RESOLUCIÓN 1212 DE 2000 

(Diciembre 26)

“Por la cual se establecen los requisitos para ser Defensor Público”.

La Directora Nacional de Defensoría Pública,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 9 del artículo 23 de la Ley 24 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 24 de 1992, la defensoría pública “... se prestará a favor de las personas respecto de quienes se acredite que se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer a sí mismas a la defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad pública;

Que según el mismo artículo 21, el servicio de defensoría pública se prestará en materia penal laboral, civil y contencioso administrativa;

Que el numeral noveno del artículo 23 de la Ley 24 de 1992 establece como función de la Dirección Nacional de defensoría pública la de “organizar el sistema de selección de los defensores públicos”;

Que uno de los presupuestos indispensables para asegurar la eficiencia y eficacia del servicio de defensoría pública consiste en la selección de profesionales idóneos que reúnan los requisitos y calidades que aseguren el pleno e igual acceso a la justicia a favor de los destinatarios del servicio;

Que la escogencia de los profesionales que se desempeñarán como defensores públicos debe basarse en principios que aseguren una defensa eficaz, eficiente y técnica, para lo cual requieren demostrar calidades que garanticen la excelencia profesional y la capacitación en las diferentes ramas del derecho, elevada conciencia de los ideales y obligaciones éticas del defensor público y el respeto a las diferentes expresiones culturales de la sociedad colombiana,

RESUELVE:

ART. 1º—Toda persona que aspire a ser defensor público, deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Estar inscrito como abogado en el registro nacional de abogados y poseer tarjeta profesional vigente.

2. Poseer título de especialización o de posgrado en materias directamente relacionadas con el área en que se desempeñará como defensor público.

3. Acreditar alternativamente la siguiente experiencia profesional:

a) Tres (3) años de experiencia como abogado litigante en el área en que se va a desempeñar como defensor público;

b) Tres (3) años de experiencia en el desarrollo de funciones relacionadas con la defensoría pública;

c) Tres (3) años de experiencia profesional vinculada con el sistema de justicia, y

d) Tres (3) años de experiencia en el sector público o privado, cuyas funciones se relacionen directamente con el área en que se va a desempeñar como defensor público.

4. Haber superado el examen de conocimientos y la entrevista que realice la dirección nacional de Defensoría pública, cuando se realice convocatoria para vincular a defensores públicos.

5. Acreditar feacientemente no haber sido sancionado disciplinaria, penal o fiscalmente, mediante sentencia debidamente ejecutoriada.

6. No estar vinculado como funcionario activo ni servidor público en ninguna de las entidades del poder público, con excepción de quienes realizan actividades de docencia en universidades públicas.

PAR 1º—La ausencia de especialización o título de posgrado podrá homologarse mediante la acreditación de tres (3) años adicionales de experiencia calificada, en los mismos términos que los que establece el numeral tercero de este artículo.

PAR. 2º—Si efectuada una convocatoria no se presenta candidato alguno para un municipio determinado, o habiéndose presentado no es seleccionado, o el seleccionado no acepta celebrar el contrato, la dirección nacional de defensoría pública podrá contratar directamente a los defensores públicos que se requieran.

ART. 2º—En aquellos municipios en que no existan candidatos que reúnan los requisitos anteriormente señalados, la dirección nacional de Defensoría pública podrá, con carácter excepcional y por necesidades del servicio, aceptar la postulación de aspirantes a defensores públicos a abogados que ejerzan su profesión en dicho municipio y que no posean título de especialización o posgrado.

ART. 3º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 251 del 5 de marzo de 1999 y demás disposiciones reglamentarias que le sean contrarias expedidas por la entidad.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 26 de diciembre de 2000.

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