2000.

I. Vistos

Se resuelve la impugnación impuesta por el doctor Alberto Bejarano Rodríguez, en su condición de registrador principal de instrumentos públicos de la zona sur de Bogotá, contra el fallo de tutela de fecha 12 de octubre de 2000, proferido por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, por virtud del cual se concedió la tutela impetrada por el señor Eduardo Andrés Velandia Canosa, de los derechos de petición, consulta de documentos públicos e información, que le fueron vulnerados por las oficinas de registro de instrumentos públicos, zona sur y centro.

II. Antecedentes procesales

1. Fundamento de la acción.

Los hechos en los cuales se sustentó el amparo constitucional, fueron expuestos por el a quo de la siguiente manera:

“1. Manifiesta el accionante que no obstante haber presentado el 4 de agosto de 2000 ante las oficinas de registro de instrumentos públicos de las zonas centro y norte sendas solicitudes de información sobre los inmuebles que estuvieran en cabeza de algunas personas que son sus acreedores, a la fecha de su demanda no había respuesta alguna.

2. Indica que a finales del mes de septiembre nuevamente quiso radicar unas peticiones en las referidas oficinas centro y norte encontrándose con la sorpresa de que debía cancelar un determinado valor para acceder a la información requerida.

3. Finalmente, dice que ante la oficina de registro de instrumentos públicos zona sur radicó derecho de petición cancelando el valor que se le exigía obteniendo una respuesta que no satisface sus necesidades de información” (sic, fls. 51 y 52).

2. Derechos fundamentales invocados.

Con fundamento en los hechos anteriores estima el actor que le han sido violados sus derechos a la igualdad (C.P., art. 13), al debido proceso (C.P., art. 29) y al de petición (C.P., art. 23).

3. Aspecto probatorio.

— Fueron incorporadas a la actuación fotocopias autenticadas de las peticiones elevadas por el actor Velandia Canosa a los señores registradores de instrumentos públicos y privados de las zonas norte y sur de Bogotá, obrantes a los folios 5 a 11 del expediente.

— Se escuchó en declaración jurada al señor Velandia Canosa, quien explicó que interpuso la acción de tutela en razón de su profesión, ya que es acreedor de varias personas de las que desconoce en oportunidades si son o no propietarias de algún bien y, por lo tanto, se ve en la necesidad de solicitar respetuosamente a las autoridades información con respecto a las propiedades de sus deudores. En ejercicio del derecho de petición aspira a que las oficinas de registro norte y centro le otorguen la respuesta solicitada. Concluye diciendo que tales oficinas recibieron las peticiones correspondientes, sin lograr la indicación exacta de los números de matrícula inmobiliaria, dirección y gravámenes que pueden existir sobre los bienes inmuebles (fls. 24 a 27).

— A folios 28 y 29 obra el oficio 266, recibido el 5 de octubre de este año, suscrito por la registradora principal de la oficina de instrumentos públicos, zona norte, doctora Carmenza Jaramillo Roncancio, en el cual informa que en relación con el tema objeto de la tutela consta la petición consignada en escrito radicado en esa oficina con Nº 9172 del 4 de agosto de 2000, firmado por el actor VelandIa Canosa a quien se le emitió respuesta mediante oficio 7403 del 9 de agosto del mismo año. Agrega que la oficina de registro no acostumbra a remitir por correo la respuesta, por lo cual el interesado debe acercarse a la entidad para obtenerla.

4. Respuesta de la accionada.

La doctora Zayda Barrero de Noguera, actuando en su calidad de registradora principal, oficina de registro centro, intervino en el trámite de la tutela para manifestar que el primero de los hechos de la demanda resulta parcialmente cierto, pues existen normas que reglamentan el derecho de información que constituye el núcleo esencial en esta acción, de conformidad con la reglamentación del Decreto 1428 de 2000 y la Resolución 3807 del 16 de agosto del mismo año, donde se exige el pago de los derechos, previa la consulta de propietarios.

Respecto al segundo de los hechos de la acción, lo admite como cierto, en el sentido de que cuando se hacen peticiones de consulta de propietarios se deben aplicar las normas especiales, vale decir, el Decreto 1428 de 2000, el cual impone la obligación al ciudadano de pagar previamente el valor que se liquide por este concepto que debe realizar la oficina de registro. En conclusión el tutelante no pagó estos derechos.

Respecto a tos puntos tercero, cuarto, quinto y sexto, a que se contrae la demandante de tutela, no le constan; y con relación al séptimo punto del contenido demandatorio argumenta que, no es claro lo expresado por tutelante, aclarando que la oficina de registro centro para garantizar una búsqueda minuciosa de propietarios, solicita a los peticionarios mayor exactitud y amplitud en los datos que suministren para lograr con ello una respuesta completa, para no dar lugar a confusiones.

Solicita que no se acceda a la protección tutelar, ya que en su opinión no se está en presencia de la violación al derecho fundamental de petición.

Anexó fotocopia del Decreto 1428 de 2000 y de la Resolución 3807 del 16 de agosto de la misma anualidad. Así mismo, aportó fotocopia del oficio 9019, complementado en la misma fecha del 8 de agosto de 2000, por medio de los cuales se le informa al doctor Velandia Canosa que verificado los índices de propietarios y direcciones de inmuebles que se llevan en esa oficina, solo se pudo establecer la matrícula inmobiliaria 50C-1230943 a nombre de Adela Villegas Acosta (fls. 32 a 49).

5. Del fallo de primera instancia.

Para la Sala a quo se encuentra suficientemente clara la vulneración del derecho de petición del actor, quien no obtuvo la suficiente información de la oficina de registro de instrumentos públicos, zona sur, no obstante pagar la suma que le fue exigida, ya que la respuesta otorgada es deficiente, al no suministrársele los datos que eran necesarios.

Soporta su criterio en la Sentencia T-053 de 1996 de la honorable Corte Constitucional, en donde se establecen los criterios que deben tenerse en cuenta en el examen del derecho de petición, en íntima conexidad con el derecho a la consulta de documentos, lo que contribuye a su ejercicio pleno, en la medida en que el acceso a los documentos oficiales es lo que le permite al interesado la información que puede transmitir.

6. De la impugnación.

El doctor Abelardo Bejarano Rodríguez, en su calidad de registrador principal de instrumentos públicos, zona sur de Bogotá, haciendo la salvedad de haber dado cumplimiento al fallo de tutela, a través del oficio DRZS-191 del 23 de octubre de 2000, dirigido al doctor Velandia Canosa, presentó impugnación contra el fallo de la primera instancia, fundando la oposición en las normas de los decretos 1250 de 1970 y 1428 de 2000 , de las que infiere la inexistencia de norma positiva que autorice suministrar al usuario, además del número de la matrícula inmobiliaria, todos los demás aspectos referidos a la situación jurídica del bien, ya que para este propósito el legislador previó otros mecanismos de información y consulta, como es la expedición del certificado de tradición. Además, indicó en lo medular lo siguiente:

“A lo expuesto se agregan razones de orden técnico referidas a la aplicación de los programas en el denominado folio de matrícula inmobiliaria electrónico, consistente en que cuando se consultan los índices, bien por propietarios, o bien por direcciones, la respuesta que reporta el sistema por la opción de consultas es únicamente sobre el número de la matrícula inmobiliaria y no sobre los demás aspectos a que hace referencia el falto de tutela.

A esto se suma que hay folios de matrícula que contienen la inscripción de un sinnúmero de actos y/o negocios jurídicos, por lo que al funcionario que atiende las consultas, le resulta física y humanamente imposible determinar la ubicación, gravámenes y medidas cautelares y demás datos que posee el predio, pues aquel no tiene acceso a esta información, la cual reiteramos, se suministra a través de otros mecanismos, como es el de la expedición del respectivo certificado de tradición.

Por ello con el debido respeto, preocupa la afirmación contenida en la providencia, en el sentido de que ‘(...) si el interesado requiere la información complementaria del folio de matrícula, tales como linderos del inmueble, tradiciones de dominio anteriores a la última que figuran en el mismo, etc. (...)’ es cuando el usuario debe pagar lo correspondiente a la expedición del certificado, dado que de acuerdo con la normatividad vigente solo a través de este documento y del pago de los derechos correspondientes se puede conocer de la situación jurídica referida a medidas cautelares, limitaciones al dominio, gravámenes, anteriores propietarios, etc., precisando, además, que desde el año 1984 con ocasión de la expedición del Decreto 1711 (art. 11), se abolió la transcripción de linderos en el folio real o matrícula inmobiliaria, obligando con ello a los usuarios del servicio a estudiar y a analizar el texto de cada uno de los títulos insertos referidos al inmueble de que se trate” (sic, fl. 100).

III. Consideraciones

Con fundamento en el precepto del artículo 256-7 de la Constitución Política en armonía con lo consagrado en el inciso 1º del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta superioridad tiene competencia para conocer y decidir la impugnación de los fallos de tutela dentro de su jurisdicción.

Corresponde precisar, que habiéndose cumplido el objetivo demandado, se limitará el examen al aspecto jurídico del debate, teniendo en cuenta lo resuelto en el fallo de primera instancia y los fundamentos de la inconformidad expresados por el impugnante, doctor Bejarano Rodríguez, registrador principal de instrumentos públicos de la zona sur de Bogotá.

Mediante la protección tutelar se ordena a la oficina de registro de instrumentos públicos, zona sur, situación ya superada, que en término de 48 horas aclare al peticionario la respuesta a su solicitud indicándole de acuerdo al nombre o cédula de ciudadanía del propietario, el número de matrícula del predio, ubicación, gravámenes que soporta, así como de medidas cautelares que pesen sobre el mismo. Sobre este ordenamiento la inconformidad destaca, en lo medular, que de conformidad con el Decreto 1428 del 26 de julio del año 2000, artículo 11 inciso 3º —Corresponde al hoy corresponde al (sic) literal d) del artículo 11 del Decreto 2280 de 2008— “las constancias que requieran los particulares para obtener el número de matrícula inmobiliaria con base en el nombre del propietario, el número de identificación o dirección del inmueble, cuyos datos reposen en los archivos de la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos causarán derechos por la suma de $500 por cada bien inmueble”; de donde infiere el impugnante, que la obligación de la oficina de registro es la de dar únicamente el número de matrícula inmobiliaria y no otros datos de la tradición.

Es indiscutible que mediante el Decreto 1428 de 2000, copia del cual se encuentra incorporado a estas actuaciones, el Gobierno Nacional estableció unas nuevas tarifas, a fin de actualizarlas con base en el desarrollo y avance de la informática que evidentemente generó una mayor inversión en la prestación del servicio público del registro de instrumentos, las cuales no se habían nivelado con soporte en los costos de la transformación que se adelantó en los procesos de sistematización de matrícula inmobiliaria. Y por ello la actualización de las tarifas y derechos que se deben cobrar por la prestación de este servicio se reglamentó con la expedición de la Resolución 3807 del 10 de agosto de 2000.

De todo lo indicado en precedencia queda claro, que la información solicitada a las oficinas de registro conlleva un costo, el cual el usuario debe cancelar previamente, con base en las disposiciones que reglamentan la expedición de los certificados a cargo del registro de instrumentos públicos. De esta manera se concilia, tanto el derecho a la consulta, como la eficacia y la eficiencia del servicio público y el derecho de la oficina de registro a percibir el valor de la correspondiente tasa.

Para el caso concreto el peticionario pagó la suma exigida por la oficina de registro, por lo que bajo ningún punto de vista se le podía restringir el goce de su derecho de petición y consulta, el cual data de una fecha anterior a la del 10 de agosto de 2000, cuando fue expedida la Resolución 3807 de 2000, reglamentaria del Decreto 1428 de la misma anualidad, en donde el recaudo se encontraba sujeto al valor de las tarifas vigentes hasta antes de la reglamentación del mencionado decreto, por lo que como bien lo puntualiza el fallador de primera instancia, no podía serle exigible al doctor Velandia Canosa un deber entendido de manera retroactiva, pues hizo la petición de conformidad con la normatividad vigente y a lo ordenado en materia tarifaria por la oficina de registro, zona sur.

Ha de entenderse entonces que al solicitante le asiste dentro de su derecho de petición que se le suministre la información correspondiente, luego de haber superado el trámite diseñado para la expedición de este tipo de consultas, con fundamento en lo reglado en la Resolución 3807 tantas veces citada; por lo que es deber de la administración, representada en las oficinas de registro aportar a los usuarios de este servicio una completa orientación respecto al trámite que previamente se debe agotar a fin de iniciar la búsqueda en los archivos de la oficina sobre los datos solicitados. Y en tal virtud si las constancias que debe expedir la oficina de registro solo se limitan al número de matrícula inmobiliaria y no a otros datos de la tradición del inmueble, según lo entiende el funcionario impugnante, es deber de la oficina de registro señalar qué otra suma se debe cancelar para este propósito, a fin de no dejar en la simple expectativa el derecho de petición invocado por los interesados, quienes no pueden ser sorprendidos con una información trunca o incompleta, si al momento de cancelar los derechos de la respectiva oficina, ni siquiera en el formato diseñado se hacía relación a otros costos por los datos solicitados.

Un servicio eficiente requerirá en todo instante claridad en sus parámetros, reglas y metodología, con el fin de orientar adecuadamente a los ciudadanos respecto a la gestión que deben agotar sin ningún tipo de obstáculos para obtenerlo. Aspecto que no puede entrañar dificultades de ninguna índole, mucho menos cuando estas se originan en nimiedades o incidentes fácilmente superables, en la medida en que la administración cuenta con un moderno sistema de información, configurado precisamente en garantía de los servicios que el Estado debe procurar a los ciudadanos y en desarrollo de uno de sus fines más esenciales.

Infortunadamente el manejo estatal en esta materia, no es muy afortunado, hasta el punto de que los últimos gobiernos han tenido que acudir a reformas legislativas, mediante decretos leyes, con los que se ha procurado desmontar o suprimir las trabas inútiles en los trámites administrativos a las que se venía sometiendo a los usuarios del servicio público, frente a una fronda burocrática ociosa y paquidérmica, que como muros infranqueables imposibilitaban las satisfacciones que el Estado debe procurar a los coasociados.

Ha de mirarse entonces con desazón todo argumento indicador del traslado de una responsabilidad al ciudadano, cuando es la administración estatal quien debe asumirla, especialmente en situaciones tan sencillas como la de indicarle con exactitud qué es lo que debe hacer para lograr una información y cuánto debe pagar, en contraprestación a los derechos legalmente establecidos a favor del Estado.

Como corolario de lo expuesto, para la Sala no son de recibo los argumentos del señor registrador de instrumentos públicos de la zona sur, a quien no le asiste razón cuando pretende justificar la falta de una información completa que debió suministrársele al accionante, acudiendo al frágil argumento de que no pagó en su momento la totalidad de los derechos a favor de la oficina que representa. Consecuencialmente se procederá entonces a la confirmación del fallo impugnado.

Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. Resuelve

1. CONFIRMAR en todas sus partes el fallo de tutela de fecha 12 de octubre de 2000, por virtud del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca tuteló los derechos de petición, consulta de documentos públicos e información, del ciudadano Eduardo Andrés Velandia Canosa, identificado con la C.C. 79.569.710.

2. LÍBRENSE las comunicaciones de ley por la secretaría judicial de esta corporación, por el medio más expedito.

3. REMÍTASE el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Leonor Perdomo Perdomo, presidente— Jorge Alfonso Flechas Díaz—Guillermo Bueno Miranda—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez.